Guillermina Bautista Bautista
Expediente 628/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Guillermina Bautista Bautista
Actuaciones
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Cumplimiento a la prevención. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa **********, mediante el cual da cumplimiento con la prevención realizada en auto de cinco de noviembre del año en curso; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento realizado en autos y se provee en los siguientes términos. Desechamiento de la demanda. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Como premisa debe destacarse que la parte quejosa reclama el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, en el que se declara que causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, y se faculta al diligenciario para que requiera el cumplimiento de lo ordenado en dicho fallo. En la referida sentencia, de conformidad con lo manifestado -bajo protesta de decir verdad- por la parte quejosa, y como se aprecia de la copia certificada que de dicho fallo que se exhibió con el escrito de cuenta, se observa que se declaró la constitución y reconocimiento de una servidumbre legal de paso en favor del predio dominante propiedad de los actores y que deben soportar los predios sirvientes propiedad de los demandados; para lo cual se estableció que, entre otras cuestiones, se debía demoler la barda de blocks edificada por los demandados. Al respecto se estima que se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento. De la intelección de las porciones normativas mencionadas se obtiene que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en contra de actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no sean la última resolución dictada en dicho procedimiento; excepto si sus efectos son de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y tratados internacionales. Así es, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional en contra de actos de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio. El segundo párrafo de dicha fracción establece que "si se trata de actos de ejecución de sentencia" sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; es decir, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior se colige que, entre los actos realizados después de concluido el juicio, existen unos que guardan relación directa con la ejecución de la sentencia y otros que no. Los primeros son conocidos como actos dictados en ejecución de sentencia y los segundos propiamente como actos autónomos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 19/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 162152, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción que se analiza, en contra de los actos precisados en segundo término, esto es, los de ejecución de sentencia; solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Así, tratándose de un acto de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución; pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el particular, el Máximo Tribunal del País ha establecido un criterio del que se colige que la amplitud de la norma establecida en dicha fracción da pauta para interpretar la diversa fracción IV, sin que sea procedente realizarlo a la inversa. De modo que debe estimarse que cuando existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia (fracción IV) que afecten de manera directa derechos sustantivos (fracción V) ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para establecer la procedencia del juicio de amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 163152, de epígrafe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Del criterio jurisprudencial invocado se advierte que para la procedencia del juicio de amparo en contra de actos previstos en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (fracción IV del artículo 107 de ley vigente) resulta aplicable excepcionalmente, por analogía, la fracción IV de dicho precepto abrogado (ahora fracción V del citado numeral 107). De esta forma, el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia (es decir, anteriores a la última resolución emitida en dicho procedimiento) siempre que se trate de actos de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos) pero, además de conformidad con la jurisprudencia en cuestión, que dichos actos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. El último requisito exigido se entiende necesario, pues si el acto reclamado dictado en un procedimiento de ejecución, no obstante afectar derechos sustantivos, guarda relación directa con la cosa juzgada en el juicio natural, esto es, sobre la cuestión ya decidida en dicho juicio; no es dable obstaculizar o retardar la ejecución del fallo con el análisis de cuestiones que derivan directamente de éste, de manera que su análisis se reserva hasta el amparo que se promueva en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución (regla general establecida en la fracción IV). En este orden de ideas, tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, el Juez de Distrito debe definir si se trata de un acto de imposible reparación, es decir, si afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución o tratados internacionales y, además, de ser así, determinar si dicho acto es o no ajeno a la cosa juzgada. En síntesis, conforme a lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es dable considerar que tratándose de los actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo en la vía indirecta procede excepcionalmente en contra de uno intermedio, esto es, anterior a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre que se cumplan dos requisitos: i. Que sus efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución federal y tratados internacionales. ii. Que sean ajenos a la cosa juzgada. Atento a las consideraciones expuestas, puede establecerse que el acuerdo reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, dado que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. Ahora, a pesar de que el acto reclamado conlleva una afectación al patrimonio del quejoso al ordenarse la demolición de una barda -lo que podría considerarse una afectación a derechos sustantivos-, lo cierto es que esa afectación está vinculada con la cosa juzgada en el juicio de origen. Es así, pues como lo reconoce la justiciable, la sentencia cuyo cumplimiento se requiere a través del acuerdo reclamado, se estableció expresamente que el reconocimiento y constitución de la servidumbre legal de paso, conlleva la demolición de la barda que construyeron los demandados, entre los que figura la aquí quejosa. Así, es factible sostener que el acuerdo reclamado, esto es, el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, no es ajeno a la cosa juzgada, precisamente, porque lo que se controvierte involucra lo sentenciado en el juicio. Por tal motivo, las inconformidades de la parte quejosa -vencida en el juicio de origen- solo podrán hacerse valer, como violaciones al procedimiento de ejecución, hasta que se dicte la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al fallo, u ordene el archivo definitivo del expediente. En efecto, si el principal reclamo de la parte quejosa radica en que -bajo su consideración- debe acreditarse el pago de los perjuicios que ocasiona el derrumbe de la barda, antes de que se concrete esa demolición; al estar involucrada una cuestión atinente a la cosa juzgada, ello solo puede examinarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, como violación al procedimiento. De no obrar en el sentido apuntado, se permitiría que de manera injustificada se retarde el cumplimiento de una sentencia definitiva, respecto de la cual la parte vencida -aquí quejosa- ya tuvo oportunidad de defenderse y, en todo caso, las afectaciones que pueda resentir y que estén vinculadas con la cosa juzgada, las podrá reclamar hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Por tanto, es dable afirmar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ( Proporciona correo y número telefónico. Por otra parte, se tiene como medios de contacto de la promovente -únicamente para ser localizada- el correo electrónico carlosalbertohernandezlopez30@gmail.com y el número telefónico 246-216-99-52; lo anterior, como una forma especial y expedita de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Roberto César Morales Corona, que autoriza. Doy fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cinco de noviembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 628/2020-II. ( Cuestión previa. De la lectura de la demanda inicial de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil de acción confesoria de servidumbre legal de paso, en el que se declaró que causó ejecutoria la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, y se facultó a la diligenciaria para que se constituyera en el domicilio de los demandados y procediera a dar cumplimiento a los puntos resolutivos de la sentencia. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados, se señaló que el catorce de octubre -sin especificar de qué año- la quejosa fue requerida para entregar la posesión de la servidumbre de paso y efectuar la demolición de una barda. Lo anterior genera incertidumbre sobre la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado -acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte- y si con posterioridad a ese acuerdo reclamado se emitió un diverso requerimiento en relación con el cumplimiento de la sentencia. Además de que, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, se precisa conocer con mayor amplitud los términos en que se dictó la sentencia definitiva y el acuerdo o acuerdos que se han emitido para lograr su cumplimiento. En particular, se requiere conocer cuáles son las determinaciones concretas que ordenó el juez de origen en cuanto a la demolición de la barda que se encuentra en la servidumbre legal de paso. ( Prevención. Consecuentemente, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 114, fracción II, en relación con el numeral 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve; con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a todas las partes que finalmente deban conocer de la misma, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1. Precise la fecha en que le fue notificado o tuvo conocimiento del acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte. 2. Aclare en qué términos se dictó la sentencia definitiva y el acuerdo o acuerdos que se han emitido para lograr su cumplimiento; en particular, sobre el contenido del acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte y el que se le notificó el catorce de octubre de este año. En particular, precise cúales son las determinaciones concretas que ordenó el juez de origen en cuanto a la demolición de la barda que se encuentra en la servidumbre legal de paso. ( Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a lo requerido, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. ( Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase al impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ( Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. Del mismo modo, como a partir del tres de agosto del presente año, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. ( Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en tanto que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ( Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Roberto César Morales Corona, que autoriza. Doy fe.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, cinco de noviembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 628/2020-II. ( Cuestión previa. De la lectura de la demanda inicial de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil de acción confesoria de servidumbre legal de paso, en el que se declaró que causó ejecutoria la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, y se facultó a la diligenciaria para que se constituyera en el domicilio de los demandados y procediera a dar cumplimiento a los puntos resolutivos de la sentencia. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados, se señaló que el catorce de octubre -sin especificar de qué año- la quejosa fue requerida para entregar la posesión de la servidumbre de paso y efectuar la demolición de una barda. Lo anterior genera incertidumbre sobre la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado -acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte- y si con posterioridad a ese acuerdo reclamado se emitió un diverso requerimiento en relación con el cumplimiento de la sentencia. Además de que, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, se precisa conocer con mayor amplitud los términos en que se dictó la sentencia definitiva y el acuerdo o acuerdos que se han emitido para lograr su cumplimiento. En particular, se requiere conocer cuáles son las determinaciones concretas que ordenó el juez de origen en cuanto a la demolición de la barda que se encuentra en la servidumbre legal de paso. ( Prevención. Consecuentemente, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 114, fracción II, en relación con el numeral 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve; con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a todas las partes que finalmente deban conocer de la misma, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1. Precise la fecha en que le fue notificado o tuvo conocimiento del acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte. 2. Aclare en qué términos se dictó la sentencia definitiva y el acuerdo o acuerdos que se han emitido para lograr su cumplimiento; en particular, sobre el contenido del acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte y el que se le notificó el catorce de octubre de este año. En particular, precise cúales son las determinaciones concretas que ordenó el juez de origen en cuanto a la demolición de la barda que se encuentra en la servidumbre legal de paso. ( Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a lo requerido, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. ( Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase al impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ( Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. Del mismo modo, como a partir del tres de agosto del presente año, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. ( Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en tanto que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ( Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Roberto César Morales Corona, que autoriza. Doy fe.
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