Guillermina Enriqueta Martínez Morales

Expediente 2079/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 34 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2079/2015
Año
2015
Actuaciones
34
Última actuación
20/06/2016

Partes del expediente

  • Guillermina Enriqueta Martínez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    En veinte de junio de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 2079/2015-6.- DOY FE. En la misma fecha la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veinte de mayo de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que tanto el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud que en relación al primero se decretó el sobreseimiento; y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse al Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio en el estado de Guanajuato con sede en la ciudad del mismo nombre y Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Miguel Auza, Zacatecas, las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil M21/2015 y del exhorto 102/2015, que en su oportunidad remitieron en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. DOY FE. *María del Carmen*

  2. Principal

    En treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con un escrito registrado con el folio 10434. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el licenciado Martín Balderas Lugo en su carácter de autorizado de la parte quejosa. Atento a su contenido, y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágasele la devolución de los documentos que menciona en su ocurso, previa copia certificada que se deje en autos y razón que por su recibo se asiente, asimismo, entréguense a la persona que autoriza para tal efecto. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. *María del Carmen*

  3. Principal

    En treinta de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el escrito con registro 10316. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de mayo de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Elliot Quiroz Juárez; por el que solicita se sobresea fuera de audiencia el presente juicio, al respeto dígasele que no ha lugar a acordar su petición, en atención a que el veinte del mes y año en curso, se dictó la sentencia correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. *María del Carmen*

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2079/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el trece de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, GUILLERMINA ENRIQUETA MARTÍNEZ MORALES, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades y actos, que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Como ordenadora lo es el Juez Primero Civil de Partido, Especializado de Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato. Como ejecutora, la actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Miguel Auza, Zacatecas. ACTOS RECLAMADOS Lo constituye el auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, mediante el cual, el juez Civil del Partido, Especializado en Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato autorizó se girara exhorto al Juzgado de Miguel Auza, Zacatecas, a fin de que en auxilio de este se emplazara a Ma. Dolores González Martínez en el domicilio de la suscrita y el cual fue llevado citatorio en fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, en el juicio ejecutivo mercantil marcado con el número M21/2015 radicado en el Juzgado Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato. En contra de la señorita Ma. Dolores González Martínez. Tal acto me afecta porque se pretende emplazar en un domicilio que no es el de la destinataria de esa diligencia, sino que es el de la suscrita y el cual nada tengo que ver en ese asunto". 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular en auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 2079/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: a). El auto de dieciocho de junio del año dos mil quince, emitido por la juez Civil del Partido Especializada en Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual ordenó el emplazamiento a Ma. Dolores González Martínez en el domicilio de la quejosa Guillermina Enrique Martínez Morales, dentro del juicio ejecutivo mercantil marcado con el número M21/2015. b). Citatorio de veinticinco de septiembre de dos mil quince, que se dejó en el domicilio de la quejosa. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: La Juez Primero Civil de Partido Especializada en Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato, al rendir su informe justificado reconoció el acto que se le reclama, en razón a que el dieciocho de junio de dos mil quince, se ordenó remitir exhorto al Juez competente del distrito judicial de Miguel Auza, Zacatecas, para que ordenara a quien correspondiera se constituyera al domicilio ubicado en calle Camilo Arriaga número veinte centro de Juan Aldama, Zacatecas, el que fue señalado como de la demandada Ma. Dolores González Martínez, a quien debería requerirse por el pago de las prestaciones. (foja 74). En este sentido, es aplicable, la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La certeza anterior se corrobora con las documentales que adjuntó como soporte a su informe la Juez responsable, consistentes en copia fotostáticas certificadas del juicio mercantil ejecutivo número M21/2015, que remitió como justificación de sus actos; documentales que tienen pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última y de las cuales se demuestra la existencia de los actos reclamados. Al respecto, es aplicable, el contenido de la jurisprudencia de rubro y texto siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." A su vez, la actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado, en primera instancia reconoció la existencia del acto reclamado que se le atribuye, en razón a que efectivamente se recibió en ese juzgado exhorto procedente del Juzgado Primero Civil de Partido, Especializado en Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato, sin embargo, en la última parte de su informe niega el acto que se le atribuye en razón a que fue devuelto el exhorto sin diligenciar por no haberse perfeccionado la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento por las razones y motivos expuestos en las actas de veinticinco de septiembre del año próximo pasado, pero que la citada Actuaria no entendió la diligencia con la quejosa Guillermina Enriqueta Martínez Morales, ya que las diligencias en las que tuvo intervención lo fue con Verónica González Martínez, quien dijo ser hermana de la demandada Ma. Dolores González Martínez (foja 78). Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada toda vez que la autoridad ordenadora Juez Primero Civil de Partido Especializada en Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato, aceptó el acto reclamado, en tanto que a las autoridades ejecutoras les corresponde ejecutar la orden de requerimiento de pago y embargo, por tanto, queda demostrado la existencia del acto. Ilustra a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS RECLAMADOS A LAS. CASO EN QUE SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA RENDIDA POR ÉSTAS. Si se presumen ciertos los actos de la autoridad ordenadora, por no rendir su informe justificado, esa presunción es suficiente para desvirtuar la negativa que respecto de los actos reclamados produzcan las autoridades ejecutoras, pues correspondiendo a éstas dar cumplimiento a las órdenes combatidas, debe considerarse inminente el que se realicen también los actos de ejecución". III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El suscrito resolutor, de oficio advierte que del análisis del presente juicio de garantías, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio de garantías en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción IV y 77, de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndolo transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así las cosas, la parte quejosa señaló como acto reclamado, el acuerdo dieciocho de junio de dos mil quince, emitido por la Juez Primero Civil de Partido Especializada en Extinción de Dominio de Guanajuato, Guanajuato, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil M21/2015, promovido por Ma. del Rosario de Fátima Martínez Delgado, por conducto de sus endosatarios, licenciados Elliot Quiroz Juárez, Luis Felipe Tamayo Galván, Eugenio Godínez Quiroz y Gloria Juárez Sandoval, en contra de Ma. Dolores González Martínez. A fin de testificar la acreditación de la causa de improcedencia en estudio, debemos exponer los antecedentes del acto reclamado y que son: 1. En dicho auto la citada juez responsable ordenó remitir exhorto al Juez competente del distrito judicial de Miguel Auza, Zacatecas, para que ordenara a quien correspondiera se constituyera al domicilio ubicado en calle Camilo Arriaga número veinte centro de Juan Aldama, Zacatecas, que fue señalado como de la demandada Ma. Dolores González Martínez, a quien debería requerirse por el pago de las prestaciones reclamadas. (fojas 23 a 26 del cuaderno de pruebas). 2. Exhorto que fue recibido por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Miguel Auza, Zacatecas, al que se le asignó el número 102/2015, mismo que se devolvió a su lugar de origen sin diligenciar por no haberse perfeccionado la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento por las razones y motivos expuestos en las actas de veinticinco de septiembre del año próximo pasado (fojas 58 a 71 del cuaderno de pruebas). 3. Mediante escrito registrado con el número 4414 (foja ciento dos), el tercero interesado Eliot Quiroz Juárez, solicitó se decretara el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, toda vez que ante la autoridad responsable presentó desistimiento de procedimiento en el juicio ejecutivo mercantil por haber surtido el cómputo de caducidad. 4. Razón por la cual, se giró oficio a la Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio en el estado de Guanajuato con sede en la ciudad del mismo nombre, a efecto de que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído remitiera a este Juzgado Federal copia certificada del auto relativo al desistimiento que refiere el aquí tercero interesado, o de no serle posible, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Luego, la mencionada autoridad responsable remitió copia certificada del auto de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento del procedimiento en el juicio ejecutivo mercantil M21/2015 con motivo del desistimiento planteado por el tercero interesado Eliot Quiroz Juárez (fojas 108 a 115), mismo que literalmente dice: [.] Guanajuato, Guanajuato, a 29 veintinueve de febrero del 2016 dos mil dieciséis. Agréguese al expediente el escrito presentado en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado el día 25 veinticinco de los corrientes, suscrito por ELLIOT QUIROZ JUÁREZ. Se tiene al ocursante desistiéndose de este procedimiento, por lo que opera el sobreseimiento de la instancia al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 373 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria al Código de Comercio. Por lo anterior, se ordena dar salida a este expediente en el libro de registro de este juzgado, dando aviso a la autoridad respectiva mediante estadística y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Hágase la devolución de la documento a que se anexó al juicio, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la precitada legislación. [.] Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que si bien es cierto, que mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil quince, emitido por la Juez Primero Civil de Partido Especializada en Extinción de Dominio en el Estado de Guanajuato con sede en la ciudad del mismo nombre, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil M21/2015, se ordenó el emplazamiento de la demandada Ma. Dolores González Martínez, en el domicilio ubicado en calle Camilo Arriaga número veinte centro de Juan Aldama, Zacatecas y que constituye el acto reclamado, también existen constancias que demuestran que en el citado juicio mercantil existe un desistimiento por parte del ahora tercero interesado Elliot Quiroz Juárez y luego se decretó el sobreseimiento de la instancia al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 373 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria al Código de Comercio. Por tanto, al haberse decretado el sobreseimiento en el citado juicio, es inconcuso que ello se traduce en que la impetrante de garantías fue restituida en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Motivo por el cual con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Sirven de sustento a lo anterior, las Jurisprudencias de los rubros y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. " "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal ." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la nueva Ley de Amparo, R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, promovido por GUILLERMINA ENRIQUETA MARTÍNEZ MORALES, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el considerando II.2.1. de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinte de mayo de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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