Guilebaldo Jiménez Mitra
Expediente 244/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guilebaldo Jiménez Mitra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Siendo las nueve horas del 03/05/2022, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico al quejoso el proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 244/2022-II, del índice del juzgado de mi adscripción, por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, proveído que en síntesis dice: Estado procesal. ...se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Orden de depuración y/o destrucción. Relevancia documental. Información reservada. Devolución de documentos.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Estado procesal. ...se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Orden de depuración y/o destrucción. Relevancia documental. Información reservada. Devolución de documentos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Adriana Ríos Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.mgmn
- Principal
Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico al quejoso el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 244/2022-II, del índice del juzgado de mi adscripción, por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, proveído que en síntesis dice: I. Desahogo de prevención. Se tiene por recibido el escrito presentado por Guilebaldo Jiménez Mitra, por medio del cual desahoga la prevención formulada en autos, al respecto se provee en los siguientes términos: II. Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. a) En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: a) LA SESIÓN DE CABILDO DE FECHA ONCE (11) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) EN LA QUE SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA PARA NOMBRAR DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE ECATZINGO, MÉXICO 2022-2024, Y COMO CONSECUENCIA SER REMOVIDO DEL CARGO QUE VENGO DESEMPEÑANDO COMO DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOSHUMANOS DE ECATZINGO, ESTADO DE MÉXICO, SIN QUE SE DEN LAS CAUSAS PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. b) LA EJECUCIONDE LA DETERMINACIÓN ORDENADA DEL PUNTO NÚMERO4 Y/O CUARTO DE LA VII Y/O SEPTIMA SESIÓN DE CABILDO DE FECHAONCE (11) DE FEBRERODEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) EN LA QUE SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA PARA NOMBRAR DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE ECATZINGO, MÉXICO 2022- 2024, Y COMO CONSECUENCIA SER REMOVIDO DEL CARGO QUE VENGO DESEMPEÑANDOCOMO DEFENSORMUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ECATZINGO, ESTADO DE MÉXICO, SIN QUE SE DEN LAS CAUSAS PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE." Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." De acuerdo con las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En caso particular, los actos reclamados por el quejoso se hacen consistir en: a) LA SESIÓN DE CABILDO DE FECHA ONCE (11) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) EN LA QUE SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA PARA NOMBRAR DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE ECATZINGO, MÉXICO 2022-2024, Y COMO CONSECUENCIA SER REMOVIDO DEL CARGO QUE VENGO DESEMPEÑANDO COMO DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOSHUMANOS DE ECATZINGO, ESTADO DE MÉXICO, SIN QUE SE DEN LAS CAUSAS PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. b) LA EJECUCIONDE LA DETERMINACIÓN ORDENADA DEL PUNTO NÚMERO4 Y/O CUARTO DE LA VII Y/O SEPTIMA SESIÓN DE CABILDO DE FECHAONCE (11) DE FEBRERODEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) EN LA QUE SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA PARA NOMBRAR DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE ECATZINGO, MÉXICO 2022- 2024, Y COMO CONSECUENCIA SER REMOVIDO DEL CARGO QUE VENGO DESEMPEÑANDOCOMO DEFENSORMUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ECATZINGO, ESTADO DE MÉXICO, SIN QUE SE DEN LAS CAUSAS PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE." En ese contexto, se estima que tales actuaciones no constituyen actos de autoridad susceptible de ser combatido en la vía constitucional, por los motivos que se expondrán. De acuerdo con las consideraciones del Máximo Tribunal para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora, a fin de establecer si a quienes se les atribuye los actos tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia de los actos que se les reclame; esto es, a la norma legal y examinar si los faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de los interesados, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades, mediante relaciones de supra a subordinación. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, en principio sostuvo el criterio de quienes podían ejercer fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de actuar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponían; criterio que fue superado al emitir el pleno del alto tribunal, la tesis P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De la anterior tesis, se destaca, que una autoridad para efectos del amparo, posee las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. De acuerdo con la doctrina, el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aún en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio Expuesto lo anterior, a fin de determinar la naturaleza del acto reclamado, es pertinente destacar que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad menciona la quejosa, así como de las documentales que allegó al presente juicio, y de lo narrado por en la demanda de amparo, se desprende que: El veinte de julio de dos mil veinte, la parte quejosa, mediante acuerdo de cabildo número 072 fue nombrado DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ECATZINGO, por el periodo de tres años, conforme a lo previsto en los artículos 102, inciso B de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 147 A y 147 D de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. El catorce de febrero del año en curso, tuvo conocimiento de la Convocatoria para nombrar Defensor Municipal de los Derechos Humanos para la Administración Pública de Ecatzingo, México, 2022-2024, de lo que deriva la presunción que el quejoso será removido del cargo que desempeña. La mencionada convocatoria se autorizó el día once de febrero de dos mil veintidós, en la séptima sesión de cabildo, por la cual, en el punto cuarto -la cual constituye el acto del que se duele el promovente del amparo-. Asimismo, en el escrito aclaratorio que se provee, el quejoso precisa que promueve el presente juicio de garantías en su calidad de Defensor de Derechos Humanos de Ecatzingo, Estado de México. En ese orden de ideas, a fin de explicar la actualización de la aludida causal de improcedencia, en principio es oportuno destacar que no existe una relación de supra a subordinación entre los entes señalados como autoridades y el gobernado; toda vez que el vínculo existente entre Guilebaldo Jiménez Mitra, y las responsables, es de carácter laboral, en virtud de que funge como titular de un órgano auxiliar administrativo, lo que indubitablemente refleja una relación en la que éstas actúan con el carácter de patrón y no como autoridades para los efectos del amparo, y por ende los actos que se les reclama no pueden ser materia de análisis en el juicio constitucional. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que los actos reclamados no revisten las características de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que las consecuencias jurídicas de la aprobación del punto cuarto de la séptima sesión de once de febrero de dos mil veintidós, que autorizó la convocatoria para nombrar defensor municipal de Derechos Humanos para la Administración Pública de Ecatzingo, México, 2022-2024, y su ejecución -lo cual conlleva a la remoción del quejoso del cargo que actualmente desempeña, siendo este un cargo de confianza, constituyen una determinación del Ayuntamiento Municipal, con el objeto de nombrar al titular del referido organismo auxiliar, a propuesta del presidente municipal; por tanto, no existe una relación de supra a subordinación entre el cabildo y el quejoso en su calidad de funcionario público, sino que constituye una controversia que se suscita en el plano laboral. Es por ello, que las responsables no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, pues en la relación jurídica patrón-trabajador, si bien pueden estar dotadas de facultades de decisión o ejecución, esta no es unilateral, imperativa y coercitiva. Por identidad de razón, sirve de apoyo la jurisprudencia 31/2014, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título siguiente: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." En ese sentido, las conductas que se atribuyen a las autoridades señaladas como responsables, no encuadran en el supuesto a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente mencionar que el nombramiento de defensor municipal de Derechos Humanos para la Administración Pública de Ecatzingo, se encuentra sujeto a diversas disposiciones, entre las cuales se destacan las siguientes: CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO "Artículo 128.- Son atribuciones de las presidentas o presidentes municipales: . VII. Someter a la consideración del Ayuntamiento los nombramientos de las o los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal;." LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos: XVII. Nombrar y remover al secretario, tesorero, titulares de las unidades administrativas y de los organismos auxiliares, a propuesta del presidente municipal; para la designación de estos servidores públicos se preferirá en igualdad de circunstancias a los ciudadanos del Estado vecinos del municipio; Artículo 49.- Para el cumplimiento de sus funciones, el presidente municipal se auxiliará de los demás integrantes del ayuntamiento, así como de los órganos administrativos y comisiones que esta Ley establezca. Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del Municipio. Artículo 90.- Los titulares de cada una de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, acordarán directamente con el presidente municipal o con quien éste determine, y deberán cumplir los requisitos señalados en esta Ley; éstos servidores públicos preferentemente serán vecinos del municipio. Artículo 147 A.- En cada municipio, el ayuntamiento respectivo, mediante acuerdo de cabildo, expedirá con la oportunidad debida una convocatoria abierta a toda la población para designar al Defensor Municipal de Derechos Humanos, que deberá durar en su cargo tres años, contando a partir de la fecha de su designación, pudiendo ser reelecto por el ayuntamiento por una sola vez y por igual periodo, .." LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS ARTÍCULO 6. Los servidores públicos se clasifican en generales y de confianza, los cuales, de acuerdo con la duración de sus relaciones de trabajo pueden ser: por tiempo u obra determinados o por tiempo indeterminado. ARTÍCULO 8. Se entiende por servidores públicos de confianza: I. Aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa del titular de la institución pública, del órgano de gobierno o de los Organismos Autónomos Constitucionales; siendo atribución de éstos su nombramiento o remoción en cualquier momento; ARTÍCULO 9. Para los efectos del artículo anterior y la debida calificación de puestos de confianza, se entenderán como funciones de: I. Dirección, aquéllas que ejerzan los servidores públicos responsables de conducir las actividades de los demás, ya sea en toda una institución pública o en alguna de sus dependencias o unidades administrativas; II. Inspección, vigilancia, auditoría y fiscalización, aquéllas que se realicen a efecto de conocer, examinar, verificar, controlar o sancionar las acciones a cargo de las instituciones públicas o de sus dependencias o unidades administrativas; III. Asesoría, la asistencia técnica o profesional que se brinde mediante consejos, opiniones o dictámenes, a los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias y unidades administrativas; IV. Procuración de justicia, las relativas a la investigación y persecución de los delitos del fuero común y al ejercicio de la acción penal para proteger los intereses de la sociedad; V. Administración de justicia, aquéllas que se refieren al ejercicio de la función jurisdiccional; VI. Protección civil, aquéllas que tengan por objeto prevenir y atender a la población en casos de riesgo, siniestro o desastre; VII. Representación, aquéllas que se refieren a la facultad legal de actuar a nombre de los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias; y VIII. Manejo de recursos, aquéllas que impliquen la facultad legal o administrativa de decidir o determinar su aplicación o destino. ARTÍCULO 10.- Los servidores públicos de confianza únicamente quedan comprendidos en el presente ordenamiento en lo que hace a las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social que otorgue el Estado. Asimismo les será aplicable lo referente al sistema de profesionalización a que se refiere el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley, con excepción de aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa de la institución pública o del órgano de gobierno, sean auxiliares directos de éstos, les presten asistencia técnica o profesional como asesores en cualquier nivel o tipo, o tengan la facultad legal de representarlos o actuar en su nombre. De la interpretación sistemática de dichos preceptos se obtiene que entre el quejoso como titular de un organismo auxiliar del ayuntamiento y las autoridades señaladas responsables subyace un vínculo empleado-patro´n, atendiendo a la relación laboral que existe entre ambas partes, por ende, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno- gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; ante ello, al emanar el acto reclamado de un ayuntamiento actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante la autoridad laboral competente para dirimir las controversias de esa naturaleza, pues los actos impugnados no pueden ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquellas y sus empleados. Sin que pase desapercibido para este juzgador que se aduzca que las autoridades responsables se encuentran violando derechos humanos de la quejosa, ya que, en este caso, al provenir tal violación del cumplimiento defectuoso de la relación contractual, debe estimarse que la posible afectación a esos derechos fundamentales la realiza un patrón, actuando sin facultad legal alguna. Ello, pues la alegación de violación de derechos humanos no es lo que actualiza la procedencia del juicio de amparo, sino el carácter de autoridad o equivalencia a ese carácter por parte de un particular, ya que el juicio constitucional no es idóneo para contrarrestar violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, y en el caso, los quejosos deben acudir ante la autoridad laboral competente a solicitar la cesación de los actos reclamados, y el correspondiente menoscabo de sus derechos humanos. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA.
- Principal
Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico al quejoso el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 244/2022-II, del índice del juzgado de mi adscripción, por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, proveído que en síntesis dice: I. Desahogo de prevención. Se tiene por recibido el escrito presentado por Guilebaldo Jiménez Mitra, por medio del cual desahoga la prevención formulada en autos, al respecto se provee en los siguientes términos: II. Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. a) En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: a) LA SESIÓN DE CABILDO DE FECHA ONCE (11) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) EN LA QUE SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA PARA NOMBRAR DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE ECATZINGO, MÉXICO 2022-2024, Y COMO CONSECUENCIA SER REMOVIDO DEL CARGO QUE VENGO DESEMPEÑANDO COMO DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOSHUMANOS DE ECATZINGO, ESTADO DE MÉXICO, SIN QUE SE DEN LAS CAUSAS PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. b) LA EJECUCIONDE LA DETERMINACIÓN ORDENADA DEL PUNTO NÚMERO4 Y/O CUARTO DE LA VII Y/O SEPTIMA SESIÓN DE CABILDO DE FECHAONCE (11) DE FEBRERODEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) EN LA QUE SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA PARA NOMBRAR DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE ECATZINGO, MÉXICO 2022- 2024, Y COMO CONSECUENCIA SER REMOVIDO DEL CARGO QUE VENGO DESEMPEÑANDOCOMO DEFENSORMUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ECATZINGO, ESTADO DE MÉXICO, SIN QUE SE DEN LAS CAUSAS PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE." Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." De acuerdo con las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En caso particular, los actos reclamados por el quejoso se hacen consistir en: a) LA SESIÓN DE CABILDO DE FECHA ONCE (11) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) EN LA QUE SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA PARA NOMBRAR DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE ECATZINGO, MÉXICO 2022-2024, Y COMO CONSECUENCIA SER REMOVIDO DEL CARGO QUE VENGO DESEMPEÑANDO COMO DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOSHUMANOS DE ECATZINGO, ESTADO DE MÉXICO, SIN QUE SE DEN LAS CAUSAS PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. b) LA EJECUCIONDE LA DETERMINACIÓN ORDENADA DEL PUNTO NÚMERO4 Y/O CUARTO DE LA VII Y/O SEPTIMA SESIÓN DE CABILDO DE FECHAONCE (11) DE FEBRERODEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) EN LA QUE SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA PARA NOMBRAR DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DE ECATZINGO, MÉXICO 2022- 2024, Y COMO CONSECUENCIA SER REMOVIDO DEL CARGO QUE VENGO DESEMPEÑANDOCOMO DEFENSORMUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ECATZINGO, ESTADO DE MÉXICO, SIN QUE SE DEN LAS CAUSAS PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE." En ese contexto, se estima que tales actuaciones no constituyen actos de autoridad susceptible de ser combatido en la vía constitucional, por los motivos que se expondrán. De acuerdo con las consideraciones del Máximo Tribunal para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora, a fin de establecer si a quienes se les atribuye los actos tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia de los actos que se les reclame; esto es, a la norma legal y examinar si los faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de los interesados, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades, mediante relaciones de supra a subordinación. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, en principio sostuvo el criterio de quienes podían ejercer fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de actuar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponían; criterio que fue superado al emitir el pleno del alto tribunal, la tesis P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De la anterior tesis, se destaca, que una autoridad para efectos del amparo, posee las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. De acuerdo con la doctrina, el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aún en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio Expuesto lo anterior, a fin de determinar la naturaleza del acto reclamado, es pertinente destacar que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad menciona la quejosa, así como de las documentales que allegó al presente juicio, y de lo narrado por en la demanda de amparo, se desprende que: El veinte de julio de dos mil veinte, la parte quejosa, mediante acuerdo de cabildo número 072 fue nombrado DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ECATZINGO, por el periodo de tres años, conforme a lo previsto en los artículos 102, inciso B de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 147 A y 147 D de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. El catorce de febrero del año en curso, tuvo conocimiento de la Convocatoria para nombrar Defensor Municipal de los Derechos Humanos para la Administración Pública de Ecatzingo, México, 2022-2024, de lo que deriva la presunción que el quejoso será removido del cargo que desempeña. La mencionada convocatoria se autorizó el día once de febrero de dos mil veintidós, en la séptima sesión de cabildo, por la cual, en el punto cuarto -la cual constituye el acto del que se duele el promovente del amparo-. Asimismo, en el escrito aclaratorio que se provee, el quejoso precisa que promueve el presente juicio de garantías en su calidad de Defensor de Derechos Humanos de Ecatzingo, Estado de México. En ese orden de ideas, a fin de explicar la actualización de la aludida causal de improcedencia, en principio es oportuno destacar que no existe una relación de supra a subordinación entre los entes señalados como autoridades y el gobernado; toda vez que el vínculo existente entre Guilebaldo Jiménez Mitra, y las responsables, es de carácter laboral, en virtud de que funge como titular de un órgano auxiliar administrativo, lo que indubitablemente refleja una relación en la que éstas actúan con el carácter de patrón y no como autoridades para los efectos del amparo, y por ende los actos que se les reclama no pueden ser materia de análisis en el juicio constitucional. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que los actos reclamados no revisten las características de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que las consecuencias jurídicas de la aprobación del punto cuarto de la séptima sesión de once de febrero de dos mil veintidós, que autorizó la convocatoria para nombrar defensor municipal de Derechos Humanos para la Administración Pública de Ecatzingo, México, 2022-2024, y su ejecución -lo cual conlleva a la remoción del quejoso del cargo que actualmente desempeña, siendo este un cargo de confianza, constituyen una determinación del Ayuntamiento Municipal, con el objeto de nombrar al titular del referido organismo auxiliar, a propuesta del presidente municipal; por tanto, no existe una relación de supra a subordinación entre el cabildo y el quejoso en su calidad de funcionario público, sino que constituye una controversia que se suscita en el plano laboral. Es por ello, que las responsables no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, pues en la relación jurídica patrón-trabajador, si bien pueden estar dotadas de facultades de decisión o ejecución, esta no es unilateral, imperativa y coercitiva. Por identidad de razón, sirve de apoyo la jurisprudencia 31/2014, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título siguiente: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." En ese sentido, las conductas que se atribuyen a las autoridades señaladas como responsables, no encuadran en el supuesto a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente mencionar que el nombramiento de defensor municipal de Derechos Humanos para la Administración Pública de Ecatzingo, se encuentra sujeto a diversas disposiciones, entre las cuales se destacan las siguientes: CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO "Artículo 128.- Son atribuciones de las presidentas o presidentes municipales: . VII. Someter a la consideración del Ayuntamiento los nombramientos de las o los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal;." LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos: XVII. Nombrar y remover al secretario, tesorero, titulares de las unidades administrativas y de los organismos auxiliares, a propuesta del presidente municipal; para la designación de estos servidores públicos se preferirá en igualdad de circunstancias a los ciudadanos del Estado vecinos del municipio; Artículo 49.- Para el cumplimiento de sus funciones, el presidente municipal se auxiliará de los demás integrantes del ayuntamiento, así como de los órganos administrativos y comisiones que esta Ley establezca. Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del Municipio. Artículo 90.- Los titulares de cada una de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, acordarán directamente con el presidente municipal o con quien éste determine, y deberán cumplir los requisitos señalados en esta Ley; éstos servidores públicos preferentemente serán vecinos del municipio. Artículo 147 A.- En cada municipio, el ayuntamiento respectivo, mediante acuerdo de cabildo, expedirá con la oportunidad debida una convocatoria abierta a toda la población para designar al Defensor Municipal de Derechos Humanos, que deberá durar en su cargo tres años, contando a partir de la fecha de su designación, pudiendo ser reelecto por el ayuntamiento por una sola vez y por igual periodo, .." LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS ARTÍCULO 6. Los servidores públicos se clasifican en generales y de confianza, los cuales, de acuerdo con la duración de sus relaciones de trabajo pueden ser: por tiempo u obra determinados o por tiempo indeterminado. ARTÍCULO 8. Se entiende por servidores públicos de confianza: I. Aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa del titular de la institución pública, del órgano de gobierno o de los Organismos Autónomos Constitucionales; siendo atribución de éstos su nombramiento o remoción en cualquier momento; ARTÍCULO 9. Para los efectos del artículo anterior y la debida calificación de puestos de confianza, se entenderán como funciones de: I. Dirección, aquéllas que ejerzan los servidores públicos responsables de conducir las actividades de los demás, ya sea en toda una institución pública o en alguna de sus dependencias o unidades administrativas; II. Inspección, vigilancia, auditoría y fiscalización, aquéllas que se realicen a efecto de conocer, examinar, verificar, controlar o sancionar las acciones a cargo de las instituciones públicas o de sus dependencias o unidades administrativas; III. Asesoría, la asistencia técnica o profesional que se brinde mediante consejos, opiniones o dictámenes, a los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias y unidades administrativas; IV. Procuración de justicia, las relativas a la investigación y persecución de los delitos del fuero común y al ejercicio de la acción penal para proteger los intereses de la sociedad; V. Administración de justicia, aquéllas que se refieren al ejercicio de la función jurisdiccional; VI. Protección civil, aquéllas que tengan por objeto prevenir y atender a la población en casos de riesgo, siniestro o desastre; VII. Representación, aquéllas que se refieren a la facultad legal de actuar a nombre de los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias; y VIII. Manejo de recursos, aquéllas que impliquen la facultad legal o administrativa de decidir o determinar su aplicación o destino. ARTÍCULO 10.- Los servidores públicos de confianza únicamente quedan comprendidos en el presente ordenamiento en lo que hace a las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social que otorgue el Estado. Asimismo les será aplicable lo referente al sistema de profesionalización a que se refiere el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley, con excepción de aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa de la institución pública o del órgano de gobierno, sean auxiliares directos de éstos, les presten asistencia técnica o profesional como asesores en cualquier nivel o tipo, o tengan la facultad legal de representarlos o actuar en su nombre. De la interpretación sistemática de dichos preceptos se obtiene que entre el quejoso como titular de un organismo auxiliar del ayuntamiento y las autoridades señaladas responsables subyace un vínculo empleado-patro´n, atendiendo a la relación laboral que existe entre ambas partes, por ende, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno- gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; ante ello, al emanar el acto reclamado de un ayuntamiento actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante la autoridad laboral competente para dirimir las controversias de esa naturaleza, pues los actos impugnados no pueden ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquellas y sus empleados. Sin que pase desapercibido para este juzgador que se aduzca que las autoridades responsables se encuentran violando derechos humanos de la quejosa, ya que, en este caso, al provenir tal violación del cumplimiento defectuoso de la relación contractual, debe estimarse que la posible afectación a esos derechos fundamentales la realiza un patrón, actuando sin facultad legal alguna. Ello, pues la alegación de violación de derechos humanos no es lo que actualiza la procedencia del juicio de amparo, sino el carácter de autoridad o equivalencia a ese carácter por parte de un particular, ya que el juicio constitucional no es idóneo para contrarrestar violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, y en el caso, los quejosos deben acudir ante la autoridad laboral competente a solicitar la cesación de los actos reclamados, y el correspondiente menoscabo de sus derechos humanos. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA.
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