Guido Acosta Tzab

Expediente 817/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
817/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Guido Acosta Tzab

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el doce de julio de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la suspensión definitiva de los actos reclamados a las responsables, así como que se declaró sin materia la misma, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son DESTRUIBLES lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio rendido por el Fiscal Investigador en Turno del Ministerio Público de la Agencia Vigésima Tercera, con sede en Kanasín, Yucatán, y anexo que acompaña, del que se advierte que por acta de veintisiete de mayo del año en curso, hizo entrega del vehículo marca Mercedes Benz, modelo 1991, motor 390900407087721, serie C1317AM0003446, placas de circulación 461-AK-7, de forma plena y definitiva al aquí quejoso Guido Acosta Tzab. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad remitente, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que la parte promovente del amparo reclama en el presente juicio: La retención del vehículo marca Mercedes Benz, modelo 1991, motor 390900407087721, serie C1317AM0003446, placas de circulación 461-AK-7, y la omisión de entrega del aludido automotor. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su oficio de mérito el Fiscal Investigador en Turno del Ministerio Público de la Agencia Vigésima Tercera, con sede en Kanasín, Yucatán, se aprecia que por acta de veintisiete de mayo del presente año, hizo entrega del vehículo marca Mercedes Benz, modelo 1991, motor 390900407087721, serie C1317AM0003446, placas de circulación 461-AK7, de forma plena y definitiva al aquí quejoso Guido Acosta Tzab, tal y como se advierte de las constancias que adjuntó en copia certificada. En este orden de ideas, ya que el veintisiete de mayo último, la autoridad responsable le entregó al directo quejoso el vehículo antes citado y que reclamó como acto reclamado en el presente juicio de amparo en que se actúa; y como se advierte de la copia certificada de dicha acta de entrega; documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto omisivo combatido por la solicitante del amparo a la autoridad responsable, restituyéndose a la parte agraviada en el goce de la garantía constitucional violada. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la omisión impugnada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora fijada para audiencia constitucional señalada, esto es, las diez horas con treinta y tres minutos del quince de julio de dos mil veintiuno. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Incidental

    R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a Guido Acosta Tzab, la suspensión definitiva del acto que reclamó del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Clara Guadalupe Cervera Téllez, Apoderada Legal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán y Director Jurídico del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, consistente en la omisión de entregar el CAMIÓN TIPO CAJA SECA, MARCA "MERCEDES BENZ", MODELO 1991, MOTOR 390900407087721, SERIE C1317AM0003446, USADO, PLACAS DE CIRCULACIÓN FEDERAL 461AK7; ello, en virtud de los razonamientos expuestos en el tercer considerando de esta resolución. SEGUNDO. SE DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, promovido por Guido Acosta Tzab, contra el acto reclamado al Fiscal en Jefe del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y de Litigación, con sede en Kanasín, Yucatán, consistente en la omisión de entregar el CAMIÓN TIPO CAJA SECA, MARCA "MERCEDES BENZ", MODELO 1991, MOTOR 390900407087721, SERIE C1317AM0003446, USADO, PLACAS DE CIRCULACIÓN FEDERAL 461AK7; lo anterior, en virtud de los razonamientos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución.

  4. Principal

    Vistos los presentes autos y toda vez que es un hecho notorio para esta Juzgadora de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en los autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, obra el informe previo rendido por el Fiscal en Jefe del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y de Litigación en Kanasín, Yucatán, en el cual señaló que en fecha veintisiete de mayo del año en curso, hizo entrega al quejoso Guido Acosta Tzab, del vehículo motivo de la Litis. En consecuencia, toda vez que el diecisiete de mayo del año en curso, se tuvo por recibido de la citada autoridad su informe justificado, sin que realizara las manifestaciones que comunicó en su informe previo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Fiscal en Jefe del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y de Litigación en Kanasín, Yucatán, para que en el término de tres días siguientes al en que se le notifique el presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias con las que acredite la entrega del automotor motivo de la Litis en el presente juicio de amparo; apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.

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