Guillermina Suárez Martínez
Expediente 973/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guillermina Suárez Martínez
Actuaciones
- Principal
VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS EL PRESENTE ASUNTO, HA CAUSADO ESTADO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. POR TANTO, HÁGANSE LAS ANOTACIONES Y NOTIFICADO QUE SEA ESTE ACUERDO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, ARCHÍVESE COMO ASUNTO CONCLUIDO, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES DESTRUIBLE, DE CONFORMIDAD EN LO PREVISTO EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN; POR ENDE, DEBE REALIZARSE EL PROCEDIMIENTO DE LA DESINCORPORACIÓN Y DESINTEGRACIÓN MATERIAL TOTAL DE ESTE ASUNTO, PUES, SE TRATA DE UN EXPEDIENTE EN EL CUAL ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. NO SE OMITE PRECISAR QUE EL PRESENTE ASUNTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO DE MÉRITO, NO ES CONSIDERADO ASUNTO DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS ÚNICAMENTE PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA LA PROMOCIÓN DE CUENTA, SIGNADA POR JUEZ QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA CUAL DEVUELVE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EL EXHORTO 363/2021, NÚMERO DE ORIGEN 363/2021 DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO FEDERAL, LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE MEDIANTE AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, SE TUVO POR RECIBIDA LA PROMOCIÓN DE CUENTA Y SE ACORDÓ LO CONDUCENTE.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante la cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 363/2021, número de origen 363/2021 del índice de este Juzgado Federal, por el cual se encomendó notificar a la quejosa ****************. Atento a lo anterior, se tiene por recibido el oficio por el cual devuelve el exhorto de mérito debidamente diligenciado, acúsese el recibo de estilo correspondiente a través del correo electrónico (5jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx), por así haberlo solicitado el homologo federal. Notifíquese por lista en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por --------------, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Brenda Verónica Morales Rojas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 973/2021-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia Ahora bien, en el presente asunto el acto se hace consistir en: La omisión de atender la carpeta de investigación TLA/FNC/NAU/060/030326/20/02, al tener paralizada sin notificación previa la búsqueda del presunto responsable del delito de homicidio en contra de quien en vida respondiera al nombre de -----------. Esto es, en la petición que refiere la quejosa, se observa que pidió a la autoridad responsable la integración de la carpeta por el delito de homicidio, o en su caso, se pronunciara respecto de las diligencias pendientes por practicar para estar en condiciones de judicializar esa investigación, sin que lo haya hecho, por lo que refiere existe una negativa para tal efecto. En virtud de lo anterior, este juzgado considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" La fracción transcrita, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: De lo anterior, se advierte que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. c) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Al respecto, se debe tener presente el contenido de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (. XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables. (.) Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, permite considerar que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. En ese sentido, la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden, las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Por lo que las determinaciones emitidas por el órgano investigador no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral, esto es, abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigador Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 943, publicada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que refiere: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De lo antes expuesto, se pude advertir que en la fase de investigación el encargado de la misma, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Luego, si como anteriormente se indicó, en el presente asunto se reclama la omisión de atender la carpeta de investigación TLA/FNC/NAU/060/030326/20/02, al tener paralizada sin notificación previa la búsqueda del presunto responsable del delito de homicidio en contra de quien en vida respondiera al nombre de ---------, o bien, se le indique que elemento o prueba se encuentra pendiente por recabar para continuar con su integración, y como consecuencia de ello, la negativa a judicializar la carpeta de investigación en comento. En ese sentido, se desprende que las peticiones de la parte quejosa, se encuentran íntimamente ligadas con la investigación e integración de la carpeta, puesto que esencialmente reclama la paralización de la que ha sido objeto la misma, razón por la que previo a promover el juicio de amparo por la omisión reclamada, debe agotar el recurso antes analizado, al tratarse de omisiones cometidas por el agente del ministerio público, durante la integración de la carpeta de investigación. En consecuencia, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XX, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por --------------, por los motivos expuestos. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: -------------, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, código postal 07750, el cual se localiza fuera de la residencia de este Juzgado, en consecuencia, con fundamento en los artículos 298 a 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo, Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos preceptos 79 a 82 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, GÍRESE ATENTO EXHORTO VÍA ELECTRÓNICA al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al Actuario de su adscripción se constituya en el inmueble en comento, y con copia la presente determinación notifique a la quejosa --------------. Asimismo, la requiera para que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios en los cuales ejercer jurisdicción este Juzgado Federal. Apercibida que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita comedidamente a la autoridad exhortada, que remita a este Órgano Jurisdiccional de manera electrónica, únicamente el oficio por el que informe sobre la posibilidad de cumplimentar o no con lo encomendado, y en su caso, la constancia respectiva de la notificación practicada y no así, la totalidad de constancias que integren el cuadernillo de la presente comunicación oficial. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al Juez exhortado, para que de ser necesario, habilite al fedatario de su adscripción días y horas inhábiles, a efecto de que lleve a cabo la diligencia que se encomienda. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Ulises Espitia Barajas, a quien señala el quejoso en la demanda de amparo que se atiende, quien podrá gozar de las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, con fundamento en el artículo 24, párrafo primero de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones a los pasantes que señala en la misma. También, se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En otro orden de ideas, en términos de los artículos 22 y cuarto transitorio, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, Óscar Durán Valdés, a saber: 5553870500, extensión 1391, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente y por exhorto a la parte quejosa
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes
- Gudelia Luna González937/2020
- Gudelia Villa Rodríguez1179/2017
- Guillermina Cruz Plata399/2018
- Guillermina Estela Luna López486/2019
- Guillermina Estrada Granados y Otros.279/2022
- Guillermina Rivera Castro344/2019
- Guillermina Valdés González1223/2021
- Guillermo Adan Bustamante489/2022
- Guillermo Alberto Gálvez Ortiz954/2017
- Guillermo Antonio Reyes González329/2023
- Guillermo Antonio Reyes González477/2023
- Guillermo Arturo Baltazar Spínola840/2017