Guillermina González Alatorre
Expediente 539/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Guillermina González Alatorre
Actuaciones
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a siete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa GUILLERMINA GONZÁLEZ ALATORRE, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el escrito remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmado electrónicamente por el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, representante legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio. Al respecto, con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes como en derecho corresponda con copia del escrito de expresión de agravios de referencia y del presente proveído; y fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, agregando una copia del ocurso mencionado. Una vez que obren en autos las constancias de notificación a las partes del presente proveído, así como de la sentencia de referencia y esté debidamente integrado el expediente en que se actúa, dentro del término de los tres días siguientes, remítase el original del escrito de expresión de agravios y el juicio principal al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto dentro del presente asunto. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. V I S T A la demanda de cuenta, téngase a Guillermina González Alatorre, promoviendo demande de amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Mante, Tamaulipas, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, fórmese expediente y regístrese bajo el número 539/2022. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece:"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto la parte quejosa hace consistir como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye la resolución interlocutoria dictada en fecha 25 de febrero de 2022, dentro del expediente número 586/2020 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Petición de Herencia y Nulidad de Acto Jurídico promovido por la C. CRISOFORA GONZÁLEZ ALATORRE, en contra de la suscrita quejosa GUILLERMINA GONZÁLEZ ALATORRE y otros, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, misma que declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por mi asesor jurídico en contra del auto de fecha 8 de febrero del presente año, en el cual el Juez de Primera Instancia, aunque reconoce que han transcurrido más de ciento ochenta días naturales consecutivos sin que exista ningún tipo de promoción de las partes, determina que no ha operado la caducidad de la instancia que determina el artículo 103 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, por no haberse efectuado la notificación personal a una de las demandadas como se había ordenado en autos, trayendo como consecuencia el acto reclamado que se me prive de mi legítimo derecho a un juicio justo y equitativo en dónde se respeten las reglas del procedimiento establecidas para dirimir las controversias judiciales, garantía constitucional que me conceden los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General de la República, es por lo que acudo en demanda del Amparo y Protección de la Justicia Federal." En aras de contribuir a una mejor comprensión del presente asunto, es pertinente atender a los antecedentes que hacen la promovente, que bajo protesta de decir verdad, en esencia son los siguientes: Que es parte demandada dentro del Juicio Ordinario Civil sobre Petición de Herencia y Nulidad de Acto Jurídico radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con sede en la Ciudad Mante, Tamaulipas, bajo el número 586/2022. Que su asesor jurídico interpuso el recurso de revocación contra el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós que ordenó la notificación a la codemandada del proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, al estimar que operó la caducidad de la instancia, toda vez que transcurrieron doscientos cinco días naturales consecutivos sin impulso procesal de las partes. Que el veinticinco de febrero de dos mil veintidós se dictó resolución interlocutoria que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto. Ahora, analizado dicho acto, se concluye que en el caso, el juicio de amparo deviene improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del numeral 107 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De las citadas disposiciones legales -la última interpretada en sentido contrario- se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio cuyos efectos carezcan de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque ésta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia o laudo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el expediente de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que ésta fuese adversa, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Ahora bien, de lo expuesto por la parte quejosa, se advierte que la resolución interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, determinó improcedente el recurso de revocación contra el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, al estimar que no operaba la caducidad de la instancia dentro del juicio ordinario civil sobre petición de herencia y nulidad de acto jurídico número 586/2020; no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan derecho sustantivo alguno en perjuicio de los impetrantes del amparo. Lo anterior es así, dado los elementos y las definiciones que se han venido estableciendo en relación con lo que se entiende como un acto de ejecución irreparable, pues de acuerdo a las reflexiones precedentes, la interlocutoria reclamada en el peor de los casos solo podría afectar derechos procesales de la parte quejosa, no así los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, en virtud que las consecuencias jurídicas de la determinación que negó a caducar el procedimiento de origen, solo repercuten en la continuación del mismo, cuestión que se encuentra catalogada como meramente procesal. Ello, en virtud de que el acto aquí reclamado no puede ser combatido de forma autónoma o aislada a través del juicio de amparo indirecto, pues para ello habrá que esperar que se produzca la resolución final del mismo, contra la cual se podrán plantear todas las eventuales inconformidades que la parte perjudicada pudiera tener sobre el trámite de dicho procedimiento, así como la legalidad de todos y cada uno de los actos que lo originaron, incluyendo la determinación que aquí se impugna. Por su contenido, se cita la Jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, pagina 15, con el registro 2011428, del texto y rubro siguientes: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. De igual manera, por similitud jurídica se cita la tesis VIII.2o.C.T.11 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con número de registro digital 2019936, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2539, que a continuación se transcribe: "CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE NO LA ACUERDA DE CONFORMIDAD, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la página 15 del Libro 29, Tomo I, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas, de título y subtítulo: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que revoca la diversa que decretó la caducidad en la primera instancia; esto es, aquella de segundo grado en que no se decrete la caducidad de la instancia, porque no constituye un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos y, por ello, dicha resolución únicamente podrá combatirse como violación procesal mediante el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Por tanto, es improcedente el amparo indirecto cuando se reclama la resolución que confirma la diversa que no acuerda de conformidad la caducidad de la primera instancia, al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, toda vez que esa resolución no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o procesales. En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, respecto del acto reclamado. En términos similares se pronunciaron los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver respectivamente el recurso de queja 140/2019 y el amparo en revisión 392/2019, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, y conforme a la Jurisprudencia P./J. 16/2018 del Pleno de la SCJN, número de registro 2017123, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Pablo Morales Castellanos, Marco Antonio Elizondo Montalvo y Alfredo Lerma Ramírez, toda vez que acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, al contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
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