Guerra González y Asociados, sociedad civil
Expediente 998/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Guerra González y Asociados, sociedad civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, y vista la certificación de referencia, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la inconforme y al tercero interesado, en proveído de veinticinco de marzo de la presente anualidad, para que se manifestaran sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin que alguna de las partes hiciera uso de dicha prerrogativa. En esas condiciones, se procede a resolver sobre tal acatamiento, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. De inicio, es menester precisar que este órgano jurisdiccional, mediante sentencia autorizada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, determinó negar el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Inconforme con dicha resolución, ******, interpuso recurso de revisión, mismo que por razón de turno correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el número R. C. 136/2020-IV, cuyos magistrados integrantes en sesión de siete de octubre de dos mil veinte, resolvieron revocar la sentencia dictada por este juzgado federal y conceder el amparo a la solicitante del amparo, al considerar toralmente lo siguiente: "Hecha la anterior precisión, debe decirse que asiste razón a la revisionista en cuanto arguye de manera toral que la resolución que se combate es ilegal, como consecuencia de que el juez de Distrito no advirtió que de conformidad con lo dispuesto por las fracciones III y IV del artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles, son créditos contra la masa y, por ende, serán pagados en el orden indicado y con anterioridad incluso a los que se refiere el diverso 217 de esa misma legislación, los gastos contraídos para atender los gastos normales para la seguridad de los bienes de la masa, su refacción, conservación y administración; y los procedentes de diligencias judiciales o extrajudiciales siempre que se encuentren dirigidos al beneficio de la masa. - - - En efecto, el precepto legal invocado en primer lugar establece lo siguiente: "Artículo 224.- (Lo transcribe) - - - Precepto legal del cual se advierte que los gastos legales sí pueden considerarse como parte de los gastos de operación ordinaria de la comerciante, siempre y cuando éstos se hayan contraído para atender los gastos normales para la seguridad de los bienes de la masa, su refacción, conservación y administración; o bien, cuando procedan de la realización de diligencias judiciales o extrajudiciales en beneficio de la masa; lo que deberá apreciarse y ponderarse en cada caso específico, pero que no justifica que -de manera a priori- se desestimen de forma genérica todas las solicitudes del pago de gastos legales. - - - Razón por la cual, es dable concluir que si en la emisión de la resolución reclamada de diez de septiembre de dos mil diecinueve, el juez del concurso señalado como autoridad responsable declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el síndico, en contra de un auto de cuatro de julio de ese mismo año, en que se declaró improcedente la petición que formuló el propio síndico para que se permitir (sic) la liberación del pago de gastos legales, para cubrir honorarios de abogados contratados por las empresas sujetas a concurso mercantil; siendo que esa negativa se sustentó -entre otras cuestiones-en que los honorarios legales no podían ser considerados como un crédito indispensable para mantener la operación ordinaria de la empresa, tanto de los generados durante la etapa de conciliación como en la etapa de quiebra, por no ubicarse en el supuesto del artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles, es inconcuso que dicha determinación resulta incorrecta." En ese sentido, los efectos de la concesión del amparo, se establecieron para que el juez responsable realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento de concurso mercantil 345/2017 de su índice, en que se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de un auto de cuatro de julio de ese mismo año, señalado como acto reclamado en el presente juicio de amparo y, en su lugar. - - - b) Dicte otra en el cual se pronuncie sobre la procedencia o no del pago de los gastos legales solicitados, ponderando en cada caso si éstos fueron contraídos para atender los gastos normales para la seguridad de los bienes de la masa, su refacción, conservación y administración; o bien, si se encontraban dirigidos o no a la realización de diligencias judiciales o extrajudiciales en beneficio de la masa, conforme a las condiciones específicas de cada solicitud; - - - c) Lo que deberá resolver con plenitud de jurisdicción y decidiendo lo que estime que en Derecho corresponda, atendiendo a sus facultades como juzgador del procedimiento de concurso mercantil." Requerido el cumplimiento de la sentencia protectora, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante oficio con número de registro quinientos treinta, informó que en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el acto reclamado de diez de septiembre de dos mil diecinueve. Asimismo, a través de la comunicación oficial registrada con el número dos mil trescientos treinta y uno, el homólogo federal hizo del conocimiento de este juzgado el contenido de la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en donde estableció lo siguiente: "(.) Así, el octavo tribunal oficiante concluyó que de conformidad con lo dispuesto por las fracciones III y IV del artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles, son créditos contra la masa y, por ende, serán pagados en el orden indicado y con anterioridad incluso a los que se refiere el diverso 217 de esa misma legislación, los gastos contraídos para entender los gastos normales para la seguridad de los bienes de la masa, su refacción, conservación y administración; y los procedentes de diligencias judiciales o extrajudiciales siempre que se encuentren dirigidos al beneficio de la masa. Añade además, que dichos gastos deberán, apreciarse y ponderarse en cada caso específico, pero que no justifica que -de manera a priori- se desestimen de forma genérica todas las solicitudes del pago de gastos legales.- - - Por lo antes expuesto, se declaran fundados los agravios. En lo que se refiere a que deben "apreciarse y ponderarse en cada caso específico" y no desestimarlos "de manera a priori". Y serán procedentes, siempre que se encuentren dirigidos al beneficio de la masa. - - - En efecto, dichos agravios son fundados pero inoperantes, porque una vez analizados de forma particular los gastos legales solicitados, como lo ordena el colegiado, se advierte que la sindicatura no aportó elemento alguno que permita apreciar, como también lo ordenó la autoridad revisora, que se "encuentren dirigidos al beneficio de la masa". Como se demostrará a continuación: - - - El cuerpo colegiado instruyó a este juzgador federal para que se pronuncie con plenitud de jurisdicción sobre la procedencia o no del pago de los gastos legales solicitados por la sindicatura, en el ocurso registrado con el número de promoción 11880 (materia del auto impugnado), ponderando: -Si se encuentran dirigidos o no a la realización de diligencias judiciales o extrajudiciales en beneficio de la masa.- - - Al respecto, en el citado ocurso registrado con el número de promoción 11880, la sindicatura solicitó que se dejara sin efectos la prohibición de realizar cualquier pago de gasto legal a las quebradas, manifestando que como la quebrada ya no tiene la posesión de las plataformas marinas autoelevables, tampoco cuenta con la obligación de mantenerlas. Por lo tanto, el entonces síndico ******, consideró que los activos de la comerciante en su gran mayoría son derechos litigiosos, que como síndico le ayudará a cumplir la obligación de conservar y maximizar la masa concursal, el pago de los honorarios legales. - - - Argumentó en su petición, que el pago de gastos legales es indispensable, ya que si no se realizan, como sindico estaba impedido a efectuar todas las acciones para maximizar el valor de la masa, aunado a que las quebradas tienen considerables adeudos con sus abogados y especialistas, quienes le han manifestado que ya no seguirán prestando sus servicios si no se les cubren sus honorarios. - - - Lo anterior, se corrobora con la parte conducente del mencionado libelo: [lo transcribe] - - - Como se advierte, la sindicatura solicitó "dejar sin efectos la prohibición de realizar cualquier pago de gastos legales a las quebradas", pero no especifica a qué gastos se refiere. - - - Posteriormente, expuso las razones que sustentan la petición: [inserta imagen] - - - Como se advierte de la imagen inserta, no se aprecia a partir de qué fecha, qué montos, qué esquema de pagos y qué gestiones está llevando a cabo para maximizar el valor de los bienes de las comerciantes (claro está, incluídos los derechos litigiosos que pretenden enajenarse eventualmente). Únicamente, manifiesta que en la etapa de quiebra está obligado a priorizar aquellos gastos que estén dirigidos a la conservación y maximización de la masa concursal para su posterior enajenación, pero tampoco expresa qué diligencias judiciales o extrajudiciales realizará en beneficio de la masa. - - - Además, a la fecha de la emisión de esta sentencia interlocutoria, no existe una valuación, o algún indicio que permita conocer la forma en la que se pretende maximizar el costo de dichos derechos litigiosos. - - - Al hablar de la forma en que se pretende maximizar el costo de los bienes -derechos litigiosos- es importante mencionar que no implica otra cosa, como en cualquier venta en el mercado, que buscar una estrategia que permita obtener la mejor remuneración por el activo y con ello obtener el mayor beneficio para la masa concursal. - - - Por ello, aun cuando el entonces especialista ******, hubiera mencionado que a partir de la sindicatura es que se pretendía pagar honorarios legales, tampoco indicó: i. Qué litigios le irrogan mayor beneficio a la masa concursal y cuales no. ii. Si los abogados que pretende financiar, son la mejor opción en cuanto a costo, tiempo y efectividad, ello, con la finalidad de evitar el detrimento de la masa concursal. - - - (.) Cabe precisar, que lo expuesto por el entonces síndico, de erogar gastos legales para cumplir con el objetivo de ser un administrado diligente, no se puede apartar de su obligación de cuidado de los recursos económicos que conforma la masa concursal, conforme a los dispuesto en el artículo 78 de la Ley de la materia, que le obliga a obrar siempre como un administrador diligente en negocio propio, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que la empresa sufra por su culpa o negligencia. - - - En efecto, el síndico argumenta que no tiene la obligación de atender todos los asuntos con los que cuentan las quebradas. Sin embargo, de lo que no existe duda, es que debe evaluar y justificar de manera clara y transparente la forma en la que planea invertir recursos económicos en beneficio de la masa e indicar el cómo, a quién, por cuánto tiempo, y bajo qué condiciones pretende pagar gastos legales que permitan tener eventualmente una retribución en beneficio de la masa concursal.- - - Lo anterior es así, ya que en estricto cumplimiento a lo determinado por el tribunal colegiado, este juzgador federal debe analizar si esos gastos legales, fueron "gastos normales para la seguridad de los bienes de la masa, su refacción, conservación y administración; o bien, cuando procedan de la realización de diligencias judiciales o extrajudiciales, en beneficio de la masa". - - - Por ello, no es suficiente argumentar únicamente que es la mejor opción, porque como ya quedó claro, debe existir completa transparencia en la forma en que se van a erogar los gastos que atañan la masa concursal. - - - También, es conveniente mencionar, que hasta la fecha en que se actúa, la sindicatura no ha puesto a consideración de este juzgado federal, elementos que permitan al suscrito advertir cuales son los "gastos normales para la seguridad de los bienes de la masa, su refacción, conservación y administración; o bien, cuando procedan de la realización de diligencias judiciales o extrajudiciales, en beneficio de la masa. Únicamente como puede observarse de su petición, el especialista se limitó a exponer que si no se autorizan los gastos que solicita, no se pueden llevar a cabo las acciones necesarias para "maximizar" el valor de la masa concursal, por ello, como se dijo, se declaran inoperantes los motivos de disenso planteados por la sindicatura, el ser manifestaciones genéricas sin sustento documental.- - - (.) En tales condiciones, al resultar fundados pero inoperantes los motivos de disenso planteados, se confirma el auto combatido de cuatro de julio de dos mil diecinueve, en lo concerniente al tema sobre la liberación del pago de gastos legales solicitados por la sindicatura." Así, en cumplimiento a los lineamientos que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a emitir la presente determinación a fin de declarar si la ejecutoria está cumplida o bien si se incurrió en exceso o defecto en su acatamiento. Al respecto, es conveniente señalar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector que se emitió con motivo del juicio de amparo tramitado, de modo tal que realice todos y cada uno de los actos determinados en aquél. No obstante, puede suceder que al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá defecto, o bien, que vaya más allá de lo que se haya ordenado, hipótesis en la cual existirá exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ilustra lo anterior, la tesis V.2o. J/38, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 625, del Tomo: VI, Diciembre de 199, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establece: "QUEJA POR EXCESO Y DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO. CUANDO EXISTE UNO U OTRO. Conforme al artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo, en la queja interpuesta contra actos de la autoridad responsable en un juicio de amparo en única instancia, puede alegarse exceso o defecto en la ejecución de la sentencia que concedió el amparo, estimándose que existe exceso cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional, en tanto que hay defecto cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata." Bien, conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que la autoridad responsable cumplió con la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores, pues en acatamiento a las consideraciones fijadas en la misma, dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar emitió un nuevo acto de autoridad; por lo que es dable determinar que la misma no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de un dispositivo 2°, se aprecia que el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dejó insubsistente la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el concurso mercantil 345/2017 de su índice, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cuatro de julio de ese mismo año, señalado como acto reclamado en el presente juicio de amparo. Asimismo, el homólogo federal dictó otra resolución en la cual se pronunció en cuanto a la procedencia del pago de los gastos legales solicitados por el síndico, y tomó en cuenta si éstos fueron contraídos para atender los gastos normales para la seguridad de los bienes de la masa, su refacción, conservación y administración; así como si se encontraban dirigidos o no a la realización de diligencias judiciales o extrajudiciales en beneficio de la masa; situación que se dirimió con plenitud de jurisdicción y conforme a lo que Derecho correspondía, en atención a las facultades legales que como rector del procedimiento concursal tiene la autoridad responsable. De lo anterior se advierte, que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas se aprecia que el juez de origen no decidió puntos diversos de los que se determinaron en la protección otorgada en el fallo constitucional; y tampoco omitió el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que se le ordenó resolver en la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada. En ese contexto, es incuestionable que la sentencia de amparo quedó cumplida en su totalidad. En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I página 832, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obran documentos considerados como no originales; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; póngase a disposición de la quejosa el instrumento catalogados como "no original"; en el entendido que de no recogerlos en el término de noventa días hábiles, éste serán destruidos; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del Acuerdo General citado. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 25 DE MARZO DE 2021.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 25 DE MARZO DE 2021.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia concesoria emitida en este asunto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la quejosa, así como a la parte tercero interesada para que en el plazo de tres días legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga en cuanto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; en la inteligencia de que agotado el plazo para ello, se determinará lo que corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, y por lista a las demás partes.
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