Guillermina Peto Calvo
Expediente 299/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermina Peto Calvo
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, contra el proveído de treinta de marzo del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo que promovió * * * * * * sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído. Oposición de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada de manera electrónica a este órgano jurisdiccional el veintinueve de marzo del año en curso, que promovió ******, por propio derecho, contra actos de Junta Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 299/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda de amparo Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. Dicho precepto, dispone que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano; tomando como base, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicia, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, a la que reclamó lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO.- AUTO DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, emitido por la H. JUNTA TREINTA Y DOS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA, en el Juicio Laboral tramitado por ******, bajo el número de expediente *****, el cual se encuentra acumulado al expediente *****, el cual bajo protesta de decir verdad me fue notificado el 08 de marzo de 2023." Ahora, en el caso, este juzgador considera se materializa de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo. La citada causa de improcedencia consiste en la presunción del consentimiento del acto reclamado por la parte quejosa, por haber omitido instaurar la acción constitucional dentro de los plazos previstos para tal efecto en la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, junio de 1992, página 364, cuyo rubro y texto son: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las disposiciones transcritas deriva que el plazo genérico para la presentación de la solicitud de amparo es de quince días, y las propias normas establecen excepciones en materia de normas generales; procesos penales en hipótesis especificas; derechos agrarios, y en los casos que importen peligro de privación de la vida, entre otras. Asimismo, en el artículo 18 citado el legislador estableció diversas reglas para computar el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, determinando tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo. Así, de acuerdo con esta disposición, el cómputo del plazo de quince días para la presentación de la demanda, debe contarse desde el día siguiente al en que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Haya tenido conocimiento de tal acto. c) Se ostente sabedor del mismo. Supuestos que se excluyen uno del otro y debe tomarse en cuenta, para el cómputo del plazo legal, la primera fecha en que haya ocurrido cualquiera de esas hipótesis. En relación a los dos primeros supuestos, es pertinente precisar lo siguiente: En cuanto al inciso a), la notificación a que se refiere el legislador, es la efectuada en el juicio natural, pues al respecto fue enfático al mencionar que el plazo inicia al día siguiente a aquél en que surta efectos, "conforme a la ley del acto", la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. La segunda hipótesis, referida en el inciso b), relativa a que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado, consiste en una información cierta y completa del mismo, es decir, cuando el solicitante del amparo conoce la fundamentación y motivación del mismo, como por ejemplo, cuando ha recibido copia de la resolución reclamada o haya tenido acceso a la misma. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/2007, con registro digital 172550, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 286 del Tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En el caso, de las constancias del juicio de amparo 176/2022 del índice de este juzgado, promovido por *******; se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de sus integrantes dictaron la resolución de veinte de febrero de dos mil veintitrés en el incidente de reposición de autos ****** -acto reclamado en presente juicio de amparo-. Determinación que se emitió en cumplimiento de la ejecutoria de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión 273/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo mencionado. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del diverso juicio de amparo 176/2022, se dio vista personal a la quejosa, con la resolución emitida por la Junta responsable, acuerdo que se le notificó el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Asimismo, se debe destacar que en el juicio de amparo 176/2022, por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, SE AUTORIZÓ EL ACCESO Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, así como la realización de las notificaciones vía electrónica al usuario señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo, esto es "feligongar", usuario registrado a nombre de ******, autorizado de la quejosa en términos amplios -quien también es autorizado, en la demanda que ahora se provee-; y que la determinación que ahora constituye el acto reclamado (determinación de veinte de febrero de dos mil veintitrés), SE INTEGRÓ AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como se advierte del acuse electrónico respectivo. De lo anterior, válidamente se concluye, que la parte quejosa tuvo conocimiento completo del acto reclamado a través del expediente electrónico del diverso juicio de amparo 176/2022, al momento de la notificación personal del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se le dio vista con la determinación de veinte de febrero de dos mil veintitrés, emitida en cumplimiento a lo ordenado en el juicio de amparo 176/2022; ello porque al encontrarse debidamente digitalizada, integrada al expediente electrónico, y disponible en el expediente electrónico, de conformidad con el artículo 58 Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, una vez que se autoriza la solicitud para recibir notificaciones electrónicas, los usuarios tienen el derecho y podrán consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten así como las constancias relacionadas con éste, desde el momento en el que el mismo se ingrese al expediente electrónico; máxime que de las constancias del juicio de amparo 176/2022, no se advierte que la parte quejosa hubiera hecho del conocimiento del órgano jurisdiccional que no le hubiera sido posible consultar el texto del documento respectivo a través del vínculo, en términos del artículo 64 del Acuerdo General mencionado. En ese tenor, es posible afirmar que la parte actora tuvo conocimiento completo del acto reclamado en el presente juicio el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés -fecha de notificación del acuerdo de vista con el cumplimiento relativo al juicio de amparo 176/2022-, por lo cual, el plazo de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicio el día hábil siguiente de su realización esto es el veintisiete febrero de dos mil veintitrés, y concluyó el diecisiete de marzo de ese mismo año, por tanto al presentar la demanda de amparo, hasta el veintinueve de marzo de este año, se advierte que transcurrió en demasía el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, Materias(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva". También es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 5, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 163172, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Cabe precisar que, en este asunto no se advierte actualizada alguna hipótesis de excepción de las descritas en el artículo 17 transcrito, puesto que el acto reclamado no constituye una norma general; el juicio de origen no es de naturaleza penal; no se cuestionan derechos agrarios ni se está frente a actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, SE DESECHA, DE PLANO, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo promovida por ******, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia a ***** y ******; y respecto de las demás personas que menciona se les tiene únicamente por autorizadas para oír y recibir notificaciones de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de la ley de la materia, por no encontrarse registrada cédula profesional alguna a su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que las faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; sin perjuicio de que una vez que acrediten tal carácter, si a sus intereses conviniere, se les tendrá por autorizadas en los términos amplios que establece el numeral 12 de la ley de la materia. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico que indica. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "feligongar", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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