Guardería Fantástica, sociedad civil
Expediente 743/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Guardería Fantástica, sociedad civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V. Calificativo de cumplimiento. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada de la determinación de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual se resolvió el recurso de revisión interpuesto en el juicio 443/2019 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. V. Vista cumplimiento. Mediante proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con las anteriores actuaciones; quien fue notificada, sin que hubiere realizado manifestaciones al respecto. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso o defecto.
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Auto. Hermosillo, Sonora, dos de marzo de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Del estado de los autos se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), y 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que las responsables: "Se pronuncie respecto al recurso de revisión interpuesto el catorce de febrero de dos mil veinte, en el expediente 443/2019." Por otra parte, visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio remitido por el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Vista de cumplimiento. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. En este acto se da cuenta al titular con un escrito suscrito por la parte quejosa registrado con folio 814. A lo anterior el juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tienen por hechas las manifestaciones que vierte en su escrito de cuenta, las cuales serán tomadas en cuenta en al presente audiencia constitucional. Acto seguido, abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por las responsables. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con la documental que exhibió la autoridad señalada como responsable, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y las que ofertó el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, en su escrito agregado en auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza los aludidos medios de convicción. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar los formulados por la parte quejosa y tercero interesada. El juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos de mérito y por perdido el derecho de las demás partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 743/2020; y, RESULTANDO Primero. Demanda. Por escrito recibido el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, turnado al día siguiente hábil, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Karina Margarita Álvarez Félix, representante legal de Guardería Fantástica Sociedad Civil solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades Segundo. Trámite del juicio. En veintinueve de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020, por el periodo de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; así, atendiendo a las directrices marcadas por dicho Acuerdo General, mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Finalmente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, conforme a lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que, cuando el acto reclamado no tiene ejecución, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se presenta la demanda, extremos que se satisfacen en el caso. Segundo. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral del expediente, se advierte que el acto reclamado es la omisión de dar trámite al recurso de revisión interpuesto el catorce de febrero de dos mil veinte, en el expediente 443/2019. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las responsables, no obstante que al rendir su informe con justificación hayan negado el acto, pues dicha negativa se desvirtúa con las constancias que remitieron en apoyo, así como las allegadas por la parte quejosa, de las que se advierte la dilación impugnada. Cuarto. Causa de improcedencia actualizada. Toda vez que el estudio de las causas de improcedencia, es una cuestión de estudio preferente por ser de orden público, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la que se actualiza. Secretario general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. El estudio del expediente demuestra que no le asiste la calidad de autoridad responsable al mencionado secretario general de acuerdos y, por tanto, se actualiza el motivo inejercitabilidad previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales mencionan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de esta Ley. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo:(.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuto o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los dispositivos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Respecto de estos actos, es indispensable tener en cuenta que una autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que tiene la potestad para dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Dicho de otro modo, para que una autoridad pueda considerarse como responsable, es necesario que al emitir el acto establezca una relación de supra a subordinación con un particular, que esta tenga su nacimiento en la ley y que con motivo de ella emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, las funciones del secretario general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora se encuentran contempladas en el artículo 28 del Reglamento Interior de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora que señala: "Artículo 28. El Secretario General del Tribunal, además de las atribuciones establecidas en La Ley, tendrá las siguientes: I. Apoyar al presidente del Tribunal en las tareas que le encomiende; II.- Suplir al magistrado ausente en los casos previstos en la Ley y este Reglamento. III.- Verificar y dar fe del quórum legal, así como de las actuaciones del Pleno; IV.- Tomar las votaciones en las sesiones del Pleno; V.- Formular el acta respectiva de las sesiones del Pleno; VI.- Autorizar las actuaciones de la Presidencia del Tribunal y dar fe de las mismas; VII.- Recibir, de ser necesario, la documentación que se presente ante el Tribunal, asentando en el original y en la copia, fecha y hora de recepción, número de fojas que integren el documento, las copias que se agreguen al original y, en su caso, precisar la descripción de los anexos que se acompañen, debiendo suscribir la razón correspondiente con su nombre y firma; VIII.- Dar cuenta de inmediato al Presidente, de la recepción de los Juicios, medios de impugnaciones y controversias interpuestas, así como de los escritos, oficios y promociones que se presenten y que conforme a la Ley, ameriten resolución o acuerdo del Presidente; IX.- Proporcionar de inmediato al Magistrado Ponente las demandas, medios de impugnación interpuestos, de los escritos, oficios y promociones que se presenten, así como de los documentos que se requieran para la instrucción, estudio y proyecto de resolución de los mismos; X.- Revisar que los asuntos planteados ante el Tribunal, reúnan los requisitos señalados en la Ley y demás disposiciones aplicables; XI.- Elaborar los proyectos de acuerdo y llevar el trámite de los expedientes hasta que se turnen al Magistrado Ponente que corresponda, así como los que sean de exclusivo trámite de Presidencia o del Pleno, con la debida oportunidad; XII.- Supervisar la correcta integración de los expedientes del Tribunal; XIII.- Foliar y sellar los expedientes jurisdiccionales de la Presidencia y asentar la razón de los folios que queden cancelados cuando se desglose algún documento; XIV.- Autorizar y tener bajo su responsabilidad, los libros de registro y de actas, así como tener bajo su custodia los expedientes y documentación de acceso restringido; XV. Supervisar el debido funcionamiento de las áreas adscritas a la Secretaría General; XVI.- Expedir, a costa del solicitante, las constancias y copias certificadas que se requieran y soliciten, cuando sea procedente; de los expedientes que se encuentren en trámite ante la Presidencia. XVII.- Realizar las certificaciones que se requieran en las actuaciones y resoluciones de la Presidencia o de sus áreas administrativas; XVIII.- Publicar oportunamente la lista de acuerdos del Pleno y de la Presidencia. XIX.- Integrar y expedir los exhortos que ordene el Pleno y la Presidencia y remitirlos a sus destinatarios; XX.- Comunicar al Pleno, por conducto del Presidente, la relación que guarden entre sí los juicios y medios de impugnación, para su posible acumulación; XXI.- Asistir e intervenir en las audiencias que se celebren en los asuntos competencia del Tribunal, en aquellos casos en donde así lo determine el Pleno o el Presidente del Tribunal; XXII.- Vigilar y supervisar que los Actuarios adscritos a la Secretaría General, lleven a cabo en tiempo y forma, las notificaciones que deban practicar; XXIII.- Llevar el control del turno de los Magistrados, y remitirles los expedientes debidamente integrados para su instrucción, estudio y formulación del proyecto de resolución respectivo; XXIV.- Publicar, con la debida anticipación, en los estrados del Tribunal, las convocatorias que deberán contener la lista de los asuntos que se habrán de analizar y resolver en cada sesión pública de resolución; XXV.- Realizar los trámites conducentes para la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, del Reglamento, de los acuerdos de carácter general y demás documentos que determinen el Pleno o el Presidente del Tribunal; XXVI.- Resguardar la información reservada y confidencial; XXVII.- Mantener actualizado, en el ámbito de su competencia, el sistema electrónico de consulta interna; XXVIII.- Informar, permanentemente al Presidente, sobre el funcionamiento de las áreas a su cargo y el desahogo de los asuntos de su competencia; XXIX.- Llevar la estadística relacionada con la actividad jurisdiccional del Tribunal; XXX.- Conservar en su poder los sellos oficiales del Tribunal y darles el uso debido, en el cumplimiento de sus funciones; XXXI.- Revisar y autorizar los registros de cédulas profesionales de los litigantes, así como de los Poderes Notariales de los representantes de las partes en el juicio XXXII.- Recibir en custodia los documentos que amparan valores relacionados con los juicios, medios de impugnación de demás controversias jurisdiccionales que sean tramitados y resueltos por el Tribunal; XXXIII.- Someter al Presidente, los manuales de procedimientos y operación de las actividades a su cargo, para la autorización del Pleno; XXXIV.- Dirigir las actividades de la Oficialía de Partes y del personal adscrito a la Secretaría; XXXV.- Coadyuvar en los eventos especiales y actos cívicos que realice el Presidente del Tribunal; XXXVI.- Proponer y supervisar el desarrollo de planes para actualizar, innovar y difundir los servicios documentales, de transparencia y acceso a la información; XXXVII.- Compilar la normatividad federal y local en materia administrativa y la que sea de competencia de la Sala del Tribunal, de acceso a la información pública, de participación ciudadana y de interés general, así como supervisar su permanente actualización; XXXVIII.- Compilar la jurisprudencia y las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de las materias que sean competencia del tribunal; XXXIX.- Coordinar los trabajos de catalogación que permitan establecer los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de información reservada o confidencial, y el destino final de los expedientes que conforman el archivo institucional, atendiendo a la normativa aplicable; XL.- Coadyuvar con las transferencias de los expedientes judiciales del Tribunal al archivo histórico, previa valoración y cumplimiento de su vigencia documental, de conformidad con la normatividad aplicable; XLI.- Coadyuvar con los Secretarios Auxiliares en la elaboración de los proyectos de resolución, cuando sea requerido para ello por el Magistrado Ponente; XLII.- Coadyuvar con las unidades administrativas en la elaboración de los proyectos de convenios, contratos, instrumentos de coordinación y demás actos administrativos a celebrarse con terceros, para que sean sometidos a consideración del pleno; XLIV.- Las demás que establezcan la Ley, este Reglamento, el Pleno, el Presidente, y las demás disposiciones aplicables." Como se ve, las funciones de dicho secretario general de acuerdos se encuentran limitadas a autorizar y dar fe de lo actuado por dicho tribunal, de ahí que solo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria. Así, sus actuaciones no pueden considerarse como las de autoridad responsable, toda vez que no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de lo actuado en el juzgado; no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones; y tampoco generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada. Es decir, con tales facultades no puede ejercer ningún tipo de acciones decisorias y ejecutorias que pudieran invadir la esfera de derechos de la parte promovente, pues el objeto de autorizar equivale a dar fe o confirmar que las resoluciones fueron pronunciadas por el magistrado, toda vez que quien realmente sanciona, dicta y ordena los actos que se emitan en los juicios es este último, ya que, se insiste, él es quien ejerce la facultad decisoria. De esta manera queda en claro la actualización del motivo de inejercitabilidad que de oficio se invoca, previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5º fracción II, ambos de la Ley de Amparo, motivo por el cual resulta improcedente el presente asunto, respecto de los actos atribuidos al secretario general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Quinto. Estudio de fondo. Toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure alguna otra, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en razón de que existe una evidente omisión procesal en el juicio de origen, en desacato a lo que establece la legislación que lo rige. Es fundado el concepto de violación, dado que la responsable no se ha ajustado a los plazos que indica la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora para el trámite del recurso de revisión. En efecto, el artículo 17 constitucional, en lo que importa establece: "(.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...". El numeral trascrito, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, en relación a los actos relativos a la suspensión, prevee como medio de impugnación la revisión, en la cual deberán observarse ciertas formalidades, entre las que destacan las siguientes: "ARTÍCULO 99.-Podrán ser impugnadas por las partes, mediante recurso de revisión: I.- Las resoluciones que admitan o desechen la demanda; II.- Los acuerdos que decreten, nieguen o revoquen la suspensión, a excepción del caso contenido en el último párrafo del artículo 66 de esta Ley; III.- Las resoluciones que decidan incidentes; IV.- Las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento; V.- Las sentencias que decidan la cuestión planteada por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento del juicio, en este último caso, cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de la sentencia; y VI.- Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de la sentencia. ARTÍCULO 100.- El recurso se presentará por escrito con expresión de agravios, dentro de los términos siguientes: I.- En los casos de las fracciones I, II, III y VI del artículo que antecede, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución recurrida; y II.- En los casos de las fracciones IV y V del artículo anterior, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución recurrida. De dicho recurso el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, ante quien debe dirigirse, debiendo presentarse por conducto del Magistrado que haya dictado la resolución recurrida, quien mandará correr traslado a las partes contrarias con el escrito respectivo, concediéndoles el término de cinco días para que contesten los agravios. Transcurrido dicho término, el Pleno lo turnará de inmediato acompañando los documentos necesarios para su resolución y una constancia de la fecha de notificación al recurrente de la resolución impugnada y de los días inhábiles que hubo entre ella y la de presentación del recurso. En caso de que se envíe el expediente original completo, el Pleno dejará copia certificada de un duplicado debidamente sellado y cotejado. El Magistrado deberá suspender la tramitación del procedimiento o la ejecución de las sentencias en el expediente de origen, cuando la resolución impugnada sea alguna de las señaladas en las fracciones I, III y V del artículo 99 de esta Ley, o cuando a su juicio sea necesario. ARTÍCULO 101.-El Tribunal en Pleno admitirá el recurso, desechándolo de plano cuando encontrare alguna causa indudable y manifiesta de improcedencia, aplicando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 86 de la presente Ley. En el auto admisorio se designará al Magistrado Ponente, que no podrá ser el que haya dictado la resolución recurrida. De lo anterior, se dará vista a las partes por un término de tres días para que expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este término, el Magistrado formulará su proyecto de resolución, sometiéndolo a la votación del Pleno en la siguiente sesión, dictándose la resolución que corresponda por mayoría o unanimidad de votos.". Ahora, en el caso, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que integran el expediente, se desprende lo siguiente: El seis de mayo de dos mil diecinueve, la parte quejosa promovió juicio de nulidad ante la responsable radicada bajo el número de juicio 443/2019. Seguida la secuela procesal se otorgó la suspensión de la ejecución del acto, se llamó a juicio al tercero interesado Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y se amplió el efecto de la suspensión en relación al tercero mencionado. Posteriormente, en cinco de febrero de dos mil veinte, se dejó sin efectos la suspensión otorgada a las partes en el juicio de origen. Sin embargo, el diecisiete de febrero siguiente, la parte actora en el juicio de origen interpuso recurso de revisión, el cual a la data en que se actúa y de las constancias que adjuntaron a su informe las responsables no se advierte que se le haya dado trámite conforme a la ley aplicable. Lo anterior pone de manifiesto que el proceder de las autoridades responsables transgrede los derechos fundamentales de la parte quejosa, si se toma en cuenta que desde hace más de once meses no han dado el trámite a la interposición del recurso intentado. No es óbice a lo anterior las manifestaciones vertidas por las responsables al rendir su informe con justificación en relación a que en diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se ordenó remitir los autos del expediente de origen al Pleno de la Sala Superior, para la admisión o desechamiento del recurso revisión, en virtud de que el acto reclamado materia de estudio en la presente controversia constitucional es no respetar los términos previstos en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, para la substanciación de dicho medio de impugnación. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional. Finalmente, no se desconoce que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, cuenta con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no lo exime de la obligación que les impone la ley, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio y sus recursos. Bajo esas condiciones, se concede la protección constitucional solicitada, para efecto de que las autoridades responsables, en ámbito de sus atribuciones, dentro del plazo de tres días siguientes a que cause ejecutoria el presente fallo con plenitud de jurisdicción: Se pronuncie respecto al recurso de revisión interpuesto el catorce de febrero de dos mil veinte, en el expediente 443/2019. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan al acto reclamado y a la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se SE RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Karina Margarita Álvarez Félix, representante legal de Guardería Fantástica Sociedad Civil, respecto del acto reclamado al secretario general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Karina Margarita Álvarez Félix, representante legal de Guardería Fantástica Sociedad Civil, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por las razones y para los efectos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Continuación del procedimiento. De la certificación que antecede se advierte que en cumplimiento a la Circular CAP/3/2020, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se suspendieron los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; asimismo, el expediente en que se actúa se encontraba en trámite, sin que exista diversa razón para permanecer suspendido. Reanudación de términos. Se acota que dado a que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Hágase del conocimiento de las partes, que la reanudación de los plazos procesales suspendidos opera conforme a los lineamientos dados por el propio Consejo de la Judicatura Federal; y en su defecto hasta la notificación de este acuerdo. Se exhorta para tramitar juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional 6621082100, extensión 1018. Audiencia constitucional. Visto el estado de autos se advierte que se encontraba señalada para la celebración de la audiencia constitucional las diez horas con trece minutos del veintidós de diciembre de dos mil veinte, fecha incluida dentro del plazo establecido en la Circular CAP/3/2020 respecto de suspensión de plazos y términos; en consecuencia, se señalan para la celebración de la citada audiencia las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Se apersona tercero interesado. Agréguese a los autos el oficio y anexo presentado por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, por medio del cual comparece como tercero interesado en el presente juicio. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Delegados y Domicilio. Conforme lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas y como domicilio para recibir notificaciones indicados en el oficio que se atiende. Notifíquese.
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