Guillermina Alcala Jauregui
Expediente 693/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Guillermina Alcala Jauregui
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Parte quejosa designa nuevo domicilio procesal. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene al autorizado de la parte quejosa señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** de esta ciudad; ello, únicamente para el caso de que se presente alguna imposibilidad para practicárselas vía electrónica.
- Principal
Causa estado auto... Archívese el presente asunto como definitivamente concluido.
- Principal
Vista la cuenta que antecede se provee: I. Quejosa desahoga prevención. Agréguese el escrito signado, vía electrónica, por el autorizado en términos amplios de la quejosa, mediante el cual refiere que no es deseo de la promovente del amparo la ampliación de demanda. II. Se sobresee en el juicio (fuera de audiencia). En consecuencia, debido a que la quejosa no señaló como acto reclamado la respuesta dada a su petición, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]. La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca o porque ocurra una situación de hecho o de derecho que lo destruya, pero ello da lugar a una nueva situación que destruye la que dio origen al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, visible en la página 38, de rubro y texto siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. El anterior fundamento resulta aplicable respecto a los diversos criterios de jurisprudencia que más adelante se invocan. Para estimar actualizada la causal de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes elementos: a) De un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, puesto que la quejosa estima como acto lesivo a sus derechos la falta de contestación al escrito que presentó el veintitrés de febrero del año en curso, ante la Directora de Impuestos Inmobiliarios del Municipio de León, Guanajuato. Por lo que hace al segundo elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis señalada con el número 1, relativa a que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que deja insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo. Es así, ya que posteriormente, la responsable, el dos de junio de dos mil diecisiete, contestó el pedimento de la quejosa, en la cual le precisó, entre otras cuestiones, el procedimiento para la obtención del cálculo del valor del terreno, valor de la construcción (fojas 20 a 22). Contestación que le fue notificada a la quejosa por conducto de ***, el doce de junio del año en curso (foja 25). En esa condición, se actualiza la causal de improcedencia a estudio, tomando en consideración que demostrado aparece que con posterioridad a la presentación de la demanda, es decir, durante la sustanciación del juicio, se atendió la petición formulada por la quejosa y se le notificó dicha determinación.. De lo que se sigue la actualización de la causal de improcedencia a estudio, en razón de que el hecho de que la autoridad responsable exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, significa que los efectos de la falta de contestación y notificación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de exacta aplicación a lo así expuesto, la jurisprudencia por contradicción de criterios 2a/J. 205/2008 sostenida por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605, Tomo XXI, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Asimismo, cobra vigencia sobre el particular, la tesis sostenida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1665, tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto: DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular. De ahí, que haya quedado colmado el derecho fundamental de petición previsto en la Carta Magna. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia anunciada, al haber cesado los efectos del omisión reclamada, y lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en atención a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, con apoyo en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.
- Principal
Agréguese informe justificado... Por otro lado, en atención al informe justificado que rindió la Directora de Impuestos Inmobiliarios, mediante el cual se obtiene que ya se contestó la petición que formuló la parte quejosa; en consecuencia, se ordena notificar personalmente el contenido del informe justificado rendido por esa autoridad, para que en el término de quince días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de la presente determinación, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de tal acto. Apercíbase al peticionario de la tutela federal que en caso de que no dar cumplimiento a la prevención formulada, se considerará desinteresada en ampliar su escrito de demanda.
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