GUILLERMINA RUIZ GREGORIO y Otros.

Expediente 1097/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1097/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • GUILLERMINA RUIZ GREGORIO y Otros.
  • Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CITATORIO. "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que por auto de veinte de octubre pasado, se tuvo al Encargado del despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, rindiendo su informe justificado aceptó parcialmente los actos que se le atribuyeron consistentes en: La falta de radicación de la demanda laboral presentada el tres de febrero de dos mil veintiuno, así como la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. La omisión de dar contestación a su solicitud de copias certificadas del expediente JL/01/2021, presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone que se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, El suscrito advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados, como ocurre en el presente caso. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Encargado del despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al momento de rendir su informe justificado consistentes en todo lo actuado en el expediente JL/01/2021, se desprende que el catorce de octubre del año en curso, el tribunal responsable radicó la demanda presentada por las quejosas, asignándoles la ponencia correspondiente, previniéndolas en virtud que estimó que las prestaciones resultaban ser ambiguas e imprecisas. Asimismo, en el mismo acuerdo proveyó de conformidad la solicitud de la aquí quejosa Guillermina Ruiz Gregorio presentada el veintidós de agosto de este año, referente a las copias certificadas de todo lo actuado en el citado expediente. En ese contexto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio, pues la responsable subsanó las omisiones de las cuales se duele la parte quejosa, en virtud de haber dictado el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, en el cual proveyó respecto a la radicación de la demanda laboral y del escrito petitorio de las copias certificadas que integran el expediente de origen. Sin que obste, el hecho de que no se haya realizado el emplazamiento a las demandadas en el expediente JL/01/2021, ya que en el acuerdo de radicación la responsable determinó prevenir a las quejosas para que subsanaran las irregularidades contenidas en su ocurso de demanda. En consecuencia, resulta evidente que la inactividad reclamada, traducida en la conducta omisiva que conforma la litis del presente asunto, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad se pronunció en el sentido de realizar una conducta que extinguió la desatención que originó el acto reclamado a estudio. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos de los actos reclamados a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubieran existido los actos omisivos reclamados, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente los destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, debe concluirse que los actos reclamados cesaron en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aun celebrándose ésta, las quejosas podrían desvirtuar con prueba alguna la causa de sobreseimiento de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo tendría el mismo sentido; pues en todo caso, por tanto, en atención al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, procede resolver fuera de audiencia. Resulta aplicable, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, en tanto, el criterio sostenido no se opone a ésta, la tesis XIV 1º 3 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional En tal virtud se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de del auto en donde se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin que la parte disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el sumario constitucional se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción2 . IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, en razón a que carecen de utilidad las pruebas ofrecidas por la Jueza Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca, devuélvansele el tomo de pruebas formado por separado. Notifíquese.

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que por auto de veinte de octubre pasado, se tuvo al Encargado del despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, rindiendo su informe justificado aceptó parcialmente los actos que se le atribuyeron consistentes en: La falta de radicación de la demanda laboral presentada el tres de febrero de dos mil veintiuno, así como la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. La omisión de dar contestación a su solicitud de copias certificadas del expediente JL/01/2021, presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone que se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, El suscrito advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados, como ocurre en el presente caso. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Encargado del despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al momento de rendir su informe justificado consistentes en todo lo actuado en el expediente JL/01/2021, se desprende que el catorce de octubre del año en curso, el tribunal responsable radicó la demanda presentada por las quejosas, asignándoles la ponencia correspondiente, previniéndolas en virtud que estimó que las prestaciones resultaban ser ambiguas e imprecisas. Asimismo, en el mismo acuerdo proveyó de conformidad la solicitud de la aquí quejosa Guillermina Ruiz Gregorio presentada el veintidós de agosto de este año, referente a las copias certificadas de todo lo actuado en el citado expediente. En ese contexto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio, pues la responsable subsanó las omisiones de las cuales se duele la parte quejosa, en virtud de haber dictado el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, en el cual proveyó respecto a la radicación de la demanda laboral y del escrito petitorio de las copias certificadas que integran el expediente de origen. Sin que obste, el hecho de que no se haya realizado el emplazamiento a las demandadas en el expediente JL/01/2021, ya que en el acuerdo de radicación la responsable determinó prevenir a las quejosas para que subsanaran las irregularidades contenidas en su ocurso de demanda. En consecuencia, resulta evidente que la inactividad reclamada, traducida en la conducta omisiva que conforma la litis del presente asunto, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad se pronunció en el sentido de realizar una conducta que extinguió la desatención que originó el acto reclamado a estudio. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos de los actos reclamados a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubieran existido los actos omisivos reclamados, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente los destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, debe concluirse que los actos reclamados cesaron en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aun celebrándose ésta, las quejosas podrían desvirtuar con prueba alguna la causa de sobreseimiento de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo tendría el mismo sentido; pues en todo caso, por tanto, en atención al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, procede resolver fuera de audiencia. Resulta aplicable, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, en tanto, el criterio sostenido no se opone a ésta, la tesis XIV 1º 3 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional En tal virtud se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, y con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase al Encargado del despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, rindiendo su informe justificado y ofreciendo como pruebas las documentales que anexa, y atento a la voluminosidad de las mismas fórmese un tomo de pruebas por separado para un mejor manejo del expediente mismo que se deja a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado. Con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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