Guillermo Alberto Barbosa González
Expediente 1384/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1384/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/09/2018
Partes del expediente
- Guillermo Alberto Barbosa González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y telegramas de cuenta, visto su contenido se provee: Téngase a la Jueza Primera de lo Civil de Tehuacán, Puebla, dando cumplimiento al requerimiento de doce de los corrientes, a lo que informa que toda vez que *********** no dio cumplimiento al requerimiento que le hizo por auto de veintisiete de agosto de la presente anualidad, a fin de que exhibiera los documentos necesarios para continuar con el trámite de la denuncia a la sucesión testamentaria formulada, desechó la demanda promovida, lo anterior para los efectos legales procesales. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, se ordenó suspender el procedimiento en el presente juicio, por el término de sesenta días hábiles, a fin de que se dé oportunidad, a que el representante legal de la sucesión testamentaria o intestamentario a bienes de la tercera interesada **********, interviniera en el juicio. En mérito de lo anterior, se ordena la reanudación del procedimiento que se encontraba suspendido (foja 478), en consecuencia, se provee: Tomando en consideración que se desconoce quién es el albacea provisional o definitivo de la sucesión testamentaria o intestamentaria de la tercera interesada *********, no obstante que este juzgado agotó todos los medios necesarios para ello, se ordena: Gírese oficio al Juez Primero Civil de Tehuacán, Puebla, a fin de que requiera al actor **********; le informe si sabe y le consta si existe alguna sucesión a bienes de **********, y de ser así informe quién es el albacea en dicha sucesión. Así mismo, el citado Juez deberá remitir las constancias respectivas en el término de tres días legalmente computados a partir de realizada la diligencia solicitada. Apercíbase que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 259 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se hará acreedora a la imposición de una multa, por el equivalente de cincuenta a mil unidades de medida y actualización. Por otra parte, advirtiendo que la parte quejosa exhibió el acuse del escrito inicial de demanda relativa a la denuncia de la sucesión a bienes de la tercera interesada ******; en consecuencia, se provee: gírese oficio a la Directora General del Registro del Estado Civil de las Personas de Puebla, para que informe si cuenta en los archivos del Registro Civil una acta de defunción a nombre de **********dado que es necesaria para resolver la presente litis, en el mismo término deberá remitir copia certificada de la misma. Apercibida la autoridad que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se hará acreedora a la imposición de una multa por el equivalente de cincuenta a mil unidades de medida y actualización. En mérito de lo anterior, se reserva proveer lo conducente al emplazamiento del tercero interesado Lourdes Alcazar Duran, hasta en tanto se tenga la certeza o no de su defunción. Resérvese el señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio hasta en tanto se realice el emplazamiento de la tercera interesada de mérito.
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA GUILLERMO ALBERTO BARBOSA GONZÁLEZ, EL ACUERDO DE FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio con registro 25865, al efecto se provee: INFORME JUSTIFICADO. Se tiene rindiendo su informe justificado a la autoridad oficiante -Presidente de la República-, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y SEÑALA DOMICILIO. Se tiene a la autoridad responsable, designando como delegados a los profesionistas que indica, en términos del artículo 9°, de la Ley de Amparo. Respecto al domicilio que señala la autoridad oficiante para oír y recibir notificaciones, dígasele que con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo se le practicarán las mismas en el domicilio de su oficina principal. Intégrese a los autos el oficio con registro 25917, signado por el apoderado de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y téngasele informando a partir de cuándo se realizaron las retenciones del artículo reclamado -93, fracciones IV, V y IX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en dos mil catorce-, además, realiza manifestaciones en relación al último párrafo de dicho precepto, y anexa copia de las constancia de retención de la parte quejosa relativas a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 (fojas 119, 124 y 129). Agréguese los oficios con registros 25431 Y 25645, visto su contenido, se provee: Téngase a los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria "1" y "2", informando que el quejoso. Ahora bien, visto el estado procesal de autos y la demanda de amparo promovida por., se provee: INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. En principio, cabe puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y de pronunciamiento oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309, Tomo XCVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables las siguientes: 1. Cámara de Diputados 2. Cámara de Senadores 3. Presidente de la República Mexicana A las que reclama la inconstitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con motivo de su primer acto de aplicación. Lo anterior, por estimar que para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, su previsión social resultó gravada tributariamente por la aplicación del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es del tenor siguiente: "Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: (.) IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. (.) XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del presente Título. (.) Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley." Ahora bien, de los referidos oficios de los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria "1" y "2", se advierte que informaron que el quejoso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto Sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subsecuentes que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que del criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de la vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción territorial se ubica. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 426, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de 2009, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.- Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subcuentas que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica". Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 146/2002, de la Novena Época, emitida por la referida Segunda Sala, visible en el Tomo XVII, página 324, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de enero dos mil tres, cuyo y rubro señalan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos". En ese tenor, es dable establecer, que la norma combatida es de carácter fiscal y su ejecución se materializó en el lugar donde tiene su domicilio fiscal la parte quejosa; es decir, en Guadalajara, Jalisco. Por lo que se concluye que el juez competente para conocer de la presente demanda, debe ser el que ejerza jurisdicción en el lugar donde la parte quejosa prestó sus servicios y, en consecuencia, se le efectuó el pago de salarios y la retención correspondiente al impuesto que se tilda de inconstitucional. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, previendo en su primer párrafo que lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En este sentido, esta autoridad federal se considera incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, pues de la lectura del escrito de demanda y de las constancias descritas, no se observa que dicho acto se ejecute, o se haya ejecutado en la jurisdicción de este tribunal, motivo por el cual su ejecución, por el contrario, como se vio, se realizó fuera de la demarcación que compete a esta autoridad federal. Lo anterior es así, puesto que los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (.)". "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Asimismo, lo anterior se adminicula con la constancia de retención que exhibió la parte quejosa con su demanda de garantías, así como con las constancias recabadas de oficio por esta Juzgadora y que obran en autos, esto es: Por oficio con registro 23696, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Puebla informó que la parte quejosa se encuentra adscrita a la Unidad de Medicina Familiar Número 91, Delegación 14, con sede en el Estado de Jalisco (foja 54). Mediante oficio con registro 25917, el apoderado legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable informó que la parte quejosa es empleada jubilada y recibe sus pagos en Guadalajara, Jalisco; e, informó a partir de cuándo se realizaron las retenciones del artículo reclamado -93, fracciones IV, V y IX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en dos mil catorce y dos mil dieciséis-, y anexó copia de las constancias de retención de la parte quejosa de los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 y recibos de pago correspondientes a la primera quincena de diciembre de dos mil dieciséis y de la segunda quincena de enero de dos mil catorce.(fojas 111 a 132). Por lo anterior, si la parte quejosa reclama el artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, en el caso: -Guadalajara Jalisco-, conforme a lo informado por las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente "1" y "2", Puebla, se concluye que el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido por la peticionaria de amparo, debe ser el del lugar en donde se encuentra su domicilio fiscal. Bajo esos lineamientos, con fundamento en los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, se estima que la competencia para conocer de la presente demanda se actualiza en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno. Se ordena remitir el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que por su conducto sea turnado al Juzgado que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo. Solicitando el acuse el recibo correspondiente y comunique el Juez que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo, si se avoca o no al conocimiento del presente asunto. Fórmese expedientillo, háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Finalmente, déjese sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas treinta y cinco minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 68). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguense los oficios de cuenta, visto su contenido se provee: Ténganse a los apoderados jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los Estados de Coahuila y Aguascalientes, respectivamente; y al Titular de la Notaría Pública Número 69 del Distrito Notarial de Torreón Coahuila, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho; por lo que remiten los acuses de los oficios 28428, 28427 y 28426 dirigido a los Delegados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los Estados de Coahuila y Aguascalientes; y al Titular de la Notaría Pública Número 69 en Torreón Coahuila, por el cual se les hizo de su conocimiento la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, en esta fecha se deja sin efectos los apercibimientos de multa previamente decretados. REVISIÓN INTEGRADA CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, los autos originales de este juicio, un cuaderno auxiliar y el original del escrito de agravios. Infórmese a la superioridad que el recurso se envía en esta fecha se integran las constancias de notificación del auto por el que se tuvo por interpuesto el mismo. Finalmente, y toda vez que ya obran en autos los acuses correspondientes a los oficios 28428, 28427 y 28426, requeridos al Administrador de la oficina de servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, mediante proveído de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (foja 470), comuníquese al citado al funcionario postal que se dejan sin efectos el apercibimiento de multa decretado en dicho auto.
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