Guillermo Adolfo Galeana Salas y Otros.
Expediente 478/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Guillermo Adolfo Galeana Salas y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, mediante el cual remite el diverso suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, por el que en este último se devuelven los autos originales del juicio de amparo número 138/2018-III, con dos tomos de pruebas, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Prudencio Nava Carbajal, por propio derecho y en su carácter de Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativa 305/2018; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, de la ejecutoria de mérito se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, terminada de engrosar el veintiséis de junio siguiente, dictada por el titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo de los Bravo, en el juicio de amparo indirecto 138/2018. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a Prudencio Nava Carbajal, por sí y en su carácter de juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, en contra del acto reclamado al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo de los Bravo, consistente en la resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el procedimiento administrativo 13/2017." En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, y acuérdese lo conducente en autos del incidente de suspensión respectivo, respecto a su valoración, en virtud de que este se tramita por cuerda separada al juicio principal en que se actúa. En mérito a lo expuesto, y dado que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente administrativo 013/2017, con las cuales se formaron los tomos uno y dos de pruebas, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo respectivo, toda vez que no se trata de actuaciones originales. Atento a lo anterior, el presente juicio de amparo es susceptible de ser depurado, de conformidad con lo señalado en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, una vez transcurrido cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración conservándose únicamente la demanda y sentencia respectiva. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la substanciación del recurso de revisión referido, y tomando en consideración que éste cumplió su objetivo principal, es decir, suplió al principal durante la secuela del recurso mencionado; en consecuencia, desglósense las actuaciones originales de dicho cuaderno, e intégrense a los autos principales y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses; toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por **********, personalidad que acredita con la documental que al efecto exhibe, contra actos del Gobernador del Estado de Guerrero y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 478/2019-I, y fórmese el expediente físico y electrónico que corresponde. Antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción III inciso b), interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.]. b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." El subrayado no forma parte del texto, fue añadido por este juzgado. Lo anterior se considera así, en atención a que el quejoso reclamó la discusión, aprobación, sanción, promulgación, expedición y publicación de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, específicamente de su artículo 125; con motivo del primer acto de aplicación ocurrido en la determinación de veinte de marzo de dos mil diecinueve, con base en el cual no se admitió a trámite el recurso de reconsideración que interpuso contra el proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en donde le fueron desechadas diversas probanzas, en el procedimiento administrativo para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria número ASE-DGAJ-003/2019. Ciertamente, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un procedimiento, de tal forma que la vulneración a los mismos puede restituirse mediante la emisión de la resolución definitiva que se dictara a favor del agraviado, pues eventualmente se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho vulnerado, o en su caso, de examinarse el fondo de la contienda, la resolución favorable para el afectado tendría como consecuencia que quedase insubsistente la violación procesal reclamada; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo. Por tanto, el desechamiento del recurso de reconsideración, que interpuso con motivo de la inadmisión de pruebas, se considera una violación intra-procesal que puede ser combatida hasta que se dicte la resolución respectiva. En otras palabras, la eventualidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses impide conocer previamente la trascendencia de la violación con respecto al sentido de la resolución que llegue a dictarse en el procedimiento, pues tal trascendencia sólo puede ser verificada precisamente cuando se impugne el fallo definitivo. Esa es la razón que, al menos en parte, informa la regla prevista en el artículo 107, fracción III inciso b), de la Ley de Amparo, pues no debe perderse de vista que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa que no puede tener como objeto entorpecer o alargar los juicios o procedimientos naturales. Por ello, se limita su procedencia a aquellos casos en los que la violación procesal resulte de imposible reparación, y en supuestos como el presente basta la posibilidad de que se alcance una resolución favorable para que ordinariamente se le excluya esa característica; pues no es el hecho de que el acto reclamado pueda ser conculcatorio de garantías lo que le da la calificativa de acto con efectos de imposible reparación, sino que para ello, se atiende al criterio de trascendencia y economía procesal, esto es, que la violación haya trascendido al resultado del fallo, lo que se insiste, sólo puede constatarse luego de dictada la determinación definitiva. En esa tesitura, se insiste, la resolución por virtud de la cual, se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto que desechó pruebas, únicamente puede afectar derechos de naturaleza procesal, porque de cualquier forma, si se dictara resolución a favor de la parte quejosa, dicha violación no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse el procedimiento administrativo. Resulta ilustrativa al caso, la Jurisprudencia 407, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 273, Tomo VI, Parte SCJN del Apéndice de 1995, la cual es del tenor: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley." Además, no debe soslayarse que la inadmisión de pruebas, no reviste la categoría de un acto que sea de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente algún derecho sustantivo del quejoso. Se afirma lo anterior, porque sus efectos son susceptibles de repararse en la resolución si es favorable a los intereses del inconforme, y en caso contrario, quedaría expedito el derecho de éste para alegar la posible violación procedimental en el amparo que se intente contra tal determinación. Por tanto, al resultar improcedente el juicio de amparo, en cuanto al acto de aplicación impugnado, la misma suerte corre el precepto legal tildado de inconstitucional, pues no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada y el acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.71/2000, con número de registro 191311, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, materia constitucional, página 235, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En consecuencia, con fundamento en el numeral 113, con relación al diverso 61 fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción III inciso b), todos de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, por las razones y fundamentos asentados en párrafos que anteceden. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, y autorizando para los mismos efectos a la persona que menciona en su escrito de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; en el entendido que la utilidad que le dé a esos documentos, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. TRANSPARENCIA Finalmente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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