Guillermo Arturo Rubio Del Valle

Expediente 1499/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1499/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Arturo Rubio Del Valle
  • Guillermo Arturo Rubio Del Valle y Otros.
  • Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Hágase del conocimiento del homólogo que el presente asunto fue sobreseido sin emplazar a la parte tercero interesada

  2. Principal

    Juicio de amparo 1499/2019 En Querétaro, Querétaro, a las nueve horas con treinta minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en los presentes autos (foja 30), encontrándose en audiencia pública el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante el licenciado Absalón Díaz Reyna, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hizo relación de las constancias glosadas en autos; de igual forma, hace constar que: la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, fue omiso en rendir su respectivo informe previo, no obstante haber quedado debidamente notificada, tal y como se desprende de las constancias agregadas a foja 29. A lo que se acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y en atención al contenido de la certificación secretarial que antecede, se ordena tomar en consideración tal omisión en el considerando respectivo. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace relación de la prueba ofrecida por la parte quejosa, consistentes en las documentales que adjuntó a su escrito inicial de demanda (fojas 22 a 24). A lo que se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de mérito, en atención a su propia y especial naturaleza jurídica, mismas que serán tomadas en consideración al dictar la sentencia correspondiente y al no existir diversa probanza que acordar, se da por terminado el periodo en cita. Procediendo a declarar abierto el respectivo de alegatos, sin que las partes los hayan formulado como tampoco la Fiscal de la Federación adscrita formuló pedimento alguno; por lo que se cierra esta etapa. Finalmente, al no haber documento alguno pendiente de acordar, procede a dictar la resolución correspondiente: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1499/2019; y, R E S U L T A N D O I. Presentación de demanda: treinta de octubre de dos mil diecinueve (foja 1). Parte quejosa: ********************, por su propio derecho. Solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y por el acto que se describe en el escrito de demanda (foja 3), el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara. II. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Fecha de conocimiento del acto reclamado El plazo de quince días transcurrió Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda 30 de octubre de 2019. 31 de octubre al 25 de noviembre de 2019 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 23 y 24 de noviembre de 2019. 30 de octubre de 2019. III. Mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo de mérito (fojas 25 y 26). Seguido el presente juicio de amparo por sus etapas, y al encontrarse debidamente integrado, se decide: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos de lo dispuesto por los acuerdos 3/2013 y 30/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al atribuirse los actos reclamados a autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hecho el análisis integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se pone de manifiesto que en este juicio de amparo la quejosa reclama: Auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se fija fecha y hora para llevar a cabo el remate del inmueble ubicado en******************** TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, no obstante de estar debidamente notificado (foja 29), fue omiso en rendir su informe justificado; circunstancia que en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, obliga a estimar presuntivamente cierto el acto que se le atribuye. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la Tesis de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Segunda Parte-2, visible en la Página 1011, la cual textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. OMISIÓN DE RENDIRLO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA. PRESUNCIÓN LEGAL QUE SE ACTUALIZA. Cuando una autoridad responsable es señalada como ordenadora y omite rendir su informe justificado se actualiza la presunción contemplada por el artículo 149 de la Ley de Amparo aun cuando la ejecutora niegue los actos reclamados." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, se procederá a analizar las causales de improcedencia del presente juicio de amparo, ya sea que lo hagan valer las partes o de oficio, por ser su estudio de orden público y preferente, de conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la diversa XII, del numeral 61, en relación con la fracción I, del ordinal 5º, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó que el acto reclamado afecta su interés jurídico, pues no demostró su derecho de posesión con un título sustentado en alguna figura jurídica que demuestre su derecho a poseer el bien que defiende, porque el exhibido es en copia simple. En primer lugar debe tenerse presente, ante todo, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses del promovente, según se desprende de la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Por su parte, la fracción XII, del numeral 61, en relación con la fracción I, del ordinal 5º, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" De los preceptos antes transcritos, se tiene que la acción de amparo puede promoverse cuando se aduzca ser titular de un derecho, o bien, cuando se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo; empero, es importante resaltar que, en todo caso, al acudir al juicio de amparo el quejoso debe situarse en alguna de las hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, tratándose de actos que provienen de un procedimiento jurisdiccional, la regla es que el quejoso debe acreditar el interés jurídico, es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido. Luego, es de reiterarse que de la transcripción de los citados artículos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte el interés jurídico del quejoso o cuando no acredite el interés legítimo que aduce tener, respecto al contexto en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola sus prerrogativas reconocidas por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica. El concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo se dirige a garantizar derechos fundamentales, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas y se satisface cuando el quejoso alega la afectación de un entorno determinado en virtud de su especial situación frente al orden jurídico y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente, es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere el acreditamiento de alguna afectación personal y directa, sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Por su parte, el interés jurídico se entiende como la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ser ilustrativa sobre el tema abordado es conveniente invocar la jurisprudencia número VI. 2o. J/87, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-A, Julio a Diciembre de 1990, página 364, cuyo rubro y texto son: "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona" La remisión expresa que hace la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo, en relación con el 1º del propio ordenamiento, permiten concluir que un acto u omisión de naturaleza jurisdiccional, se pueden combatir en la vía de amparo siempre que afecte el interés jurídico de la parte quejosa, lo que significa que produzca una afectación personal y directa a un derecho subjetivo del que sea su titular. La falta de uno de estos elementos normativos, implica la falta de interés jurídico para promover el juicio de amparo y por tanto, su improcedencia. En ese orden de ideas, el interés jurídico no es otra cosa que el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por el acto arbitrario de una autoridad ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios, que el interés jurídico para efectos del amparo debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, a fin de que se esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto a personas determinadas, en forma particularizada por su interés. Resulta aplicable, la jurisprudencia 293, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Expuesto lo anterior, cabe destacar que el impetrante de amparo se ostenta en el presente juicio de amparo, como tercero extraño al procedimiento de donde emanan los actos reclamados, con motivo del contrato de arrendamiento que celebró el uno de agosto de dos mil dieciocho, con el que aduce ostentar la posesión del inmueble ubicado en******************** De ahí, que resulta dable establecer en principio si la parte quejosa acredita el interés jurídico que aduce tener, pues de no tener tal calidad, resultaría innecesario entrar al estudio de los conceptos de violación expresados. En ese sentido, resulta necesario indicar que existen figuras jurídicas traslativas de uso, que generan el derecho a poseer legítimamente algún bien, tal como el arrendamiento; dicha posesión es precisamente la que puede ser objeto de tutela constitucional, siempre y cuando se demuestre de manera indubitable la existencia del título que la origina y la posesión material o real del mismo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña a juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Ese criterio se encuentra inmerso en la jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, de rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para que ese "título generador de la posesión" surta plenos efectos probatorios en la instancia constitucional, es necesario que sea de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebra ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De manera que si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha en que se celebró. En ese sentido, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera irrebatible, que los actos que reclama afectan su interés jurídico, pues es un presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. Se entiende que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. Ahora bien, en el caso se considera que el quejoso no demostró fehacientemente el primer aspecto mencionado en el párrafo anterior, necesario para acreditar su interés jurídico para accionar en la vía de amparo, relativo a la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, concretamente el de posesión, respecto del inmueble ubicado en calle******************** Lo anterior se explica porque el impetrante, a efecto de acreditar la propiedad del citado inmueble ofreció como pruebas las siguientes: Copia simple de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a nombre de ******************** (foja 22). Copia simple de credencial para votar a nombre de ******************** (foja 23). Copia simple del contrato de arrendamiento de uno de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por ********************, arrendadora, y ********************, arrendador (foja 24). Sin embargo, este juzgado considera que tales pruebas no son aptas ni suficientes para acreditar que ********************, tenía el derecho subjetivo de legítima posesión sobre el multicitado inmueble y, por ende, que cuenta con interés jurídico para controvertir el acto que reclama. Lo anterior se afirma, atendiendo a la naturaleza de los documentos exhibidos por el quejoso, los cuales resultan insuficientes para demostrar su interés jurídico, ya que las reproducciones simples presentadas en juicio, sólo generan la mera presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sea bastante cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. A ese respecto, el Máximo Tribunal del País también ha establecido el criterio de que las copias fotostáticas constituyen una reproducción de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, lo cual genera la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado o manipulado que, para efectos de su fotocopiado, permita reflejar la existencia irreal del documento que se pretende hacer aparecer. Lo mismo ocurre tratándose de la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, que constituyen elementos de prueba aportados por la ciencia o el avance tecnológico. En ese sentido, se reitera, las documentales que adjuntó el quejoso con su demanda de amparo, carecen de valor probatorio, debido a que fueron exhibidas en copias fotostáticas simples, sin contar con certificación que autentifique su contenido, lo cual tampoco fue perfeccionado con algún otro medio de convicción. Resultan aplicable, la jurisprudencia 3a. 18, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época, página 379, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Así, como la jurisprudencia V.2o. J/70, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 68, Agosto de 1993, Octava Época, página 73, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, página 127, registro 192109, cuyo contenido es: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." En conclusión, las pruebas ofrecidas por el quejoso no son idóneas para demostrar la titularidad del derecho subjetivo que aduce tener sobre el inmueble que defiende; dado que con ellas no se acredita la posesión del mismo, lo que implica que carece de interés jurídico para accionar en la vía de amparo, ante la inexistencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Además que si bien es cierto, como se dijo, exhibió contrato de arrendamiento en copia simple, aun y cuando lo hubiere exhibido en original, es insuficiente para acreditar la afectación al interés jurídico alegado por la parte quejosa, pues no demostró que fuera de fecha cierta. De ahí, que se reitera no resulta suficiente la exhibición la copia simple del contrato de arrendamiento, para acreditar el interés jurídico del impetrante de amparo, porque para acreditar la existencia del derecho esgrimido debió comprobarse la posesión jurídica del bien raíz; pues de esta manera quedaría demostrado el interés jurídico en el amparo, lo que pondría de manifiesto que el quejoso cuenta con un derecho tutelado por el ordenamiento legal objetivo. No obsta a lo anterior, que el quejoso se ostente como tercero extraño al procedimiento de donde emanan los actos reclamados, pues tal circunstancia no lo exime de acreditar su interés jurídico, ya que no existe excepción para acreditar el agravio personal y directo que debe sufrir el peticionario del amparo para acudir a esta instancia constitucional, pues éste constituye uno de los principios rectores del juicio de amparo. Robustece lo anterior, por analogía, en cuanto a la falta probatoria en que incurrió la parte quejosa, la jurisprudencia II.2o.C. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XII, Diciembre de 2000, Materia Común, página 1341, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." Además, sin que pase desapercibido que el quejoso haga valer pertenecer un grupo de vulnerabilidad por su condición de persona de la tercera edad, pues la suplencia de la queja deficiente no alcanza para revertir la carga procesal prevista en la Ley de Amparo, ni para constituir en este caso derechos de posesión sobre el bien inmueble que defiende. Sirve de sustento, en la parte conducente, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos ochenta y siete del Libro Tres, febrero de dos mil catorce, Tomo Primero, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis aislada I.12o.C.33 K, de la Décima Época, sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Común, Civil, Página: 2422, de rubro y texto siguientes: "ADULTOS MAYORES. SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD NO CONSTITUYE UNA JUSTIFICACIÓN VÁLIDA PARA DEJAR DE OBSERVAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO LO ES LA COMPETENCIA. El Alto Tribunal del País ha precisado que conforme a los artículos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, abandono. En esas circunstancias, se ha considerado que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones precarias de trabajo y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a ese estado de vulnerabilidad merecen una especial protección lo cual, incluso, se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han marcado una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: a) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; b) seguro social, asistencia y protección; c) no discriminación en el empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; d) servicios de salud; e) ser tratado con dignidad; f) protección ante el rechazo o el abuso mental; g) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y, h) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar. Sin embargo, dicha condición de vulnerabilidad no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como lo es la competencia, ya que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes establecen una eximente en ese sentido, incluido el protocolo y la Ley General de las Personas con Discapacidad (abrogada), aunado a que las cuestiones de competencia son de interés general, y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados; es decir, las reglas de competencia son de orden público e irrenunciables, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley, pues derivan del derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional; de suerte que la competencia legal, junto con otros requisitos de procedencia, constituyen los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que debe satisfacer todo gobernado para la realización de la jurisdicción, esto es, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Por tanto, el ser un adulto mayor no puede llevar a que la autoridad responsable declare procedente lo improcedente y actúe al margen de la ley." Por tanto, se encuentra acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el juicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En las apuntadas consideraciones y al surtirse las causas de improcedencia invocadas, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 36, 61, 63, 74, 77, 107 y 108 de la Ley de Amparo; se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante el licenciado Absalón Díaz Reyna, que autoriza y da fe. Realizó: Alma Luz Blancas Manriquez

  3. Principal

    Se tienen por recibidos los escritos de cuenta, signados por la autorizada de la parte quejosa y en atención a sus contenidos, se acuerdan de la siguiente manera: Exhibe copias y se tiene interpuesto el recurso de queja adhesiva. Se tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado el siete de noviembre del año en curso (foja 2973); por lo tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja adhesiva en contra del proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve (fojas 2890 y 2891)... JARM

  4. Incidental

    ... PRIMERO.- SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por ***, respecto del acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el mismo. SEGUNDO.- En términos del considerando relativo se establece que los cuadernos original y duplicado, son susceptibles de destrucción. kst

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