Guillermo Alfonso Godínez y Otros.

Expediente 1128/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1128/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Alfonso Godínez y Otros.
  • Juan Antonio Aviña Falcón

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, Capital, comunicando que no fue impugnado el proveído de siete de los corrientes, en el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, por lo que causó estado. Se archiva como asunto concluido.

  2. Principal

    Se tiene al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, informando que se desechó por improcedente el recurso de revisión.

  3. Principal

    el quejoso interpone recurso de revisión.

  4. Principal

    León, Guanajuato, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Aviña Falcón y Guillermo Alfonso Godínez, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 1128/2018-I y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y electrónico respectivos. En el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales, no pueden digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría respectiva de este órgano jurisdiccional. DESECHAMIENTO. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Pues bien, quien esto resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" [.]" En efecto, la fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá acudir a ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. Atentos a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, los quejosos reclaman del director general y Comité Técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS Guanajuato", con sede en Ocampo; aspectos relacionados con las condiciones de internamiento como es, la omisión o negativa de ingresarlos al taller de pintura al óleo. Ahora bien, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran los artículos 107 a 115 los cuales disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." En adición a dichos preceptos, en el Capítulo IV, denominado Controversias ante el Juez de Ejecución, del mismo cuerpo de leyes invocado, se encuentran los artículos 116 y 117, del tenor siguiente: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." De dichos numerales, se obtiene, en lo que aquí interesa, la existencia de la figura de la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, misma que se formulará por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien, una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. También se advierte que, el director del centro de reclusión estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Además, las normas citadas señalan que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, lo que significa que por cualquier circunstancia, -ya sea de carácter negativo u omisivo-, la persona privada de su libertad no encuentra satisfechas sus pretensiones, podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución en los siguientes plazos: Diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución -en tratándose de actos de naturaleza instantánea-. En cualquier momento -si los efectos del acto son continuos o permanentes-. Adicionalmente, hay que destacar que en aquellos casos en que el interesado justifique que las peticiones recaen sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato quedaría sin materia la petición -caso urgente-, el interesado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición; supuesto en el que, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva, de ser el caso que al acto impugnado tenga el carácter de positivo. Asimismo, la norma señala que, en tratándose de actos de naturaleza omisiva, el Juez de Ejecución determinará con la misma celeridad, las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. En suma, las disposiciones citadas evidencian que los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas, con las condiciones de internamiento y cuestiones derivadas de dicho tópico, además el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones vinculadas, que impliquen violación de derechos fundamentales y que tienen facultades para decretar de oficio y de plano la suspensión de los actos materia de inconformidad. Establecido lo anterior y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados en el caso que nos ocupa, se estima que los quejosos ya sea como procesados o sentenciados, previo a promover demanda de amparo ante la actitud negativa y omisa de la autoridad penitenciaria inmediata, debieron promover la petición administrativa ante el Director del centro, en términos de los artículos 110, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal recién citados. Sin que sea óbice a lo anterior, las hipótesis excepcionales a la causa de improcedencia que se invoca, consistentes en que no será necesario agotar el principio de definitividad en los siguientes supuestos: Cuando mediante la interposición del recurso, la ley del procedimiento no suspenda de oficio el acto impugnado; con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o solo se aleguen violaciones directas a la constitución. Cuando el recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, el contenido de las normas invocadas pone en evidencia que, incluso, en tratándose de actos omisivos o negativos, como acontece en la especie, los interesados están en condiciones de acudir ante el Juez de Ejecución a plantear su inconformidad y solicitarle que, de oficio, suspenda de inmediato el acto omisivo que motiva su petición; hipótesis que, en términos de la propia Ley Nacional de Ejecución, ameritará que, de considerarlo procedente, el Juez de Ejecución Penal pronuncie las acciones inmediatas a realizar por parte de la autoridad penitenciaria. En tal contexto, es evidente que la Ley Nacional de Ejecución Penal, no establece mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, en la medida que esta última medida cautelar requiere, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: Que expresamente la solicite el quejoso; Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; Que deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Elementos estos que, en forma alguna se encuentran presentes como condiciones sine qua non para efectos de la suspensión de oficio del acto reclamado en términos de la invocada Ley Nacional de Ejecución Penal. Es aplicable, la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011614, visible a página 1316, libro 30, mayo de 2016, tomo II, décima época, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." Por otra parte, tampoco es dable considerar que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un plazo mayor al que fija la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, en la medida que esta última en sus numerales 112 y 139, informa que el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre la suspensión provisional en el plazo de veinticuatro horas; mientras que, en aquel cuerpo legal, se establece que el Juez de Ejecución tiene facultades para suspender de inmediato el hecho o acto que motivó la petición. Asimismo, es claro que en el caso no se trata de un acto que carezca de fundamentación, pues la teleología de dicha norma evidencia que tal hipótesis atañe a actos de naturaleza positiva distinta a la que se reclama en el caso específico, además de que en el caso, la parte quejosa no ciñe su litis a la transgresión directa a algún precepto constitucional, sino que su reclamo se centra en transgresiones a la ley segundaria y al Manual de Visita de los Centros Federales de Readaptación Social. Igualmente, se destaca que en el caso la instancia agotable ante el Juez de Ejecución, está prevista en una ley en sentido formal y no en un reglamento o alguna otra disposición de inferior jerarquía. De ahí, puede arribarse a la seguridad en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis excepcionales a la causa de improcedencia analizada. Resta decir que, no es obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el hecho de que los impetrantes se encuentren internos en un centro penitenciario y reclamen violaciones relacionadas con su derecho a la vida, la "paz", la "tranquilidad y seguridad, pues, debe tomarse en consideración que se encuentran sujetos a un proceso penal (en prisión preventiva o en ejecución de la pena), y por tanto, se trata de un acto u omisión que se le atribuye a una autoridad administrativa pero ocurrido dentro de un proceso penal, situación que provoca que los internos deban acudir a los mecanismos que establece la ley ordinaria para resolver cualquier afectación a su esfera de derechos, pues dicho procedimiento se regula principalmente por los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 Constitucionales, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tampoco es óbice para concluir lo anterior, que en el caso, se considere que existe una violación directa a la Constitución Federal, en específico, podría tratarse de una transgresión al artículo 18 de nuestra Carta Magna, pues en éste se encuentran establecidos los principios generales que deben regir en materia penitenciaria, mismos que, al ser ampliados o complementados de forma específica en una norma reglamentaria (Ley Nacional de Ejecución Penal), dotaron a las autoridades de la facultad de analizar los derechos de forma armónica y como una unidad para resolver de mejor forma el planteamiento que les formula un particular; por ende, resulta jurídicamente inadmisible que si el legislador ordinario amplió tales derechos humanos -en materia penitenciaria-, en esta Ley Secundaria, la probable transgresión de aquéllos, no debe ser analizada en forma autónoma, sino a través de un procedimiento, en este caso, aquel que se denomina petición administrativa donde se encuentra inmersa la posibilidad de acudir ante el Juez de Ejecución en los términos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por lo anterior, si los amparistas cuentan con un mecanismo regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que las autoridades administrativas y jurisdiccionales, conozcan sus necesidades y puedan, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que tienen que seguir los quejosos a fin de resolver su controversia, al tener regulación expresa en la materia. Sirve como base para lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2008884, sostenida por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 480 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, en materia Administrativa, con número de tesis 1a./J. 7/2015 (10a.), cuyo rubro y texto rezan: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En tales condiciones, si contra el acto aquí reclamado procedía el agotamiento de un recurso innominado ante el juez de ejecución, que como ya se vio, no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, mediante la cual puede ser revocado o modificado, y el mismo no fue agotado en todas sus fases; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto que en su contra se intenta es improcedente por no observarse el principio de definitividad que lo rige. De manera que, como de la demanda de cuenta se advierte de forma patente y clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Antonio Aviña Falcón y Guillermo Alfonso Godínez. DOMICILIO DE LOS QUEJOSOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. Notifíquese personalmente a los quejosos en su centro de reclusión.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 5,782 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano