Guillermo Abraham Canul Caamal
Expediente 939/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Guillermo Abraham Canul Caamal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
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MESA III. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por ********************, autorizado en términos amplios de la tercero interesada ********************contra la sentencia firmada en este juicio, formándose por tal motivo el toca 579/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Mérida, Yucatán; seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ********************, autorizado en términos amplios de la tercero interesada ********************con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio y formula agravios; por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; entréguese copia del escrito de revisión y expresión de agravios a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, a la parte quejosa y al asesor federal ********************como representante especial del niño tercero interesado, con identidad reservada ******************** Hecho que sea, una vez que se hayan notificado a las partes y se integre debidamente el expediente, remítase el original de tal escrito y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y al asesor federal ********************como representante especial del niño tercero interesado, con identidad reservada ******************** Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
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Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto III.939/2023. ANTECEDENTES Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. La parte quejosa señaló como vulnerados los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Mediante proveído de nueve de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo de que se trata, se pidió a la autoridad responsable su informe de ley, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y se ordenó llamar a juicio a YAHAYRA VANESSA BATES CASTILLO y al menor de edad de identidad reservada J.E.C.B., por conducto de un asesor jurídico, en su calidad de terceros interesados. Tercero. Celebración de la audiencia. Dado que no existían diligencias pendientes por realizar, el dos de agosto de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en los términos que constan en el acta levantada al efecto, por lo que se procede a emitir la sentencia correspondiente. CONSIDERACIONES Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Debido a que, se trata de un juicio de amparo en el que se reclama el acto de una autoridad que reside en la jurisdicción que ejerce este órgano de control constitucional. Segundo. Fijación del acto reclamado. En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo, y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señalaron como tales, acorde con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo y con la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que reclama: El auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 323/2022 relativo al juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia promovido por ******************** en contra de Yahayra Vanessa Bates Castillo, en el que la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, confirmó en lo recurrido el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, al rendir su respectivo informe justificado aceptó el acto que se le reclama. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que adjuntó la citada autoridad responsable al rendir su informe justificado, relativas al expediente 323/2022 derivado del juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia promovido por ******************** en contra de Yahayra Vanessa Bates Castillo, en el que la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, a las que se le otorga el valor probatorio pleno de documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni se advierte alguna de forma oficiosa, que haga su estudio preferente conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, de modo que se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos. Quinto. Conceptos de violación. Se procede a la calificación y estudio del conceptos de violación expuesto en la demanda, mismo que no se transcribe por no constituir una exigencia legal, ni considerarlo necesario, sin que con ello se incumpla con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sexto. Estudio de fondo. El único concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. En principio, como antecedentes del acto reclamado, cabe destacar que del expediente 323/2022 derivado del juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia promovido por ******************** en contra de Yahayra Vanessa Bates Castillo, se advierte lo siguiente: Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el aludido juicio oral, se resolvió lo siguiente: ".se fija provisionalmente y de manera discrecional, en concepto de pensión alimenticia a favor del menor de edad de identidad reservada de iniciales J.E.C.B., quien se encuentra representado por su madre YAHAYRA VANESSA BATES CASTILLO, a cargo del ciudadano ********************, la cantidad de QUINCE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, de forma MENSUAL, misma que deberá depositarse, la primera, ante este Juzgado y por escrito, y las subsecuentes en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado." Inconforme con dicha determinación, el ahora quejoso interpuso recurso de revocación en contra del citado auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por cuanto a la parte conducente en la que la Jueza responsable se pronunció respecto de los alimentos provisionales decretados a su cargo a favor de su hijo menor de edad de iniciales J.E.C.B.; recurso que fue admitido por acuerdo de veinticuatro de abril del año en curso, dándose vista a la parte contraria con el mismo. Por resolución de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintitrés, se resolvió el recurso de revocación interpuesto por ********************, en el que se analizaron los agravios expuestos por el recurrente y se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- No ha procedido el presente recurso de revocación interpuesto por el ciudadano ********************, en contra de la parte conducente del auto de fecha veintiséis de octubre del año de dos mil veintidós. En consecuencia, SEGUNDO.- Se confirma el proveído dictado con fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintidós, en todas sus partes." Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. La parte quejosa alega la transgresión los derechos humanos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, ya que la determinación emitida por la responsable no respeto las garantías de debido proceso ni de exhaustividad que deben respetarse por las autoridades. Como ya se dijo, dicho motivo de inconformidad resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia. Como bien lo indica la parte quejosa, la autoridad responsable dejó de observar lo preceptuado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto a la fundamentación y motivación de su determinación reclamada, ya que la Jueza Quinto de Oralidad Familiar, no dio respuesta a la totalidad de argumentos expuestos como agravios formulados por el recurrente respecto del auto de veintiséis de octubre del año inmediato anterior. Como preámbulo conviene destacar, que en los casos, en que está de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de la menor de edad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 191/2005, determinó que la suplencia de la deficiencia de la queja opera porque la sociedad tiene interés en que quede definida la situación de los hijos para asegurar la protección del interés superior del menor de edad. Establecido lo anterior, cabe precisar el contenido del artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" Numeral trascrito que, señala que nadie podrá ser privado de la de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por otra parte, el artículo 16 Constitucional, en su primer párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" De la lectura del precepto transcrito, se advierte que las condiciones que exige para la emisión de un acto de autoridad de molestia son tres, a saber: a) Que se exprese por escrito; b) Que provenga de autoridad competente; y c) Que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. En efecto, las formalidades que debe satisfacer toda resolución dictada por una autoridad judicial, a fin de que se respeten las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la constitución, son las siguientes: a) exhaustividad y congruencia. b) fundamentación y motivación. Por fundamentación debe entenderse, la cita del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que encuadran las consideraciones que tomó como base la responsable para emitir el acto de molestia, los que deben ser señalados con toda exactitud, ya que el deber de fundar y motivar la causa legal del procedimiento implica la exigencia de que las autoridades no simplemente se apeguen a una ley, según criterio oculto y mediante argumentos de propia autoridad, sin que se conozca de que ley se trata, los preceptos que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, ni las causas por las que los consideran aplicables, sino que el aludido artículo 16 Constitucional exige que sean citados tanto la ley como los artículos en que las autoridades se apoyen y que sean expresadas las razones o motivos por los que esa legislación y sus artículos tengan aplicación en el caso de que se trate; y por motivación debe entenderse, la expresión precisa de los razonamientos, circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que llevaron a la responsable a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los presupuestos de la norma que se invoca, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configure la hipótesis normativa. Para sostener lo que se afirma, es necesario señalar que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a fundar y motivar debidamente sus determinaciones, en respeto al derecho humano y garantía de legalidad contenida en el artículo 14 Constitucional, el cual refiere que en los juicios correspondientes la resolución que se dicte deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, permitiendo que sólo a falta de ésta se funde en los principios generales de derecho, esto es, en los principios rectores de nuestro sistema jurídico, que se encuentran explícitos o implícitos en el mismo y son su base de sustentación. Por su parte, el derecho humano y garantía contenida en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, establece la garantía de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos, e impone a las autoridades que los emitan la obligación de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provengan de autoridad competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, esto es, en el estudio de las acciones y excepciones en controversia, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate; pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resolver si se ha probado la acción, si ésta no existe, o bien, si se han demostrado las excepciones, ya que en las resoluciones jurisdiccionales, la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el gobernado pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate, lo cual no requiere necesariamente de la cita del precepto, pues dentro del examen exhaustivo de la litis deben darse los razonamientos que involucran propiamente aquellas disposiciones en que se funda la resolución. Sentado lo anterior, a fin de dilucidar la cuestión planteada conviene precisar que el principio de congruencia en su esencia está referido a que las sentencias deben ser congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis del caso concreto, la cual en el caso que nos ocupa, consiste en que la Jueza debe examinar y responder a cada uno de los agravios que se le hicieron valer dentro del recurso de revocación que se le presentó oportunamente, porque de lo contrario el fallo que dicte resultará incongruente. Así pues, hay dos clases de congruencia, la interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos. La congruencia externa exige que la sentencia haga ecuación con los términos de la litis. El principio de congruencia que debe regir en toda resolución estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con los hechos y pretensiones formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no formuladas. La congruencia de una resolución de autoridad se verifica en sus aspectos externo e interno. El primer aspecto se cumple cuando la resolución se ocupa de resolver todos los planteamientos que son sometidos a la decisión de la autoridad; el segundo, cuando la resolución en sí misma, no contenga argumentos o afirmaciones que se contradigan. Cobra especial aplicación, en lo conducente, la tesis I.1o.A. J/9, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." El principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar el juzgador respecto de todas las cuestiones o aspectos que sean materia del procedimiento, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación de la autoridad de decidir los asuntos que se sometan a su conocimiento para lo cual debe considerar cada una de las actuaciones existentes, los argumentos aducidos tanto al accionar, como en aquellos en los que se sustenta la contestación de los mismos, los hechos que motivaron la demanda, las pruebas aportadas por las partes, y demás pretensiones realizadas oportunamente, y resolver de tal forma, que se valoren y consideren todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. De la transcripción del citado artículo 14 de la Carta Magna, se puede advertir que son cuatro las garantías de seguridad jurídica que contiene el precepto transcrito, estando en primer término la garantía de irretroactividad de la ley; en segundo lugar, la garantía de audiencia, seguida por la garantía de la exacta aplicación de la ley -prohibición de aplicar analogía y mayoría de razón en los procesos penales- y, por último la garantía de legalidad en materia civil y administrativa. En cuanto a la referida garantía de audiencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso respecto a los requisitos que deben satisfacerse para respetar la misma, que no bastaba que una persona fuera llamada a determinado procedimiento para considerar que con ello se respetaba la garantía de audiencia, sino que era necesario que en el mismo se apreciaran las pruebas aportadas y se tomara en cuenta lo que hiciera valer en defensa de sus derechos, aduciéndose las razones concretas por las cuales se desechaban, en su caso, esas pruebas o se desestimaban los argumentos que hizo valer. Lo anterior, fue sostenido en la tesis aislada de la Séptima Época, localizable en la página 65, volumen 193-198, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "AUDIENCIA, REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA RESPETAR LA GARANTÍA DE. No basta que una persona sea llamada a determinado procedimiento para considerar que con ello se respeta la garantía de audiencia, sino que es necesario que en el mismo se aprecien las pruebas aportadas y se tome en cuenta lo que haga valer en defensa de sus derechos, aduciéndose las razones concretas por las cuales se desechan, en su caso, esas pruebas o se desestiman los argumentos hechos valer." Así pues, de los anteriores argumentos se puede concluir que si una autoridad judicial al resolver determinada controversia puesta a su consideración, lo hace omitiendo el análisis de diversas cuestiones hechas valer por los que controvierten; entonces, la misma infringe el principio de congruencia, relativo a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Lo que a la postre infringe la garantía de audiencia contenida en el citado artículo 14 de la Constitución Federal, pues como ya se expuso, a fin de dar debido cumplimiento a la misma, no basta que una persona sea llamada a determinado procedimiento para considerar que con ello se respeta dicha garantía de audiencia, sino que es necesario que en el mismo se aprecien las pruebas que aporte y se tome en cuenta lo que haga valer en defensa de sus derechos, aduciéndose las razones concretas por las cuales se desechen, en su caso, esas pruebas o se desestimen los argumentos que haga valer. En la especie la ahora quejosa al interponer el recurso de revocación contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado por la Juez responsable, expuso básicamente los siguientes argumentos: 1.- Que no se analizó la solvencia económica o liquidez para poder hacer frente a la obligación alimentaria que se impuso a favor del hijo de la parte quejosa de cinco años de edad. 2.- Que la existencia de inmuebles inscritos a su nombre no implica que haya generado los ingresos para obtener los inmuebles registrados a su nombre. 3.- Que no se acreditó en autos que se hubieren obtenido pruebas que justifiquen que devenga ingresos superiores a los diez mil pesos mensuales. 4.- Que únicamente se tomaron en consideración las probanzas ofrecidas por la tercero interesada respecto de avalúos de inmuebles a los que se les dieron valor probatorio pleno sin haberse seguido las formalidades de la prueba pericial para dichos efectos. 5.- Que no se siguió un razonamiento lógico para deducir el supuesto monto de los alimentos. 6.- Que no obra en autos prueba alguna que justifique que su hijo menor de edad, requiera una pensión alimenticia de quince mil pesos, violándose el binomio capacidad-necesidad. 7.- Que se lesiona el mínimo vital del quejoso, al condenarlo a cubrir una pensión alimenticia mensual que no corresponde a lo que genera mensualmente como ingreso. Por su parte, la Jueza responsable, al resolver el recurso de revocación interpuesto, por cuanto al análisis de los agravios expuestos, determinó lo siguiente: ".QUINTO. Ahora bien, entrando al estudio de los agravios expresados por el ciudadano ********************; dichos agravios planteados resultan infundados por las siguientes razones: No le asiste la razón al recurrente, cuando afirma únicamente se tomaron en cuenta los dichos y avalúos presentados por la ciudadana YAHAYRA VANESSA BATES CASTILLO, para fijar la pensión alimenticia a su cargo; ya que contrario a lo que afirma, en el acuerdo recurrido se tomaron en consideración dichos avalúos, así como las constancias de inscripción vigentes exhibidas por la referida Bates Castillo, con las que se acredito la propiedad de cinco inmuebles por parte del ciudadano ********************, adquiridos por compraventa, así como las fechas y cantidades en los que fueron adquiridos, los cuales son: a) calle treinta y tres número ciento veintisiete "C" de la localidad de Umán, Yucatán, por la cantidad de cincuenta mil pesos, moneda nacional, según escritura pública número quinientos cinco de nueve de septiembre de dos mil veinte, otorgada ante el abogado José Enrique Gutiérrez López, titular de la notaria numero ochenta y siete del municipio de Progreso, Yucatán; b) Tablaje con numero catastral treinta y nueve de la localidad y municipio de Tahmek, por la cantidad de doscientos sesenta y cinco mil pesos, monedad nacional, según escritura pública numero ciento sesenta y dos de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho otorgada ante el abogado Pedro Vicente Solís Cano, titular de la notaria número sesenta y tres del municipio de Mérida, Yucatán; c) Tablaje con numero catastral 0202093 de la localidad de Umán, Yucatán, por la cantidad de quince mil pesos, moneda nacional, según escritura pública numero ciento cuarenta y uno de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil trece, otorgada ante el licenciado en derecho Gamaliel Pérez Tamayo, titular de la escribanía número uno del municipio de Maxcanu, Yucatán; d) Tablaje con numero catastral 5989 del poblado de Xtepen, municipio de Umán, Yucatán, por la cantidad de cinco mil pesos, moneda nacional, según escritura pública número cuatrocientos noventa y dos de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, otorgada ante el licenciado en derecho Alberth Yadir de Jesús Cordova López, titular de la escribanía número uno del municipio de Ucú, Yucatán; e) Denominado Santa María de los Santos, Tablaje con número catastral quinientos veinticuatro de la localidad y municipio de Thamex, Yucatán, según escritura pública número ciento sesenta y dos de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, otorgada ante el abogado Pedro Vicente Solís Cano, titular de la notaría número sesenta y tres del municipio de Mérida, Yucatán. Asimismo, contrario a lo afirmado por el recurrente, de las documentales públicas consistentes en las inscripciones vigentes exhibidas por la referida Bates Castillo, las cuales constituyen prueban plena, se advierte, se advierte su carácter de comerciante, aunado a la constancia en la que se aprecia su carácter de empleado y por tanto asalariado, por lo que en el presente caso, para fijar la pensión alimenticia, debe tomarse en cuenta la capacidad económica del deudor alimentario, esto es, los medios por los cuales puede allegarse recursos económicos y no solo su carácter de asalariado, como pretende el quejoso, pues hacerlo de esa manera, resultaría violatorio de los derechos de la parte acreedora que en el presente caso, lo es el menor de edad aquí involucrado; aunado al hecho de que el propio recurrente manifestó que su nivel máximo de estudios es Licenciatura, lo que hace presumir a esta autoridad que tal profesión le genera ingresos, junto a sus caracteres de empleado y comerciante, los que le permiten otorgar a su hijo menor de edad, una pensión alimenticia suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas, aunado a la edad del propio recurrente, quien manifestó en su escrito inicial de demanda, haber nacido el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres, por lo que a la presente fecha, cuenta con veintinueve años de edad, razón por la que se encuentra en edad productiva y por ende en aptitud de generar riqueza, por lo que hace inferir a esta autoridad que obtiene ingresos adicionales por la actividad de comerciante que desempeña; lo que le permite contar con la capacidad económica suficiente para proporcionar una pensión alimenticia justa y equitativa a favor de su hijo menor de edad. Igualmente, en ningún momento se le vulneran al recurrente sus derechos, para exhibir sus correspondientes avalúos, y por ende la pericial que menciona, ya que los avalúos y las documentales públicas exhibidas por la ciudadana YAHAYRA VANESSA BATES CASTILLO resultaron suficientes, concatenados con los demás elementos que obran en autos para determinar la pensión alimenticia a favor del menor de edad aquí involucrado y a cargo del ahora recurrente, razón por la que no resulta necesaria la exhibición de dichos avalúos y por ende la pericial a que hace alusión dicho quejoso, para determinar dicha pensión alimenticia." Desprendiéndose de la anterior transcripción que efectivamente la Jueza responsable al dictar la resolución reclamada no cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad que le imponen los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues omitió estudiar y resolver la totalidad de los agravios que se le hicieron valer al interponer el recurso de revocación, específicamente en lo relativo al análisis de la capacidad del quejoso en relación con las necesidades del menor, siendo esto un aspecto que de forma destacada señaló el ahora quejoso al formular sus agravios en contra de la determinación de veintiséis de octubre de dos mil veintidós y que no fue atendido por la Juez al resolver el medio de impugnación referido. Se dice lo anterior, pues no obstante que en su determinación estableció que en el caso, para fijar la pensión alimenticia debía tomarse en cuenta la capacidad económica del deudor alimentario, siendo en el caso, los medios por los cuales puede allegarse recursos económicos, lo cierto es, que no se pronunció respecto del análisis referido de la capacidad del deudor / necesidades de su hijo menor de edad, pues establecer únicamente que debían satisfacerse las necesidades básicas de éste, no puede considerarse una respuesta congruente y exhaustiva al planteamiento realizado en los agravios, pues la naturaleza del medio de impugnación interpuesto, tiene como objetivo que la autoridad que emite dicha determinación reitere con mayor fuerza convictiva lo determinado anteriormente y que fue materia de inconformidad; lo que en el caso no se realiza. De igual forma, se advierte que la Jueza omite analizar el agravio relativo a que con la determinación de la pensión alimenticia decretada a cargo del ahora quejoso, se lesiona su mínimo vital, al condenarlo a cubrir una pensión alimenticia mensual que no corresponde a lo que genera mensualmente como ingreso; pues de la anterior transcripción no se aprecia que hubiere formulado argumento alguno la responsable; por lo que con su proceder, conculcó en perjuicio del impetrante del amparo las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En apoyo a lo expuesto se invoca, aplicada por analogía, la tesis XXI. 1o. 95 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Septiembre de 1994, página 250, que dice: "AGRAVIOS. EXAMEN QUE DE ELLOS DEBE HACER LA RESPONSABLE. La renuencia injustificada del Tribunal ad quem a estudiar parte de los agravios expuestos por los perdidosos en la sentencia de primer grado, es motivo suficiente, cuando se reclama en amparo esa violación, para otorgar el amparo al quejoso, y máxime cuando los agravios desdeñados se dirigieron a impugnar lo que el a quo estimó fundamento esencial de su sentencia recurrida. Si bien es cierto que es del todo razonable y jurídico abstenerse de analizar cierta clase de agravios secundarios cuya eficacia está subordinada al examen que se haga de los principales que los rigen, tal abstención resulta injustificada cuando se dejan de examinar agravios que pudieran considerarse como principales." También se invoca por analogía, la tesis III.1o.P. J712, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 437, que dice: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, OMISIÓN DEL ESTUDIO TOTAL DE LOS. IMPLICA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. Es violatoria de garantías la sentencia mediante la cual la autoridad responsable no da contestación a los agravios o a la totalidad de los mismos sometidos a su consideración, dado que ello es contrario a una técnica jurídica procesal adecuada, la que obliga a exponer invariablemente los razonamientos en que una autoridad apoya sus determinaciones para declarar fundados o infundados los agravios que le son invocados, de manera que la sentencia que no se apega a esto desatiende el derecho de petición y la garantía de audiencia tutelados por los artículos 8o. y 14 constitucionales." En ese contexto, al ser fundado el concepto de violación expuesto por el quejoso, se concede al quejoso ********************el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitada, para el solo efecto de que la Juez responsable deje insubsistente la resolución de ocho de mayo de dos mil veintitrés, y conforme a lo expuesto en esta resolución, cumpla con el principio de congruencia y exhaustividad que toda resolución debe contener, analizando debidamente la totalidad de los agravios expuestos por la parte quejosa al interponer su recurso de revocación, resolviendo con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda, sin que esto implique que la resolución que al efecto pronuncie deba ser en sentido afirmativo a las pretensiones de la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto, fundado se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto que reclamó de la Jueza Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por los motivos y efectos precisados en esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, hasta el día de hoy, diez de agosto de dos mil veintitrés, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintiún minutos del dos de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 939/2023-III-B, promovido por ********************, estando en audiencia pública Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el cual ya obra agregado en autos. Acto seguido, el Secretario encargado del despacho acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental Pública y con la presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, ofrecida por la parte quejosa en su demanda de amparo; así mismo, se da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable junto con su informe de ley. En mérito de lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por la parte tercera interesada, a lo que el secretario encargado del despacho acuerda: Tenganse por formuladas las manifestaciones de la tercera interesada para los efectos legales conducentes; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, no existiendo pendientes por resolver ni pedimento de la representante social de la federación adscrita, el Secretario encargado del despacho declara cerrada la audiencia, y procede a dictar la sentencia correspondiente, firmando digitalmente la presente acta los que en ella intervinieron. Doy fe. JUAN CARLOS MAIZA HAU
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