Guillermina Covarrubias Bautista

Expediente 302/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
302/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/05/2022

Partes del expediente

  • Guillermina Covarrubias Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA GUILLERMINA COVARRUBIAS BAUTISTA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista el escrito inicial de demanda de amparo por quien se ostenta como Guillermina Covarrubias Bautista, contra actos que atribuye al Juez Primero Menor Mixto de Zamora, en Michoacán; se manda formar expediente, y regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 302/2022. Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 16 dieciséis de mayo de 2022 dos mil veintidós, consistente en la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Menor Mixto de Zamora Michoacán.". INCOMPETENCIA. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridades responsables, los siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 16 dieciséis de mayo de 2022 dos mil veintidós, consistente en la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Menor Mixto de Zamora Michoacán.". Autoridad responsable: Juez Primero Menor Mixto de Zamora, en Michoacán. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquél Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Luego, resulta claro que el acto reclamado, lleva inmersa una ejecución material, cuya ejecución tiene lugar en Zamora, Michoacán, al tomar en consideran que el acto reclamado, en esencia, es la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en un incidente de liquidación de sentencia relativa al juicio ejecutivo mercantil, bajo el número 936/2016, del índice de Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, quien bajo su potestad lleva el proceso del cual se requiere su ejecución a través de la liquidación de lo condenado. Por lo anterior, se desprende que el Juez competente para conocer de la presente demanda, será un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, en turno, quien tiene jurisdicción en el lugar donde tiene ejecución el acto reclamado, esto es, en Zamora, Michoacán, porque si bien, la parte queja afirma, la posible y eventual existencia de una orden de embargo, derivada del citado incidente de liquidación de sentencia, este es un acto, que no se menciona como actual en dicha demanda, de ahí que en términos de la misma, lo jurídica y materialmente cierto es la existencia de una resolución que determina la cantidad que debe pagarse con motivo de ese juicio, por tanto, la competencia para conocer la presente demanda de amparo, corresponde al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en la sede de la autoridad responsable quien bajo su potestad está a cargo de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil de referencia, cuya sede se ubica en Zamora, Michoacán, por ende a un Juzgado de Distrito con residencia en Morelia, tal como lo dispone el artículo 37 de la ley de la materia, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacàn con residencia en Morelia en turno, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, tal circunstancia faculta a este Órgano Jurisdiccional para ordenar que las notificaciones, aún las de carácter personal, se practiquen por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y autorizando únicamente para imponerse de los autos a Andrea Celeste Trejo Policki, toda vez que como de la certificación de cuenta se advierte que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por tanto, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico Lictrejopol1706@gmail.com, para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; en entendido que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable hacer alguna notificación personal o que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente al quejosa a través de estrados.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista el escrito inicial de demanda de amparo por quien se ostenta como Guillermina Covarrubias Bautista, contra actos que atribuye al Juez Primero Menor Mixto de Zamora, en Michoacán; se manda formar expediente, y regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 302/2022. Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 16 dieciséis de mayo de 2022 dos mil veintidós, consistente en la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Menor Mixto de Zamora Michoacán.". INCOMPETENCIA. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridades responsables, los siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 16 dieciséis de mayo de 2022 dos mil veintidós, consistente en la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Menor Mixto de Zamora Michoacán.". Autoridad responsable: Juez Primero Menor Mixto de Zamora, en Michoacán. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquél Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Luego, resulta claro que el acto reclamado, lleva inmersa una ejecución material, cuya ejecución tiene lugar en Zamora, Michoacán, al tomar en consideran que el acto reclamado, en esencia, es la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en un incidente de liquidación de sentencia relativa al juicio ejecutivo mercantil, bajo el número 936/2016, del índice de Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, quien bajo su potestad lleva el proceso del cual se requiere su ejecución a través de la liquidación de lo condenado. Por lo anterior, se desprende que el Juez competente para conocer de la presente demanda, será un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, en turno, quien tiene jurisdicción en el lugar donde tiene ejecución el acto reclamado, esto es, en Zamora, Michoacán, porque si bien, la parte queja afirma, la posible y eventual existencia de una orden de embargo, derivada del citado incidente de liquidación de sentencia, este es un acto, que no se menciona como actual en dicha demanda, de ahí que en términos de la misma, lo jurídica y materialmente cierto es la existencia de una resolución que determina la cantidad que debe pagarse con motivo de ese juicio, por tanto, la competencia para conocer la presente demanda de amparo, corresponde al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en la sede de la autoridad responsable quien bajo su potestad está a cargo de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil de referencia, cuya sede se ubica en Zamora, Michoacán, por ende a un Juzgado de Distrito con residencia en Morelia, tal como lo dispone el artículo 37 de la ley de la materia, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacàn con residencia en Morelia en turno, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, tal circunstancia faculta a este Órgano Jurisdiccional para ordenar que las notificaciones, aún las de carácter personal, se practiquen por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y autorizando únicamente para imponerse de los autos a Andrea Celeste Trejo Policki, toda vez que como de la certificación de cuenta se advierte que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por tanto, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico Lictrejopol1706@gmail.com, para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; en entendido que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable hacer alguna notificación personal o que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente al quejosa a través de estrados.

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