Guillermina Flores Alvarado
Expediente 760/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Guillermina Flores Alvarado
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja civil 247/2020, por lo que destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por resultar innecesarias. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se resolvió infundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto por el cual se desechó la demanda, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 247/2020. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; en atención a su contenido se provee: Dígasele a la promovente que por el momento no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, en el sentido de que se certifique que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que de autos se desprende que aún no transcurre el mismo. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve Guillermina Flores Alvarado, quien se ostenta única y universal heredera y albacea ejecutor del juicio sucesorio testamentario a bienes de Ángel Mario Álvarez Soria y/o Ángel Mario Álavarez Soria, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que estima violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 760/2020-VIII, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse. En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Los preceptos aludidos facultan al órgano constitucional a desechar la demanda constitucional cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, al estimar que se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En la especie, se aprecia que se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que la parte quejosa reclama la determinación de veintiuno de septiembre del presente año, dictada en el toca 375/2020, mediante la cual, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolvió que resultó procedente la incompetencia por declinatoria interpuesta por los demandados en el expediente 658/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, y declarando que el competente para conocer del referido asunto es el Juez Civil del Municipio de Encarnación de Diaz, en el Estado de Jalisco. Es así, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que si bien el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinan inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, lo cierto es que no podía entenderse en su literalidad, en tanto que era necesario que dicho auto fuera definitivo y produjera una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, lo cual ocurriría una vez que el órgano a favor del que se declinaba la aceptara (incompetencia por declinatoria); o bien, cuando se inhibiera el conocimiento del asunto (competencia por inhibitoria), porque era cuando se producían todas las consecuencias del acto impugnado y una afectación personal y directa al agraviado. Entonces, si la resolución combatida es un planteamiento de incompetencia, del cual la autoridad a favor de quien se declinó no ha determinado si la acepta o no; por ende, resulta indudable que tal determinación reclamada es un acto que, por su naturaleza, no es definitivo, dado que el órgano puede aceptarla o no hacerlo; y, en su caso, podría suscitar un conflicto competencial, el cual sería resuelto por la autoridad correspondiente, razón de más para determinar que la determinación de la responsable aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, si el acto reclamado, tal y como se precisó, no es definitivo, pues está sometido a la determinación que, en su caso y en su momento, emita la autoridad a la cual se le planteó la competencia, no altera las cuestiones que dieron origen a la controversia, y mucho menos deja sin defensa a las partes respecto del mismo, lo que permite concluir que no irroga ningún perjuicio a la parte quejosa pues no vulnera materialmente derecho sustantivo alguno. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracción VIII, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda; como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Ricardo Daniel Elizondo Alonso, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a Héctor López Monsiváis León y Diana Griselda Elizondo Tapia, toda vez que las cédulas profesionales proporcionadas no se encuentran registradas en el referido sistema computarizado. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Por último, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Guadalupe Martínez Rendón117/2021
- Guadalupe San Pedro Torres Camacho8/2018
- Guadalupe Sanchez Castillo961/2022
- Guadalupe Sánchez Castillo1215/2023
- Guillermina Altamirano Corona501/2019
- Guillermina Andrade Romero597/2017
- Guillermina Mendoza Gonzalez93/2023
- Guillermina Negrete Alaya480/2018
- Guillermina Rosas Aguirre739/2018
- Guillermo Acebo Zarzosa102/2019
- Guillermo Aguilar Navarro701/2021
- Guillermo Alberto Padron Mercado291/2023