Guillermo Alvarez Morales
Expediente 1013/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/10/2018
Partes del expediente
- Guillermo Alvarez Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
- Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte . . . se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA . . . archívese el presente asunto como concluido . . .
- Principal
- Vista la razón actuarial que antecede, practicada por el actuario de la adscripción, se advierte que no fue posible notificar al quejoso . . . se ordena notificar el proveído en comento y hacer las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por medio lista . . . se ordena notificar por medio de lista el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho que en lo conducente dice "VISTO el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso GUILLERMO ÁLVAREZ MORALES, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal por el acto siguiente: ".3.- ACTO RECLAMADO: La abstención de resolver en breve término y por escrito la petición de mi parte promovida el día 19 DIECINUEVE DE JULIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, la que se refiere a JUDICIALIZAR CARPETA DE INVESTIGACION NUMERO CI/QRO/21488/2017/CARPETA, relativa a INTENTO DE HOMICIDIO PERPETRADO EN MI PERJUICIO, Y QUE A LA FECHA, NO SE HA JUDICIALIZADO Y SE HA OMITIDO EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACION DE LA SITUACIÓN JURIDICA EN QUE SE ENCUENTRA LA MISMA, OCASIONANDOME UN ESTADO DE INDEFENSION ABSOLUTO." Luego, de la lectura de la demanda de garantías y las constancias remitidas con el informe justificado de la responsable, se obtiene que el acto reclamado consiste de manera destacada en: La abstención de resolver en breve término y por escrito la petición de parte del ofendido -aquí quejoso- de judicializar la carpeta de investigación CI/QRO/21488/2017. Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro digital 195745, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos veintisiete, cuyo contenido literal es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Ahora bien, la autoridad responsable Fiscal de Acusación Especializado en la Investigación de Homicidios, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; empero, enseguida hace una serie de manifestaciones que evidencia que a la fecha no se ha judicializado la carpeta de origen; ello en razón de que -refiere- no obra dentro de la Carpeta de Investigación de origen, de forma expresa o tácita, petición realizada por el quejoso Guillermo Álvarez Morales, ofendido en la Carpeta de Investigación Cl/QRO/21488/2017, en fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, que sobre la cual tuviere que pronunciarse al respecto; también aduce, que la citada carpeta de investigación se inició el diez de julio de dos mil diecisiete, y el quejoso presentó querella el veintisiete de dicho mes y año, en la que le expuso la mecánica de los hechos por los cuales se le reconoció el carácter de víctima y ofendido del delito que se investiga; además que en esa fecha el ofendido informó que cuatro personas son las intervinientes en los hechos, precisando que una de ellas pertenece a la comunidad transexual, identificándola con el alias de "ZAMARA ESTRADA" y/o "YOSSELINE ESTRADA", así como otra de nombre ADOLFO GUTIERREZ y una más como FERNANDA ARMENTA, datos obtenidos de los perfiles de "FACEBOOK"; que con la información proporcionada, procedieron a realizar todos y cada uno de los actos de investigación tendientes a la búsqueda, identificación y localización de éstas; sin embargo, los elementos de la Policía de Investigación del delito, le comunicaron que al realizar una búsqueda en los archivos informáticos con los que cuenta el Estado de Querétaro, no fue posible obtener nombres completos y correctos de los señalados como intervinientes del hecho, y agotada la investigación, esa fiscalía no cuenta con datos de prueba suficientes para ejercitar la acción penal en contra de personas determinadas, al tener sólo apodos o sobrenombres de los mismos; que en base a ello el treinta de septiembre de dos mil diecisiete, determinó el archivo temporal de la carpeta de investigación hasta en tanto se cuenten con datos de identificación plena de los imputados, y proceder de inmediato a resolver la carpeta de conforme a derecho, ello conforme los artículos 131, fracción XIII, y 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que se tienen por ciertos los actos que se le reclaman a la responsable de mérito. Orienta sobre el particular, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Máxime, que de las documentales públicas que el fiscal adjuntó en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen el carácter de prueba plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo; se advierte la existencia del acto reclamado sintetizado anteriormente; consecuentemente, para todos los efectos legales a que haya lugar, debe tenerse como cierto el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, respecto del precisado acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera, que en el caso se actualiza en forma evidente, la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone agotar o ejercitar en contra del acto reclamado y previamente a esta instancia constitucional, el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Apoya lo considerado, la tesis Jurisprudencial I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, página novecientos dos, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ello debido a que en el caso concreto, el acto reclamado a la responsable, deriva de la carpeta de investigación CI/QRO/21488/2017; de ahí que esa indagatoria se realiza conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". En las relatadas circunstancias, se hace patente que la ley que rige el acto reclamado, esto es, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 258, prevé medio de defensa ordinario por el que pueden ser revisadas las omisiones del Ministerio Público, en el caso la abstención de resolver en breve término y por escrito la petición de parte del ofendido -aquí quejoso- de judicializar la carpeta de investigación CI/QRO/21488/2017; mismo que se tiene que agotar previamente a la promoción del juicio de amparo. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 233/2017, de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, resolvió que sí debe agotarse tal medio de defensa contra tal tipo de actos reclamados. Ejecutoria que dio lugar a formar la jurisprudencia 1ª./J 27/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". De igual modo, sirve de sustento a lo considerado en el presente auto, la diversa jurisprudencia 1ª./J. 28/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicada el 17 de agosto de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". En consecuencia, al ser factible la audiencia de impugnación prevista por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para revisar el acto que aquí se combate, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, en el caso, no se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en los incisos a), b), c) y d) del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia de los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que no existe la carga procesal de agotar los medios ordinarios de defensa cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, cuando se trate de persona extraña al procedimiento o cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Asimismo, debe enfatizarse que no se está en el supuesto de que la parte quejosa sea tercero extraño al procedimiento, pues de sus manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad, se advierte que tiene el carácter de ofendido en la carpeta de investigación de mérito. Así las cosas, es claro que no existen elementos para considerar que pueda haber una excepción para no agotar el principio de definitividad. Sin que lo anterior, contravenga lo dispuesto en los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, octubre de dos mil catorce, tomo I, página novecientos nueve, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". También resulta conveniente invocar, la tesis I.3o.C.64 K (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de dos mil quince, Tomo III, página dos mil doscientos noventa y cinco, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Si bien de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, son de observancia general no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, con el objeto de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, ello no implica que la normativa en materia de derechos humanos sea incompatible con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, dado que éste no puede considerarse como un recurso, sino como un verdadero juicio previsto en el artículo 107 de la Carta Magna, en el que se sientan las bases a las que se sujetará el procedimiento y el orden jurídico que lo regula a través de la Ley de Amparo, en cuyo artículo 61 establece diversas causas de improcedencia como presupuestos procesales que deben atenderse, pues lo contrario daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persiguen el juicio de amparo, la Constitución y los propios tratados sobre derechos humanos. Ahora bien, el citado artículo 61, en su fracción XVIII, señala como casos de excepción al principio de definitividad cuando: a) se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente por desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, el principio de definitividad es compatible con la normatividad en materia de derechos humanos, ya que la observancia de los requisitos para acceder al juicio de amparo resultan acordes con los lineamientos establecidos en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que su trámite es rápido, sencillo y únicamente se requiere estar en el supuesto de afectación de un acto de autoridad para acceder a la posibilidad de impetrar la protección de la Justicia Federal, dentro del plazo previsto por la ley. De ahí que el derecho de acceso a la justicia no se traduce en una facultad para transgredir las normas que rigen al procedimiento; tampoco implica que quede al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, pues la ley de la materia dispone específicamente en qué casos el quejoso puede acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa". Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia advertida, en el acto reclamado, pues de analizarse el contenido de ésta, habrá de prolongarse la tramitación del proceso penal de origen en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de ese procedimiento a través de la improcedencia decretada para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. En conclusión por lo antes expuesto y al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable; dejando insubsistente la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional en este expediente. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar. . .
- Principal
- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende . . . se difiere la celebración de la audiencia constitucional, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo . . . .
- Principal
- Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por . . . téngase por rendido el mismo, con el que se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales conducentes . . . se tiene por admitida y desahogada la documental que anexa . . .
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