Guilibaldo Serrano Dimayuga
Expediente 697/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Guilibaldo Serrano Dimayuga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; once de mayo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veinte de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso GUILIBALDO SERRANO DIMAYUGA, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DEPURABLE por virtud de que en el mismo SE NEGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. En relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso C) del invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General precisado, se ordena que dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de seis meses, contado a partir del presente proveído, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del cuaderno. ?????????????? Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado. De autos se aprecia que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, remitió copias certificadas del juicio especial de alimentos 544-2/2020 de su índice, con las que se formó un tomo de pruebas por separado; y dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido se ordena devolverla, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 697/2020, promovido por***, por derecho PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 697/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO propio, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el once de diciembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno al día siguiente hábil a este Juzgado Cuarto de Distrito, ***, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III. AUTORIDAD RESPONSABLE: a) JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES DEL ESTADO DE GUERRERO. IV. AUTORIDADES EJECUTORAS: b) SECRETARIA DE MARINA, ARMADA DE MÉXICO, OCTAVA REGIÓN NAVAL, DECIMA CUARTA FLOTILLA, ARM 'CUAUHTÉMOC' (BE-01) COMANDANCIA. c) ALMIRANTE COMANDANTE DE LA OCTAVA REGIÓN NAVAL . V. ACTO RECLAMADO: LA FALTA DE NOTIFICACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO A JUICIO, DE LA DEMANDA DE PENSIÓN ALIMENTICIA, NÚMERO 544-2/2020, DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, DEL ESTADO DE GUERRERO, INSTAURADA EN MI CONTRA, PROMOVIDA POR LA C. DULZEMAR EVELYN HERNÁNDEZ OLASCOAGA. ASI COMO TAMBIEN SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN JUDICIAL NÚMERO 541, DERIVADO DEL EXPEDIENTE 544-2/2020, DEL JUZGADO PRIMERO, DE PRIMERA INSTANCIA, DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, EN EL ESTADO DE GUERERO, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2020." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos humanos transgredidos los contenidos en los numerales 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes de los actos reclamados que estimó conducentes. TERCERO. Tramitación del juicio. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el presente juicio bajo el número 697/2020; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; comisionó el emplazamiento de la parte tercero interesada ****, por sí y en representación del menor S.M.S.H.; y, finalmente, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; siendo que por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se instruyó el nombramiento de un representante especial a la citada menor, designándose para tal efecto a Noemí Carreón Mata, Asesora Jurídica Federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Guerrero; por lo que finalmente, integrado los presentes autos, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de ley al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes: C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y decidir el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 1o., fracción I, 35, 37, primer párrafo; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción XXI, punto cuatro, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 36/2016, que modificó aquél y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados emanan de un juicio del orden civil-familiar que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.2 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, ya que constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no 2 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 697/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."3; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene que el quejoso reclama lo siguiente: - La omisión de ser emplazado al juicio especial de alimentos 544-2/2020, promovido por****, por sí y en representación del menor S.M.S.H.; - La emisión del oficio 541 de dos de diciembre de dos mil veinte, en el que se ordena se aplique un descuento del 30% (treinta por ciento) que se afirma ser el restante del sueldo que percibe el quejoso, por concepto de pensión alimenticia. CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda de amparo es oportuna si se parte de que el impetrante de amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el nueve de diciembre de dos mil veinte, sin que tal hecho haya sido controvertido por las partes, de modo que si ésta la presentó en el segundo día del plazo que disponía para ello, es indudable que fue presentada dentro de los quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, los que corrieron del diez al treinta de diciembre de dos mil veinte. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Una vez que se llevó a cabo la fijación clara y precisa de los actos reclamados, este órgano jurisdiccional de amparo analizará su certeza o inexistencia, en observancia a la tesis de jurisprudencia número XVII.2o. J/10, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO."4. Deben tenerse por ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, así como a las autoridades señaladas como responsables de la Comandancia de la Octava Región Naval y de la Comandancia de Buque Escuela Cuauhtémoc, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos 3 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 4 Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, materia común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. informes justificados, lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio especial de alimentos 544-2/2020, y del oficio 541 de dos de diciembre de dos mil veinte, en los que se ordena se aplique un descuento del 30% (treinta por ciento) que se afirma ser el restante del sueldo que percibe el quejoso, por concepto de pensión alimenticia; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, encuentra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Localizable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, página 830). De igual forma, soporta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, el órgano jurisdiccional está constreñido al estudio oficioso de la procedencia del juicio, al tenor de los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo5. Es aplicable en este apartado, la jurisprudencia siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."6 Así, este órgano de control constitucional advierte en un primer término, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, a contrario sensu en relación con el diverso numeral 103, fracción I, de la Constitución 5 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten". 6 Número 814, visible en la Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 553. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 697/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los dispositivos 1° fracción I y 5° fracción II párrafo segundo, ambos de la propia ley de la materia, toda vez que no les reviste el carácter de responsables a las autoridades señaladas como con tal connotación de la Comandancia de la Octava Región Naval y de la Comandancia de Buque Escuela Cuauhtémoc; por ende, lo reclamado a éstas, no puede tener la relación de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, tal como se expondrá a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El numeral transcrito, instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que, señala en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 61; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. De igual manera, la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: - - - I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como para los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Asimismo, los artículos 1° y 5°, fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: - - - I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el numeral 1º fracción I de la ley de la materia, estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección. Además, el dispositivo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que para los efectos de dicha legislación, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos humanos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por lo que, a contrario sensu, el juicio de amparo es improcedente si los actos reclamados no revisten esas características. En efecto, el juicio de amparo constituye un medio de control extraordinario, que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes o actos de autoridad, ante la posible transgresión de sus derechos fundamentales, estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales, en atención a los artículos 103 y 107 de la Norma Suprema, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. Bien, una autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias, de imperio y coercitivas, que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 697/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ciertamente, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que tiene la calidad de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, estatuye que los particulares tendrán ese carácter cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así las cosas, en el presente asunto no se está en el supuesto de actos de autoridades o particulares que tenga calidad de autoridad, previsto en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ya que las autoridades señaladas con el carácter de responsables de la Comandancia de la Octava Región Naval, o bien, de la Comandancia de Buque Escuela Cuauhtémoc, no tienen facultades coercitivas porque su conducta tiene origen en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad. Sirve de apoyo por las razones que la informan la jurisprudencia VII.2o.C. J/28 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Civil, página 2360, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad". En efecto, debe analizarse el verdadero papel con el que intervienen las señaladas con el carácter de responsables, pues si estas no revisten el carácter de autoridades, entonces es improcedente el juicio de amparo indirecto contra sus actos. En el caso, se tiene como antecedente lo informado por el Almirante Comandante de la Octava Región Naval, y por el Capitán Navío CG. DEM. Comandante del Buque Escuela Cuauhtémoc, en representación del Comandante Titular, al sostener que el descuento equivalente al 30% (treinta por ciento), que corresponde al restante del sueldo que percibe el quejoso ***, lo es en cumplimiento a la orden dada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, a través del oficio "541" de fecha dos de diciembre de dos mil veinte. Entonces es factible concluir que las señaladas con el carácter de responsables de la Comandancia de la Octava Región Naval, o bien, de la Comandancia de Buque Escuela Cuauhtémoc, se encontraban dando cumplimiento a la orden judicial emanada del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en relación con el juicio especial de alimentos 544-2/2020, por lo que es indudable el vínculo de carácter laboral con el deudor alimenticio. En ese sentido, bien puede concluirse que, con independencia del carácter público de la entidad o dependencia que realiza el descuento, ésta en realidad reúne el carácter de patrón y, por tanto, de auxiliar en la administración de justicia, pero no propiamente de autoridad. Por lo que si uno de los requisitos indispensables para la procedencia del juicio de amparo es que se señalen a entes o PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 697/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO funcionarios de los organismos públicos que actúen con las características de unilateralidad y coercitividad, de manera que si en el amparo indirecto se especifican a ciertos funcionarios como autoridades responsables, pero se deduce que en realidad tienen el carácter de patrón, es decir, que están vinculados con el quejoso por una relación de trabajo, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Apoya a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que se comparte, de rubro y texto siguientes7: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En complemento de lo anterior, no se surte el supuesto de procedencia del juicio por reclamarse actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, toda vez que, como se apuntó, no se está frente a una autoridad para efectos del amparo. En otro orden, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de emplazar al demandado -aquí quejoso- a la contienda del juicio especial de alimentos 544-2/2020 de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, este juzgador considera en un segundo término, que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en 7 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Página 1956, registro 2011343. relación con el artículo 107, fracción VI, de la citada legislación, interpretados en sentido contrario. Preceptos legales que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]". De una interpretación sistemática y en sentido contrario de los preceptos en estudio, es factible concluir que la causal de improcedencia ahí prevista se surte en el caso de personas que no resulten extrañas a los actos derivados dentro o fuero de un juicio. Ahora, resulta indispensable apuntar que doctrinal y jurisprudencialmente se ha distinguido entre el tercero extraño en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación. La persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; en este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, pues es ajena por completo a la secuela del procedimiento. En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior, o bien, fue llamada de forma distinta a la legalmente establecida. Sobre el tema, se invoca la jurisprudencia, cuyo rubro, texto y datos de identificación se citan a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". (Novena Época, Registro: 196932, Instancia: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Tesis: P./J. 7/98, Página: 56) PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 697/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO En el presente asunto, el peticionario de derechos reclama la falta de emplazamiento al juicio especial de alimentos 544-2/2020 de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, ostentándose así como tercero extraño a dicho proceso por equiparación. Es de precisar que hasta la fecha de presentación de la demanda constitucional (once de diciembre de dos mil veinte), incluso a la data en que esto se resuelve, no obra constancia de que se haya emplazado al demandado -aquí quejoso- a la contienda de origen, y por ende, menos aún que se haya dictado la sentencia definitiva en el juicio. En efecto, es de advertirse de las copias certificadas allegadas a los presentes autos, que el juicio especial de alimentos 544- 2/2020 de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, se promovió por ****, por sí y en representación de la menor ****., en contra de ***; que dicho procedimiento al momento de la presentación de la demanda constitucional no ha concluido, máxime que aún no se ha emplazado a dicho demandado, y por ende, no obra constancia de que se haya dictado la sentencia definitiva en el citado procedimiento. Ahora bien, en el presente asunto, el peticionario de amparo acude con el carácter de tercero extraño por equiparación, alegando que se violentaron sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y audiencia contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que aduce no haber sido emplazado a juicio, a fin de encontrarse en condiciones de deducir sus derechos y, máxime que ya fueron girados oficios correspondientes con el objeto de materializar el pago de una pensión alimenticia a su cargo. En ese contexto, se tiene que contrario a lo que asevera el peticionario del amparo, no le asiste el carácter de tercero extraño al juicio especial de alimentos 544-2/2020 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, toda vez que dicho procedimiento aún no concluye pues no se ha llevado a cabo su emplazamiento, y menos dictado sentencia definitiva. Aunado a que en auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se le dio vista en el presente juicio de amparo, con el informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, así como con la copia certificada de las constancias del juicio de origen, por lo que el quejoso tuvo conocimiento del tal sumario, por ende no tiene el carácter de extraño al juicio pues está en condiciones de integrarse a la relación jurídico procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia y defensa de las pretensiones que persigue. Por tanto, si el solicitante del amparo, tuvo conocimiento del juicio al que pretende ser llamado y del que se advierte que a la fecha de la tramitación del presente juicio constitucional aún no ha sido emplazado a juicio, y por ende, no se ha dictado sentencia en el procedimiento respectivo, tal situación es razón suficiente para desvirtuar su carácter como tercero extraño al juicio por equiparación, en términos del artículo 107, fracción VI en relación con el numeral 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, toda vez que, como se puntualizó, en el supuesto mencionado quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron la oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. Lo que no acontece en la especie, pues al enterarse el inconforme del juicio natural del cual deriva el acto reclamado y en el cual no se ha dictado el fallo definitivo, tiene expedito su derecho para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales establecidos en la legislación correspondiente para hacer valer su derecho de audiencia y defensa de las pretensiones que persigue. Esto es, al tener conocimiento del asunto de origen, el aquí quejoso puede apersonarse al mismo con el carácter de demandado y contestar la demanda entablada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas que estime conducentes; o incluso, interponer los medios de impugnación que considere procedentes en caso de desacuerdo con las determinaciones ahí decretadas. Sobre el particular es aplicable, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto, se citan a continuación: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 697/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J.18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia".(Décima Época, Registro: 2004274, Instancia: Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.) Página: 729) Expuesto todo lo anterior, resta decir que la suplencia de la queja deficiente, no puede soslayar las cuestiones de procedencia del juicio de amparo, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio. Es de agregar que quien esto resuelve solamente se encuentra facultado para desechar una demanda, cuando existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, esto es, que sea evidente y no pueda ponerse en duda su actualización, al grado que, aun de admitirla a trámite, en la sentencia definitiva se llegaría a la misma conclusión y generaría el sobreseimiento en el juicio. Luego, si en el caso concreto, se admitió en un primer momento la demanda de amparo, es porque se advirtió la inexistencia de una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Además, en el auto inicial relativo a la presentación de la demanda es complicado definir si le reviste la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a las así señaladas en el libelo actio, o bien, si el impetrante de amparo le asiste o no el carácter como tercero extraño al juicio por equiparación; pues en esa etapa procesal muchas de las veces no se cuenta con los elementos necesarios para hacerlo, como son todos los elementos fácticos y jurídicos, por lo que se justifica que hasta este momento en que se emite sentencia, se encuentra en condiciones -acorde al cúmulo de elementos aportados-, a fin de dilucidar si tales supuestos. Por lo tanto, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo en relación con las referidas autoridades responsables y actos reclamados. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Toda vez que en el caso no se advierte la actualización de oficio de diversa causal improcedencia que conduzca al sobreseimiento, y no obstante que las responsables de la Comandancia de la Octava Región Naval, o bien, de la Comandancia de Buque Escuela Cuauhtémoc, aducen la actualización de la causal contenida en la fracción XVIII, sin embargo, no vierten razonamiento alguno tendente a tratar de probar que el impetrante de amparo se encontraba obligado en agotar algún medio de impugnación, sino que únicamente se limitan a citarla y sostener que el quejoso estaba en condiciones de promover "todo" lo que conviniera a sus pretensiones ante el juez rector del procedimiento, lo que no es suficiente para que este juzgado de Distrito quede obligado a efectuar un pronunciamiento al respecto, ya que es necesario que quien invoque alguna causal, exprese las razones lógico jurídicas que PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 697/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO considere llevan de manera indudable, a la actualización de la misma, situación que no sucedió; por lo que, procede desestimar la causal invocada.8 Así, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la emisión del oficio 541 de dos de diciembre de dos mil veinte, en el que se ordena se aplique un descuento del 30% (treinta por ciento) que se afirma ser el restante del sueldo que percibe el quejoso, por concepto de pensión alimenticia, derivada del juicio especial de alimentos 544-2/2020, promovido por ****, por sí y en representación del menor S.M.S.H.; a la luz de los argumentos vertidos en los conceptos de violación, los que no se transcriben de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los motivos de disenso resultan infundados como se analizara en párrafos subsecuentes. El quejoso alega que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de acceso a la justicia y audiencia contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que no obstante no encontrarse emplazado a juicio, a fin de encontrarse en condiciones de deducir sus derechos, fue girado el oficio correspondiente con el objeto de materializar el pago de una pensión alimenticia a su cargo. 8 Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Ahora, no pasa inadvertido que entorno al acto reclamado y las pretensiones perseguidas por el impetrante, se ve inmerso los derechos que le asisten a la infante J.A.M.C.; de ahí que deba ponderarse la tutela estricta del interés superior de la menor de edad, el cual debe entenderse como los valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano, integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que le permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado, estableciendo deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Orienta a lo anterior la tesis 1a. LXXXII/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores." (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1398) Luego, resulta indispensable hacer la acotación en relación a la pensión alimenticia provisional decretada por el a quo, y su ejecución, en el sentido de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, cuenta con la facultad para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia y especialmente en tratándose de menores y la obligación alimenticia por parte de los deudores, fijando a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional mientras se resuelva el juicio. Por tanto, y dado que la hoy tercero interesada ****, en su escrito de demanda solicitó dicha PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 697/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO medida a favor de su menor S.M.S.H., resulta incuestionable que el a quo estaba en la obligación de proveer sobre la medida provisional solicitada, así como su ejecución, pues tal proceder es conforme a derecho, porque se apega a las formalidades del procedimiento especial de alimentos, y no resulta violatorio de la garantía de audiencia inmersa en el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que será precisamente -como ha quedado expuesto- cuando el quejoso se haya apersonado a juicio, cuando esté en condiciones de hacer valer los medios de defensa o excepciones en contra de la determinación adoptada por el juez de origen y, con ello, la garantía de ser oído y, vencido en juicio; por tanto, lo anterior no trae consigo una excepción que haga viable o procedente el presente juicio de amparo, habida cuenta que como ha quedado apuntado, en el juicio de origen no se ha dictado sentencia definitiva. Es aplicable por analogía la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1610, Tesis: VI.1o.C.93 C, XXV, Febrero de 2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 173,393) que es del tenor: "ALIMENTOS. SI EN EL TRÁMITE DEL JUICIO SE ACUERDAN DIVERSAS PROVIDENCIAS SIN DAR AUDIENCIA AL DEUDOR ALIMENTARIO, ELLO NO RESULTA VIOLATORIO DE LA GARANTÍA RELATIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL QUE LO RIGE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- El artículo 690 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla establece: "Satisfechos los requisitos, sin audiencia de la contraparte, el Juez procederá de la forma siguiente: I. Si encontrare fundada la solicitud, fijará la pensión provisional, la que no excederá del cincuenta por ciento de los ingresos del deudor, reservándose la posibilidad de su modificación, a la valoración de pruebas rendidas en el sumario por ambas partes, con el fin de establecer en definitiva la proporcionalidad de la misma; II. Mandará requerir de pago al deudor por el importe de la pensión fijada y por la garantía de las que se sigan venciendo. De no efectuarse el pago o garantizarse el de las pensiones que se sigan venciendo, se procederá al embargo de bienes propiedad del deudor, observando al respecto las reglas que sobre el secuestro judicial establece este código, en la inteligencia de que si el embargo recayere sobre sueldos, el secuestro quedará perfecto girando oficio al empleador del deudor, con los apercibimientos de ley, para que proceda a las retenciones que se le ordenen y las ponga a disposición del acreedor, haciéndole saber que en el caso de liquidación de su trabajador por renuncia o separación del cargo, deberá retener el cincuenta por ciento de su importe, para garantizar las pensiones futuras, y III. Hecho el pago, garantizado el de las pensiones futuras o trabado el embargo, se procederá a ventilar la controversia conforme al procedimiento ordinario.". En consecuencia, si al dar trámite al juicio de alimentos incoado se acuerdan diversas providencias de las establecidas en el precepto de referencia, sin dar audiencia al deudor alimentario, tal proceder es conforme a derecho, porque sigue las formalidades del procedimiento especial de alimentos, y no resulta violatorio de la garantía de audiencia inmersa en el arábigo 14 de la Carta Magna." Finalmente, se precisa que no se analizarán las manifestaciones que en vía de alegatos hizo valer la asesora jurídico federal Noemí Carreón Mata, en su calidad de representante especial de la menor, ya que no forman parte de la litis, pues únicamente constituyen opiniones el fundamento de sus pretensiones. Confirma lo anterior, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO"9. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando sexto de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra el acto y por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto; téngase por recibido con evidencia criptográfica el ocurso signado por Noemí Carreón Mata, Asesora Jurídica Federal adscrita a la Delegación Guerreo del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Guerrero, representante especial por designación judicial de la menor ****, mediante el cual se apersona, designa autorizados, señala domicilio, solicita el acceso al expediente electrónico y que se le notifique electrónicamente, proporciona correo electrónico, solicita copias simples, formula alegatos y ofrece pruebas. En atención a su contenido, se le tiene por apersonada al presente juicio de amparo, como domicilio el que cita y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene a los Asesores Jurídicos Federales Federico González Cuenca, Isaac Solorzano Solorzano, Blanca Esthela Mercado Rodríguez y José David Saavedra García, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Mayra Isabel Robles Ortiz, Julio César Ortega Bahena, Juana Emperatriz Galindo Orozco, Hugo Alberto del Castillo Camacho y María Edith Guerra Pérez, por así haberlo manifestado expresamente. Por lo que respecta a la solicitud de acceso al expediente electrónico y a la cuenta de correo electrónico que proporciona, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veinticuatro de marzo actual. Solicita que las notificaciones se le hagan de manera tradicional. De igual forma, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas las manifestaciones que vierte en calidad de alegatos, y de ser procedentes, serán tomados en consideración al momento en que este juzgado federal resuelva el sumario en que se actúa. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten las pruebas que ofrece consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto; téngase por recibida la comparecencia de veintitrés de marzo del año en curso, levantada a Noemí Carreón Mata, Asesora Jurídica Federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Guerrero, representante especial de la menor ****, mediante la cual acepta y protesta el cargo conferido, señala domicilio procesal, proporciona correo electrónico y solicita el acceso al expediente electrónico. En atención a su contenido, se tiene como su domicilio el que cita en la comparecencia; asimismo, proporciona una cuenta de correo electrónico en la que se puede establecer el contacto respectivo, de lo que queda enterado este juzgado federal para los efectos legales conducentes. Finalmente, como lo solicita se le autoriza para consultar el expediente electrónico; por tanto, déseles de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario u48884 que proporciona, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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