Guicela Garcia Magaña

Expediente 828/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
828/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
02/04/2018

Partes del expediente

  • Guicela Garcia Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a dos de abril de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el término de quince días que establece el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintidós de febrero del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de garantías, sin que en ese lapso se hayan inconformado; en consecuencia, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues en una parte se sobreseyó en el presente juicio de garantías y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE TERCERO INTERESADA., DEL PROVEIDO DE VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: " Morelia, Michoacán, a veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, lapso dentro del cual la parte quejosa presentó un escrito; en consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a realizar el examen de tal cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, este juzgado concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa -, contra el acto que reclamó al Fiscal Regional de La Piedad, Michoacán, y otra autoridad, en los términos siguientes: ". Por tanto, dada la violación a los derechos fundamentales de la inconforme - de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 fracción I, de la ley reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, realice lo siguiente: A) De inmediato determine si con las pruebas desahogadas, resulta suficiente para la debida integración de la averiguación previa penal número -; o bien, B) De considerarlo necesario, recabe de oficio aquellos medios de convicción para la debida integración de la indagatoria de que se trata; de tal forma que le permita pronunciarse en definitiva lo que en derecho proceda; esto es, consigne la misma, o bien ordene su archivo. C). El Fiscal Regional de La Piedad, Michoacán, deberá vigilar que el Representante Social aludido cumpla con lo ordenado en la presente sentencia. D) Todo lo anterior deberán realizarlo en un lapso de diez días hábiles, contados a partir de que se les notifique que causó ejecutoria la presente resolución.". En acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria tal resolución y en términos del numeral 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables Fiscal Regional y Agente del Ministerio Público de Averiguaciones Previas, ambos de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. En acatamiento a ello, mediante telegrama y oficio, recibidos en este tribunal respectivamente el veinticuatro de enero pasado y el trece de los actuales, el Fiscal Regional de La Piedad, Michoacán, informó que instruyó al Agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y por su parte el Agente del Ministerio Público de Averiguaciones Previas de dicha ciudad, remitió copia certificada de la averiguación previa penal número - de la que se advierte que el dos de febrero del año en curso, dicho represente social acordó lo siguiente: ".de las constancias y actuaciones que hasta el momento conforman la indagatoria penal número - se concluye que en el caso que no ocupa no se encuentran acreditados los elementos constitutivos del DELITO CONTRA LA PROCURACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA, [.]; y por ende, tampoco se encuentra acreditada la probable responsabilidad de la licenciada -, [.]. ".En consecuencia, al no encontrarse satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que los datos arrojados por la Averiguación Previa no son suficientes para tener por acreditados los elementos constitutivos del delito CONTRA LA PROCURACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA, así como de ningún otro, de los previstos por el Código Penal del Estado, así como tampoco existen datos que hagan presumir la responsabilidad penal de -, así como de ninguna otra persona, en su comisión; por lo que ante tal virtud, no encontramos en presencia de hechos no constitutivos de delito, actualizándose así el supuesto establecido por el artículo 7 fracción III inciso a) del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, [.]. ÚNICO. Se autoriza a la Agente del Ministerio Público Investigador, adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, a dictar ACUERDO DE ARCHIVO en la averiguación previa número- instruido en contra de -, por la comisión del delito de DELITOS CONTRA LA PROCURACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y/O LO QUE RESULTE.". Por su parte la Agente del Ministerio Público responsable, en acatamiento a dicha consulta de archivo, el dos de febrero del año en curso emitió la siguiente resolución: ".se deja insubsistente la resolución reclamada, para ahora, siguiendo los lineamientos trazados por la ejecutoria de amparo, dictar una nueva, fundándola debidamente.". PRIMERO. En la averiguación previa penal en que se actúa, se dicta ACUERDO DE ARCHIVO, que pudiera ejercitarse en contra de - por la probable comisión del delito CONTRA LA PROCURACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA." Es así, que este juzgador estima que las autoridades responsables han dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que, el uno y dos de los actuales, dejaron insubsistente y sin efectos el acuerdo que resolvió la consulta de archivo de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete y con plenitud de jurisdicción emitieron uno nuevo siguiendo los lineamientos trazados por la ejecutoria de amparo, debidamente y fundada y motivada. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Jefa de Administración Centro Histórico de Postal de Correos, residente en esta ciudad, por el cual remite copia de los acuses que le fueron solicitados en autos, lo cual será tomado en consideración para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, lapso dentro del cual la parte quejosa presentó un escrito; en consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a realizar el examen de tal cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, este juzgado concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa -, contra el acto que reclamó al Fiscal Regional de La Piedad, Michoacán, y otra autoridad, en los términos siguientes: ". Por tanto, dada la violación a los derechos fundamentales de la inconforme - de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 fracción I, de la ley reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, realice lo siguiente: A) De inmediato determine si con las pruebas desahogadas, resulta suficiente para la debida integración de la averiguación previa penal número -; o bien, B) De considerarlo necesario, recabe de oficio aquellos medios de convicción para la debida integración de la indagatoria de que se trata; de tal forma que le permita pronunciarse en definitiva lo que en derecho proceda; esto es, consigne la misma, o bien ordene su archivo. C). El Fiscal Regional de La Piedad, Michoacán, deberá vigilar que el Representante Social aludido cumpla con lo ordenado en la presente sentencia. D) Todo lo anterior deberán realizarlo en un lapso de diez días hábiles, contados a partir de que se les notifique que causó ejecutoria la presente resolución.". En acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria tal resolución y en términos del numeral 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables Fiscal Regional y Agente del Ministerio Público de Averiguaciones Previas, ambos de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. En acatamiento a ello, mediante telegrama y oficio, recibidos en este tribunal respectivamente el veinticuatro de enero pasado y el trece de los actuales, el Fiscal Regional de La Piedad, Michoacán, informó que instruyó al Agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y por su parte el Agente del Ministerio Público de Averiguaciones Previas de dicha ciudad, remitió copia certificada de la averiguación previa penal número - de la que se advierte que el dos de febrero del año en curso, dicho represente social acordó lo siguiente: ".de las constancias y actuaciones que hasta el momento conforman la indagatoria penal número - se concluye que en el caso que no ocupa no se encuentran acreditados los elementos constitutivos del DELITO CONTRA LA PROCURACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA, [.]; y por ende, tampoco se encuentra acreditada la probable responsabilidad de la licenciada -, [.]. ".En consecuencia, al no encontrarse satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que los datos arrojados por la Averiguación Previa no son suficientes para tener por acreditados los elementos constitutivos del delito CONTRA LA PROCURACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA, así como de ningún otro, de los previstos por el Código Penal del Estado, así como tampoco existen datos que hagan presumir la responsabilidad penal de -, así como de ninguna otra persona, en su comisión; por lo que ante tal virtud, no encontramos en presencia de hechos no constitutivos de delito, actualizándose así el supuesto establecido por el artículo 7 fracción III inciso a) del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, [.]. ÚNICO. Se autoriza a la Agente del Ministerio Público Investigador, adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, a dictar ACUERDO DE ARCHIVO en la averiguación previa número- instruido en contra de -, por la comisión del delito de DELITOS CONTRA LA PROCURACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y/O LO QUE RESULTE.". Por su parte la Agente del Ministerio Público responsable, en acatamiento a dicha consulta de archivo, el dos de febrero del año en curso emitió la siguiente resolución: ".se deja insubsistente la resolución reclamada, para ahora, siguiendo los lineamientos trazados por la ejecutoria de amparo, dictar una nueva, fundándola debidamente.". PRIMERO. En la averiguación previa penal en que se actúa, se dicta ACUERDO DE ARCHIVO, que pudiera ejercitarse en contra de - por la probable comisión del delito CONTRA LA PROCURACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA." Es así, que este juzgador estima que las autoridades responsables han dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que, el uno y dos de los actuales, dejaron insubsistente y sin efectos el acuerdo que resolvió la consulta de archivo de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete y con plenitud de jurisdicción emitieron uno nuevo siguiendo los lineamientos trazados por la ejecutoria de amparo, debidamente y fundada y motivada. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.

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