Guillermo Arturo Zamudio Ornelas
Expediente 621/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Guillermo Arturo Zamudio Ornelas
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes suscrito por el Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, mediante el cual comunica que se aceptó la competencia del juicio de amparo número 621/2022-1A; agréguese a sus autos para conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales. En atención a lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente juicio, y por auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, aceptó la competencia planteada; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, a diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, promovida por ****************, contra actos del Titular de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, con sede en El Rosario, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 621/2022-1A. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, se declara legalmente incompetente para conocer de la misma, por las siguientes consideraciones. En principio, debe señalarse que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado o siga ejecutándose el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del precepto antes transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de los que requieren ejecución por autoridad diversa de la ordenadora. b) La segunda regla, deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla se refiere al supuesto de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el primer párrafo del numeral 48 del invocado cuerpo de leyes establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales [.]. En el mismo contexto, el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece: ".SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: XII. DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO: 1. Cuatro Tribunales Colegiados con residencia en Mazatlán. 2. Tres Tribunales Unitarios: dos con sede en Mazatlán y uno con residencia en Culiacán. 3. Diez Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa: cuatro con residencia en Culiacán, tres con sede en Los Mochis y tres con residencia en Mazatlán. 4. Un Juzgado de Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías. [.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: XII. DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Culiacán y Navolato. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio. El Juzgado de Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio del archipiélago de las Islas Marías, en el Océano Pacífico. Destacado lo anterior, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa, reclama en esencia la imposición y cobro de una multa por la cantidad de $2,073.00 (dos mil setenta y tres pesos 00/100 moneda Nacional) decretada por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Rosario, Sinaloa. Asimismo, en el capítulo III, relativo a las autoridades responsables señala: Titular de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa. Policía de Tránsito, Jorge Francisco Flores López, perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de Rosario, Sinaloa. En ese orden de ideas, si el acto reclamado consiste en la imposición y cobro de una multa por la cantidad de $2,073.00 (dos mil setenta y tres pesos 00/100 moneda Nacional) decretada por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Rosario, Sinaloa, mismo que tuvo ejecución en el Municipio de El Rosario, Sinaloa, donde tuvo el percance automovilístico en fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, y como consecuencia la imposición de la mencionada multa, donde el promovente del amparo realizó su pago y que el propio quejoso lo menciona en su escrito de demanda: ".El 30 de septiembre de 2022, acudí a las oficinas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, donde me fue informado que el monto de la multa impuesta, era por la cantidad de $2,073.00 (dos mil setenta y tres pesos 00/100 moneda Nacional), y que de no pagarla no se me devolvería mi tarjeta de circulación, por lo que llevé a cabo el pago respectivo.". Por lo anterior, se debe estimar que el acto reclamado, no tuvo ejecución dentro del territorio correspondiente donde este Juzgado ejerce jurisdicción, sino en el relativo a Mazatlán, Sinaloa, localidad respecto del cual, éste órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción; por lo que se actualiza lo estatuido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y en ese sentido le resulta competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en Turno. En consecuencia, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Guillermo Arturo Zamudio Ornelas, contra actos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, con sede en la ciudad del Mismo nombre, y otra autoridad, por considerar que el competente para conocer de la misma es el Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en turno. Por las relatadas consideraciones, se estima pertinente proceder conforme a lo anotado en el cuerpo de este proveído y remitir la demanda de amparo promovida por Guillermo Arturo Zamudio Orenlas, contra actos del Titular de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de El Rosario, Sinaloa, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que en atención al presente proveído, lo remita al órgano jurisdiccional que por turno corresponda. Por otra parte, se solicita al Tribunal Federal que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Por consiguiente, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Bulevar Adolfo López Mateos, número 2213, Norte, esquina con Fuente de Artemisa, planta baja, Fraccionamiento Las Fuentes, en esta ciudad y como sus autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Jenny Elizabeth Medina Guzmán, Luis Javier Jiménez González y Ylbielvart Valencia García; y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Daisy Janitzia Aboyte Zazueta, Blanca Alicia Álvarez Montiel y Adán Alberto Valdez León , en atención a que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Por otra parte, la parte quejosa refiere que atendiendo a lo previsto en los artículos 93 y 94 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, solicita que se le autorice para poder consultar a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para realizar la consulta del expediente electrónico así como la promoción en vía electrónica; asimismo, que para los efectos de lo previsto en el artículo 94 del citado acuerdo, manifiesta que el nombre de usuario con el que ingresó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y al que deberá asociarse el otorgamiento de acceso es: LuisJimenez, JENNYE78, U70289, AdanLeon, BlancaAlvarez e Ylbiel09. Por tanto, se concede a la parte quejosa con usuarios "LuisJimenez, JENNYE78, U70289, AdanLeon, BlancaAlvarez e Ylbiel09", permiso para consultar el presente juicio por la vía electrónica, y presentar promociones por vía electrónica, sin que se le realicen las notificaciones electrónicas.
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