Guillermina Gloria Ortíz García
Expediente 1313/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1313/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermina Gloria Ortíz García
- Heladio Adán Ortiz Chávez
- Heladio Adán Ortiz Chávez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
PRAL 1313/2021 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintidós. 1. Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el diez de marzo de dos mil veintidós, firmada y autorizada el treinta y uno de marzo siguiente, en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Guillermina Gloria Ortiz García, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 1.1. Precisión. Resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo al que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, para a) la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, autoridad responsable b) juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca y tercero interesado c) agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, dado que, como se precisó, en la sentencia se negó el amparo en este juicio de amparo, por lo que ningún agravio genera a esas partes procesales, pues carecen de legitimación para inconformarse con esa resolución; es aplicable, por analogía, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 2. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal3, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo reciente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Devolución de disco a la autoridad responsable. Toda vez que la autoridad responsable juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca remitió un disco certificado en formato DVD; por tanto, se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1313/2021.MESA-2 Visto, para resolver el juicio de amparo 1313/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado en la misma fecha, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Guillermina Gloria Ortiz García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el auto de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 701/2021, que atribuye al juez de Control del circuito judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo, admisión y emplazamiento. Por auto de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 1313/2021, se admitió a trámite; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, quien no formuló pedimento; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar en su carácter de tercero interesado, al agente del Ministerio Público adscrito a Zimatlán de Álvarez, que conoció de la carpeta de investigación 18137/FVCE/ZIMATLÁN/2020, quien se apersonó a esta instancia constitucional mediante oficio presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno (folio 16141) y, previos los trámites de ley, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, mediante acuerdo dictado el cinco de enero de dos mil veintidós se ordenó llamar a este medio de defensa extraordinario, en su calidad de tercero interesado a Heladio Adán Ortiz Chávez, quien se apersonó por escrito recibido en este Juzgado el diez de febrero siguiente (folio 2101). Tercero. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto se reclama a una autoridad residente en Ejutla de Crespo, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que el acto reclamado por la quejosa y por el cual se realizará el estudio respectivo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, es el auto de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 701/2021, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, en su modalidad de violencia económica, previsto por el artículo 404, en relación con el diverso numeral 404 Bis, fracción IV, y sancionado por el precepto 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometido en agravio de Heladio Adán Ortiz Chávez. Lo que atribuye al juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca. Tercero. Existencia del acto que se combate. La autoridad responsable juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto que le atribuye la quejosa. Al efecto, la citada autoridad judicial manifestó, en lo sustancial, que en audiencia de ampliación de término constitucional de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno celebrada en la causa penal 701/2021, determinó vincular a proceso a la aquí quejosa Guillermina Gloria Ortiz García, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto por el artículo 404, en relación con el diverso numeral 404 Bis, fracción IV y sancionado por el precepto 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometido en agravio de Heladio Adán Ortiz Chávez. Como justificación a su informe remitió 1) dos índices cronológicos relativos a las audiencias celebradas el once y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y 2) un disco certificado en formato DVD, que contiene los registros de audio y video de las audiencias de formulación de imputación y de ampliación de término constitucional celebradas en esas fechas, así como 3) un archivo en formato PDF, que contiene una síntesis del auto de vinculación a proceso. Documental (naturaleza jurídica que tiene el disco versátil) a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo; respecto al valor de ese disco, se cita la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Cuarto. Causas de improcedencia. No se advierten motivos de improcedencia constitucionales, legales o jurisprudenciales que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se analiza el fondo del asunto. Quinto. Conceptos de violación. La quejosa vertió diversos conceptos de violación, mismos que no se transcribirán literalmente, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión, atento a la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 830 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Sustancialmente aduce que se vulneran sus derechos fundamentales de presunción de inocencia, seguridad jurídica, legalidad y debido proceso, así como el principio pro persona, por las razones que a continuación se exponen: a) No se encuentran reunidos los requisitos que establece el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud que la carpeta de investigación se inició con motivo de la denuncia interpuesta en su contra por el delito de fraude y no por el de violencia familiar, por lo que, señala, es errónea la forma en que el agente del Ministerio Público encuadró la conducta desplegada en agravio de Heladio Adán Ortiz Chávez, bajo la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 404 Bis del Código Penal del Estado de Oaxaca, con el argumento de que se actualiza la privación intencionada y no justificada de los recursos financieros para el bienestar físico y psicológico de los receptores de la violencia familiar, lo que, dice, no quedó acreditado en la audiencia de término constitucional. b) No se actualizan los elementos objetivos y normativos del delito de violencia familiar, en su modalidad de violencia económica, ni alguna de sus formas de expresión previstas en la fracción IV, del artículo 404 Bis del Código Penal del Estado de Oaxaca, dado que, el denunciante se duele de un menoscabo en su patrimonio, lo que, señala, configura un diverso ilícito. c) Los datos de prueba no son idóneos ni suficientes para establecer razonablemente la existencia de los elementos que integran el delito de violencia familiar, en su variante de violencia económica, en virtud que: - La denuncia del ofendido Heladio Adán Ortiz Chávez, está formulada de acuerdo a los intereses de este último, por lo que su credibilidad y valor probatorio debe estar supeditado a que se corrobore con diversos datos de prueba. - Respecto a los recibos de dinero que supuestamente firmó, no fueron objeto de un dictamen en grafoscopía, con la finalidad de determinar de manera científica que las firmas que calzan corresponden de su puño y letra, razón por la que, dice, no debió otorgársele valor probatorio, ya que no se tiene la certeza de que sean auténticos. - Por cuanto hace al dictamen contable emitido por la perito de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, si bien fueron emitidos por esa experta y su credibilidad no se cuestiona, lo cierto es que esta última lo emitió con base en la denuncia formulada por el ofendido y en los recibos de dinero ofrecidos como medios de convicción, por lo que no debe otorgársele valor probatorio, toda vez que adolece de un vicio sustancial que demerita su resultado. d) La responsable no realizó un test de racionalidad, para determinar que los datos de prueba vertidos por la representación social son suficientes para dictar el auto de vinculación que se reclama. Al respecto cita la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2388, libro 57, agosto de 2018, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]". e) Finalmente, aduce que la resolución impugnada es ilegal y transgrede en su perjuicio las prerrogativas reconocidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la autoridad responsable vulneró los requisitos de fundamentación y motivación exigibles a todo acto de autoridad. Sexto. Estudio del fondo del asunto. Se estiman infundados los conceptos de violación que hace valer la agraviada, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; además, del análisis oficioso y general que se practica supliendo la deficiencia de la queja, no se advierte transgresión alguna al orden constitucional como lo alega. 6.1. Antecedentes de los actos reclamados. De la reproducción del disco óptico acompañado por la responsable en su informe justificado, se advierte como antecedentes del acto reclamado los siguientes: I. Formulación de imputación. Por audiencia celebrada el once de noviembre de dos mil veintiuno, ante la juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, una vez identificadas las partes, acompañada la quejosa Guillermina Gloria Ortiz García de su defensor particular, a quien se le verificó su cedula profesional, en su calidad de licenciado en derecho, en uso de la voz, la agente del Ministerio Público formuló imputación a esta última y procedió a narrar los hechos y datos por los que se instaura una investigación en su contra (00:15:13, 0701-2021 A3 P2). II. Oportunidad de la imputada para declarar. La juez hizo del conocimiento de la inculpada, aquí quejosa, que tenía el derecho a declarar o a guardar silencio, con base en el conocimiento que tuviera de los motivos de su detención, a lo que se reservó el derecho para hacerlo (00:19:22, 0701-2021 A3 P2). III. Calificación jurídica. La representación social encuadró dichos acontecimientos en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, en su modalidad de violencia económica, previsto por el artículo 404, en relación con el diverso numeral 404 Bis, fracción IV, del Código Penal del Estado de Oaxaca (00:15:13, 0701-2021 A3 P2 y 00:29:20, 0701-2021 A3 P3 del disco anexo) y expuso los datos de prueba con lo que contaba en la carpeta de investigación respectiva, a saber: a) Denuncia por escrito presentada por Heladio Adán Ortiz Chávez (00:01:48, 0701-2021 A3 P3), en la que señaló que en el año dos mil catorce, para ser preciso, el día catorce de octubre de ese año, en el Municipio de Ayoquezco de Aldama celebró la compraventa de unos predios con el señor Leoncio Sergio Chávez Zárate; sin embargo, el uno de noviembre siguiente, por razones de trabajo tuvo que irse a la Unión Americana a laborar, por lo que pactó con su esposa Guillermina Gloria Ortiz García, que ella cobraría el dinero y que en cuanto regresara de atender sus cuestiones laborales de Estados Unidos se lo entregaría. Por ello, en el mes de diciembre fue entregada a la aquí quejosa Guillermina Gloria Ortiz García, la cantidad de cuatrocientos mil pesos, previo recibo que esta última extendió a Leoncio Sergio Chávez Zárate. Que su esposa le informó que ya tenía en su poder ese dinero, a lo que él le indicó que lo guardara, y fue así que en abril de dos mil quince, aun confiando en ella, le pidió se trasladara nuevamente a la casa del señor Leoncio Sergio Chávez Zárate, pues le entregaría el segundo pago para liquidar los terrenos que había adquirido y, fue así, que el veintitrés de abril del año dos mil quince, la quejosa Guillermina Gloria Ortiz García recibió la cantidad de ochenta mil pesos, previo recibo que expidió; empero, al llegar a su pueblo en el mes de mayo de dos mil quince, Heladio Adán Ortiz Chávez pidió a su esposa que le entregara la cantidad de cuatrocientos ochenta mil pesos, a lo que ella le manifestó que en ese momento no los tenía, que los había guardado en una caja de ahorro y que en cuanto se los devolvieran se los entregaría. Asimismo, mencionó que pasaron los meses y en el mes de noviembre de dos mil quince falleció su padre y que por cuestiones de su trabajo tuvo que regresar nuevamente a la Unión Americana, no sin antes manifestarle a su esposa que regresaría a tiempo para dejar en orden las cosas que había dejado pendientes y que ella debía recuperar ese dinero, para que se lo entregara cuando él volviera. Sin embargo, a su regreso, en octubre de dos mil dieciséis, en reiteradas ocasiones solicitó ese dinero a Guillermina Gloria Ortiz, pero ésta le dijo que lo tenía en una caja de ahorro y que estaba haciendo diversos trámites, por lo que sólo le daba evasivas; de igual forma, en su denuncia señaló que el treinta de diciembre de dos mil diecisiete, en su domicilio ubicado en calle Independencia número diecinueve, Ayoquezco de Aldama, Zimatlán de Álvarez, le dijo a su esposa que necesitaba dinero para entregar unos pendientes y que ya no podía seguir dejando pasar más tiempo, situación que generó un problema muy fuerte con ella a tal grado que se separaron, no sin antes decirle esta última que ese dinero lo había prestado y que estaba esperando que se lo pagaran para poder devolvérselo, pero comenzaron nuevamente los problemas y en el momento en que le volvió a requerirle el dinero, ella sólo lo agredía y lo evadía, manifestándole que no se lo entregaría, que se lo había dado a sus familiares, y que hiciera lo que él quisiera, porque no le iban a hacer nada, ya que tenía muchos familiares pesados, además de que no volvería a ver un sólo peso del dinero que ella recibió. b) Comparecencia espontánea de Heladio Adán Ortiz Chávez (00:07:47, 0701-2021 A3 P3), de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en la que manifestó que se presentaba a realizar una aclaración de su escrito de denuncia. c) Recibos que exhibió Heladio Adán Ortiz Chávez (00:09:06, 0701-2021 A3 P3), fechados el trece de diciembre de dos mil catorce y veintitrés de abril (sic), en los que, en el primero de ellos, Guillermina Gloria Ortiz García asentó que recibió la cantidad de cuatrocientos mil pesos, por la venta de un terreno al señor Leoncio Sergio Chávez Zárate y, en el restante, la cantidad de ochenta mil pesos; ambos firmados por la imputada, aquí quejosa. d) Escrito presentado por Heladio Adán Ortiz Chávez (00:10:07, 0701-2021 A3 P3), fechado el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el que exhibió una acta de matrimonio expedida por la Dirección del Registro Civil, en la localidad de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, con la que la representante social dijo, acreditó su parentesco con Guillermina Gloria Ortiz García. e) Entrevista realizada a Leoncio Sergio Chávez Zárate (00:11:20, 0701-2021 A3 P3), en la que señaló que el motivo de su entrevista era para el efecto de confirmar que efectivamente él compró un terreno al señor Heladio Adán Ortiz Chávez, ubicado en Paraje Zapotillo; que el día trece de diciembre de dos mil catorce le llamó por teléfono para indicarle que pasara a su domicilio ubicado en calle Aldama número ciento siete, en el centro de Ayoquezco, para realizarle el pago que le debía por la compra de ese terreno, manifestándole el señor Heladio que no se encontraba en el país, ya que por cuestiones laborales había viajado al Estado de California, pero que mandaría a su esposa Guillermina Gloria Ortiz García, para que recibiera ese dinero en su nombre, quedando así de mutuo acuerdo; siendo que cuando eran las diecisiete horas de esa misma fecha, llegaron a su domicilio la señora Guillermina, en compañía de una diversa persona, a quienes, dice, pasó al interior de su domicilio, recibiéndolas en la sala que se encuentra cerca de la puerta principal. Posteriormente, le pidió a su esposa de nombre Idelgarda Rosa Lustre Juárez que llevara el dinero en efectivo que tenía para el pago que debía por la compra del terreno; fue así, que su esposa le llevó el dinero en una bolsa transparente, siendo la cantidad de cuatrocientos mil pesos, la que contó frente a la aquí quejosa, quien elaboró un recibo de su puño y letra en una hoja de papel en blanco. También adujo, que el veintitrés de abril de dos mil quince, se comunicó vía telefónica con Heladio Adán Ortiz Chávez, para pedirle que pasara a su domicilio para darle la cantidad de ochenta mil pesos, como pago final de la compra del terreno, manifestando este último que se encontraba trabajando en California y que nuevamente pasaría su esposa Guillermina a recoger el dinero. Que en esa fecha la señora Guillermina acudió a su domicilio y la atendió su esposa, quien le entregó el resto del dinero, debido a que por cuestiones laborales no estaba presente en su domicilio. f) Entrevista realizada a ldelgarda Rosa Lustre Juárez (00:14:45, 0701-2021 A3 P3), en la que manifestó que el trece de diciembre de dos mil catorce, su esposo Leoncio Sergio Chávez Zárate le marcó al señor Hilario, y éste le señaló que nuevamente se encontraba en Estados Unidos y que su esposa pasaría a recoger el primer pago de la venta de los terrenos. Por lo que una vez que Guillermina se constituyó en su domicilio, procedió a entregarle una cantidad de dinero, por lo que esta última realizó un recibo con su puño y letra y lo firmó; inmediatamente, la señora Guillermina guardó el dinero en una bolsa y se retiró de su domicilio; de igual forma señaló que el veintitrés de abril de dos mil quince, su esposo le comentó que le había hablado al señor Heladio para proporcionarle el último pago del terreno, sin embargo éste le dijo que nuevamente pasaría su esposa Guillermina, ya que por motivos laborales él no se encontraba en México. Que su esposo le dijo que él no se iba a encontrar en su domicilio por motivos laborales y que ella era quien le iba a entregar ese dinero a Guillermina, por lo que aproximadamente a las dieciocho horas de ese mismo día, la imputada y su madre se constituyeron en su domicilio a recogerlo, por lo que procedió a contar la cantidad de ochenta mil pesos en billetes de diferentes denominaciones, dinero que le entregó a la señora Guillermina Gloria Ortiz García, quien una vez que terminó de contarlo, realizó un recibo con su puño y letra. g) Dictamen contable expedido por la perito Judith Ramos García (00:17:23, 0701-2021 A3 P3), que la agente del Ministerio Público, dijo, se encuentra compuesto por un planteamiento del problema y por los documentos que obran dentro de la carpeta de investigación que fueron considerados, como son el escrito de denuncia del ciudadano Heladio Adán Ortiz Chávez, comparecencia espontánea de este último, un análisis, un cuadro en el que hace la comparativa de las fechas de los recibos, a saber, trece de diciembre de dos mil catorce, en que la quejosa recibió la cantidad de cuatrocientos mil pesos, por la venta de un terreno a Leoncio Sergio Chávez y de veintitrés de abril (sic), en que esta última recibió la cantidad de ochenta mil pesos; métodos, técnicas utilizadas, estudio general, inspección documental, análisis y cálculo aritmético. Por lo que una vez que la perito analizó todos los documentos que obran y que fueron aportados por la víctima en la carpeta de investigación, concluyó que el resultado asciende a la cantidad de cuatrocientos ochenta mil pesos, cero centavos. IV. Solicitud de vinculación a proceso y duplicidad de término constitucional. Luego de exponer los datos de prueba, la representación social solicitó a la juez de Control vinculara a proceso a la aquí quejosa (00:29:20, 0701-2021 A3 P3). Acto seguido, la imputada y su defensa optaron por la duplicidad del término constitucional, por lo que se señalaron las trece horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia en la que se resolvería su situación jurídica (00:31:00, 0701-2021 A3 P3). V. Audiencia de vinculación a proceso. El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se procedió a continuar con la audiencia inicial, para lo cual se individualizaron las partes (00:00:41, 019377-2021-P01). Acto continuo, la juez preguntó a las partes si habría algún desahogo de pruebas, a lo que la defensa señaló que no había medios de convicción a incorporar en la audiencia y que sólo quería formular diversas preguntas a Heladio Adán Ortiz Chávez, en forma de contrainterrogatorio, a lo que la citada autoridad accedió (00:00:07, 019377-2021-P02); a continuación, las partes formularon su teoría del caso. Posteriormente, la juez responsable, procedió a dictar su determinación a fin de resolver la situación jurídica de la impetrante del amparo, por lo cual dictó un auto de vinculación a proceso contra Guillermina Gloria Ortiz García, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, en su modalidad de violencia económica, previsto por el artículo 404, en relación con el diverso numeral 404 Bis, fracción IV y sancionado por el precepto 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometido en agravio de Heladio Adán Ortiz Chávez. 6.2. Consideraciones previas. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones, así como hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. Además, de los derechos jurídicos consagrados en la Constitución General, como principio rector a salvaguardar, está el conducente a la presunción de inocencia, que conlleva a que el juez de control, y, en su momento, al juez del juicio oral, la obligación de velar por los derechos fundamentales de todo gobernado que se encuentre sujeto a su potestad y, con ello, el deber de fundamentar y motivar debidamente sus determinaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal. En ese entendido, en el análisis que se efectuará en esta sentencia constitucional, serán considerandos los requisitos que ahora señala el artículo 16 de la Constitución Federal, pues, acorde a la reforma, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 45, agosto 2017, tomo I, página 360, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En ese contexto, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de auto de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, y que fueron ponderadas por el juez responsable; ello, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, es decir, este Juzgado de Distrito debe limitarse a analizar los datos de prueba que le fueron ofrecidos al juez responsable, porque, de considerar otros elementos probatorios, vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales. Ahora, el auto de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 701/2021, está regido por el artículo 19 de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Al respecto, se destaca que el auto de vinculación a proceso constituye un acto de molestia, y los requisitos para su dictado, se contemplan en el artículo 19 de la Constitución Federal; dicho numeral dispone que para el dictado de ese auto de término constitucional, se requiere que los datos de prueba acrediten que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probable responsabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, para la emisión del auto de vinculación a proceso, el juez de control no debe imponerse de los medios de prueba que obren en la carpeta de investigación, pues tal cuestión es permitida únicamente al representante social, al imputado y a su defensa, quienes en la audiencia inicial, específicamente, el fiscal que formule la imputación, deberá reseñar y relatar en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación, y será con base en tal información que proporcionen las partes, con lo que el juzgador deberá emitir el auto de vinculación, motivo por el cual no puede exigírsele en este estadio procesal, describir de forma tan detallada los elementos de prueba, precisamente, por no tenerlos a la vista, pues, se insiste, el juzgador emitirá su determinación con base en la información que de viva voz le proporcionen las partes. Primer concepto de violación. En principio, deviene infundado lo alegado por la quejosa en el referido inciso a), relativo a que es errónea la forma en que la agente del Ministerio Público encuadró la conducta desplegada en agravio de Heladio Adán Ortiz Chávez, bajo la hipótesis establecida en la fracción IV, del artículo 404 Bis del Código Penal del Estado de Oaxaca, aun cuando señala que la carpeta de investigación se inició con motivo de la denuncia interpuesta en su contra por el delito de fraude y no por el de violencia familiar. Ello es así, toda vez que la clasificación que la autoridad ministerial realizó, respecto del delito que se denunció fue legal, porque la querella únicamente debe contener la relación de hechos y la intención que precede al formularla, pero no requiere que el ofendido designe técnicamente el ilícito, lo que corresponde al Ministerio Público al ejercer la acción penal o formular sus conclusiones acusatorias y a la autoridad judicial al condenar y establecer la comprobación del delito. Segundo concepto de violación. La promovente aduce que no se actualizan los elementos objetivos y normativos del delito de violencia familiar, en su modalidad de violencia económica, ni alguna de sus formas de expresión previstas en la fracción IV del artículo 404 Bis del Código Penal del Estado de Oaxaca, dado que, dice, el denunciante se duele de un menoscabo en su patrimonio, lo que, señala, configura un diverso ilícito. Es infundado ese concepto de violación, por lo siguiente: Hecho que la ley señala como delito. En la audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno la responsable consideró que era procedente vincular a proceso a la imputada, aquí quejosa Guillermina Gloria Ortiz García, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, en su modalidad de violencia económica. Ilícito previsto en el artículo 404, en relación con el diverso numeral 404 Bis, fracción IV, del Código Penal del Estado de Oaxaca y sancionado por el precepto 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, que disponen: "404.- Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima". "404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: - - -- (.). IV. Violencia económica: Privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos financieros para el bienestar físico y psicológico de los receptores de la violencia familiar o de algún miembro de la familia, cuyas formas de expresión pueden representar el incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, para el sostenimiento familiar, o las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos". "405.- A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además, se sujetará a tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. - -- (.)". Analizadas las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y lo resuelto por la juez de Control, se considera que, contrario a lo que aduce la quejosa, el auto de vinculación a proceso se emitió cumpliendo con las exigencias que para su legal dictado establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, ya que los datos que lo sustentan son aptos y suficientes para establecer que se tuvo por demostrado hasta la etapa procesal en que se encuentra, el hecho delictivo imputado, así como la posibilidad de que la aquí agraviada participó en su comisión. Al emitir el auto de vinculación a proceso, la juez responsable consideró y otorgó valor probatorio a diversos medios de convicción, en los términos siguientes: a) Denuncia de Heladio Adán Ortiz Chávez (00:35:35, 019377-2021-P02). Otorgó valor probatorio, pues refirió que cumple con el principio lógico de razón suficiente, ya que es evidente que esa persona fue quien resintió de manera directa la conducta atribuida a la imputada, lo que le genera convicción, dado que es una narración clara, cronológica y coherente de lo que vivió, además de que esos hechos los percibió por sí mismo, y por haber sido la persona que sufrió esta conducta, es innegable que ese conocimiento lo tuvo de manera directa; se encuentren plagada de detalles sobre el día, hora y forma en que acontecieron los hechos y la violencia económica, ya que da una explicación lógica y coherente de cómo es que conoce a la imputada, pues se trata de su esposa, narrando de momento a momento lo sucedido; además, su declaración no se contradice con el resto de los demás datos de prueba y se corrobora con diversos medios de convicción que elevan la credibilidad con la que cuenta, como lo es el dictamen contable emitido a su favor, recibos de pago y declaraciones de los testigos. De igual forma, señaló, que hasta ese momento no se contaba con datos objetivos de prueba que permitieran establecer que los hechos narrados por la víctima sucedieron de una manera diferente. b) Dos recibos de pago (00:37:30, 019377-2021-P02), el primero, fechado el trece de diciembre de dos mil catorce, firmado por la aquí quejosa Guillermina Gloria Ortiz García, en el que recibió la cantidad de cuatrocientos mil pesos por la venta de un terreno a Leoncio Sergio Chávez Zárate y, el segundo de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, por la cantidad de ochenta mil pesos. Concedió valor probatorio, por ser documentos que no fueron objetados y que robustecen lo narrado en la denuncia de la víctima. c) Dictamen contable de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (00:39:10, 019377-2021-P02), emitido por Judith Ramos García, perito contable de la Institución Ministerial. Confirió valor probatorio, al argumentar que cuenta con cédula profesional que la faculta para emitir este tipo de opiniones, además de que realizó sus valoraciones de manera metódica, a fin de determinar el monto de la cantidad de dinero materia de la violencia económica y porque llegó a su conclusión a través de diferentes formas, técnicas y metodologías, describiendo de manera clara estas últimas. d) Copia certificada del acta de matrimonio celebrada entre la víctima y la imputada, aquí quejosa (00:39:57, 019377-2021-P02). Concedió valor probatorio, al tratarse de un documento expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y con la cual se acredita el parentesco entre las partes procesales. e) Testimonios de Leoncio Chávez Zárate e Idelgarda Rosa Lustre (00:40:18, 019377-2021-P02). Merecen valor probatorio, toda vez que son testigos presenciales del momento en que fue entregada a la imputada, aquí agraviada, la cantidad de cuatrocientos ochenta mil pesos, en virtud de la compraventa de un bien inmueble propiedad de la víctima; además que corroboran lo denunciado por esta última, respecto de la cantidad de dinero que recibió Guillermina Gloria Ortiz García. Datos de prueba que una vez que fueron analizados por la juez de la causa, en su conjunto, llevaron a inferir la actualización del supuesto de violencia familiar, en su vertiente de violencia económica, ya que en esa estadía procesal son suficientes para demostrar los elementos de ese ilícito, a saber: I. Algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual. II. Que esa conducta ocurra dentro o fuera del domicilio. III. Que esa conducta sea desplegada sobre alguna persona a la que el sujeto activo esté, o haya estado unida, por una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. IV. Y como resultado de esa acción u omisión, se tenga una afectación económica. Pues, respecto a esos requisitos, la autoridad judicial adujo que (00:44:58, 019377-2021-P02): El primer elemento se tiene por acreditado con la declaración de la víctima, en la que describe la forma en que se desenvolvió la violencia económica. El segundo elemento, se corrobora con la referida declaración, dado que se advierte que el hecho ocurrió en el domicilio conyugal ubicado en calle Independencia número diecinueve, Ayoquezco de Aldama, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. El tercer elemento se encuentra satisfecho, toda vez que la imputada, aquí quejosa Guillermina Gloria Ortiz García, es esposa de la víctima, como quedó acreditado con el acta de matrimonio exhibida en la carpeta de investigación y valorada con anterioridad; y, El cuarto elemento se tuvo por demostrado con el testimonio de la víctima y testigos presenciales, así como con el dictamen contable, de los que se concluye existe un monto de cuatrocientos ochenta mil pesos que la quejosa recibió y que es, precisamente, el monto de la violencia económica o disposición del recurso compartido que se vulneró. De ahí que, contrario a lo que aduce la quejosa, se configura el núcleo esencial del delito que se le imputa, máxime si se considera que el artículo 19 constitucional, se basa en un alto grado de probabilidad de la participación del imputado en los hechos, y no de prueba plena, en virtud que para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere acreditar el cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y subjetivos) y la probable responsabilidad, sino que es menester únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo". Razón por la que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable; toda vez que los efectos que genera dicha resolución, se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Incluso, su emisión, no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Consideraciones que derivan, como se adujo, de la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2014800, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página: 360, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". De ahí que no asista la razón a la quejosa, respecto del argumento que vertió. Tercer concepto de violación. Asimismo, debe desestimarse por infundado, el diverso motivo de disenso esgrimido por la promovente del amparo, relativo a que los datos de prueba no son idóneos ni suficientes para establecer razonablemente la existencia de los elementos que integran el delito de violencia familiar, en su variante de violencia económica, en virtud que, dice: - La denuncia del ofendido Heladio Adán Ortiz Chávez, está formulada de acuerdo a los intereses de este último, por lo que, su credibilidad y valor probatorio debe estar supeditado a que se corrobore con diversos datos de prueba. - Respecto a los recibos de dinero que supuestamente firmó, no fueron objeto de un dictamen en grafoscopía, con la finalidad de determinar de manera científica que las firmas que calzan corresponden de su puño y letra, razón por la que, dice, no debió otorgársele valor probatorio, ya que no se tiene la certeza de que sean auténticos; y, - Por cuanto hace al dictamen contable emitido por la perito de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, si bien fueron emitidos por esa experta y su credibilidad no se cuestiona, lo cierto es que la perito lo emitió con base en la denuncia formulada por el ofendido y en los recibos de dinero ofrecidos como medios de convicción, por lo que no debe otorgársele valor probatorio, toda vez que adolece de un vicio sustancial que demerita su resultado. Ello se asevera, toda vez que la juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca apreció el cúmulo de datos de prueba señalados por la representación social, los que, en su conjunto, resultan idóneos y pertinentes para establecer la existencia de los hechos que se le imputan, así como su probable participación, dado que, en cuanto a la justificación de la existencia del hecho ilícito, debe atenderse a que en el nuevo sistema penal, se reduce el estándar demostrativo, por lo que en esta etapa es innecesario "acreditar" los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo, ya que sólo es necesario el estudio conceptual de los elementos esenciales y comunes del concepto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. También debe tomarse en consideración que el juez de la causa sólo cuenta con datos de prueba, consistentes en la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogados ante el órgano jurisdiccional, pues en esta fase debe evitarse su formalización a medios de prueba para no "contaminar" o anticipar algún juicio respecto a la demostración el delito y su autor, teniendo el juez la facultad de valorarlo de manera libre y lógica. De ahí que, conforme con el artículo 19 de la Constitución Federal, sólo es necesario que exista la probabilidad de que los imputados hayan participado en la comisión del hecho delictivo, lo que implica que los datos recabados hasta esta etapa procedimental sólo deben reunir el estándar demostrativo necesario para satisfacer tal extremo, lo que sí ocurre en este asunto. Además, debe tomarse en cuenta que la etapa procesal para desvirtuar los datos de prueba es la etapa intermedia y la diversa de juicio oral, siendo que en la etapa inicial o de investigación solo procede formalizar la investigación y señalar plazo para el cierre de la investigación complementaria, por lo que la quejosa se encuentra en libertad de aportar los medios de prueba idóneos y conducentes para desvirtuarlos, así como para acreditar su teoría del caso, quedando a salvo su derecho de defensa en la etapa correspondiente. Por lo expuesto, el concepto de violación que se analiza es infundado, porque para el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige un estándar probatorio pleno, pues el Ministerio Público no presenta pruebas que puedan acreditar el delito y la plena responsabilidad de los imputados, sino que sólo hace referencia al contenido de datos probatorios que establezcan a grado de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y la probable intervención de los quejosos en su comisión, lo que en el caso sí aconteció. En tales condiciones, no asiste la razón a la agraviada, al manifestar que la denuncia del ofendido Heladio Adán Ortiz Chávez, los dos recibos de dinero y el dictamen contable no pueden ser susceptibles de adquirir valor demostrativo para vincularla a proceso, porque, como lo sostuvo la juez de la causa, los datos de prueba aportados por la representación social son razonables, idóneos y pertinentes para establecer, al menos en grado de probabilidad, que la imputada participó en el ilícito que se le atribuye. Además, no obra algún dato de prueba que genere alguna duda razonable, capaz de destruir el cúmulo de datos que obran contra la peticionaria de derechos, los que en su conjunto son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho con apariencia de delito de violencia familiar, en su modalidad de violencia económica, previsto por el artículo 404, en relación con el diverso numeral 404 Bis, fracción IV y sancionado por el precepto 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca. Es aplicable la jurisprudencia número V.4o. J/3, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1105, del tomo XXII, de julio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Cuarto concepto de violación. Por otra parte, resulta infundado lo que alega la quejosa, en el sentido de que el auto de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 701/2021, debió verificarse al tenor de la jurisprudencia visible en la página 2388, libro 57, agosto de 2018, tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Al respecto, en la ejecutoria de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) , la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, el auto de vinculación a proceso sólo sujeta a una investigación formalizada o judicializada al imputado por determinado hecho considerado como delito. Asimismo, propuso un test de racionalidad para el estudio de los datos de prueba, en el sistema de justicia penal vigente en todo el país. Al respecto, se cita lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, en el amparo en revisión 60/2017: ". ¿cuál debe ser el estándar probatorio que debe cumplirse al realizar la ponderación de los datos de prueba a partir de los cuales se puede establecer que se ha cometido un hecho imputado como delito?, para ello se propone el siguiente test de racionalidad para el estudio de los datos, en el sistema de justicia penal vigente en todo el país: En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis: (teoría del caso) b) Los enunciados que integran la hipótesis; c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia sólo de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. (.) La valoración debe ser racional, es decir aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógica, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba o medios de prueba en conjunción con lo alegado para determinar que puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos, en esta etapa. En la situación de elegir una hipótesis se tratará de ver cuál de ellas ha sido demostrada, o al menos, en cuál tiene mayor probabilidad de ser cierta la afirmación sobre los hechos. Elegir una hipótesis, desde el punto de vista racional, tiene que ver con el contexto de descubrimiento, pues en él hay una operación intelectual que desde unos hechos controvertidos mediante la práctica de medios probatorios se puede formular un enunciado sobre aquéllos que coincidirá con la hipótesis elegida. De suerte que la elección de la hipótesis se hará con fundamento al examen de los medios disponibles que le den mayor probabilidad, que sea afirmada por mayores elementos de confirmación. La aceptabilidad de una hipótesis es un juico sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aun a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. La confirmación es una validación esencialmente no sujeta a verificación experimental, que se obtiene por inferencias sobre datos indirectos, que proporciona la contraparte. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. El auto de vinculación a proceso, requiere el grado de confirmación de una hipótesis, equivalente a su probabilidad inductiva (posibilidad sustancial o justa probabilidad. No necesariamente mejor que posible, en la etapa inicial). La probabilidad inductiva de una hipótesis aumenta o disminuye con -el grado de probabilidades de las regularidades, generalizaciones empíricas o máximas de experiencia de las cuales se parte- la cantidad y variedad de los datos de prueba. La regla que funda la conexión con los datos es una máxima de experiencia independiente de la validez científica, lo que significa que esa confirmación es en grados de probabilidad, nunca de certeza. El grado de confirmación de una hipótesis por los datos o medios de prueba es equivalente a su probabilidad, lo que significa que la confirmación en el procedimiento judicial viene dada por los conocimientos disponibles sobre los hechos obtenidos por los datos aportados. La probabilidad de una hipótesis aumenta con la cantidad y la variedad de los datos que la confirman. El juicio de aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. De manera que si la hipótesis no es confirmada por los datos disponibles, debe abandonarse. Pero si es confirmada, debe someterse aún a refutación examinando los posibles hechos que - de existir- invalidarían (o harían menos probable la hipótesis). Si finalmente la hipótesis no resulta refutada, porque no existen tales datos o medios de prueba, puede entenderse verificada; si por el contrario tales datos existen, debe abandonarse. Más importante que la necesidad de los datos o medios de prueba es la garantía del contradictorio, esto es, la posibilidad de la refutación o de la contraprueba. Mediante el contradictorio se posibilita la relación dialéctica de las partes, pues cada una tiene la posibilidad real para defender su propia hipótesis y desvirtuando la contraria. Por otra parte, el Juez de Control no entra en contacto personal con los hechos, sino con proposiciones relativas a éstos, las que vienen dadas en un determinado lenguaje que implica una carga de relativismo a explicitar y superar. Los hechos siempre son apreciados por el Juez a través de los datos o medios de prueba. Realmente lo que es objeto de prueba en el proceso son las afirmaciones de las partes. Así, una vez que tales aserciones se acrediten y puedan encuadrarse dentro de los presupuestos fácticos de una norma, ello acarreará una determinada consecuencia jurídica. La verosimilitud indica el grado de capacidad representativa de una descripción respecto de la realidad, pero nada aporta al grado de conocimiento, ello lo hacen los datos o medios de prueba. Dicha verosimilitud no es sino una aceptación por parte del Juzgador de la capacidad explicativa que puede tener una determinada hipótesis, siempre sujeta a verificación o refutación. En otras palabras, algo verosímil puede ser falso y algo no verosímil puede ser verdadero. La fijación de los hechos es establecer mediante análisis exhaustivo de los datos o medios de prueba qué hechos pueden ser declarados probados y cuáles no pueden considerarse como probados. Lo que se obtiene de los datos o medios de prueba es un conocimiento probable y no una certeza única y excluyente. La motivación de los autos y resoluciones resulta necesaria para dar concreción y realidad al respeto y cumplimiento de un debido proceso legal, demostrándose que ya no es suficiente la oralidad, publicidad y contrariedad. En conclusión, el test que se propone, tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis: Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado a través de los sentidos b) Los enunciados que integran la hipótesis; Razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, La valoración debe ser racional, es decir aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógica, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba o medios de prueba en conjunción con lo alegado para determinar que puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juico sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aun a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última." De la anterior transcripción se advierte que es necesaria la aplicación del test de racionalidad mencionado, de la siguiente manera: En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis: (teoría del caso). b) Los enunciados que integran la hipótesis. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia solo de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad de la rechazada . Atento a lo expuesto, contrario a lo que aduce la quejosa, el auto de vinculación a proceso decretado por la juez de la causa fue estudiado de acuerdo al test de racionalidad, en virtud que la citada autoridad judicial: 1. Enunció los datos de pruebas que establecen que la aquí quejosa cometió un hecho que la ley señala como delito y que participó en su comisión. 2. Se pronunció sobre esos datos de prueba aportados por la parte ofendida, destacando cual era la hipótesis por ella aceptada y las consideraciones que tomó en cuenta para resolver en tal sentido; y, 3. En consecuencia, aceptó la hipótesis vertida por el Ministerio Público, sopesando los datos de prueba que aportó. Por tanto, siguiendo el test de racionalidad que antecede, se estima apegada a derecho la valoración respecto a la acreditación del hecho ilícito, pues una vez valorados los antecedentes de investigación, se advierte que, respecto a este tópico, la juez responsable tomó en cuenta las constancias a que dio lectura el Ministerio Público y que obran en la carpeta de investigación. Igualmente es acertado lo considerado, en cuanto a la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa, participó en la comisión del hecho que se le atribuye, pues, para ello, la juez natural valoró los antecedentes de la investigación de forma racional, es decir, bajo las reglas lógicas y las máximas de experiencia; por ende, hasta este momento son aptos para acreditar, en grado probable, que la imputada, aquí quejosa, participó en su comisión. Quinto concepto de violación. Por último, es infundado el último concepto de violación que vierte la quejosa, al manifestar que la resolución impugnada es ilegal y transgrede en su perjuicio las prerrogativas reconocidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la autoridad responsable vulneró los requisitos de fundamentación y motivación exigibles a todo acto de autoridad, toda vez que, contrario a lo que alega, la autoridad judicial citó los artículos en que sostuvo lo decidido, expresó los motivos y argumentos tendientes a establecer por qué consideró que, en el caso, era procedente dictar auto de vinculación contra la agraviada, y expresó los motivos por los que concedía valor probatorio a los medios de convicción que fueron reseñados. Ante estas circunstancias, es evidente que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal, por lo que la resolución combatida no vulnera derechos fundamentales, en tanto que la autoridad responsable tomó en consideración y valoró las pruebas reseñadas por la representación social, así como lo alegado por las partes, con base en lo cual expresó el fundamento y los razonamientos pertinentes al caso concreto, lo que implica una adecuada fundamentación y motivación y que se satisfagan los requisitos del numeral en estudio; de ahí que sea infundado lo alegado por la impetrante del amparo. Analizadas las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y lo resuelto por la juez de Control, se considera que dicha determinación judicial se emitió cumpliendo con las exigencias que, para su legal dictado establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, ya que los datos que lo sustentan son aptos y suficientes para establecer que, de manera correcta, se tuvo por demostrado el hecho delictivo imputado, así como la probabilidad de que la aquí quejosa participó en su comisión Probable participación y forma de intervención. En relación con la probable participación de la quejosa, en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, en su modalidad de violencia económica, la autoridad responsable dijo que lo era a título de autora material (00:49:18, 019377-2021-P0), conforme a lo dispuesto en el artículo 11, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca, pues desplegó la conducta relativa a privar de forma intencionada de los recursos financieros a Heladio Adán Ortiz Chávez. Dolo. Refirió que su conducta es dolosa, en términos de la fracción I, del artículo 8º del Código Punitivo Estatal, además, que, señaló, no se advirtió, hasta ese momento, que a su favor existiera alguna causa de justificación, en términos del diverso numeral 14 de ese ordenamiento legal. Por lo expuesto, contrario a los argumentos de la quejosa, como lo estimó la responsable, se considera que la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, en la causa penal 701/2021, por la que la vinculó a proceso, cubre los presupuestos de forma y fondo para su dictado. Sin que en la especie se infrinja la presunción de inocencia de la impetrante, toda vez que el agente del Ministerio Público cumplió con su función persecutoria, pues hasta ese momento procesal se presentaron datos de prueba que acreditan, presumiblemente, la existencia de un hecho delictivo imputado a la quejosa, así como su probable participación en su comisión. Por tanto, al justificarse los extremos exigidos constitucionalmente para el dictado del auto de vinculación a proceso, es evidente que no existe detrimento al principio de presunción de inocencia de la promovente del amparo. Brinda sustento a lo expuesto, la tesis P. XXXV/2002, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, registro 186185, de contenido siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado"; en el artículo 21, al disponer que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público"; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos". En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado". En consecuencia, como los conceptos de violación son infundados y no se advierte que la autoridad responsable haya vulnerado derechos fundamentales que deba hacerse valer de oficio en suplencia de la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección de la Justicia Federal a la quejosa Guillermina Gloria Ortiz García. Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado de Distrito a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a la quejosa Guillermina Gloria Ortiz García contra el acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 701/2021, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, en su modalidad de violencia económica, previsto por el artículo 404, en relación con el diverso numeral 404 Bis, fracción IV, y sancionado por el precepto 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometido en agravio de Heladio Adán Ortiz Chávez. Lo que atribuye al juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca; en términos del considerando sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano de control constitucional.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintidós. Se agrega un oficio. Agréguese el oficio CAP/482/2022, del jefe del Centro de Atención al Público del Servicio Postal Mexicano, residente en la ciudad de Oaxaca, mediante el que remite copia del seguimiento dado al registrado postal MN680101693MX, que ampara la entrega del despacho con números de orden 6/2022 y origen 4/2022, dirigido al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 1313/2021 mesa 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. Se agrega un oficio. Agréguese un oficio del jefe del Centro de Atención al Público del Servicio Postal Mexicano, residente en la ciudad de Oaxaca, mediante el que, en atención al requerimiento que se le hizo en acuerdo de uno de febrero del año en curso, remite copia del seguimiento dado al registrado postal MN680101693MX, que ampara la entrega del despacho con números de orden 6/2022 y origen 4/2022, dirigido al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Como lo solicita la referida autoridad postal, se le concede una prórroga de cinco días, a fin de que remita el acuse de recibo relativo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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