Guillermo Alexis Ochoa Cordero
Expediente 29/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Guillermo Alexis Ochoa Cordero
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto dictado en el juicio de amparo en que se actúa, el catorce de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 2 Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que CAUSA ESTADO el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, previo aviso a la Dirección General de Archivo y Documentación. Posteriormente, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 3 previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Alexis Ochoa Cordero, contra actos del Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y otras autoridades; ahora bien, de la integridad de la demanda de amparo se advierte que esencialmente el acto reclamado consiste en: ? La orden de traslado de siete de enero de dos mil veintidós, que se pretende llevar del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 3 de Tapachula, Chiapas, a diverso centro de reclusión. La anterior determinación se precisa con apoyo en la tesis jurisprudencial 565, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 628, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Novena Época, del Apéndice 1917- septiembre 2011, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 2 de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Por consiguiente, con el original de la demanda fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 29/2022. Posteriormente, con fundamento en los artículos 1º, 17, 18, 20, 33, 37, 61, 107, 108, 112 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a examinar de oficio la procedencia del juicio de amparo, para lo cual se realiza el análisis siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido el suscrito Juzgador Federal, tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial o su aclaración. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 3 ??????????????? convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran ofrecer las partes. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce 1 Registro: 180663, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631. VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 4 desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Establecido lo anterior, se estima que la presente demanda de garantías debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia, ya que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional: El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 5 ??????????????? Del citado artículo se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados; por lo que, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Así las cosas, los artículos 50, 51, 52 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 6 estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código". "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 7 ??????????????? III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y [.] Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [:..] VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 8 VII. Traslados; [.]". Conforme a los preceptos transcritos se advierte que: - Existen tres tipos de traslados: (i) voluntario; (ii) involuntario; y, (iii) urgentes, sin previa audiencia. - Por regla general, todo el actuar de la autoridad administrativa en temas de traslados debe ser controlado por una autoridad judicial; sin embargo, el legislador tuvo presente que pudieran existir casos en los que razonable y justificadamente la autoridad administrativa necesite ejecutar un traslado, sin que por las circunstancias fácticas le fuera posible acudir ante un juez de ejecución para su autorización, para esos supuestos la ley nacional le dio una facultad extraordinaria para justificar el ejecutar un traslado sin intervención judicial. Facultad extraordinaria que no es ilimitada, pues sólo opera para los casos previstos en el artículo 52 de la ley nacional, pero que también necesitan de la revisión de la autoridad judicial (control posterior con el recurso de apelación o controversia judicial). - El traslado urgente o excepcional, se lleva a cabo y ejecuta por autoridad administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad, o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. En caso de que se ejecute un traslado bajo este supuesto, la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 9 ??????????????? - Respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida, el recurso de apelación y la controversia judicial, cuya procedencia depende del actuar de la jueza o juez de control o de ejecución, ya que una vez que ha sido notificada de que por una cuestión urgente o excepcional de las previstas, se ejecutó un traslado tendrá cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que califique la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. - Si la autoridad judicial no se pronuncia sobre la legalidad del traslado en el término fijado, será procedente la controversia judicial. - El recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. En ese sentido, se concluye que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 10 Además, la controversia judicial, prevista en la legislación en cita, es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Aunado, el juez de control o el juez de ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. De resultar que la decisión judicial indicada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada; por lo que, la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la constitución federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2021, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 11 ??????????????? Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro 2023736, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 12 Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo". En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal para combatir la actuación reclamada, de conformidad en lo contemplado en los artículos 113 y 61, fracción XX, ambos de la Ley de la Materia, se desecha la demanda de amparo promovida por Guillermo Alexis Ochoa Cordero. Seguidamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Jean Carlo González Domínguez, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito, y en términos restringidos de dicho numeral a José Antonio Román Monzón, Aarón Enrique Figueroa Monterrosa y Luis Fernando Girón Ramírez, por no tener registrada su cédula profesional de citado sistema. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo dela Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, con el usuario "ludwing2016", en el entendido que dicha autorización solo es para el presente asunto. VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 13 ??????????????? Con fundamento en el artículo 21, párrafo III, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que las notificaciones personales, así como cualquier diligencia ordenada en autos, pueda realizarlas, incluso, en días y horas inhábiles. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 y 1132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados3; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación en nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente; hágase saber a las partes, que los datos personales que proporcionen en el presente asunto podrán ser utilizados para la tramitación y resolución de este juicio de amparo hasta su total 2 Artículo 113. Se considera información confidencial: I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 3 Artículo 26. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos con que cuente el responsable. Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar, deberá estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla. Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Artículo 27. El aviso de privacidad a que se refiere el artículo 3, fracción II, se pondrá a disposición del titular en dos modalidades: simplificado e integral. El aviso simplificado deberá contener la siguiente información: I. La denominación del responsable; II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular; III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá informar: a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y b) Las finalidades de estas transferencias; IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, y V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este artículo no exime al responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda conocer el contenido del aviso de privacidad al que se refiere el artículo siguiente. Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV de este artículo, deberán estar disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las finalidades o transferencias que requieran el consentimiento del titular, previo a que ocurra dicho tratamiento. VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 14 conclusión; asimismo, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, a excepción de la información clasificada, definida por el segundo de los artículos del ordenamiento legal citado en primer término, pues la misma será suprimida de la versión pública de las sentencias ejecutoras, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este juzgado. Asimismo, hágase del conocimiento de los servidores públicos adscritos a este órgano jurisdiccional que tengan acceso al presente expediente con motivo de sus funciones, a tratar los datos personales que resulten estrictamente necesario para el ejercicio de sus atribuciones con la debida administración y custodia, así como, vigilen que esos datos que tengan en posesión sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados, ya que tal información deberá ser resguardada a fin de su protección, lo anterior con apoyo en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de Datos Personales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil dieciocho. Atento a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincida íntegramente el expediente impreso con el electrónico.
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- Guillermina Cruz Morales510/2021
- Guillermina Lourdes Antonio Ramos360/2021
- Guillermina Trinidad Estrada313/2019
- Guillermo Alexis Ochoa Cordero642/2021
- Guillermo Angel Díaz Dillanes171/2021
- Guillermo Antonio Sánchez Gutiérrez106/2019
- Guillermo Celaya Paz2233/2019
- Guillermo Gómez Vázquez440/2023
- Guillermo Lázaro Cabrales Fernández190/2020
- Guillermo Marroquín Cruz175/2020