Guillermo Arnoldo Jimenez Serrano

Expediente 1201/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1201/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Arnoldo Jimenez Serrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto en el que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, para todos los efectos legales. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se tuvo por desechada la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS Visto el oficio de cuenta mediante el cual la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Tepic, remite inserta la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 656/2022, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 1201/2022; en consecuencia, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia, declaró fundado el recurso de queja interpuesto en autos por José María García González, en su carácter de autorizado de la quejosa GUILLERMO ARNOLDO JIMÉNEZ SERRANO Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de queja interpuesto por la quejosa, en la inteligencia de que únicamente se glosarán las actuaciones realizadas en dicho cuaderno, toda vez que las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes derivado del presente juicio de amparo resultan innecesarias, por tanto, procédase a su destrucción. Ahora, del análisis de la demanda de amparo presentada por GUILLERMO ARNOLDO JIMÉNEZ SERRANO, por su propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en Tepic, Nayarit y otras autoridades, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de la Materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se obtiene, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, toda vez que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide que el operador jurídico sustenta consideraciones profundas o de gran amplitud. Es aplicable la tesis aislada XXIV.2o.11 K (10a.) (registro 2021089), que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio". Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción I, de la Ley de Amparo el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De igual manera, el propio precepto legal reconoce que para efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.164/2011(9ª) con registro 161133, estableció que las notas distintivas de la autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: "a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, este juzgador considera que los elementos que caracterizan al acto de autoridad para efectos del juicio de amparo son la imperatividad, unilateralidad y coercitividad, cuyo ejercicio engendra una afectación en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de repararse a través del juicio constitucional. Ahora, el aquí quejoso reclama en su demanda de amparo a las autoridades responsables, en esencia, el oficio GN/UOEC/DGSCI/5995/2022, de catorce de junio de dos mil veintidós, emitido por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, por medio del cual se le informa su cambio de adscripción, sin que se establezca en el referido oficio la justificación de la orden, si conservará su sueldo y prestaciones y si será necesario el cambio de residencia. En ese sentido, a juicio de este juzgador dicho acto y sus consecuencias no derivan de una potestad pública de las responsables, sino de una relación de coordinación administrativa que existe entre las partes, por virtud de la cual los gobernados desempeñan las funciones encomendadas por el ente público y éste, a su vez, adquiere la obligación de pagar el sueldo y diversas prestaciones, así como a cumplir ciertas condiciones para el desempeño seguro de las funciones de los miembros de la guardia nacional; por lo que los actos ejecutados dentro de ese vínculo no se consideran de autoridad para efectos del juicio de amparo. En primer lugar, no se desconoce que los servidores públicos contemplados en la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen una relación de carácter administrativa con el Estado y, por ende, se rigen por sus propias leyes; sin embargo, ello no impide considerar válidamente que el vínculo que guardan respecto del ente público al que se encuentran adscritos sea de coordinación administrativa y no de supra-a-subordinación respecto de determinadas órdenes o instrucciones. Lo que se afirma es así porque la calificativa de la relación administrativa entre los elementos de la guardia nacional y el Estado sólo se refiere a un ámbito personal de validez de las normas aplicables, ya que en términos de la fracción XIII del Apartado B del Artículo 123 constitucional los servidores públicos enunciados en dicho precepto se rigen por sus propias leyes; pero de ello no se desprende que el Estado se ubique por encima del elemento de la guardia nacional -como tampoco lo hace respecto de los demás servidores públicos-, sino que sólo se traduce en que las funciones y prestaciones de los elementos de la guardia nacional se regularán por un ordenamiento diferenciado del que aplica al resto de los servidores públicos del Estado. Así es, el vínculo entre el Estado y cualquier servidor público, sea policía o no, se rige por el Apartado B del artículo 123 constitucional, salvo que las disposiciones aplicables establezcan lo contrario. Por ende, los actos ordenados y ejecutados por virtud de la relación que nace de dicho precepto constitucional debe considerarse de coordinación y no supra-a-subordinación, habida cuenta que la adhesión al servicio por parte de los servidores públicos, sean elementos de la guardia nacional o no, se verifica por virtud de un acto voluntario seguido de la expedición de un nombramiento, lo que se afirma porque en términos del artículo 5, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna persona está obligada a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. Por ende, no existe impedimento para considerar que los actos que tengan como origen una relación regida por el Apartado B del artículo 123 constitucional deba calificarse como de coordinación, sean de policías o no, o bien, deriven de una relación laboral o administrativa, ya que la salvedad que establece la fracción XIII de dicho precepto constitucional es para establecer un ámbito de validez concreto para los elementos policiales, pero no para posicionar al Estado por encima de ellos, como tampoco lo hace respecto del resto de los servidores públicos. De este modo, si bien existe un elemento diferenciador entre el régimen legal de los miembros policiales con respecto al resto de los servidores públicos del Estado, ese elemento, sin lugar a dudas, no radica en que en el primer caso los actos del Estado sean de supra-asubordinación y en el segundo caso de coordinación; sino más bien estriba en que los miembros de las instituciones de la guardia nacional se rigen por sus propias leyes, pero esto no desnaturaliza la relación de coordinación que el Estado tiene con aquéllos tratándose de las instrucciones ordenadas para el desempeño de su cargo, pues en ambos casos la relación jurídica deriva del Apartado B del artículo 123 constitucional, con independencia de que la relación sea administrativa. Sin que esa naturaleza de coordinación pueda quedar descalificada por el hecho de que los servidores públicos previstos en la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional, desempeñan su cargo con motivo de un nombramiento que tiene la naturaleza de un acto condición, pues, como se adelantó, ello no es privativo de los miembros de las instituciones de la guardia nacional, sino que aplica para cualquier servidor público del Estado, con independencia de que pertenezca o no a una institución de carácter policial, sea de base o de confianza, de conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual dispone: Artículo 12.- Los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento expedido por el funcionario facultado para extenderlo o por estar incluidos en las listas de raya de trabajadores temporales, para obra determinada o por tiempo fijo. Por estas razones, este órgano jurisdiccional considera que los actos reclamados no derivan de una potestad pública, sino de la relación de coordinación administrativa existente entre las partes. Lo que se robustece porque para combatir este tipo de actos los servidores públicos cuentan con un mecanismo de defensa de conformidad con la fracción XII, Apartado B, del artículo 123 constitucional; lo que, inclusive, se ha hecho extensivo para los propios de miembros de las instituciones policiales, a quienes jurisprudencialmente se les ha establecido la procedencia -por afinidad- de un medio de defensa ante los tribunales contencioso administrativos, a fin de dilucidar los mismos aspectos; cuestión que permite concluir que cuando se reclamen prestaciones inherentes al servicio desempeñado decanta en una relación de coordinación administrativa, y no de supra-a-subordinación. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XXIII, relación con el diverso 5, fracción II, en contrario, ambos de la Ley de Amparo, este juzgador determina DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de garantías promovida por GUILLERMO ARNOLDO JIMÉNEZ SERRANO, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta que remite vía electrónica el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, mediante el cual acusa recibo del oficio 3085-I e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por José María García González, en su carácter de autorizado de la quejosa GUILLERMO ARNOLDO JIMÉNEZ SERRANO, mismo que quedó registrado con el número de recurso de queja 656/2022. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    "2022, Año de Ricardo Flores Magón" OF. NÚM. 3085-I MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EN TURNO. C I U D A D. En cumplimiento al proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, con motivo del recurso de queja interpuesto por José María García González, en su carácter de autorizado de la quejosa GUILLERMO ARNOLDO JIMÉNEZ SERRANO, y dentro del término de ley, se rinde el informe siguiente: SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS, toda vez que el diecinueve de julio de dos mil veintidós, se pronunció un auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por el referido quejoso, por las razones jurídicas que en esa determinación se expusieron. Asimismo, remito a Usted, los autos originales del juicio de amparo indirecto 1201/2022, así como el original y copia del escrito de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. TEPIC, NAYARIT, 23 DE AGOSTO DE 2022. RESPETUOSAMENTE. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT. LIC. IVAR LANGLE GÓMEZ.

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