Guillermina Jiménez Perea

Expediente 521/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
521/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Guillermina Jiménez Perea

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo que al parecer promueve ********************, presentada en el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con firma electrónica de ********************, contra los actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades, de la cual se desprende que no está firmada electrónicamente por la quejosa. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************En atención a la certificación de cuenta, se advierte que en el original de la demanda no obra la firma electrónica (FIREL) de la parte quejosa ********************. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO En ese sentido, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese contexto, del análisis de la demanda de amparo se aprecia que la misma se encuentra suscrita por ********************; sin embargo, la firma electrónica corresponde al usuario ********************, por lo que el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 6,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del primero de los artículos transcritos, se conoce que el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por conducto de su representante legal, por conducto de su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley de Amparo, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. De igual forma, se conoce que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal las personas podrán promover el juicio de amparo por conducto de su defensor o de cualquier persona; sin embargo, el mismo precepto legal prevé una excepción a la citada regla, la cual consiste en que si bien el amparo lo puedan promover los afectados por conducto de cualquier persona, dicha facultad se encuentra limitada a aquéllos casos específicos en que la propia Ley de Amparo lo permita expresamente. En este sentido, destaca el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, en el que se establece que cuando los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo podrá promoverlo cualquier otra persona en nombre del agraviado o quejoso; sin embargo, dicho numeral impone un requisito indispensable a fin de que cualquier otra persona pueda promover el amparo a favor de la parte quejosa, en su nombre. En mérito de lo anterior, es dable precisar que el promovente reclama de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: La orden de búsqueda, presentación, aprehensión, detención o de cualquier auto que atente en contra de la libertad de la quejosa y su ejecución. Sin que del contenido de la demanda se advierta algún hecho que permita concluir que la parte quejosa ******************** se encuentre impedida para promover la demanda de amparo por su propio derecho y suscribirla por sí misma. En tal virtud, al ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover el juicio de amparo que se rige por el principio de instancia de parte agraviada y, al no haber sido firmada electrónicamente (FIREL) por la parte quejosa, no se satisface el requisito que exige el artículo 6° de la Ley de Amparo. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL o firma autógrafa de la parte quejosa, porque la falta de la firma de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como también sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P./J.32/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes once de enero de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Sin que se advierta en el caso un supuesto de urgencia, pues para ello es necesario que el acto que se reclame sea de aquellos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército nacional, pero como se expuso, la parte quejosa en su acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no satisfacerse los extremos del artículo 15 de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que ******************** no este legitimado para signar electrónicamente y promover en nombre de ********************, dado que no se acredita que éste se encuentre imposibilitado de promover por sí mismos este juicio. Sin que obste a lo anterior el hecho de que al final de la demanda aparezca una firma sobre el nombre de la parte quejosa; esto, en principio, porque es evidente que dichos signos gráficos no constituyen una firma autógrafa, sino la reproducción escaneada del documento del cual se obtuvo para incorporarlo digitalmente, esto es, para el efecto de presentar tal escrito a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; y, en segundo término, porque al haber optado el promovente por presentar dicha demanda vía electrónica a través de dicho portal, es inconcuso que esa situación resulta irrelevante, pues en tal supuesto deben satisfacer necesariamente el requisito indicado, esto es, que dicho escrito cuente con su firma electrónica, lo cual no acontece en la especie, pues, como se puso de relieve, el mismo contiene la de una persona diversa, de ahí que la existencia de esos signos gráficos no generan la presunción de su intención de instar este juicio, por lo cual, ante la carencia destacada, se incumple el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En tales condiciones, SE DESECHA LA DEMANDA de amparo al surtirse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, 15, primer párrafo, y 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita la promovente, se autoriza la consulta del expediente sea de manera electrónica, a través del usuario "********************"; por tanto, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados con el cúmulo de facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que para tal efecto señala, por encontrarse registradas sus cédulas en el registro de la Secretaría de Educación Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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