Guillermo Antonio Esparza Amaro

Expediente 528/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
528/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/09/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Antonio Esparza Amaro

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en la ciudad de Zacatecas y el testimonio de la ejecutoria de veintinueve de agosto del año en curso, dictada por ese Tribunal Colegiado, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado el recurso de queja, interpuesto por el quejoso Guillermo Antonio Esparza Amaro, contra el auto de veintiuno de junio de la presente anualidad, dictado por este Juzgado, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja" Acúsese recibo. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que en su caso ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso que suscribe el quejoso Guillermo Antonio Esparza Amaro, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo promovida por Guillermo Antonio Esparza Amaro, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados; remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por el quejoso, así como copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar dicho tribunal.

  3. Principal

    Vista; la demanda de amparo presentada por Guillermo Antonio Esparza Amaro, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 528/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo, dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el numeral 113 de dicho ordenamiento establece que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a ello, es de indicarse que el quejoso Guillermo Antonio Esparza Amaro, hace consistir el acto reclamado en el auto de once de junio de dos mil diecinueve, en el que la Junta ordenó el nombramiento de perito en materia de grafoscopia y caligrafía a favor de la parte actora -aquí quejosa- y señaló fecha para el desahogo de la misma. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 172, fracciones III y XII, del citado numeral, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Previamente, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, es necesario dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano, sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable a la parte quejosa, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses de la quejosa, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Carta Magna. Siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución al quejoso en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como garantías individuales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Luego, si como ya se precisó, el acto reclamado consiste en el auto de once de junio de dos mil diecinueve, en el que la Junta ordenó el nombramiento de perito en materia de grafoscopia y caligrafía a favor de la parte actora -aquí quejosa- y señaló fecha para el desahogo de la misma, solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte la sentencia definitiva en caso de que éste sea desfavorable a la parte inconforme, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de los derechos fundamentales. En efecto, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y, en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que, se reitera, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. Además por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la jurisprudencia visible en la página ciento cuarenta y cuatro, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Y el Pleno del más alto Tribunal de la República emitió la jurisprudencia consultable en la página ciento cincuenta y cuatro, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que el acto controvertido en la presente instancia constitucional no tiene ejecución de imposible reparación en perjuicio del impetrante de amparo. Lo anterior; es así, porque el acto reclamado emitido en el expediente laboral de que se trata, consiste en auto de once de junio de dos mil diecinueve, en que la Junta ordenó el nombramiento de perito en materia de grafoscopia y caligrafía a favor de la parte actora -aquí quejosa- y señaló fecha para el desahogo de la misma. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional, no tienen una ejecución de imposible reparación sobre el impetrante de amparo en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio laboral del que emana tal acto procesal, aunque se obtuviera una resolución favorable, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Carta Magna, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Tiene aplicación a lo antes considerado la tesis I.3o.C.82 K del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, página 2812, registro 170463 de la voz: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." También, se cita la Jurisprudencia por contradicción de Tesis P./J. 6/94, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 76, Abril de 1994, materia común, página trece, registro 205484 que se copia: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia V.2o. J/68, de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 66, Junio de 1993, visible en la página 46, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito." Además, la jurisprudencia por contradicción de tesis, número P./J.24/92, sustentada por el Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento sesenta y cuatro, del Apéndice de 1995, tomo VI, tesis 244, Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que se a de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En atención a lo antes expuesto, se estima que no asiste razón al accionante del amparo, cuando afirma que el en el presente asunto, no obstante se trate de un acto intraprocesal, el mismo le causa perjuicio por tanto es procedente el juicio de amparo indirecto en términos de la tesis: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, AQUÉLLOS ABARCAN A LOS ACTOS INTRAPROCESALES QUE AFECTAN DERECHOS ADJETIVOS EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Al interpretar esta norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los mencionados actos pueden dividirse en dos vertientes: a) Los que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y destinados a regir al exterior del juicio, como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, el patrimonio, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones particulares; y, b) Los que perturban derechos adjetivos en grado predominante o superior, por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable, ocasionar el retardo grave del fallo definitivo, provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación y agregó que se entiende por ellos "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Ahora bien, este enunciado no debe leerse como una definición restrictiva, pues no emplea expresiones excluyentes como 'únicamente', 'solamente', 'sólo', 'exclusivamente' o 'excepcionalmente', para reputar como únicos actos de imposible reparación los que afecten derechos sustantivos y negar tal carácter a los que puedan generar violaciones procesales exorbitantes; por el contrario, el citado precepto debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la propia ley -a contrario sensu- que dispone: "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.". Al interpretar este precepto a contrario sensu, se advierte que los actos de imposible reparación reconocidos en la ley son tanto los que afectan derechos sustantivos como los que pueden constituir violaciones procesales relevantes. Así pues, es claro que el legislador no pretendió abandonar, sino adoptar los criterios del Máximo Tribunal del País, respecto a la clasificación de los actos de imposible reparación impugnables mediante el amparo indirecto. Finalmente, cabe destacar que esta interpretación protege de un modo más amplio el derecho fundamental a la justicia pronta, al permitir que se examinen de manera expedita las posibles violaciones a derechos procesales cuya gravedad extrema exija un inmediato análisis constitucional. Lo anterior, de conformidad con el principio hermenéutico pro homine establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, en cuya virtud acudirse a la interpretación más extensiva cuando se trata de fijar los alcances de los derechos humanos y sus garantías. De ahí que conforme a la nueva ley los actos de imposible reparación para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto, abarquen a los actos intraprocesales que afectan derechos adjetivos en grado predominante o superior. Esto es así, porque la parte quejosa pretenden poner de manifiesto que en el caso el acto reclamado debe conceptuarse como de imposible reparación, por el hecho de que, a su parecer, -incluso a pesar de ser de índole intraprocesal-, afecta su esfera jurídica de manera predominante o superior, pues como se vio, conforme a los criterios acabados de mencionar, para poder catalogar el acto reclamado como de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, en principio, debe tratarse de una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente que generen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo y, adicionalmente, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas; lo anterior, sin contar que ya tampoco se requiere que la afectación en la esfera jurídica de los gobernados sea de esa magnitud o trascendencia, para poder considerar a los actos reclamados como de imposible reparación; siendo que en el caso a estudio el quejoso incluso reconoce que la afectación que les irroga el acto reclamado es de naturaleza adjetiva, lo cual por sí mismo hace que ya no puedan considerarse los actos reclamados como de imposible reparación, máxime que, como también se dijo, conforme a la Ley de Amparo en vigor, y la jurisprudencia, ya no es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de actuaciones intraprocesales, a pesar de que estas afecten a las partes en grado predominante o superior, de ahí que se estime que no es aplicable la citada tesis que invoca. Sentado lo anterior, y una vez acreditada la causa de improcedencia en análisis, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Guillermo Antonio Esparza Amaro, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, con sustento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Como lo solicita, téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Glorisela García Gómez; a Sandra Cecilia Murillo Ramírez, Juan de Dios Castillo Vázquez y Jorge Emmanuel García Gómez, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos; y como domicilio para tales efectos el ubicado en Avenida Morelos, número setecientos cincuenta y cinco (755), colonia Centro, Zacatecas, Zacatecas.

  4. Principal

    Vista; la demanda de amparo presentada por Guillermo Antonio Esparza Amaro, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 528/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo, dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el numeral 113 de dicho ordenamiento establece que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a ello, es de indicarse que el quejoso Guillermo Antonio Esparza Amaro, hace consistir el acto reclamado en el auto de once de junio de dos mil diecinueve, en el que la Junta ordenó el nombramiento de perito en materia de grafoscopia y caligrafía a favor de la parte actora -aquí quejosa- y señaló fecha para el desahogo de la misma. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 172, fracciones III y XII, del citado numeral, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Previamente, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, es necesario dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano, sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable a la parte quejosa, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses de la quejosa, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Carta Magna. Siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución al quejoso en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como garantías individuales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Luego, si como ya se precisó, el acto reclamado consiste en el auto de once de junio de dos mil diecinueve, en el que la Junta ordenó el nombramiento de perito en materia de grafoscopia y caligrafía a favor de la parte actora -aquí quejosa- y señaló fecha para el desahogo de la misma, solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte la sentencia definitiva en caso de que éste sea desfavorable a la parte inconforme, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de los derechos fundamentales. En efecto, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y, en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que, se reitera, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. Además por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la jurisprudencia visible en la página ciento cuarenta y cuatro, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Y el Pleno del más alto Tribunal de la República emitió la jurisprudencia consultable en la página ciento cincuenta y cuatro, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que el acto controvertido en la presente instancia constitucional no tiene ejecución de imposible reparación en perjuicio del impetrante de amparo. Lo anterior; es así, porque el acto reclamado emitido en el expediente laboral de que se trata, consiste en auto de once de junio de dos mil diecinueve, en que la Junta ordenó el nombramiento de perito en materia de grafoscopia y caligrafía a favor de la parte actora -aquí quejosa- y señaló fecha para el desahogo de la misma. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional, no tienen una ejecución de imposible reparación sobre el impetrante de amparo en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio laboral del que emana tal acto procesal, aunque se obtuviera una resolución favorable, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Carta Magna, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Tiene aplicación a lo antes considerado la tesis I.3o.C.82 K del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, página 2812, registro 170463 de la voz: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." También, se cita la Jurisprudencia por contradicción de Tesis P./J. 6/94, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 76, Abril de 1994, materia común, página trece, registro 205484 que se copia: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia V.2o. J/68, de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 66, Junio de 1993, visible en la página 46, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito." Además, la jurisprudencia por contradicción de tesis, número P./J.24/92, sustentada por el Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento sesenta y cuatro, del Apéndice de 1995, tomo VI, tesis 244, Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que se a de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En atención a lo antes expuesto, se estima que no asiste razón al accionante del amparo, cuando afirma que el en el presente asunto, no obstante se trate de un acto intraprocesal, el mismo le causa perjuicio por tanto es procedente el juicio de amparo indirecto en términos de la tesis: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, AQUÉLLOS ABARCAN A LOS ACTOS INTRAPROCESALES QUE AFECTAN DERECHOS ADJETIVOS EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Al interpretar esta norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los mencionados actos pueden dividirse en dos vertientes: a) Los que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y destinados a regir al exterior del juicio, como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, el patrimonio, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones particulares; y, b) Los que perturban derechos adjetivos en grado predominante o superior, por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable, ocasionar el retardo grave del fallo definitivo, provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación y agregó que se entiende por ellos "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Ahora bien, este enunciado no debe leerse como una definición restrictiva, pues no emplea expresiones excluyentes como 'únicamente', 'solamente', 'sólo', 'exclusivamente' o 'excepcionalmente', para reputar como únicos actos de imposible reparación los que afecten derechos sustantivos y negar tal carácter a los que puedan generar violaciones procesales exorbitantes; por el contrario, el citado precepto debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la propia ley -a contrario sensu- que dispone: "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.". Al interpretar este precepto a contrario sensu, se advierte que los actos de imposible reparación reconocidos en la ley son tanto los que afectan derechos sustantivos como los que pueden constituir violaciones procesales relevantes. Así pues, es claro que el legislador no pretendió abandonar, sino adoptar los criterios del Máximo Tribunal del País, respecto a la clasificación de los actos de imposible reparación impugnables mediante el amparo indirecto. Finalmente, cabe destacar que esta interpretación protege de un modo más amplio el derecho fundamental a la justicia pronta, al permitir que se examinen de manera expedita las posibles violaciones a derechos procesales cuya gravedad extrema exija un inmediato análisis constitucional. Lo anterior, de conformidad con el principio hermenéutico pro homine establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, en cuya virtud acudirse a la interpretación más extensiva cuando se trata de fijar los alcances de los derechos humanos y sus garantías. De ahí que conforme a la nueva ley los actos de imposible reparación para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto, abarquen a los actos intraprocesales que afectan derechos adjetivos en grado predominante o superior. Esto es así, porque la parte quejosa pretenden poner de manifiesto que en el caso el acto reclamado debe conceptuarse como de imposible reparación, por el hecho de que, a su parecer, -incluso a pesar de ser de índole intraprocesal-, afecta su esfera jurídica de manera predominante o superior, pues como se vio, conforme a los criterios acabados de mencionar, para poder catalogar el acto reclamado como de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, en principio, debe tratarse de una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente que generen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo y, adicionalmente, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas; lo anterior, sin contar que ya tampoco se requiere que la afectación en la esfera jurídica de los gobernados sea de esa magnitud o trascendencia, para poder considerar a los actos reclamados como de imposible reparación; siendo que en el caso a estudio el quejoso incluso reconoce que la afectación que les irroga el acto reclamado es de naturaleza adjetiva, lo cual por sí mismo hace que ya no puedan considerarse los actos reclamados como de imposible reparación, máxime que, como también se dijo, conforme a la Ley de Amparo en vigor, y la jurisprudencia, ya no es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de actuaciones intraprocesales, a pesar de que estas afecten a las partes en grado predominante o superior, de ahí que se estime que no es aplicable la citada tesis que invoca. Sentado lo anterior, y una vez acreditada la causa de improcedencia en análisis, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Guillermo Antonio Esparza Amaro, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, con sustento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Como lo solicita, téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Glorisela García Gómez; a Sandra Cecilia Murillo Ramírez, Juan de Dios Castillo Vázquez y Jorge Emmanuel García Gómez, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos; y como domicilio para tales efectos el ubicado en Avenida Morelos, número setecientos cincuenta y cinco (755), colonia Centro, Zacatecas, Zacatecas.

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