GUDELIA MÁRQUEZ FIGUEROA y Otros.

Expediente 921/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
921/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Gudelia Márquez Figueroa
  • GUDELIA MÁRQUEZ FIGUEROA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con el cual, informa que aceptó la competencia declinada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto por ****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, contra el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; el cual registró con el número de amparo en revisión 101/2023. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  2. Principal

    ...Agréguese el oficio y anexo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, consistente en testimonio de la ejecutoria de dieciséis de febrero de este año, pronunciada en el amparo en revisión 307/2022. Ahora bien, se informa a las partes que el aludido Tribunal Colegiado, se declaró incompetente por razón de materia, para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto por ****, autorizado en términos amplios de la parte; en razón de ello, ordenó remitir dicho asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que conozca y resuelva del citado medio de impugnación. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por Heriberto Espiridion Ulloa, autorizado en términos amplios de la quejosa Gudelia Márquez Figueroa, a través del cual, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86 y 89, de la Ley de Amparo, interpone recurso de revisión contra el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; por tanto, distribúyanse las copias del escrito de interposición de recurso y expresión de agravios entre las demás partes, y una vez que se encuentre debidamente integrado con las constancias de notificación tanto de la resolución de sobreseimiento fuera de audiencia como del presente auto; al que se ordena agregar copia del escrito de agravios de cuenta, y que así lo certifique la Secretaria encargada del expediente, en el plazo de tres días, remítase este expediente, el escrito de interposición de recurso y expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, a quien compete la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias para la comprensión del asunto, y datos relacionados a comunicaciones procesales. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria Sofía Velasco García, quien autoriza y da fe. TODA VEZ QUE EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS NO CORRIERON TÉRMINOS CONFORME AL OFICIO 96/2022, DIRIGIDO AL MINISTRO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR LO QUE SE LISTA HASTA ESTE DÍA EL ACUERDO QUE ENTECEDE. DOY FE.-

  4. Principal

    ...Agréguese el oficio y anexo de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de amparo, rinde informe justificado, aceptando parcialmente la existencia de los actos reclamados. Enseguida, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las documentales que remite la autoridad oficiante, las cuales serán tomadas en consideración más adelante. Ahora bien, en el presente caso, se obtiene que los quejosos reclaman de los Magistrados Integrantes de la Sala Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Oaxaca: Los acuerdos de veinte y veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictados en el expediente JDI 06/2020. La omisión de acordar su escrito de cinco de julio de dos mil veintidós. Enseguida, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que el cuatro de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio contestación al escrito de los quejosos, presentado el cinco de julio de dos mil veintidós. En razón de ello, se llega a la conclusión que, respecto el acto reclamado a los Magistrados Integrantes de la Sala Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Oaxaca, consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós; se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción, XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias de autos, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, en lo de interés se advierte, que la parte peticionaria de amparo reclama de la autoridad responsable, la omisión de proveer su escrito de cinco de julio de dos mil veintidós. Ahora bien, de las documentales que remitió la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, ponen en evidencia, que dentro de los autos del expediente JDI/06/2020 el cuatro de agosto de dos mil veintidós, se proveyó el escrito de la parte quejosa de cinco de julio de dos mil veintidós. Lo expuesto, revela que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que, como se precisó con antelación, la autoridad responsable, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable dio contestación al escrito de cinco de julio de dos mil veintidós. Así, se destruyeron todos los efectos del acto que se reclama en forma total e incondicional; de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido. En apoyo a lo anterior, se cita el siguiente criterio jurisprudencial, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, siguiente "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Enseguida, respecto a los diversos actos reclamados consistentes en los acuerdos de veinte y veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictados en el expediente JDI 06/2020; así como, el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que, la autoridad responsable dio contestación al escrito de cinco de julio de dos mil veintidós, se obtiene que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes, que no contravienen a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procésales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". (Tesis XIX.2º.13K, publicada a página 340, Tomo III, Enero 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda recurso alguno o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados; y que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios cuando el acto se trate de aquellos que: a) Importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, c) Se trate de persona extraña al procedimiento. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia civil encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Al respecto los artículos 666 y 974 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Oaxaca, ordenamiento aplicable, establecen: "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 974. Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo" Por tanto, se llega a la conclusión que los quejosos, están en aptitud de interponer el recurso de revocación para combatir los acuerdos de veinte y veintiocho de junio, así como, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictados en el expediente JDI 06/2020. Cabe precisar que en el caso, se determina que el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles del estado de Oaxaca resulta aplicable al caso, pues en auto de radicación de diecinueve de marzo de dos mil veintidós, dictado en el JDI 06/2020, la de la Sala Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Oaxaca, dispuso lo siguiente: "(.) Sin que éste órgano jurisdiccional prejuzgue sobre los requisitos de procedencia de dicho medio impugnación, mismos que serán analizados al momento de dictar la resolución respectiva, con fundamento en los previsto por los artículos 14, párrafo segundo, y 17, párrafo segundo de nuestra Carta Magna, 95, 101 y 102 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca (.)". De ahí que, este Juzgador advierta que la ley que resulta aplicable para la tramitación del juicio JDI 06/2020, lo sea el Código de Procedimientos Civiles del estado de Oaxaca. Incluso, respecto a los acuerdos de veinte y veintiocho de junio de dos mil veintidós en la parte en que la autoridad responsable exhortó a las partes para que se dirijan con respecto y no realicen señalamientos temerarios; se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues no le causan algún perjuicio o afectación en su esfera jurídica que haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues como se detalló, únicamente se trata de una exhortación; sin que ello se traduzca en una afectación real, actual y directa en detrimento de sus derechos sustantivos. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 62/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado". En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,074 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano