Guie Shuuba Lorenzana López
Expediente 711/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 19/07/2023
Partes del expediente
- Guie Shuuba Lorenzana López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, signado por ********************apoderado de la moral Universidad La Salle Benavente, por medio del cual rinde el informe justificado de ampliación de demanda, en representación de dicha Universidad. En tales condiciones, se tiene a la autoridad oficiante por su representación rindiendo el informe justificado de ampliación de demanda y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa a su oficio, consistentes en impresión electrónica del Título Profesional que acredita a la quejosa ******************** como licenciada en psicopedagogía, así como del sistema de consulta del expediente ********************. HECHO NOTORIO Al inspeccionarse la página de internet https://siurp.sep.gob.mx/mvc/cedulaElectronica, se advierte que de igual forma se encuentra disponible su descarga (previo pago de derechos correspondientes) la versión electrónica de la cédula profesional a nombre de ********************, como se advierte de la siguiente captura de pantalla: Resulta aplicable, la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Ahora, de las constancias que se acompañan al informe justificado de cuenta así como de la consulta a la página de internet antes mencionada, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente, se advierte que las autoridades responsables competentes expidieron en favor de la quejosa el título y cédula profesional que acredita a la quejosa como licenciada en psicopedagogía. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado sustancialmente en la omisión de las autoridades responsables de expedir su título y cédula profesional correspondiente a la licenciatura en psicopedagogía, a nombre de la quejosa; y, de las constancias que se acompañaron al informe justificado rendido por la autoridad responsable oficiante, así como de la página de internet https://siurp.sep.gob.mx/mvc/cedulaElectronica, se observa que está disponible para su descarga la impresión electrónica del título y cédula profesional de ********************, correspondiente a la licenciatura en psicopedagogía. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse expedido en favor de la quejosa el título y la cédula profesional, correspondiente a la licenciatura en psicopedagogía, a nombre de ******************** -quejosa-, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión reclamada no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior, a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y tres del veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, signado por ********************apoderado de la moral Universidad La Salle Benavente, por medio del cual rinde el informe justificado de ampliación de demanda, en representación de dicha Universidad. En tales condiciones, se tiene a la autoridad oficiante por su representación rindiendo el informe justificado de ampliación de demanda y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa a su oficio, consistentes en impresión electrónica del Título Profesional que acredita a la quejosa ******************** como licenciada en psicopedagogía, así como del sistema de consulta del expediente ********************. HECHO NOTORIO Al inspeccionarse la página de internet https://siurp.sep.gob.mx/mvc/cedulaElectronica, se advierte que de igual forma se encuentra disponible su descarga (previo pago de derechos correspondientes) la versión electrónica de la cédula profesional a nombre de ********************, como se advierte de la siguiente captura de pantalla: Resulta aplicable, la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Ahora, de las constancias que se acompañan al informe justificado de cuenta así como de la consulta a la página de internet antes mencionada, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente, se advierte que las autoridades responsables competentes expidieron en favor de la quejosa el título y cédula profesional que acredita a la quejosa como licenciada en psicopedagogía. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado sustancialmente en la omisión de las autoridades responsables de expedir su título y cédula profesional correspondiente a la licenciatura en psicopedagogía, a nombre de la quejosa; y, de las constancias que se acompañaron al informe justificado rendido por la autoridad responsable oficiante, así como de la página de internet https://siurp.sep.gob.mx/mvc/cedulaElectronica, se observa que está disponible para su descarga la impresión electrónica del título y cédula profesional de ********************, correspondiente a la licenciatura en psicopedagogía. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse expedido en favor de la quejosa el título y la cédula profesional, correspondiente a la licenciatura en psicopedagogía, a nombre de ******************** -quejosa-, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión reclamada no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior, a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y tres del veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Titular de la Dirección General Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, en representación de la citada Secretaría, así como, de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Dirección de Profesiones y de la Dirección de Educación Superior Particular -ésta última en su denominación correcta-, todas de la citada Dependencia, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente a la ampliación de demanda de catorce de junio de dos mil veintitrés. En tales condiciones, se tiene a la autoridad oficiante por su representación rindiendo el informe justificado correspondiente a la ampliación de demanda y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora, se comisiona a la Oficial Judicial "A" para realizar la gestión necesaria a efecto de registrar a la autoridad responsable en su denominación correcta Dirección de Educación Superior Particular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, dentro del presente juicio de amparo. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la referida autoridad ofreciendo como prueba de su parte la documental que refiere y anexa en su informe justificado. Relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de siete de julio de dos mil veintitrés se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, en representación del Gobernador del Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo está transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." De igual forma, de la referida certificación se advierte que transcurrió el plazo para que la quejosa Guie Shuuba Lorenzana López aclarara la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como Director de Instituciones, sin que lo hubiera hecho. Al respecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de Veintiuno de junio de dos mil veintitrés y se deja de tener como autoridad al Director de Instituciones, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Se comisiona a la Oficial Judicial "A" (antes analista jurídico SISE) encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de realizar las gestiones necesarias respecto de la mencionada autoridad, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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