Guillermina Lopez Ramos

Expediente 735/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
735/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Guillermina Lopez Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa 4-B. ESTADO DE AUTOS Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de diez de julio de dos mil veintitrés, dictado en este juicio (fojas 11- 18), en el que se desechó la demanda de amparo. CAUSA ESTADO En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. ARCHIVO Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido..

  2. Principal

    (CITATORIO PARA LA PARTE QUEJOSA). Vista la demanda de amparo promovida por Guillermina López Ramos, contra actos del Fiscal del Ministerio Público Investigador número dos, adscrito a la Unidad Integral de Investigación, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, de Por lo que, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico o legítimo; puesto que la integración de una carpeta de investigación para la judicialización de la misma constituye la labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan el derecho de oponerse a su función; pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Además, se reitera, porque el numeral 21 constitucional, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de investigar los delitos, dentro de la fase del proceso penal, denominada etapa preliminar o de investigación. Por consiguiente, al surtirse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII, de la ley de amparo, se desecha la demanda de amparo, promovida por Guillermina López Ramos. Sin que el desechamiento en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, implique agravio o deje sin defensa a la amparista, pues las hipótesis en que se sustenta es notoria, manifiesta e indudable, de tal suerte, que ni aun admitiéndose la demanda podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Conviene dejar en claro, que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la quejosa, a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el analizado en la presente determinación, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, la quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que sí se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de sobreseimiento analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman.

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