Guillermo Arce Fernández
Expediente 553/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermo Arce Fernández
- Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión solicitada. Por lo que refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, facción I, del acuerdo en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Finalmente, devuélvanse al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, las constancias que allegó al presente juicio, por ser innecesaria su permanencia en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad correspondiente. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 553/2018, promovido por Guillermo Arce Fernández, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciocho ente la oficialía de partes del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, de esta ciudad de Morelia, Michoacán (foja 20), Guillermo Arce Fernández, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la titular de dicho órgano jurisdiccional, que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por lo anterior, la autoridad responsable citada en último término, realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio T.U.A. 36/UJ/440/2018 (foja 19), presentado el veinte de junio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, rindió el informe justificado correspondiente, al que acompañó los autos originales del expediente de origen. El conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el veintiuno de junio siguiente (foja 19), quien el veintidós del mismo mes y año (foja 2), se declaró incompetente para conocer de la misma, al considerar que el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio agrario 650/2011, promovido por el Comisariado Ejidal de Tlazazalca, Michoacán, en contra de Saturnino Parocua Paz, no tiene la calidad de sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio y que por ello, su conocimiento correspondía a un juez de distrito. Segundo. Avocamiento de la demanda por este juzgado. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, quien la tuvo por recibida, la registró con el número 553/2018 y mediante auto de veintiséis de junio del año en curso (foja 48) la admitió a trámite, dio vista a las partes con el informe justificado del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, de esta ciudad de Morelia, Michoacán; asimismo, otorgó al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Igualmente, en el propio auto admisorio (foja 47) se reconoció el carácter de terceros interesados a Saturnino Parocua Paz y al Comisariado Ejidal de Tlazazalca, Michoacán, en su carácter de demando y parte actora, respectivamente, dentro del juicio agrario de origen; asimismo, en atención a que la diligencia de emplazamiento a este juicio de amparo de los referidos terceros interesados fue realizada por el magistrado responsable, dicha diligencia se convalidó y únicamente de ordenó notificar personalmente la determinación a través de la cual este juzgado se avocó al conocimiento de este asunto; asimismo, se ordenó notificar la referida determinación a la parte quejosa. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, el dos de agosto de este año tuvo verificativo la audiencia constitucional correspondiente a este expediente al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos que se ejecutaron dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P. VI/2004, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en lo siguiente: La falta de llamado al juicio agrario número 650/2011, sobre restitución de tierras de uso común, promovido por el Comisariado del Ejido de Tlazazalca, Michoacán, contra Saturnino Parocua Paz. Tercera. Certeza de los actos. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado (foja 19), lo cual se acredita con las constancias que acompañó como soporte de su informe justificado el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, a las cuales de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se le concede valor probatorio pleno, por constituir documentales públicas. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este juzgado federal de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del siguiente contenido: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior, así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el máximo tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, Séptima Parte, visible en la página 55, cuyo texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así como la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 132, del Tomo 187-192 Cuarta Parte, de la Séptima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." De lo anterior se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional, la promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho subjetivo que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho subjetivo y en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación del libelo de demanda constitucional, sino que es necesario otorgar a la quejosa la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, tal y como así lo ha reconocido en la Jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 524, del Tomo VI, Común, Apéndice 2000 cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.", ello, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de tres elementos esenciales, a saber: a) La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; b) El acreditamiento del derecho específico que se esté afectando con el acto reclamado; c) La relación de titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización dos mil dos), Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." De tal manera que el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo tenga un feliz término, de manera que ante su ausencia se impide la conformación del mismo dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. Concluyendo, la citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, el cual debe ser observado y valorado de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. En ese orden, en el caso que nos ocupa el quejoso debía acreditar fehacientemente el interés jurídico, que le asiste para defender las tierras que señala son de su propiedad. Ahora bien, a fin de una mejor exposición de la determinación que habrá de tomarse en este juicio, es necesario destacar las particularidades que rigen la propiedad ejidal, conforme a lo dispuesto por el artículo 27, párrafos tercero y noveno, fracción VII, de la Constitución Federal y, lo dispuesto por los artículos 14, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83, todos ellos de la Ley Agraria. I. En primer lugar, se debe delimitar el artículo 27 de la Constitución General de la República, que dispone lo siguiente: "Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (.) VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria; VIII. Se declaran nulas: a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas; b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población. c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población. Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas. IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos. (.)" Del precepto antes transcrito se desprende en la parte que interesa, por un lado, que la ley reglamentaria (Ley Agraria), considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras de uso común y, por el otro, que dicha ley regulará, respetando la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, se aprecia que la ley fijará los requisitos y procedimientos, conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. Cabe precisar que este numeral, para quedar como se ha transcrito con antelación, fue modificado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y dos, de cuya exposición de motivos, se advierte lo siguiente: "... La reforma se propone reafirmar las formas de tenencia de la tierra derivadas de la gesta agraria de los mexicanos y adecuarlas a las nuevas realidades del país. Cada una de ellas tiene origen y propósito en los intereses y la interacción entre grupos históricamente conformados. El respeto y protección a su configuración como asentamiento humano es condición para la preservación del tejido social. Su base productiva debe ser fuente de bienestar para el campesino y de prosperidad para la nación. Por ello se elevan a nivel constitucional el reconocimiento y la protección al ejido y la comunidad. Confirmamos sin ambigüedad al ejido y la comunidad como formas de propiedad al amparo de nuestra Ley Suprema. Son tierras de los ejidatarios y comuneros, a ellos corresponden las decisiones sobre su manejo. El siglo XX ratificó al ejido y la comunidad como formas de vida comunitarias creadas a lo largo de la historia. Demos paso a la reforma agraria de los propios campesinos. La reforma a la fracción VII, que promueve esta iniciativa, reconoce la distinción entre la base territorial del asentamiento humano, sustento de una cultura de vida comunitaria y la tierra para las actividades productivas del núcleo ejidal y comunal en el ámbito parcelario. Reconoce, también, la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y los vínculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio. También fija el reconocimiento de la ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas. Estos cambios atienden a la libertad y dignidad que exigen los campesinos y responden al compromiso del Estado de apoyar y sumarse al esfuerzo que ellos realizan para vivir mejor. La propiedad ejidal y comunal será protegida por la Constitución. Se propone la protección a la integridad territorial de los pueblos indígenas. Igualmente, se protegen y reconocen las áreas comunes de los ejidos y el sustento territorial de los asentamientos humanos. En todo caso, el solar en el casco urbano seguirá siendo de la exclusiva propiedad de sus moradores. Las superficies parceladas de los ejidos podrán enajenarse entre los miembros de un mismo ejido de la manera que lo disponga la ley, propiciando la compactación parcelaria y sin permitir acumulación o la fragmentación excesivas. Los poseedores de parcelas podrán constituirse en asociaciones, otorgar su uso a terceros, o mantener las mismas condiciones presentes. La mayoría calificada del núcleo de población que fije la ley podrá otorgar al ejidatario el dominio de su parcela, previa regularización y definición de su posesión individual. Hay que expresarlo con claridad. Los ejidatarios que quieran permanecer como tales recibirán el apoyo para su desarrollo. No habrán ventas forzadas por la deuda o por la restricción. La ley prohibirá contratos que de manera manifiesta abusen de la condición de pobreza o de ignorancia. Sostenemos el ejercicio de la libertad, pero éste jamás puede confundirse con la carencia de opciones.". De esta exposición de motivos se advierte, entre otras cuestiones, que se diferencia entre la base territorial del asentamiento humano, sustento de una cultura de vida comunitaria y la tierra para las actividades productivas del núcleo ejidal y comunal en el ámbito parcelario, y la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y los vínculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio. II. En segundo lugar, se deben traer a glosa los artículos 9, 14, 43, 44, 56, 62, 63, 68, 76, 77, 78, 81, 82 y 83, todos ellos de la Ley Agraria que establecen respectivamente lo siguiente: "Artículo 9o. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título." "Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan.". "Artículo 43. Son tierras ejidales y por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de esta ley las que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal.". "Artículo 44. Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: I. Tierras para el asentamiento humano; II. Tierras de uso común; y, III. Tierras parceladas.". "Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido; II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y, III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional.". "Artículo 62. A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los derechos sobre uso y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley. Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en materia federal.". "Artículo 63. Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal. Se dará la misma protección a la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y a las demás áreas reservadas para el asentamiento.". "Artículo 68. Los solares serán de propiedad plena de sus titulares. Todo ejidatario tendrá derecho a recibir gratuitamente un solar al constituirse, cuando ello sea posible, la zona de urbanización. La extensión del solar se determinará por la asamblea, con la participación del municipio correspondiente, de conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las características, usos y costumbres de cada región. La asamblea hará la asignación de solares a los ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie que corresponda a cada uno de ellos. Esta asignación se hará en presencia de un representante de la Procuraduría Agraria y de acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea e inscrito en el Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se inscribirá en dicho Registro y los certificados que éste expida de cada solar constituirán los títulos oficiales correspondientes. Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podrán ser arrendados o enajenados por el núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse. Cuando se trate de ejidos en los que ya esté constituida la zona de urbanización y los solares ya hubieren sido asignados, los títulos se expedirán en favor de sus legítimos poseedores.". "Artículo 73. Las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas.". "Artículo 76. Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas.". "Artículo 77. En ningún caso la asamblea ni el comisariado ejidal podrán usar, disponer o determinar la explotación colectiva de las tierras parceladas del ejido sin el previo consentimiento por escrito de sus titulares.". "Artículo 78. Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditarán con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos básicos de identificación de la parcela. Los certificados parcelarios serán expedidos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de esta ley. En su caso, la resolución correspondiente del tribunal agrario hará las veces de certificado para los efectos de esta ley.". "Artículo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley.". "Artículo 82. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad. A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.". "Artículo 83. La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido. La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará las cancelaciones correspondientes.". De los artículos antes transcritos se desprende, en la parte que interesa, que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título, las que a partir de ese momento, serán consideradas como ejidales y, por ende, sujetas a las disposiciones en materia agraria. Las tierras ejidales, por su destino, se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. La asamblea de cada ejido puede determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar su parcelamiento, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Asimismo, puede destinar las tierras ejidales: a) al asentamiento humano; b) al uso común; o, c) parcelarlas en favor de los ejidatarios. A su vez, el Registro Agrario Nacional certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá: a) los certificados parcelarios; b) los certificados de derechos comunes; o, c) ambos, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Los certificados se deben inscribir en el propio Registro Agrario Nacional. Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal. Se dará la misma protección a la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y a las demás áreas reservadas para el asentamiento. Los solares de la zona de urbanización que formen parte de las tierras del asentamiento humano serán de propiedad plena de sus titulares. Las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas. A partir de la asignación de parcelas, corresponden a los ejidatarios beneficiados, por un lado, los derechos de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas y, por el otro, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales, así como los demás que legalmente les correspondan. En ningún caso la asamblea ni el comisariado ejidal podrán usar, disponer o determinar la explotación colectiva de las tierras parceladas del ejido sin el previo consentimiento por escrito de sus titulares. Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditarán con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos básicos de identificación de la parcela. Una vez que la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios, conforme a lo establecido en párrafos anteriores, la asamblea puede resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, caso en el que los ejidatarios interesados, solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras sobre las que ejercerán el dominio pleno, sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad. Desde la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común. Pues bien, una vez precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional a manera de ejemplos señalará las diferentes hipótesis en que se tiene un derecho subjetivo, y por ende, interés jurídico susceptible de protección a través del juicio de amparo: 1. Si se trata de una acto que afecte la propiedad de las tierras ejidales -asentamiento humano, uso común y parceladas- el ejido tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo (excepto respecto de los solares de la zona de urbanización de las tierras de asentamiento humano que hubieren sido asignados por la asamblea general, así como respecto de las parcelas sobre las cuales, los ejidatarios hubieren adquirido el dominio pleno); 2. Si se trata de un acto que afecte la propiedad o el aprovechamiento, uso o el usufructo, respecto de una parcela que ya el ejidatario hubiere adquirido el dominio pleno, nace en éste, el derecho subjetivo y, por ende, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo en su defensa; 3. Si se trata de un acto que afecte el aprovechamiento, uso o el usufructo, respecto de una parcela sobre la que no se haya adquirido el dominio pleno, el derecho subjetivo y, por ende, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo en su defensa, lo tiene el ejidatario a quien le haya sido asignada; y, 4. Si se trata de un acto que afecte la propiedad o posesión de solares de la zona de urbanización de las tierras de asentamiento humano que hubieren sido asignados por la asamblea general, el derecho subjetivo y, por ende, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, lo tiene, el ejidatario o avecindado, a quien le hubieren sido concedidos. Ahora bien, la parte quejosa aduce una afectación a sus derechos con motivo de la tramitación del juicio agrario 650/2011, sobre restitución de tierras ejidales, promovido por el Comisariado del Ejido de Tlazazalca, ubicado en el municipio del mismo nombre de esta entidad federativa, contra Saturnino Parocua Paz, en el cual mediante sentencia se determinó condenar al demandado a desocupar, entregar y restituir las fracciones de terreno de uso común que tenía en posesión a favor del ejido, las cuales se componen de 7-89-36.61 hectáreas; 1-27-58.33 hectáreas; 2-66-17.50 hectáreas; 7-30-28.57 hectáreas; y, 1-76-84.93 hectáreas (foja 314, tomo de pruebas) y se ubican en los predios denominados el Cerro Gacho y El de en Medio, en el núcleo ejidal de Tlazazalca. En ese sentido, la parte quejosa comparece a esta instancia constitucional con el Certificado de Derechos Sobre Tierras de Uso Común número 000000064572, expedido a su favor por el Registro Agrario Nacional el nueve de febrero de dos mil cuatro, lo cual lo legitima para defender las tierras de uso común, que le hayan sido concedidas legalmente, ya que las tierras de uso común, en términos del artículo 56, fracción III, de la Ley Agraria, se presumen concedidas en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en virtud de las contribuciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. Por ello, la parte quejosa tiene derechos en partes iguales que el resto de los ejidatarios que conforman el ejido de Tlazazalca, sin que haya acreditado tenerlo en mayor proporción que el resto de ellos, pues incluso del tomo de pruebas se advierte que los inmuebles en conflicto y que corresponden a los que defiende la parte quejosa, son de naturaleza comunal y no parcelada, por lo que es el ejido el que tiene mejor derecho a poseerlos y usufructuarlos. Máxime, que con la tramitación del juicio agrario de origen, el Comisariado del Ejido de Tlazazalca, Michoacán, recuperó para todos sus miembros las tierras que ocupaba el demandado Saturnino Parocua Paz, lo cual lejos de perjudicar al peticionario de amparo, le resulta benéfico, pues podrá hacer uso de dichas tierras en la manera en que la asamblea de ejidatarios lo determine. En consecuencia, la parte quejosa no acreditó su interés jurídico de manera que evidenciara la existencia de la violación a su derecho subjetivo, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se Sobresee el juicio de amparo promovido por Guillermo Arce Fernández, en términos de la consideración cuarta de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a los terceros interesados por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado la sentencia de 27 de agosto de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción III, DE LA LEY DE AMPARO
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