Guillermo Abundis Velázquez
Expediente 944/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guillermo Abundis Velázquez
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, con once copias, sin anexos, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 944/2023....En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía, los medios ordinarios de defensa que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la que pudo obtener la modificación, revocación o nulidad de los citados actos....Disposiciones de las que deriva que el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad, que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado; de lo contrario, el juicio en cuestión será improcedente. A fin de evidenciar que en el caso se actualiza ese supuesto de improcedencia, es pertinente precisar que la emisión de la orden traslado reclamada se atribuye a autoridades administrativas y judiciales....Los preceptos transcritos regulan el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", el cual puede ser promovido para impugnar hechos, actos u omisiones de las condiciones de internamiento, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y de ser así, la subsanación de ésta. Asimismo, establecen que, en caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente, éste puede formular controversia ante el Juez de ejecución o control según corresponda, con el requisito de que se hubiera agotado la petición administrativa. En ese orden de ideas, la "petición administrativa" es un medio de defensa judicializado, idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, el cual se compone de dos instancias, debido a que en caso de recibir una respuesta negativa, el peticionario puede impugnarla ante el Juez de ejecución o de control; y en el caso de que la resolución emitida en sede judicial no sea favorable a sus intereses, podrá recurrirla a través del recurso de apelación que procede, entre otros supuestos, contra las resoluciones que se pronuncien sobre traslados y afectación a los derechos de personas privadas de la libertad...Luego, el impetrante debió promover, previamente al juicio de amparo, la referida petición administrativa, ante la propia autoridad penitenciaria a quien atribuye haber ordenado su traslado y, en su caso, impugnar la decisión relativa ante el Juez de control, medio de defensa previsto en la ley, mediante el cual pudo ser modificado o revocado tal acto; y al no haberlo hecho así, se configura la invocada causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. ...Cabe precisar que no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé la referida porción normativa, por el contrario, el citado mecanismo de control (peticiones administrativas), corresponde a un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, sin mayores formalismos para que el interno reclame las cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento, con lo cual se pueden impugnar decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria ante el Juez de control, así como las omisiones de atender esas solicitudes, atento a que el quejoso tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto paralizando de plano e inmediato, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión respectiva, por lo que la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la prevista en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que esta última consigna para concederla, y tampoco uno mayor a aquél que se determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo que significa que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayores trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde el interno podrá formular de viva voz sus inquietudes en las que reclame violaciones a su derecho a tener una vida digna y segura dentro del Centro de Reinserción Social, con la posibilidad de que en ese mismo acto se ordene el cese inmediato de lo reclamado y la restitución del derecho afectado. Circunstancias que dan sentido a uno de los objetivos por los cuales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en la transformación del Sistema Penitenciario, entre otros, a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad a través de los Jueces Penales correspondientes....Por otra parte, en cuanto los actos atribuidos a la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Chicontepec, consistente en la calificación de legalidad del traslado al Centro de Reinserción de Amatlan de los Reyes, Veracruz, debió interponer el recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132, fracciones VII y VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa (imputado en el proceso penal 17/2022), previamente a acudir a este juicio de amparo, no agotó el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de los actos reclamados, esto es, no observó el principio de definitividad que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo...En el entendido de que no se acredita alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé la referida porción normativa. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en cita, SE DESECHA DE PLANO la demanda, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional; y como sus autorizados con facultades amplias, en términos de lo dispuesto en el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Francisco Hernández de la Cruz, Yesica Solano Casimiro y Simón Hernández Martínez, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas. Por lo expuesto y fundado, además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********, contra actos de la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Quinto Distrito Judicial Chicontepec Veracruz y otras autoridades
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