Guillermina López Navarrete
Expediente 289/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Guillermina López Navarrete
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de doce de abril de dos mil dieciséis, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, para que precisara con toda claridad cuál era el acto que tilda de inconstitucional; es decir, si reclamaba la resolución de dieciséis de octubre de dos mil quince, mediante la cual determinó confirmar el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil quince; o bien, la determinación que se emitió con motivo del amparo que se le concedió; en cuyo caso debería especificar la data en la que se emitió y en la que se le notificó la misma, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Por recibido el oficio suscrito por el Magistrado Supernumerario de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 289/2016-I. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, como se verá a continuación. La irregularidad surge de lo establecido en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta que textualmente dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la gestionante en su demanda de amparo es imprecisa en puntualizar el acto que reclama, ya que en el capítulo "4" de la misma, atinente al "ACTO RECLAMADO", textualmente apuntó: ".lo es el auto de fecha 16 de octubre del 2015 notificado a la suscrita el 19 de octubre del 2015, en donde confirma el auto de 31 agosto del 2015, resolución del procedimiento especial de Jurisdicción Voluntaria de Regularización de Predios Rústicos misma que menoscaba mis derechos." Ahora bien, en el capítulo correspondiente a los antecedentes la promovente textualmente precisó: ".5.- Por lo anterior, promuevo amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito en la ciudad de Celaya, Gto. A quien le compete el Municipio de Yuriria, Gto., en el cual señala que al tratarse de una violación procesal debo esperar la resolución final del procedimiento. 6.- Después el Tribunal Primario emite resolución en fecha del 31 de agosto de 2015, favoreciendo al actor declarando la regularización del predio rustico y dejándome en total estado de indefensión. 7.- Así las cosas, promuevo RECURSO DE APELACIÓN, en contra de la sentencia dictada, en donde en fecha del 16 de octubre del 2015, resuelve confirmándola resolución del Juzgado Único Civilde Yuriria, Gto., argumentando básicamente cuestiones de consentimiento de actos anteriores y no enfocando a resolver el fondo de la resolución impugnada. 8. De lo anterior promuevo Juicio de Amparo contra la resolución en donde se me concede el mismo para efecto de que se dicte una nueva sentencia que subsane las deficiencias de la anterior. 9.- Derivado de lo citado en el punto anterior, se dicta sentencia mencionada confirmando la de origen resulta predecible al ser sus propias determinaciones." De la anterior transcripción, puede advertirse que la parte quejosa le reclama al Magistrado responsable, la resolución de dieciséis de octubre de dos mil quince, mediante el cual determinó confirmar el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil quince, en el procedimiento especial de Jurisdicción Voluntaria de Regularización de Predios Rústicos que promovió **********; sin embargo, en el capítulo atinente a los antecedentes, también hace referencia que promovió juicio de amparo en contra de dicha determinación, y que con motivo de la concesión otorgada se emitió una nueva determinación en el mismo sentido. Lo anterior, genera incertidumbre en el suscrito en el sentido de saber cuál es el acto que en realidad tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo; es decir, si reclama la resolución de dieciséis de octubre de dos mil quince, mediante el cual determinó confirmar el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil quince; o bien, la determinación que se emitió con motivo del amparo que se le concedió; en cuyo caso deberá especificar la data en la que se emitió y en la que se le notificó la misma. Por ello, ante la vaguedad del acto que reclama la solicitante del amparo, es necesario que lo precise con toda claridad, pues de estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que las autoridades no rindan su informe correctamente y que la sentencia que se llegara a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo. Ante la irregularidad advertida, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, se determina prevenirlo para que, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, por escrito y con cuatro copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise con toda claridad cuál es el acto que tilda de inconstitucional; es decir, si reclama la resolución de dieciséis de octubre de dos mil quince, mediante el cual determinó confirmar el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil quince; o bien, la determinación que se emitió con motivo del amparo que se le concedió; en cuyo caso deberá especificar la data en la que se emitió y en la que se le notificó la misma. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, como lo solicitan la promovente, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se le tiene autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del numeral 12 de la ley de materia a las personas que menciona, en virtud de que no obran sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.
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