Guillermo Aguilar Martínez
Expediente 1148/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermo Aguilar Martínez
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Devolución de documentos Agréguese a los autos el escrito signado por Ricardo Guzmán Mercado autorizado en términos amplios de la parte quejosa; visto su contenido y en atención a la solicitud realizada en el sentido de que le sean devueltos los documentos que allegó con la demanda de amparo, dígasele que, una vez que cause estado el proveído de dieciséis de octubre pasado, deberá reiterar su petición, pues una eventual impugnación podría llegar al extremo de considerar admisible la demanda de amparo y, de ser ese el caso, los documentos pueden ser objetados por las partes, y si bien éstas pueden pedir la devolución de los documentos que hayan aportado al juicio, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó dicho numeral en el sentido de que la invocada devolución procederá siempre que haya transcurrido el plazo de la objeción o ésta se haya dirimido definitivamente. En ese sentido, sólo sería factible la devolución de los documentos solicitados una vez que precluyera el derecho de las partes para hacer valer, en su caso, la objeción que prevista en el artículo 122 de la Ley de Amparo, la cual podría hacerse hasta la audiencia constitucional; entonces, si así lo estimara conveniente el promovente, deberá reiterar su petición con posterioridad al plazo de la objeción o concluido el juicio. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de estimar necesarios los documentos por su inminente utilidad, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias certificadas de los mismos, previa constancia que por su recibo obre en autos. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: GUILLERMO AGUILAR MARTÍNEZ. Demanda y radicación Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Guillermo Aguilar Martínez solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número III-1148/2019. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que los actos reclamados en el presente asunto son la falta de contestación al escrito de uno de octubre de dos mil diecinueve y, consecuentemente, su falta de notificación personal. Una vez precisados los actos reclamados, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Actualización de causal de improcedencia La causa de improcedencia que se estima actualizada, se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal . El primer precepto dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5, fracción II, párrafo primero, indica que las autoridades responsables son las que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido construyendo un criterio que defina las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Tales características son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, se estableció en la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Criterio antes invocado que, desde luego, fue emitido con la vigencia de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, en la ley vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se hizo otra cosa más que recoger algunas de las anteriores notas distintivas para establecerlas expresamente en el artículo 5, fracción II, de la nueva Ley de Amparo. Actualmente, debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u organismo del Estado [autoridad con independencia de su naturaleza formal], dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que omita el acto respectivo. Empero, la circunstancia de que no se haya establecido en la Ley de Amparo que debe de existir entre el ente de hecho o de derecho y el quejoso una relación de supra a subordinación, no quiere decir que éste deje de ser un requisito fundamental para determinar si se trata o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues estimar lo contrario implicaría reconocer que cualquier acto podría ser materia del juicio constitucional. Por ejemplo, el hecho de que un patrón despida a un trabajador o le deje de pagar su salario no implica que contra ese acto específico proceda el juicio de amparo, por la sola circunstancia de que aquél ejecutó un acto de forma unilateral y obligatorio que extinguió la relación laboral, pues en ese supuesto el acto no ha sido emitido en un plano de supra a subordinación para los efectos del juicio de amparo. Sin que sea óbice que el segundo párrafo del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establezca que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa misma fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; pues tal apartado normativo debe interpretarse en el sentido de que la propia ley le da al particular el imperio para actuar frente al gobernado, en un plano de supra a subordinación y no, como naturalmente lo hace, en coordinación. Por ello, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las particularidades del acto mismo; en otras palabras, debe atenderse a la norma legal y examinarla si facultan a aquélla o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o, bien, a través de otras autoridades. Asimismo, para determinar cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, es útil acudir a la distinción que hace la teoría general de derecho entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materia de derecho civil, mercantil, laboral, incluso administrativa, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes. De igual manera, se debe acudir a las relaciones de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. En ese sentido, debe mencionarse que las relaciones jurídicas de coordinación, al entablarse en un plano de igualdad, ninguno de ellos actúa como autoridad y, por ende, los actos realizados por los mismos no pueden ser actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; mientras que en las relaciones jurídicas de subordinación y de supraordinación, sí se pueden suscitar actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que al intervenir en ellas uno o más órganos del Estado que unilateralmente imponen su voluntad, pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación , intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Asimismo, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación , que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.". Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo el ente de hecho o de derecho que, en una relación de supra a subordinación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora, resulta pertinente destacar que si bien las dependencias señaladas como "autoridad responsable" por el quejoso pueden emitir actos unilaterales, a través de los cuales pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, la realidad es que no se da tal supuesto cuando éstas actúan desprovistas de la facultad de imperio que caracteriza las relaciones de supra a subordinación. En el caso que nos ocupa, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, debe precisarse que el peticionario de amparo reclama la falta de contestación al escrito de uno de octubre de dos mil diecinueve. Al respecto, debe mencionarse que el contenido del escrito de uno de octubre de dos mil diecinueve revela que el peticionario de amparo impugnó el oficio SEE/SEB/DST/1319/2019 ante las dependencias señaladas como "autoridades responsables"; oficio en el que se informa al promovente de amparo el cambio de adscripción "por necesidades de servicio". Asimismo, se advierte que el quejoso indicó que ante dicha determinación, presentó el medio de impugnación respectivo, sin que a la fecha haya recaído un acuerdo al recurso promovido. Asimismo, señala que la omisión en que incurren las autoridades responsables, se materializa en lesiones al artículo 8o. constitucional, pues ha transcurrido el plazo para contestar en exceso. En otras palabras, la parte quejosa presentó un recurso de impugnación ante las dependencias con motivo de lo que se determinó en el oficio SEE/SEB/DST/1319/2019 de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, signado por el Subdirector de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación en el Estado; comunicado que, esencialmente, informa al quejoso el nuevo centro de trabajo que le reasignaron. Es decir, el escrito de uno de octubre de dos mil diecinueve se encuentra vinculado con una determinación que emitieron las "autoridades responsables", en el sentido de informar al quejoso que había sido adscrito a otro lugar de trabajo, sin que la falta de contestación constituya un acto de supra a subordinación, sino que evidencia un acto entre particulares como entes privados y no se está constriñendo al afectado a un hacer, ni se le exige algo de forma inexcusable, aunado a que tampoco se trata de un acto unilateral que emane de sus competencias, sino la exigencia que el quejoso hace a la dependencia para que recaiga un acuerdo a su promoción, encaminada a objetar el cambio de adscripción. Para orienta lo anterior, tiene aplicación la tesis emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee en la página 298, Tomo XVI, Octubre de 2002, Novena Época, materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Las relaciones de trabajo entre las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y su personal administrativo y académico, están sujetas a las disposiciones del capítulo XVII, del título sexto de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien les corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos, dada la facultad con que cuentan para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, ello no implica que las decisiones que tomen en los aspectos laborales con su personal, sean jurisdiccionalmente inatacables, pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria, ya que el artículo 3o. constitucional establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral, y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, los conflictos entre dichas universidades y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que de ningún modo implica una violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ya que el régimen a que se hallan sujetas y que deriva de sus propias leyes orgánicas, reglamentos y estatutos, no se menoscaba por el hecho de que sus controversias laborales, aun las de orden académico y administrativo, se sujeten a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que conforme al artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo, dichas Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a las normas interiores, estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente". Así pues, se insiste, la circunstancia de que las dependencias señaladas como "autoridades responsables" no hayan dado contestación al escrito aludido y tampoco le hayan notificado, no son actos de autoridad de supra a subordinación, sino que surgen en una diversa, esto es, en una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad con el quejoso, es decir, dentro del ámbito del derecho privado que rige las relaciones entre particulares, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado, por lo cual no puede ser considerado como acto u omisión de autoridad para efectos del juicio constitucional. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter". Por tanto, los actos reclamados atribuidos a las dependencias señaladas como "autoridades responsables" pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que tales dependencias no actúan en una relación de supra a subordinación, sino en una diversa, esto es, en una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad con el quejoso, es decir, dentro del ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre patrón y trabajador, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado, por lo cual no puede ser considerado como acto u omisión de autoridad para efectos del juicio constitucional. Desechamiento En términos de lo expuesto en el apartado precedente, resulta inconcuso que, en el caso, de manera manifiesta e indudable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Guillermo Aguilar Martínez. No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Empero, la misma es inaplicable al presente asunto, porque, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la Sala en cita aclaró su rubro en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso. En efecto, en la ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. De ahí que, en el caso, resulte inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), pues en el presente asunto se reclamó la falta de contestación al escrito de uno de octubre de dos mil diecinueve y, consecuentemente, su falta de notificación personal, respecto del medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa. Tampoco se inadvierte que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito , cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como autorizando en términos amplios únicamente a Alonso Rangel Reguera, Leticia Cruz González y Ricardo Guzmán Mercado, quienes gozarán de las facultades previstas en el numeral 12 de la ley en la materia, ya que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto que el resto de profesionistas mencionados están autorizados en términos restringidos del referido numeral, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para el ejercicio de la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues el presente asunto versa en materia administrativa. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Anotaciones Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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