Gudelia de la Cruz Matias

Expediente 154/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
154/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/03/2018

Partes del expediente

  • Gudelia de la Cruz Matias

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Gudelia de la Cruz Matías, contra los actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otra autoridad, fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 154/2018. Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPOSABLES: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla. ACTO RECLAMADO: ". le reclamo la resolución dictada dentro del Auto de radicación del Toca 813/2017 de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, en el que se tiene mal admitido el recurso de apelación planteado, por el Agente del Ministerio Público y admitido a trámite por el Juez del conocimiento RESULTA IMPROCEDENTE, resolución que me fue notificada con fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. En su carácter de ejecutora (Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla) le reclamo la ejecución del acuerdo de radicación que declara improcedente el recurso planteado, mismo que fue dictado dentro del roca de apelación 813/2017 de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado." Ahora bien, respecto del acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otra autoridad, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar la demanda de amparo presentada. Como cuestión previa resulta necesario precisar que a Gudelia de la Cruz Matías le reviste el carácter de agraviada en el toca penal 813/2017, generador del acto reclamado, por lo que es parte formal en dicho proceso penal. Conforme a lo anterior, se hace necesario analizar el concepto "personas extrañas", de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, que recoge el contenido del artículo 107, fracción VII, de la constitución. Para el juicio de garantías, persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución que se combate, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En el caso, del análisis de la demanda de amparo que se provee, se advierte que la quejosa no se encuentra dentro de las hipótesis antes descritas, ya que no tiene el carácter de extraño al procedimiento penal, pues tal figura no la contempla la ley ordinaria respectiva, además de que resulta inconcuso que es parte formal en dicho proceso por ser indiciado. Lo anterior se corrobora, con lo manifestado por la aquí quejosa en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, al manifestar bajo protesta de decir verdad que en diez de septiembre de dos mil catorce interpuso una denuncia ante el entonces Agente del Ministerio Público Delegación Sur correspondiéndole el número de Averiguación Previa 3408/2014/SUR, misma que fue consignada ante el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad en su artículo 2°, pues constituye un hecho propio aseverado en el escrito de demanda; bajo esa tesitura su acción de amparo queda supeditada a la regla establecida en los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 107 Constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes. En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, aunado a lo deducido en párrafos precedentes en el sentido de que la impetrante de amparo no le reviste el carácter de tercero extraño al proceso generador de los actos reclamados, en virtud de estar vinculado a dicho procedimiento por ser procesado, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.. Se exceptúa de lo anterior:. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la interpretación relacionada de los numerales antes mencionados, se conoce que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la reposición del acto reclamado, toda vez que si con aquéllos logra anular los efectos que le causan agravio, es evidente que el interesado no debe acudir a un medio extraordinario de protección de sus derechos esenciales cuando tiene al alcance los recursos con los que logrará el mismo objetivo, pues de otra manera el juicio de amparo se convertiría en un medio ordinario de defensa más. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Así, la determinación que declara que mal admitido el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público, por tratarse de un acto de autoridad, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que de manera alguna afecta o impone algún tipo de restricción o perturbación de la libertad del acusado, ni constituye una pena, ya que es un simple auto de trámite que para reclamarse en la vía del juicio de amparo, al no tratarse, de un acto que afecte en sí mismo la libertad personal del quejoso no se surte la excepción establecida en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, para promover la demanda en cualquier tiempo y, de ese modo, tampoco se actualizan las excepciones al principio de definitividad a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa virtud, en la especie sí se requiere agotar dicho principio de definitividad, contenido en el primer párrafo de la citada fracción. Ahora bien, el artículo 307 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establece: "Artículo 307. Contra el auto que no admita la apelación procede el recurso de denegada apelación". De la transcripción que antecede, se conoce que en contra del auto que no admitió la apelación procede el recurso de denegada apelación, en el caso concreto, el proveído que constituye el acto reclamado por el impetrante de amparo es el auto de radicación de diez de enero de dos mil dieciocho emitido dentro del toca 813/2017 a través del cual se tiene mal admitido el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público, dictado por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, dentro de la causa penal 7/2017 de su índice, PROCEDE EL RECURSO DE DENEGADA APELACIÓN. Conforme con lo expuesto, se colige que el acto reclamado por el quejoso es impugnable a través del recurso de denegada apelación prevista en los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Por tanto, resulta improcedente el juicio de amparo al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación, se puede obtener la modificación o revocación del auto que se reclama en el presente juicio, esto es, el quejoso debió haber cumplido con el principio de definitividad previo a ocurrir al juicio del amparo, impugnando a través del RECURSO DE DENEGADA APELACIÓN que prevé el artículo 307 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por no ser extraño al juicio natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de denegada apelación aludido, por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 765, Tomo XIII, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. NO LA CONSTITUYE EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que el tribunal de alzada puede declarar que un recurso de apelación fue mal admitido por el Juez de primer grado y, en consecuencia, desechar éste, tal determinación no constituye una sentencia definitiva ni es una resolución que ponga fin al juicio, porque no lo resuelve en lo principal ni lo da por concluido, de acuerdo con lo establecido por los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo; máxime que en contra de esa determinación procede el recurso de reposición en términos de lo dispuesto por los artículos 268 y 281 (este último a contrario sensu) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe declararse incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida en esos términos y remitirla al Juez de Distrito correspondiente para que se aboque a su conocimiento." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada visible en la página 218, Tomo II, julio de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo texto dice: "AUTO QUE NIEGA LA ADMISION DEL RECURSO DE APELACION. PROCEDE EL RECURSO DE DENEGADA APELACION CONTRA EL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Contra el auto que niega la admisión del recurso de apelación, en términos del artículo 403 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, procede el recurso de denegada apelación, por tanto, si no se hace valer este recurso antes de ocurrir al juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente en razón de que el acto reclamado carece de definitividad." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta; así como por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala en la misma. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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