Guillermo Analco Rendón
Expediente 1299/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1299/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Guillermo Analco Rendón
- Guillermo Analco Rendón y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente asunto y toda vez que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ y NEGÓ EL AMPARO ha causado EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, respecto del presente juicio de amparo, dado que se encuentra dentro de los supuestos que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. Finalmente, y toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente laboral 155/2011, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que remitió como complemento a su informe justificado; por tanto, devuélvanse las mismas a dicha autoridad, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente pues no se trata de autos originales.
- Principal
PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por Guillermo Analco Rendón, Rodolfo Vargas Morales, Catarino Ramírez Cruz, Elfego Chino Roque, Zeferino Victoriano Bibiano, Ramón Rosario Victoriano, Lauro Julio Meneses, Constantino Silverio Ramírez y Octavio Valente Ubaldo, respecto del acto y autoridad indicados en el resultado PRIMERO de esta resolución, por los motivos expuestos en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guillermo Analco Rendón, Rodolfo Vargas Morales, Catarino Ramírez Cruz, Elfego Chino Roque, Zeferino Victoriano Bibiano, Ramón Rosario Victoriano, Lauro Julio Meneses, Constantino Silverio Ramírez y Octavio Valente Ubaldo, en términos del punto considerativo SEXTO de esta sentencia. TERCERO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Notifíquese en términos de ley; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la ampliación de la demanda de amparo promovida por Guillermo Analco Rendón y otros, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad rindiendo informe justificado; con su contenido y constancias que anexa, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copia certificada del expediente laboral 155/2011, a partir del laudo y hasta el acuerdo que recaiga al presente oficio de notificación, a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de resolver el fondo del presente asunto; apercibida que de no hacerlo dentro del lapso indicado se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso concreto la tesis P./J. 17/97, visible a página 108, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, que es del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto".
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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