Guillermo Arenas Hernández, Apoderado de Agustín Polaco Castillo

Expediente 715/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
715/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2016

Partes del expediente

  • Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla
  • Guillermo Arenas Hernández, Apoderado de Agustín Polaco Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos oficio de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al que adjunta el diverso del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, solicita a este juzgador se decrete el sobreseimiento en el juicio en virtud de que el acto reclamado cesó en sus efectos; se provee: De las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las copias certificadas enviadas por el Tribunal de Arbitraje del Estado, mediante el oficio de cuenta, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso Guillermo Arenas Hernández apoderado del actor Agustín Edgar Polaco Castillo, en la demanda de amparo señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, dentro del expediente laboral D-303/2008 y de todas sus consecuencias jurídicas. El Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado en atención a que por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, acordó lo procedente respecto al escrito presentado por el quejoso, declarando improcedente su solicitud de notificar a las partes dentro del juicio de origen, sin embargo, declaró cerrada la instrucción en el expediente laboral D-303/2008, turnando los autos al proyectista para que emita la resolución en forma de laudo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al , se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Guillermo Arenas Hernández apoderado del actor Agustín Edgar Polaco Castillo acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de acordar el escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, dentro del expediente laboral D-303/2008 y de todas sus consecuencias jurídicas. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, acordó lo procedente respecto al escrito presentado por el quejoso, declarando improcedente su solicitud de notificar a las partes dentro del juicio de origen, sin embargo, declaró cerrada la instrucción en el expediente laboral D-303/2008, turnando los autos al proyectista para que emita la resolución en forma de laudo. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dado constatación al escrito cuya falta de acuerdo se reclama, cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 ibídem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Guillermo Arenas Hernández apoderado del actor Agustín Edgar Polaco Castillo reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta minutos del diez de junio de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido que este órgano de control constitucional no se encuentra facultado para analizar la ilegalidad de alguna otra omisión a la fecha del dictado del presente auto, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, la litis constitucional únicamente puede constreñirse a la omisión reclamada, sin que pueda comprender diversas resoluciones que no fueron impugnadas; sobre todo si se toma en consideración que estudiar una violación distinta rompería con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo; de ahí que el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, debe limitarse a lo reclamado primigeniamente en relación con la etapa procesal en que se encuentre el juicio laboral. Lo anterior no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues, de considerar que en una etapa distinta a la estudiada en este asunto existe una dilación procesal o violación por parte del tribunal responsable, está en aptitud de hacer valer los recursos o medios de defensa que estime pertinentes. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis Agréguese a sus autos oficio de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al que adjunta el diverso del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, solicita a este juzgador se decrete el sobreseimiento en el juicio en virtud de que el acto reclamado cesó en sus efectos; se provee: De las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las copias certificadas enviadas por el Tribunal de Arbitraje del Estado, mediante el oficio de cuenta, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso Guillermo Arenas Hernández apoderado del actor Agustín Edgar Polaco Castillo, en la demanda de amparo señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, dentro del expediente laboral D-303/2008 y de todas sus consecuencias jurídicas. El Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado en atención a que por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, acordó lo procedente respecto al escrito presentado por el quejoso, declarando improcedente su solicitud de notificar a las partes dentro del juicio de origen, sin embargo, declaró cerrada la instrucción en el expediente laboral D-303/2008, turnando los autos al proyectista para que emita la resolución en forma de laudo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al , se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Guillermo Arenas Hernández apoderado del actor Agustín Edgar Polaco Castillo acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de acordar el escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, dentro del expediente laboral D-303/2008 y de todas sus consecuencias jurídicas. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, acordó lo procedente respecto al escrito presentado por el quejoso, declarando improcedente su solicitud de notificar a las partes dentro del juicio de origen, sin embargo, declaró cerrada la instrucción en el expediente laboral D-303/2008, turnando los autos al proyectista para que emita la resolución en forma de laudo. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dado constatación al escrito cuya falta de acuerdo se reclama, cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 ibídem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Guillermo Arenas Hernández apoderado del actor Agustín Edgar Polaco Castillo reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta minutos del diez de junio de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido que este órgano de control constitucional no se encuentra facultado para analizar la ilegalidad de alguna otra omisión a la fecha del dictado del presente auto, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, la litis constitucional únicamente puede constreñirse a la omisión reclamada, sin que pueda comprender diversas resoluciones que no fueron impugnadas; sobre todo si se toma en consideración que estudiar una violación distinta rompería con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo; de ahí que el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, debe limitarse a lo reclamado primigeniamente en relación con la etapa procesal en que se encuentre el juicio laboral. Lo anterior no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues, de considerar que en una etapa distinta a la estudiada en este asunto existe una dilación procesal o violación por parte del tribunal responsable, está en aptitud de hacer valer los recursos o medios de defensa que estime pertinentes. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil quince (fojas 156 a 157), se tuvo a ROBERTO FLORES RUIZ como tercero interesado, ordenándose emplazarlo al presente juicio de garantías sin que a la fecha se haya logrado, a pesar de que este juzgado federal realizó las gestiones necesarias para ello. En efecto, por acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso (fojas 455 a 456), se advirtió la imposibilidad para emplazar a ROBERTO FLORES RUIZ como tercero interesado; no obstante, haberse agotado todos los medios disponibles para obtener su domicilio, por lo que con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos a costa de la quejosa CARMELA LÓPEZ HERÁNDEZ, a quien se requirió con esa misma fecha para que dentro del término de veinte días siguientes al en que surtiera sus efectos su notificación, se presentara a recogerlos y entregarlos para su publicación, así como acreditar ante este órgano jurisdiccional dicha entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes y los pagos correspondientes para su publicación), con el apercibimiento que de no hacerlo o, de no manifestar y demostrar fehacientemente la incapacidad que tuvieren para tal efecto, se decretaría el sobreseimiento en este juicio de amparo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 63 fracción II, de la Ley de Amparo, sin que hasta el día de hoy la solicitante de amparo haya comparecido ante este juzgado para dar cumplimiento a lo anterior, ni acreditar la imposibilidad que tuviere para cubrir el pago de éstos, menos aún justificar que no tiene la capacitad económica para sufragarlos. Por tanto, ante la imposibilidad de emplazar al presente juicio de amparo a la parte tercero interesada ROBERTO FLORES RUIZ, en atención a que la peticionaria de amparo no dio cumplimiento al requerimiento de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, es inconcuso que la impetrante no satisface el requisito establecido en el artículo 108, fracción II, de la Ley de la Materia, motivo por el cual no se puede integrar debidamente el presente expediente. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la impetrante por auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis y, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de la Materia y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por CARMELA LÓPEZ HERNÁNDEZ. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 108/2010 consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXII, visible en la página 416, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció lo siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO., pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Por ende, se dejan sin efecto las diez horas con diez minutos del nueve de mayo del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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