Guillermina Flores Reyes

Expediente 1024/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1024/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Guillermina Flores Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo.

  2. Principal

    Del estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, transcurrió del cinco al nueve de noviembre del año en curso, sin que esta hubiera presentado escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de protección signada por +++, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común de Tepeaca de Negrete, Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de la lectura armónica e integral de la demanda se advierten diversas irregularidades, respecto de la delimitación del acto combatido. Para demostrar lo primero se hace notar que el capítulo específico del acto reclamado, contiene el señalamiento de la integración de una carpeta de investigación y una orden de aprehensión. Sin embargo, respecto del primer acto reclamado, podría actualizarse una causa de improcedencia debido a las obligaciones constitucionales previstas en el artículo 21 de la constitución, donde se faculta a los agentes del Ministerio Público a investigar los hechos delictivos. Ahora, en relación al segundo acto (orden de aprehensión) es impreciso, porque el reclamo de una orden de aprehensión implicaría la existencia de un proceso y se requeriría que la promovente señalara alguna autoridad judicial responsable a la cual le imputara dicha orden. Lo cual debe ser aclarado para que la responsable conozca la actuación específica por la cual debe rendir informe; y más porque las facultades de las autoridades señaladas en la demanda, son insuficientes para emitir una orden de aprehensión como se reclama en la demanda. Dichas aclaraciones se realizan en beneficio de la quejosa, puesto que se le dejaría en estado de indefensión respecto del acto que reclama. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, efectúe la siguiente aclaración:  Manifieste si insiste en señalar como acto reclamado la integración de una carpeta de investigación, pese a que se pudiera actualizar una causa de improcedencia respecto de dicho acto.  Precise qué acto o actos desea imputarles a los agentes ministeriales señalados como responsables al no estar facultados para emitir órdenes de aprehensión.  Y si insiste en señalar como acto reclamado la orden de aprehensión, deberá señalar a una autoridad judicial a la que se le impute, en lugar de las indicadas como ordenadoras;  Señale cuáles son los hechos y abstenciones que le atribuye a la o las autoridades que señale como responsables, y en su caso, si se trata de los mismos a que hace referencia en la demanda de protección de derechos. Se hace saber a la quejosa que al desahogar el requerimiento formulado, deberán exhibir copias del escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente forma: una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una (1) para cada una de las autoridades responsables, una (1) y una para el tercero interesado si lo hubiere. Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento formulado en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito inicial de demanda (las listas) y como autorizado a +++++, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que la promovente les otorgó facultades amplias y su cédula profesional se encuentra registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito y el restante autorizado en los términos restringidos que prevé el citado numeral, porque fue solicitado. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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