Guillermo Antonio Torres García
Expediente 36/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermo Antonio Torres García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que el veinte de marzo de dos mil dieciocho, la parte quejosa quedó legalmente notificada de lo determinado en proveído de quince de marzo del año en curso, en el que se declaró la imposibilidad legal para cumplir la sentencia de amparo, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo; en tal virtud, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Toda vez que en el presente juicio de amparo se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados, en cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: Tiene relevancia documental, en virtud de que se ubica en los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado. En su oportunidad deberá conservarse en su totalidad en el archivo jurídico; y procédase a la digitalización de la demanda y sentencia respectivas. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno correspondiente. De conformidad con lo establecido en el punto décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su total conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que concede el amparo y protección de la Justicia Federal a GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese el oficio suscrito por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual informa que el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el quejoso GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, egresó de esa unidad administrativa, por haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número Catorce "CPS-DURANGO", por lo que causó baja de ese Centro Federal, lo que se demuestra con la copia certificada que remite del acta administrativa número 47/2018 de egreso por traslado de personas privadas de su libertad. Ahora bien, el quejoso GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, promovió el presente juicio de amparo, contra actos del Director General y Titular del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS" Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consistentes en: "La negativa de brindarle atención médica por parte de un especialista en urología por sus abscesos en los testículos." En sentencia dictada el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 183-190), se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, para los siguientes efectos: "El Director General y el titular del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, realicen las gestiones necesarias para que de inmediato determinen si el quejoso GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, requiere de la valoración de un especialista en urología, y de ser así, le proporcionen la atención y medicamentos correspondientes, remitiendo las constancias que acrediten dicha situación." Ante lo informado por la autoridad responsable, y al haber egresado el quejoso GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación número Catorce "CPS-DURANGO", se advierte, existe imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis III/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XVII, Febrero de 2003, visible a página 216 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En ese sentido, este órgano jurisdiccional declara que existe imposibilidad legal para cumplir con la sentencia de amparo. Se ordena notificar el presente auto al autorizado del quejoso, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 36/2018; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, por su propio derecho, mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que en su momento conoció el juzgado Décimo de Distrito en el Estado, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General, y titular del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que hizo consistir en: la negativa de brindarle atención médica por parte de un especialista en urología por sus abscesos en los testículos, el cual estima violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de once de diciembre de dos mil diecisiete, ese órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de que se trata, radicándola con el número 1372/2017, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. En auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, el titular del juzgado Décimo de Distrito en el Estado, remitió este juzgado el juicio de amparo 1372/2017, al estimar actualizada la hipótesis a que se refiere el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común. TERCERO. En auto de doce de enero de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidos los autos del juicio de amparo 1372/2017, y al compartirse los argumentos invocados, se aceptó la competencia planteada, radicándose el asunto bajo el número 36/2018, sin que hubiera lugar a solicitarse los informes justificados por ya haberlo hecho el juzgado declinante, se dio la intervención que legalmente le asiste al representante social de la Federación adscrito, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. La Directora Jurídica en ausencia del Director General, y el jefe del departamento "PRS C", ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues si bien es cierto, conforme a las constancias que obran en autos se desprende que mediante nota médica de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se brindó la atención médica a favor del quejoso, no menos cierto es, que de las mismas no se advierte si requiere ser valorado por un urólogo. TERCERO. Suplidos en su deficiencia los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se estiman fundados, tomando en consideración que el agraviado se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Para demostrar lo anterior, conviene transcribir lo dispuesto por el artículo 4 Constitucional, el cual en lo que interesa dispone: "Artículo 4º. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." El análisis del precepto constitucional transcrito permite advertir el derecho fundamental que toda persona tiene a que su salud sea protegida y la obligación del Estado de definir las bases y modalidades para lograr el acceso a los servicios de salud en las diferentes instancias. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; así como que la protección de ese derecho incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella, para alcanzar el más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, en congruencia con los instrumentos internacionales firmados por México sobre este derecho. Tal criterio se encuentra contenido en las tesis LXV/2008 y XXIII/2013, consultables en las páginas 457 del Tomo XXVIII, julio de 2008, y 626 del Libro XVI, Tomo I, enero de 2013, Novena y Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectivamente señalan: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 'Protocolo de San Salvador', según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no solo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano." De lo que se sigue, que el derecho fundamental a la salud no pierde su eficacia por el hecho de que una persona se encuentre privada de su libertad, pues aun de ser condenada por la comisión de un delito, continúa gozando de esa prerrogativa por ser una garantía inherente a la persona. En el caso que se analiza, la obligación constitucional en materia de salud a cargo de la autoridad penitenciaria, se encuentra regulada en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, en cuyo capítulo VIII se establece: ".DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Artículo 49. Los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. El Titular del Área de Servicios Médicos realizará campañas permanentes para la prevención y erradicación de enfermedades y la planificación familiar, y proporcionará a los internos la atención necesaria. El Área de Servicios Médicos deberá contar, al menos, con los insumos del cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud. Artículo 50. La atención médica de los internos se realizará en las instalaciones del Centro Federal por personal dependiente del Área de Servicios Médicos. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, previo dictamen del Área de Servicios Médicos del Centro Federal, podrá autorizar por escrito: I. El acceso de médicos de instituciones públicas del sector salud a las instalaciones del Centro Federal para que brinden atención médica a los internos. Esta autorización podrá otorgarla el Director General bajo su más estricta responsabilidad, o II. El traslado de internos a instituciones públicas del sector salud para su atención médica. Esta autorización únicamente podrá otorgarla el Comisionado o el Coordinador General en su ausencia. El Director General deberá notificar de inmediato al Coordinador General los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. Tratándose de procesados, también deberá informar por escrito a la autoridad judicial que tenga a su cargo el proceso. Artículo 51. El Comisionado celebrará convenios con instituciones públicas del sector salud para los casos a que se refiere el artículo anterior, así como para el desarrollo de acciones y de programas específicos. Artículo 52. El traslado de un interno a una institución pública del sector salud, así como su custodia durante su internamiento en ésta, se realizará bajo la más estricta responsabilidad del Director General, quien para tal efecto podrá solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública. Artículo 53. La intervención de médicos particulares sólo procederá en casos graves cuando las instituciones públicas del sector salud con las que se haya celebrado convenio, manifiesten su incapacidad para otorgar el servicio. Para ello, se requerirá de la autorización por escrito del Director General previo dictamen del Área de Servicios Médicos, quien deberá informar de inmediato al Coordinador General. Los gastos y honorarios derivados de la intervención correrán a cargo del interno y la responsabilidad profesional corresponderá al médico particular. Artículo 54. Cuando del diagnóstico del Área de Servicios Médicos, se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física del interno, se requerirá de su consentimiento por escrito, salvo en casos de emergencia y aquéllos en que el interno atente contra su integridad. Si el interno no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, éste podrá suplirse con el de su cónyuge, ascendiente, descendiente o de la persona previamente designada por él y, en su ausencia, por el Director General, previa consulta con el Coordinador General. Artículo 55. Los internos que padezcan enfermedades infectocontagiosas estarán sujetos a medidas de prevención de contagio y deberán estar alojados en lugar aparte al de los demás internos, donde recibirán el tratamiento adecuado en la medida de las posibilidades del Centro Federal." De las porciones normativas transcritas se advierte que los servicios médicos de los Centros Federales de Readaptación Social tienen la obligación de velar por la salud física y mental de los internos, a quienes les proporcionarán la atención médica necesaria dentro de sus instalaciones; para lo cual, el Comisionado, es decir, el Titular de Prevención y Readaptación Social, debe celebrar convenios con instituciones públicas del sector salud para que acudan a dichos centros a brindar los servicios médicos que no estén en aptitud de proporcionar con los recursos humanos o materiales con los que cuenten; inclusive, cuando el caso así lo exija, pueden autorizar el traslado de un interno a un centro de salud para su atención. De lo que se sigue que el derecho a la salud de los reclusos no se limita al diagnóstico de una enfermedad o padecimiento sino al acceso al tratamiento respectivo, desde luego, cuando el Estado esté en aptitud de proporcionarlo de acuerdo con los recursos que disponga. Ahora bien, una vez que se ha expuesto la obligación de la autoridad carcelaria de proporcionar atención médica a la población penitenciaria; en la especie, se evidencia que las responsables, pues de autos no se desprende lo contrario, han omitido proporcionar al aquí quejoso GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, la atención médica correspondiente, y por ende, su tratamiento adecuado. Ello es así, pues si bien es cierto de las constancias remitidas por las responsables, se desprende que el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se valoró al quejoso GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, emitiéndose la nota médica de la misma fecha, donde se le diagnosticó orquitis izquierda, orquiepididimitis derecha, enfermedad ácido péptica, prescribiéndose como tratamiento medidas higiénico dietéticas, actividad física regular, ranitidina y cita abierta ante cualquier urgencia; cierto lo es también, que conforme al memorándum CFRS13/DT/DSM/0044/2018, se advierte se le suministró naproxeno, para valorar su evolución, y derivado del resultado se determinaría si requiere atención especializada de urología. Lo anterior permite concluir, que no obstante desde el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, en que le fue diagnosticado a GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, orquitis izquierda, orquiepididimitis derecha, enfermedad ácido péptica, al día en que se resuelve la presente instancia, las responsables no han emitido un diagnostico final, esto es, si requiere o no ser valorado por un especialista en urología y proporcionarle el tratamiento correspondiente, omisión que se traduce en una vulneración a su derecho humano de recibir atención médica. En tal virtud, se estima que las autoridades responsables han incumplido con su obligación de preservar y establecer el derecho a la salud del inconforme, al no proporcionarle la atención médica correspondiente a su padecimiento; omisión que constituye una violación a su derecho fundamental consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe ser reparada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 574 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República. En ese contexto, lo procedente es conceder el amparo solicitado por el quejoso GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, para el efecto que el Director General y el titular del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, realicen las gestiones necesarias para que de inmediato determinen si requiere de la valoración de un especialista en urología, y de ser así, le proporcionen la atención y medicamentos correspondientes, remitiendo las constancias que acrediten dicha situación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a GUILLERMO ANTONIO TORRES GARCÍA, contra el acto reclamado al Director General y el titular del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consistente en la omisión de proporcionarle atención médica a su padecimiento, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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VISTOS para resolver, los autos del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano y de oficio concedida en el presente juicio de amparo número 36/2018, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en la Oficialía de partes de este Juzgado, ********************, promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano concedida en proveído de once de diciembre de dos mil diecisiete, en el presente juicio de amparo 36/2018. SEGUNDO. Mediante auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el incidente planteado; por lo que se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 208 de la Ley de Amparo; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Las autoridades responsables, Director General y titular del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, rindieron su informe respecto al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano. TERCERO. Para resolver el incidente que nos ocupa, es pertinente considerar los artículos 206 y 209 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." De los preceptos transcritos se deduce que cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, puede interponer el incidente en que se actúa en contra de las autoridades señaladas como responsables en un juicio de amparo. Por tanto, la materia de este incidente resulta ser precisamente el defectuoso cumplimiento que se les imputa a las autoridades responsables respecto de la suspensión, en el caso, de oficio y de plano, lo cual de resultar fundado actualizaría el incumplimiento de la medida cautelar. En ese sentido, para determinar si existe o no, defecto en el cumplimiento de la suspensión, se deben reunir los requisitos siguientes: a) Que la medida cautelar se haya concedido por el órgano competente; b) Que se demuestre que no fue cumplida la suspensión o que hubo exceso o defecto, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable se admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente. Ahora bien, en el caso el supuesto previsto en el inciso a) se encuentra acreditado, en razón que mediante proveído de once de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió la suspensión de oficio de plano a la parte quejosa en los siguientes términos: ".Toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la falta de atención médica del quejoso y que el derecho fundamental a la salud se encuentra consagrado en el precepto 4º de la Constitución Federal, como derecho humano indispensable; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, de oficio y de plano, se concede la suspensión al quejoso, para que cese la falta de atención médica; esto es, para que, previo diagnóstico, se le proporcione la asistencia médica respecto de su padecimiento [abscesos (sic) en los testículos]. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que, en su caso, las autoridades responsables no cuenten con la infraestructura y recursos necesarios para atender el padecimiento que, en su caso, se detecte al quejoso, toda vez que la falta de medios financieros no constituye una excusa para cumplir con tal responsabilidad, como lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de veintiséis de junio de dos mil doce, al resolver el Caso Díaz Peña vs Venezuela, y que también ha adoptado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el caso Lantsova contra la Federación de Rusia (comunicación 763/1997). ." Sin embargo, no se encuentra acreditado el segundo elemento, relativo a que debe acreditarse que existe un incumplimiento de la medida cautelar, pues en el caso, la parte quejosa no acreditó su dicho. En efecto, el quejoso ********************, en su escrito de denuncia, refirió lo siguiente: ".es cierto que con fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, fui llevado al servicio médico en este Centro Federal, donde me encuentro, y únicamente me revisó el médico, sin darme ningún medicamento, indicándome que me iba a programar para consulta con un cirujano, pero esa consulta puede tardar varios meses, por lo cual, pido se requiera nuevamente a las autoridades responsables, para que cumplan con la suspensión de plano, y me proporcionen la atención médica que requiero, y no se siga vulnerando mi derecho humano a la salud." Ahora, si bien las autoridades responsables, al rendir su informe refirieron en esencia: ".que en cumplimiento a la medida suspensional decretado en auto de data once de diciembre de dos mil diecisiete, a favor del quejoso, se le brindó atención médica, toda vez que del informe rendido por el departamento de servicios médicos, se advierte que derivado el estudio USG que se le practicó, arrojó como resultado orquiepidimitis derecha y orquitis izquierda, posteriormente el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, fue valorado por medicina general, donde se le diagnosticó DX: orquitis izquierda, orquiepidimitis derecha/enfermedad ácido péptica, quien determinó iniciar primeramente tratamiento farmacológico a base de naproxeno, mismo que ya le fue suministrado, por lo cual se valorará evolución y derivado del resultado se determinará si el referido requiere ser valorado por la especialidad de urología." Dichas circunstancias se corroboran con la nota médica de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, y con el formato de suministro de medicamento de área de enfermería, que remitió para corroborar su dicho. En ese sentido, y tomando en consideración que la suspensión de oficio y de plano concedida al quejoso fue para el efecto de que cesara la falta de atención médica, y previo diagnóstico se le proporcionara la misma respecto de su padecimiento (abscesos (sic) en los testículos). Por lo que, si las responsables acreditaron haber proporcionado al quejoso la asistencia médica desde el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, esto es, posteriormente a la presentación de la demanda de amparo (once de diciembre de dos mil diecisiete), diagnosticándole orquitis izquierda, orquiepidimitis derecha/enfermedad ácido péptica, así también, prescribiéndole el tratamiento a seguir, el cual ha sido suministrado -como así quedó acreditado-, luego entonces, no se advierte incumplimiento a la medida suspensional otorgada al quejoso. Sin que obste resolver en tal sentido, el hecho de aducir el quejoso que la consulta con el cirujano puede tardar varios meses, para lo cual solicita se requiera a las responsables para que cumplan con la suspensión de oficio y de plano, debe decirse que dicha circunstancias no es materia de estudio en la presente incidencia, dado que ello será motivo de análisis que al efecto se realice en el fondo del asunto. En efecto, pues si de las constancias de autos se advierte que requiere la atención especializada en urología e intervención quirúrgica, el efecto del amparo será para que se le proporcione. Bajo ese esquema, al no existir prueba que demuestre plenamente que las autoridades responsables, incumplieron con la suspensión de oficio y de plano concedida a ********************, se declara infundado el incidente por exceso o defecto en su cumplimiento. Sirve de apoyo, la tesis III.2o.A.61 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1283 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente por defecto o exceso en el cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano, de conformidad con las razones precisadas en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE.
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