Guillermo Alvarez Suarez
Expediente 354/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 12/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Guillermo Alvarez Suarez
- Gerente General de la Caja de Prevision de la Policía Preventiva de la Ciudad de MèXico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Ciudad de México, doce de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades responsables no han dado cumplimiento al requerimiento formulado el trece de septiembre de este año, por tanto, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, y 197 de la Ley de Amparo, se REQUIERE a Ricardo Hidalgo Valtierra, Jefe de la Unidad Departamental de Pensiones y Jubilaciones de la Gerencia de Prestaciones y Bienestar Social de la Gerencia General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, para que dentro del término de diez días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a las ejecutorias de anulación y amparo, esto es, debe remitir las constancias por medio de las cuales acredite haber efectuado el pago de la cantidad de diecinueve mil ciento chenta y nueve pesos ($ 19,189.00 m.n.), moneda de curso legal, por concepto de pago de la pensión en favor de la parte quejosa Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la delegada de la Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, por medio del cual formula manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a las manifestaciones que vierte la oficiante, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto fenezca el plazo concedido en proveído de ocho de noviembre de este año, en que se requirió al Jefe de la Unidad Departamental de Pensiones y Jubilaciones de la Gerencia de Prestaciones y Bienestar de la misma gerencia, diera cumplimiento a las ejecutorias de anulación y de amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo 1688/2023 de su índice, a efecto de que este juzgado se pronuncie respecto de la competencia que propone el juzgado oficiante; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito para que obre como corresponda. En ese sentido, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto; sin embargo, en el presente asunto ya se emitió la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintidós, la cual causó ejecutoria el seis de octubre de esa misma anualidad y actualmente se encuentra en la etapa de cumplimiento. No obstante a lo anterior, a efecto de evitar mayores dilaciones, se ordena remitir el juicio de amparo 1688/2023 del índice del juzgado oficiante como una demanda nueva e independiente, al presente asunto, en observancia al principio pro actione, para salvaguardar, en favor de la parte quejosa, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se cita la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre del dos mil doce, tomo 1, página 525, que a continuación se cita: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Es así, remítase el juicio de amparo 1688/2023 y anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que le asigne un nuevo número de juicio de amparo y hecho lo anterior, lo turne a éste Juzgado de Distrito para acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades responsables no han dado cumplimiento al requerimiento formulado el trece de septiembre de este año, por tanto, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, y 197 de la Ley de Amparo, con copia del oficio registrado bajo el número de correspondencia 23748, se REQUIERE a Ricardo Hidalgo Valtierra, Jefe de la Unidad Departamental de Pensiones y Jubilaciones de la Gerencia de Prestaciones y Bienestar Social de la Gerencia General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, para que dentro del término de diez días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a las ejecutorias de anulación y amparo, esto es, debe remitir las constancias por medio de las cuales acredite haber efectuado el pago de la cantidad de diecinueve mil ciento chenta y nueve pesos ($ 19,189.00 m.n.), moneda de curso legal, por concepto de pago de la pensión en favor de la parte quejosa En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a Eréndira Corral Zavala, Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad referida, lo conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de diez días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre él poder o mando para obligarlo a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese.
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