Guillermina Oliva Machorro

Expediente 618/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
618/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
23/05/2016

Partes del expediente

  • Guillermina Oliva Machorro
  • Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación de la secretaria, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de abril del año en curso. Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.

  2. Principal

    En veintinueve de abril de dos mil dieciséis, doy cuenta con la razón asentada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Vista la razón asentada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal al tercero interesado José Gerónimo Rosas Alvares o José Rosas Alvares, el proveído de veintisiete de abril del año en curso, por el motivo que indica. En consecuencia, se ordena su notificación por medio de lista; así como las subsecuentes aún las de carácter personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    En veintisiete de abril de dos mil dieciséis, doy cuenta con el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de Puebla; asimismo, con el Alegato número 255/2016 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda promovida por Guillermina Oliva Machorro, se advierte que acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de las autoridades y acto siguiente (fojas 3 a 4) III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- a).- La Junta Especial Número Cuatro de las que Integran la de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. b).- El C. Presidente Ejecutor de la Junta Número Cuatro de las que Integran las de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Ambos con domicilio el ubicado en 20 sur No, 902, colonia Azcarate esta Ciudad de Puebla. IV.- ACTO RECLAMADO: a).-De la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se reclama, la negativa y el silencio de acordar mi escrito de fecha 04 de abril de 2016, el cual se proporciona planilla de liquidación para poder ejecutar el laudo de fecha laudo de fecha 30 de noviembre del 2015, correspondiente y emitido por la Junta Especial Número Cuatro de las que Integran las de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, dentro del Juicio Ordinario Laboral número D-4/341/2015, en específico el punto resolutivo TERCERO, CUARTO Y QUINTO de dicha resolución, y de la cual con fecha 04 de abril de 2016 se solicitó por escrito se diera cumplimiento a la ejecución de fecha 30 de noviembre de 2015 , sin que hasta el día de hoy se pudiera llevar acabo el cumplimiento de dicho laudo. En el cual la responsable viola flagrantemente mis garantías individuales de Audiencia, Legalidad y Seguridad Jurídica a que Aluden los Artículos 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 939, 940, 945 y de más artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo." Por su parte, la autoridad responsable Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidente, al rendir su informe justificado manifestó ser cierto el acto reclamado que se le atribuye y expuso lo siguiente ".es cierto el acto reclamado, pero no violatorio de garantías constitucionales, ya que en autos del juicio laboral D-4/341/2015, en fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se acordó el escrito del quejoso depositado el cuatro de abril del año en curso y ya le fue notificado por lo (sic) estrados en esa misma fecha." (Foja 20). De lo anterior, este Juzgado Federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que los quejosos señalaron como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que la parte quejosa Guillermina Oliva Machorro, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de la autoridad señalada como responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y otra autoridad, de acordar el escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciséis dentro del expediente D-4/341/2015 de su índice. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se acordó el escrito del quejoso presentado el cuatro de abril del año en curso, en los términos ahí establecidos, asimismo, se conoce que dicha determinación le fue notificada a la aquí quejosa el mismo día por estrados (foja 22). Luego, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que las autoridades señaladas como responsables, acordaran el escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciséis dentro del expediente D-4/341/2015; aquélla se vio satisfecha en la medida en que, mediante acuerdo de dieciocho de abril de la presente anualidad, se proveyó el escrito del quejoso presentado el cuatro de abril del año que transcurre, mismo que le fue notificado el mismo día por estrados. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto que Guillermina Oliva Machorro, reclamó a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y otra autoridad, consistente en la omisión de acordar el escrito de cuatro de abril de dos mil dieciséis dentro del expediente D-4/341/2015 de su índice. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintisiete minutos del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el Alegato número 255/2016 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, sin mayor pronunciamiento en atención a lo acordado con antelación. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante acuerdo de diecinueve de abril del presente año, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por la autoridad. Tal acuerdo se notificó el veinte de abril del año en curso, desahogando la vista el peticionario del amparo mediante el escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En cumplimiento a lo anterior, la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, mediante el oficio recibido el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, remitió copia certificada de la resolución que emitió el doce de abril del presente año, en la que dejó insubsistente la resolución CGJ-223/2014 de dos de marzo de dos mil quince, dictada dentro del expediente de recurso de revocación 83/2012, y en su lugar dictó otra en la que declaró infundado el recurso de revocación ante la inoperancia e infundado de los agravios que se hicieron valer por el aquí quejoso Oscar Papalotzin Illescas, confirmando la resolución dictada el trece de agosto de dos mil doce, dentro de los autos del expediente administrativo de determinación de responsabilidades 03/2011. Ahora bien, toda vez que como ha quedado establecido en párrafos precedentes, el amparo se concedió entre otras cosas para el efecto de que el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, analizara el agravio expresado por el recurrente relacionado con la excluyente de responsabilidad vertida, valorando las pruebas en las que sustenta su pretensión. En relación con ese aspecto, en la ejecutoria de mérito, se indicó: ".En el caso concreto, es un hecho probado la existencia del oficio 5013-DAF/SRH/DRL/S024/2011 de trece de enero de dos mil once, signado por la Subdirectora del Recursos Humanos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en el que le solicitó al hoy quejoso que realizara la transferencia de recursos a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (SASSA), por los montos previamente precisados; de ahí que es de trascendencia jurídica que la autoridad responsable analice la relación jurídica entre ambos servidores públicos de acuerdo con sus funciones legales y materiales a fin de determinar la existencia o no de la excluyente de responsabilidad que aduce el impetrante en sus agravios." (foja 64). En la especie, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que dejó insubsistente la resolución CGJ-223/2014, de dos de marzo de dos mil quince, dictada dentro del expediente del recurso de revocación 83/2012, y dictó otra en la que declaró infundado el recurso de revocación, debido a que estimó inoperantes e infundados los agravios que se hicieron valer por el aquí quejoso Oscar Papalotzin Illescas, confirmando la resolución dictada el trece de agosto de dos mil doce, dentro de los autos del expediente administrativo de determinación de responsabilidades 03/2011. Empero, en cuanto al tema relativo a la excluyente de responsabilidad a que se refirió el inconforme, la responsable señaló: ".Igual suerte sigue, el motivo de disenso expresado por el recurrente, con base en la existe (sic) de causa de su actuar: excluyente de responsabilidad la cual hace depender de la obediencia jerárquica por la instrucción que le fue dada mediante el oficio 5013-DAF/SRH/DRL/S024/2011 de trece de enero de dos mil once, por Georgina Hernández Chávez Subdirectora de Recursos Humanos de dicho organismo, quien le solicitó procediera a realizar transferencia de recursos a la cuenta bancaria del fondo de aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) por la cantidad de $821,867.20 (ochocientos veintiún mil ochocientos sesenta y siete pesos con veinte centavos M/N) que corresponden a un importe integrado por $784,000.00 (setecientos ochocientos [sic] ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N). Sin embargo, el motivo de disenso del agraviado no encuentra soporte legal ni probatorio alguno en tanto que del contenido de los documentos consistentes en el oficio 5013-DAF/SRH/DRL/S024/2011 de trece de enero de dos mil once, signado por la referida Subdirectora de Recursos Humanos, no puede ser considerado como prueba de la excluyente de responsabilidad que invoca, simplemente porque la autoridad oficiante, no era superior jerárquico del recurrente. En efecto Georgina Hernández Chávez, desempeñaba el cardo (sic) de Subdirectora de Recursos Humanos mientras que Oscar Papalotzin Illescas, era Subdirector de Recursos Financieros; por lo tanto no existe relación de subordinación jerárquica, relación de superior a inferior (supra-subordinación [sic]). No es óbice para sostener el hecho de que una de las conductas reprochadas consistió en la omisión de comunicar por escrito a su superior inmediato las dudas fundadas que en su caso le hubieren generado las órdenes que recibió, en relación con el manejo de los recursos correspondientes al fondo de aportaciones para los servicios de salud (FASSA) e inherentes al área de recursos humanos del organismo. Por tanto, el agravio de marras es infundado, al no actualizarse causal de excluyente de responsabilidad." (fojas 217 a 218). De lo anterior se desprende que la autoridad responsable se ocupó únicamente de indicar que debido a que la autoridad emisora del oficio 5013-DAF/SRH/DRL/S024/2011, de trece de enero de dos mil once, era Subdirectora de Recursos Humanos, y el inconforme Subdirector de Recursos Financieros, ambos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, no existía relación de subordinación jerárquica; no obstante, omitió realizar un estudio en el que, como lo ordenó la ejecutoria de que se trata, analizara la relación jurídica entre ambos servidores públicos de acuerdo con sus funciones legales y materiales, a fin de determinar la existencia o no de la excluyente de responsabilidad invocada por el sancionado, pues la sola indicación de que al haber actuado ambos como Subdirectores, de Recursos Humanos uno y el otro de Recursos Financieros, es insuficiente para cubrir la aludida exigencia contenida en la ejecutoria de amparo, pues no se realizó análisis alguno para sustentar la conclusión contenida en ella. En tal sentido, atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente proveído, cumplimente a cabalidad la ejecutoria de amparo, en los términos que fueron precisados en la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictada en el presente juicio de amparo, para lo cual deberá declarar inexistente ahora también la resolución que emitió el doce de abril de dos mil dieciséis, con la que pretendió cumplir dicha ejecutoria, pero observando lo señalado en el cuerpo de esta determinación, y una vez hecho así, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución que dicte en cumplimiento, haciéndole saber que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en el acuerdo de once de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.

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