Guillermina de Hoyos Rodríguez
Expediente 1276/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/08/2016
Partes del expediente
- Guillermina de Hoyos Rodríguez
- Guillermina de Hoyos Rodríguez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio en que se actúa, con dos anexos y un sobre amarillo derivados del mismo, debido a que el recurso de revisión no se encuentra integrado, en virtud que el auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, a través del cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión de la parte quejosa, debe notificarse en forma personal a todas las partes del juicio. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Atento a lo anterior, del estado de los autos se advierte que el auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, a través del cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión de la parte quejosa, se notificó en forma personal a la autoridad responsable y a las demás partes por medio de lista que se fija en los estrados del juzgado. Por tanto, se ordena notificar en forma personal el auto en mención, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, debiéndole correr traslado con copia del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. También, se ordena notificar personalmente el auto en comento, a la parte quejosa y terceros interesados ***********************, en virtud que señalaron domicilio procesal en la residencia de este juzgado o zona conurbada, para oír y recibir notificaciones, debiéndoles correr traslado con copia de dicho recurso. A la moral tercera interesada ******************, se ordena notificar el auto de veintinueve de junio actual, así como los subsecuentes aún los de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados del juzgado, pues a la data han omitido señalar domicilio en la residencia de este juzgado para oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo ordenado en auto de veintiocho de enero en curso. Por último, una vez hechas las notificaciones de referencia, remítase el presente juicio con sus anexos, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para la substanciación del recurso de revisión, que quedó registrado con el número 130/2016 de su índice.
- Principal
Establecido lo anterior, con la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1276/2016. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo a que se refiere la razón de cuenta que antecede, se tiene que la parte quejosa reclama la emisión de la sentencia de catorce de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ********, del índice de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante la cual se declara infundado el recurso de reclamación que interpuso en contra del auto de seis de mayo del año en curso, que desechó la prueba pericial en ingeniería civil que ofreció en el escrito de ampliación de demanda. En los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la quejosa, refiere que por escrito presentado ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el siete de marzo de dos mil catorce, demandó la nulidad de la resolución administrativa contenida en el acuerdo de cinco de agosto de dos mil quince, emitido por el Consejo Consultivo Delegacional de la Delegación en el Estado de Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, que resolvió el recurso de inconformidad número *****, interpuesto por la quejosa en contra de la resolución administrativa consistente en el oficio *******, de veinte de febrero de dos mil quince, determinante DE diversos créditos fiscales (sic), emitido por la Subdelegación Puebla Sur de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Agrega que en el referido escrito, ofreció como pruebas a su favor, entre otras, la prueba pericial en ingeniería civil, por lo que la Sala responsable mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, tuvo por admitidas unas pruebas y concedió un término para que ampliara su escrito inicial de demanda. En cumplimiento a lo anterior, la quejosa amplió su demanda ofreciendo como pruebas, entre otras, la prueba pericial en ingeniería civil; ello en virtud que en el oficio de contestación respectivo, la autoridad responsable exhibió un avalúo; probanza que dice ofreció con la finalidad de acreditar que el dictamen pericial formulado por el experto en la materia (sic), exhibido por la demandada en su contestación de demanda. Con posterioridad, el catorce de junio del año en curso (sic), la autoridad responsable tuvo por admitida la ampliación de demanda presentada por la quejosa; sin embargo, desecho la prueba pericial en ingeniería civil que ofreció en la misma -acto reclamado-; inconforme con tal determinación, el doce de mayo del año en curso, interpuso recurso de reclamación, el cual se resolvió mediante interlocutoria de catorce de junio de dos mil dieciséis, en el sentido de declarar infundado dicho recurso y confirmó el proveído de seis de mayo del año que transcurre. En ese orden, tenemos que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, interpretado a contrario sensu, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que quedó señalado, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable; en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquéllos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como son la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera, y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías individuales. Por lo que, en estos casos pueden repararse esas violaciones a través del amparo biinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio, ya que la emisión de la sentencia de catorce de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ********, del índice de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante la cual se declara infundado el recurso de reclamación que interpuso la quejosa en contra del auto de seis de mayo del año en curso, que desechó la prueba pericial en ingeniería civil que ofreció en el escrito de ampliación de demanda, constituye una violación procesal que podría o no trascender al fondo del asunto; por lo que, en su caso, la quejoso en su carácter de actor en el juicio de origen, puede seguir haciendo uso de sus derechos para obtener una sentencia favorable a sus intereses y, sólo en caso de que ésta le sea adversa, podrá combatirla mediante el juicio de amparo directo, por supuesto, argumentando las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hubieren sido motivo de la determinación que considera violatoria de sus garantías, por contravención a la fracción III del artículo 172 de la Ley de la Materia. Así, el acto que por esta vía constitucional se combate, consiste en una determinación emitida en la substanciación de un procedimiento seguido ante un tribunal administrativo, que no tiene consecuencias que colmen los extremos de irreparabilidad, para la procedencia del amparo contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los efectos que produce el acto reclamado pueden subsanarse con el dictado de una sentencia favorable a la promovente, es decir, el acto reclamado tiene como consecuencia una afectación a los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de éste pueden ser reparables si la afectada obtiene resolución favorable. En tales condiciones, se desecha de plano por su notoria improcedencia la demanda origen de este juicio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en la demanda, y por autorizadas para esos fines en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en la misma; con excepción de *********, quien queda autorizado en términos amplios del párrafo primero del citado precepto, pues cuenta con registro de cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en virtud que el artículo 27 de la citada ley, se refiere a la forma en que habrán de practicarse las notificaciones en los juicios de amparo. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Con apoyo en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. En último lugar, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General conjunto 1/2015, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, como está dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la citada Ley de Amparo, así como 90 y 92 del también referido Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, se comisiona al Secretario, a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado.
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