Guillermo Arturo Zuany Portillo

Expediente 336/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
336/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Arturo Zuany Portillo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio que firma en línea el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República; agréguese sin que amerite mayor pronunciamiento, en razón a que por auto de cinco de los actuales, se acordó un comunicado de idéntico contenido en el que informó que ese juzgado aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio que firma en línea el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República; en atención a su contenido, se tiene acusando recibo del oficio con el que se remitió la demanda de garantías y anexos e informando que en proveído dictado el veintisiete de octubre anterior, se aceptó la competencia planteada por este juzgado y que se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Guillermo Arturo Zuany Portillo, radicada bajo el consecutivo 1498/2021 y sus acumulados. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese el presente juicio como asunto concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este auto, por ubicarse en el supuesto previsto en el inciso j), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto se remitió la demanda de amparo por incompetencia; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental, de conformidad con el numeral 15 del citado acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Arturo Zuany Portillo, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 336/2021-I. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: "III. Autoridades responsables: a) El Congreso de la Unión, con residencia en Ciudad de México. b) El Presidente Constitucional de Los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en Ciudad de México. c) La Secretaría de Gobernación, con residencia en Ciudad de México. d) El Instituto Federal de Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México. e) La empresa de telefonía celular RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. o "Telcel", quien tiene su domicilio en Lago Zurich 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Col. Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11529, Ciudad de México, México. IV. Acto o Actos Reclamados: a). De la primera autoridad se reclama, la Discusión y Aprobación del Decreto Mediante el cual se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en Específico el Artículo 180 Quater de La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. b).- De la segunda autoridad se reclama, la orden de mandar publicar el Decreto Mediante el cual se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en Específico el Artículo 180 Quater de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. c).- De la tercera autoridad se reclama, el Refrendo y la orden de mandar publicar el Decreto Mediante el Cual se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en Específico el Artículo 180 Quater de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. d).- De la cuarta autoridad reclamo, la Inminente recepción de datos personales (Biométricos) del quejoso, derivado de la obtención e ingreso de los mismos al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con base de la aprobación del Decreto Mediante el Cual se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en Específico los Artículos 15, Fracción XlII Bis, 176 y 180 Bis A 180 Septimus. e).- De la quinta autoridad reclamo, la Inminente obtención e ingreso al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de los datos personales (Biométricos) del quejoso, derivado de la Aprobación del Decreto Mediante el Cual se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en Específico los Artículos 15, Fracción XlII Bis, 176 Y 180 Bis A 180 Septimus." Precisado lo anterior, conviene destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica; el penúltimo de los numerales en cita, quedó como a continuación se indica: "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.]" Además el artículo transitorio Décimo Segundo de dicho Decreto indica que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 22/2013 relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, el cual en su artículo sexto, establece: "SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones". Por otra parte, es pertinente citar el contenido del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". El precepto legal citado, autoriza al juzgador a remitir de plano la demanda de amparo al Juez que considere competente, sin que sea el caso decidir sobre la admisión, ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora bien, en el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contenido en el decreto publicado el diecisiete de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, que establece: "Artículo 180 Quáter. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto." Así como los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 Bis a 180 Septimus de la citada Ley Federal. Por lo que, de acuerdo con la competencia especializada establecida en el Acuerdo General 22/2013 relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República y lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Al caso, resulta ilustrativa la tesis aislada I. 1o.A.E.2 A (10a.), emitida en la Décima época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1813, con registro digital 2004718, cuyo contenido es el siguiente: "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ASUNTOS EN LOS QUE SE SURTE SU COMPETENCIA POR MATERIA. Del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se advierte que dichos preceptos establecen como una nueva materia de subespecialización, dentro de la administrativa, el derecho de las telecomunicaciones, el cual, de conformidad con la propia reforma, guarda relación con todo lo relativo a la radiodifusión y las telecomunicaciones. Así, el derecho administrativo constituye el género, mientras que el de las telecomunicaciones es una de sus especies, considerada, por rango constitucional, una especialidad técnica que requiere mayores conocimientos, concretos y especiales. En ese sentido, la competencia por materia en favor de los mencionados órganos jurisdiccionales, se surte en aquellos asuntos que impliquen dirimir una controversia que comprenda temas técnicos de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aplicando el marco normativo que engloba dichas actividades." En tal virtud, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se estima que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, ya que corresponde a un asunto que por razón de materia debe ser del conocimiento de un homólogo con especialidad en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se orden remitir la demanda de amparo que se provee y anexos, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, para que resuelva lo que estime procedente, esto es, si acepta la competencia declinada a su favor, conforme a lo dispuesto por el numeral citado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que este Juzgador no realiza pronunciamiento alguno respecto de cuestiones relativas a la admisión de la demanda, ni a la suspensión de los actos reclamados, ya que corresponderá hacerlo al Juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la legislación antes invocada, virtud a que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal o en el edifico sede de este juzgado. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitaras existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, esta determinación podrá remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por videollamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello para ser agregada al expediente, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta al justiciable para que continúe con la tramitación de este asunto en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda o https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista e acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema de "Agenda OJ" en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada Órgano Jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo III del Acuerdo General 21/2020. Con fundamento en el artículo 3º de la ley en aplicación, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Río Nilo 4135, interior 8, fraccionamiento Córdova Américas, en esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados Manuel Pineda Contreras y Claudia Ivette Rodríguez Rucobo, toda vez que aparece registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Marcos Ricardo Hermosillo Gómez, Juan José Vargas Luna, Efraín Herrera Hernández, Anaid Urrieta Acosta y Daniel Álvarez Correa, por no contar con el aludido registro. Por lo que respecta al correo electrónico que señala en su escrito, ténganse únicamente como nueva forma de contacto, de conformidad con el artículo 2°, fracciones I y IX del Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del que se advierte que la utilización del correo electrónico, solo será utilizado como medio de contacto entre las partes y el personal jurisdiccional. En adición a lo anterior, se autoriza acceso al expediente electrónico del presente juicio; por ende, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo al nombre de usuario que proporciona el promovente "MPINEDA" para la consulta del presente expediente vía electrónica y la práctica de las notificaciones correspondientes e incluso las de carácter personal, por esa vía; lo anterior, de conformidad con la fracción IV del numeral 26 de la ley de la materia. En consecuencia, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que haga la gestiones correspondientes. Se autoriza firmar electrónicamente, mediante el uso de la Firel, los oficios que correspondan a este asunto.

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