Gudelia Neófita Salazar Mendoza

Expediente 869/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
869/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Gudelia Neófita Salazar Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: I. Se declara consentido el acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. III. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. IV. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos y este proveído. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el dieciocho de agosto siguiente, se negó la definitiva solicitada; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 8.1.2. punto 3 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que las autoridades responsables dieron, sin que realizara manifestación alguna al respecto. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva en la que se concedió la protección constitucional a la justiciable respecto de los actos reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, y a las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los siguientes efectos: "[.] DECISIÓN [.] Para ello, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deberá: De manera inmediata continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de nulidad *******, para ello deberá proveer y gestionar lo correspondiente para hacer efectivas las multas impuestas a la autoridad obligada en el juicio de origen, así como todos los subsecuentes que resulten necesarios, a fin de vencer la contumacia de los encargados de la Delegación Estatal Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de llevar a cabo el total cumplimiento del fallo de que se trata. Para efecto de constreñir a las autoridades señaladas como responsables en este sumario, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que acaten las determinaciones adoptadas por la sala tendentes a obtener el cumplimiento de las sentencia de nulidad, podrá dictar las medidas más eficaces e inmediatas, entre ellas multas al superior jerárquico, dar vista al Órgano de Control Interno y cualquier otra que resulte necesaria e idónea para tal fin, de conformidad con sus facultades y atribuciones. Por su parte, las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar las gestiones conducentes para calcular, programar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en la sentencia de nulidad antes referida. Cabe destacar que tratándose de los alcances por los que se otorga la protección constitucional, éstos deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento de génesis, sin que pueda abarcar el análisis constitucional de actos procesales posteriores; asimismo, que los anteriores son extensivos a todas las autoridades señaladas como responsables." (Lo resaltado es propio) La sentencia de mérito causa ejecutoria mediante auto de diecinueve de noviembre siguiente, y por tanto se requirió el cumplimiento respectivo a las autoridades responsables. II. Actos que las autoridades responsables debían llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables debían realizar lo siguiente: a) La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deberá continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1036/18-15-01-9, haciendo valer los medios de apremió a su alcance hasta logar su total cumplimiento. b) las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar las gestiones conducentes para calcular, programar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********. III. Acciones que la autoridad responsable realizó para acatar la ejecutoria de amparo. Mediante autos de veinticinco de noviembre, dos y nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la sala responsable informando las gestiones que se encontraba realizando en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Posteriormente, el dieciséis de diciembre siguiente, se tuvo a la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informado que había dado cumplimiento a la ejecutoria, anexando para acreditar su dicho copias certificadas del auto de trece de diciembre pasado dictado en autos del juicio de nulidad ******, así como diversas constancias provenientes de las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Instrumentos que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2°. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, exhibió se advierte que por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, determinó tener por cumplida la sentencia dicta en el juicio de nulidad 1036/18-15-01-9, de su índice y para el caso ordeno el archivo del referido asunto como concluido. Ello en virtud que mediante oficio ********, de uno de diciembre suscrito por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó el pago correspondiente a las diferencias a favor de la quejosa, comunicado a esta mediante diverso *********, de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, consistentes en la cantidad de $*******(*******), mediante transferencia bancaria SPEI, con clave de rastreo ********, donde se advierte el nombre de la quejosa como beneficiaria de la citada transacción. Con las actuaciones descritas las autoridades responsables acataron el fallo protector, en virtud que la premisa en la que consistía el cumplimiento de la ejecutoria era dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad *******, misma que como se describió la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tuvo por satisfecha. En consecuencia con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remite a este juzgado copias certificadas del auto de trece de diciembre pasado dictado en autos del juicio de nulidad 1036/18-15-01-9, así como de diversas constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a sus derechos legales convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este juzgador resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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