Guillermo Álvarez Valdés
Expediente 415/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Guillermo Álvarez Valdés
- Guillermo Álvarez Valdés y Otros.
- G. A. M. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en eta ciudad, anexó a su oficio un disco compacto en formato versión digital (DVD), como complemento a su informe, el cual guarda relación con el acto aquí reclamado. 1.1 Devolución. Sin embargo, resulta innecesaria su retención en este juzgado, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido; por tanto, como esta ordenado en este expediente, hágase la devolución del disco compacto en formato versión digital (DVD), a la citada autoridad responsable, solicitando el acuse de recibo respectivo.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, de esta ciudad, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede el análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia consistió en: La omisión de resolver sobre las medidas provisionales urgentes solicitadas por el quejoso en representación de su menor hijo, así como el tutor dentro del procedimiento oral de guardia y custodia llevado bajo el expediente número 688/2020, con motivo del incumplimiento de la progenitora custodia del régimen de convivencia, decretado en audiencia de siete de abril de dos mil veintiuno. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: 7. Conclusión. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional para efectos de que la autoridad responsable realice lo siguiente: i) Haga cumplir en forma inmediata, urgente y expedita, la medida de convivencia entre el menor y su progenitor; para lo cual, se debe verificar la situación real del niño, a efecto de salvaguardar sus derechos fundamentales. ii) Se resuelva lo que le beneficie directa e indirectamente, en atención a sus circunstancias particulares. iii) Se privilegie, que se lleve a cabo dicha convivencia, tomando en cuenta su derecho a un sano desarrollo de la personalidad; para lo cual contará con un término de tres días. Sin que con lo anterior se viole el interés superior del menor, sino tal modo de resolver salvaguarda dicho principio, pues se vincula a la juez familiar responsable a que resuelva su situación jurídica teniendo en cuenta tanto los hechos en que se sustentó la solicitud de la medida cautelar urgente de guarda y custodia del niño, como los demás elementos necesarios para determinar la procedencia de la medida. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, de esta ciudad, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Con ello, mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 Efectos. De las constancias remitidas se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el veinte de agosto pasado, se llevó a cabo audiencia de medidas, de la que se desprende que estuvieron presentes el quejoso Guillermo Álvarez Valdes e Itzel Eugenia Martínez Morales (tercera interesada), en el cual se resolvió que se conserva la guarda y custodia provisional del menor G.A.M., a cargo de la citada tercera interesada, y se mantiene el régimen de convivencia en los términos de la determinación de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, sin perjuicio del principio de progresividad en el ejercicio del derecho a convivir abiertamente, determinación que quedó debidamente notificada a las partes en dicha audiencia. Posteriormente, el uno de septiembre del año en curso, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, de esta ciudad, dictó proveído en el que ordenó realizar requerimiento a la aquí tercera interesada Itzel Eugenia Martínez Morales, para que diera cumplimiento a la medida provisional decretada en audiencia de siete de abril de dos mil veintiuno, reiterada en audiencia de veinte de agosto de este año, así como que permita y propicie la convivencia frecuente y estable del menor G.A.M., con su padre, es decir, los días viernes, sábado y domingo, alternando una semana si y otra no; apercibiéndola que en caso de incumplimiento o desobediencia, se haría acreedora a una medida de apremio; lo que así se realizó de manera personal por conducto del actuario de su adscripción el día dos siguiente. Por lo que, para verificar que lo anterior haya surtido eficacia en beneficio del interés superior del menor, el veintitrés de septiembre de este año, requirió de nueva cuenta de manera personal a la aquí tercera interesada Itzel Eugenia Martínez Morales, para que informara la forma en que ha hecho efectivo el derecho del menor, que fue tutelado mediante el requerimiento mencionado en el párrafo anterior. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y del oficio remitido por la citada autoridad responsable, se concluye que la misma atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 181 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 352 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 9. Devolución de constancias. Hágase devolución a la Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, el disco compacto "CD", así como de la copia certificada del expediente 668/2020, de su índice, que envió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario José Manuel Monsiváis Meza, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.JMDR/JMM/ahmPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. 1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, de esta ciudad, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede el análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia consistió en: La omisión de resolver sobre las medidas provisionales urgentes solicitadas por el quejoso en representación de su menor hijo, así como el tutor dentro del procedimiento oral de guardia y custodia llevado bajo el expediente número 688/2020, con motivo del incumplimiento de la progenitora custodia del régimen de convivencia, decretado en audiencia de siete de abril de dos mil veintiuno. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: 7. Conclusión. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional para efectos de que la autoridad responsable realice lo siguiente: i) Haga cumplir en forma inmediata, urgente y expedita, la medida de convivencia entre el menor y su progenitor; para lo cual, se debe verificar la situación real del niño, a efecto de salvaguardar sus derechos fundamentales. ii) Se resuelva lo que le beneficie directa e indirectamente, en atención a sus circunstancias particulares. iii) Se privilegie, que se lleve a cabo dicha convivencia, tomando en cuenta su derecho a un sano desarrollo de la personalidad; para lo cual contará con un término de tres días. Sin que con lo anterior se viole el interés superior del menor, sino tal modo de resolver salvaguarda dicho principio, pues se vincula a la juez familiar responsable a que resuelva su situación jurídica teniendo en cuenta tanto los hechos en que se sustentó la solicitud de la medida cautelar urgente de guarda y custodia del niño, como los demás elementos necesarios para determinar la procedencia de la medida. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, de esta ciudad, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Con ello, mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 Efectos. De las constancias remitidas se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el veinte de agosto pasado, se llevó a cabo audiencia de medidas, de la que se desprende que estuvieron presentes el quejoso Guillermo Álvarez Valdes e Itzel Eugenia Martínez Morales (tercera interesada), en el cual se resolvió que se conserva la guarda y custodia provisional del menor G.A.M., a cargo de la citada tercera interesada, y se mantiene el régimen de convivencia en los términos de la determinación de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, sin perjuicio del principio de progresividad en el ejercicio del derecho a convivir abiertamente, determinación que quedó debidamente notificada a las partes en dicha audiencia. Posteriormente, el uno de septiembre del año en curso, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, de esta ciudad, dictó proveído en el que ordenó realizar requerimiento a la aquí tercera interesada Itzel Eugenia Martínez Morales, para que diera cumplimiento a la medida provisional decretada en audiencia de siete de abril de dos mil veintiuno, reiterada en audiencia de veinte de agosto de este año, así como que permita y propicie la convivencia frecuente y estable del menor G.A.M., con su padre, es decir, los días viernes, sábado y domingo, alternando una semana si y otra no; apercibiéndola que en caso de incumplimiento o desobediencia, se haría acreedora a una medida de apremio; lo que así se realizó de manera personal por conducto del actuario de su adscripción el día dos siguiente. Por lo que, para verificar que lo anterior haya surtido eficacia en beneficio del interés superior del menor, el veintitrés de septiembre de este año, requirió de nueva cuenta de manera personal a la aquí tercera interesada Itzel Eugenia Martínez Morales, para que informara la forma en que ha hecho efectivo el derecho del menor, que fue tutelado mediante el requerimiento mencionado en el párrafo anterior. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y del oficio remitido por la citada autoridad responsable, se concluye que la misma atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 181 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 352 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 9. Devolución de constancias. Hágase devolución a la Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, el disco compacto "CD", así como de la copia certificada del expediente 668/2020, de su índice, que envió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Queda notificada la tercera interesada por medio de lista del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.
- Principal
1. Promoción. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, mediante cual informa lo relativo al cumplimiento dado al fallo protector. 2. Vista a las partes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la anterior circunstancia dése vista a la parte quejosa y parte tercera interesada, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga. 3. Estado procesal. En consecuencia, dado lo expuesto en párrafos anteriores, resulta innecesario hacer entrega del oficio 24013/2021, a la citada autoridad, por lo que se deja sin efectos el requerimiento formulado en auto de veinticuatro de los actuales.
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