Guillermo Aguirre Gomez

Expediente 206/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
206/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Aguirre Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como el acuerdo dictado el cuatro de abril de dos mil veintitrés en el cuaderno administrativo, así como la copia del oficio SECNO/STCCNO/350/2023, remitido por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del que se advierte que en cumplimiento a lo instruido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se declaró procedente la solicitud de concentración de juicios, presentada por la Secretaria de la Defensa Nacional y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como actos reclamados: "Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2022". Bajo ese panorama, si en el juicio de amparo en que se actúa se reclaman: a) La Ausencia total de Fundamentación y Motivación en las disposiciones mediante las cuales se hace del conocimiento que para continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional, se debe escoger: 1) Escoger una de las siguientes áreas: DE LA Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (CONASE) Coordinación Nacional Antisecuestro, PC Protección Civil, Protección Federal, CONAPRED Centro Nacional de Previsión y Desastre, PRT Prevención y Readaptación Social, SES Secretariado Ejecutivo del Sistema, CDI Centro Nacional de Inteligencia y/o 2) Anotarse en el programa de separación voluntaria del servicio 2022. b) La orden mediante el oficio número de la guardia nacional de Separación dada por el DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES el Mtro, Cruz Isaac Muñoz Navarro, Gral. Dic. D.E.M. Ret. En tal virtud, y toda vez que los actos reclamados se encuentran estrechamente relacionados, pues en ambos sumarios constitucionales se vinculan con el cambio de adscripción del quejoso para continuar sus labores en la Guardia Nacional, y con la incorporación de ésta a la Secretaría de la Defensa Nacional; esto es, se relaciona con la incorporación del quejoso a la Secretaría de la Defensa Nacional, en ese tenor, el presente juicio de amparo se estima se encuentra relacionado con el aludido decreto, se ordena remitir el presente expediente y los cuadernos incidentales derivados del mismo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la ciudad de México, para que turne el expediente en que se actúa, quien deberá remitir a este juzgado la boleta de acuse de recibo correspondiente, para estar en posibilidad de notificar a las partes, por lista, a qué órgano jurisdiccional auxiliar correspondió el conocimiento del asunto. Con la impresión de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Repórtese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como "Egreso por Acuerdo General", en cumplimiento al mismo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, póngase a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda la consulta del expediente electrónico del asunto en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario. Se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición de la autoridad oficiante la consulta del expediente electrónico del presente asunto. Hágase del conocimiento del Juzgado del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a quien por turno corresponda conocer del presente controvertido, que con fecha veintiuno de abril del año en curso, se dictó la sentencia respectiva a través de la cual, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; asimismo, que en autos del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, obra glosado el original del oficio por el cual la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra la interlocutoria dictada el diez de febrero de dos mil veintitrés, acordado en auto de veintiuno siguiente, el cual no se ha remitido al Tribunal Colegiado respectivo al encontrase integrando dicho medio de defensa. Notifíquese por medio de lista y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la ciudad de México. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del escrito inicial de demanda se advierte que respecto de los actos reclamados en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinarlos con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar: En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se colige, que la parte quejosa reclama de las autoridades: 1. El inicio, discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto 588 por el que se expidió de la Ley del Registro Público y del Catastro para el Estado y municipios de San Luis Potosí, así como la aplicación de los artículos 85, 86, 87, 89 de la referida Ley. 2. El inicio, discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto la iniciativa de ley, discusión, votación, aprobación, de los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí. 3. La iniciativa de ley, discusión, votación, aprobación, del artículo 7°, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí. S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2023. 4. El valor unitario de suelo y construcción asignado a la región catastral y Área homogénea en el dictamen y proyecto de decreto emitidos en sesión de fecha 3 nueve de diciembre de dos mil once. 5. El valor unitario de suelo de aprobado para la región catastral y Área homogénea en el Decreto 581.- Valores unitarios de suelo urbano y rústico, así como de construcción del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2023. Los anteriores, con motivo del pago del impuesto predial realizado por el quejoso el dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la ******************** Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Interpretación del marco normativo. De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Caso concreto. De la demanda de amparo, se aprecia que en el apartado de rubro "V.- ANTECEDENTES", la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad: - Que realizó el pago del impuesto predial correspondiente al domicilio ubicado en calle ********************, Fraccionamiento ********************, con clave catastral ********************, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Tales manifestaciones constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Norma el criterio a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En tal virtud, si el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el impuesto predial en virtud de su pago, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día siguiente, esto es el diecisiete de enero de este año, por lo tanto, dicho término transcurrió del diecisiete de enero al siete de febrero de dos mil veintitrés, sin tomar en consideración los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero; cuatro, cinco y seis de febrero, por ser inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el ocho de febrero de dos mil veintitrés, según sello fechador; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que se reclama sea un acto consentido tácitamente. En cuyo caso, estaba obligada a presentar su demanda dentro de los plazos establecidos para ello, pero al no haberlo hecho, deviene notoriamente extemporánea su presentación. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la ******************** Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la adscripción.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del escrito inicial de demanda se advierte que respecto de los actos reclamados en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinarlos con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar: En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se colige, que la parte quejosa reclama de las autoridades: 1. El inicio, discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto 588 por el que se expidió de la Ley del Registro Público y del Catastro para el Estado y municipios de San Luis Potosí, así como la aplicación de los artículos 85, 86, 87, 89 de la referida Ley. 2. El inicio, discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto la iniciativa de ley, discusión, votación, aprobación, de los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí. 3. La iniciativa de ley, discusión, votación, aprobación, del artículo 7°, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí. S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2023. 4. El valor unitario de suelo y construcción asignado a la región catastral y Área homogénea en el dictamen y proyecto de decreto emitidos en sesión de fecha 3 nueve de diciembre de dos mil once. 5. El valor unitario de suelo de aprobado para la región catastral y Área homogénea en el Decreto 581.- Valores unitarios de suelo urbano y rústico, así como de construcción del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2023. Los anteriores, con motivo del pago del impuesto predial realizado por el quejoso el dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la ******************** Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Interpretación del marco normativo. De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Caso concreto. De la demanda de amparo, se aprecia que en el apartado de rubro "V.- ANTECEDENTES", la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad: - Que realizó el pago del impuesto predial correspondiente al domicilio ubicado en calle ********************, Fraccionamiento ********************, con clave catastral ********************, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Tales manifestaciones constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Norma el criterio a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En tal virtud, si el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el impuesto predial en virtud de su pago, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día siguiente, esto es el diecisiete de enero de este año, por lo tanto, dicho término transcurrió del diecisiete de enero al siete de febrero de dos mil veintitrés, sin tomar en consideración los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero; cuatro, cinco y seis de febrero, por ser inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el ocho de febrero de dos mil veintitrés, según sello fechador; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que se reclama sea un acto consentido tácitamente. En cuyo caso, estaba obligada a presentar su demanda dentro de los plazos establecidos para ello, pero al no haberlo hecho, deviene notoriamente extemporánea su presentación. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la ******************** Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese por medio de lista; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la adscripción.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos y diferimiento. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido de los informes justificados rendidos por la Presidencia Municipal y Secretaría General por conducto del Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de San Luis Potosí; así como de la Directora de Catastro y Tesorero ambos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con los que se dio vista a las partes mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, y manifiesten lo que a su derecho convenga; en consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar, se programan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista.

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