Gualberto Félix Guerrero Blancas
Expediente 1734/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1734/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gualberto Félix Guerrero Blancas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de junio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número 212/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.Luis Arturo
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 3826/2019 y 3827/2019 de nuestro índice, relativos al auto de trece de febrero del año en curso, dirigidos a las autoridades responsables Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, integrado por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores y al Secretario Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, respectivamente. En consecuencia, se requiere al Encargado de la Administración Postal de Cuernavaca, Morelos, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado de Distrito sobre el tratamiento dado a las piezas postales relativas a los oficios de marras; o bien, remita copia certificada de las mismas. Con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término concedido, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por GUALBERTO FÉLIX GUERRERO BLANCAS, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de enero de dos mil diecinueve; por tanto, téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este Juzgado de Distrito cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 1734/2018-I, promovido por GUALBERTO FÉLIX GUERRERO BLANCA y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido ese mismo día en este Juzgado, GUALBERTO FÉLIX GUERRERO BLANCA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Poder Legislativo, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, así como del Ayuntamiento y Secretario Municipal, ambos de Jiutepec, Morelos. SEGUNDO. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, y se radicó con el número 1734/2018-I; solicitó el informe justificado de las autoridades responsables; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación y se inició la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y; CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radican las autoridades que emitieron las normas combatidas, así como el acto de aplicación. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Bajo esa premisa, el quejoso reclama a la autoridad Poder Legislativo del Estado de Morelos: La expedición del artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. Al Gobernador del Estado de Morelos: La promulgación y orden de publicación del artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. Al Secretario de Gobierno: El refrendo del artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. Al Director del Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos: La publicación del artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. Al Ayuntamiento y Secretario Municipal, ambos de Jiutepec, Morelos: El acto de aplicación del citado numeral consistente en el acuerdo de pensión SM/412/10-10-18, expedido en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos el diez de octubre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el diecisiete de octubre siguiente, que concede pensión por jubilación en favor del quejoso en razón del 50% del último salario percibido. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Son ciertos los actos consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reclamado dentro del ámbito de sus atribuciones a las autoridades Poder Legislativo, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos; ya que así lo aceptaron en sus informes justificados. Además, la existencia de las disposiciones legales combatidas, son un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en tanto se trata de normas de carácter general que han sido publicadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Lo que se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión, las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última, solo por cuanto al dispositivo combatidos (artículos 58, fracción I, inciso k) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos). En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, cuyo rubro se trascribe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Razón por la cual, queda desvirtuada la solicitud de sobreseimiento efectuada en su informe justificado rendido por el Gobernador, Secretaria de Gobierno y Directos del Periódico "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, por inexistencia del acto reclamado. Por otra parte, es cierto el acto consistente en la expedición del acuerdo de pensión SM/412/10-10-18, expedido en sesión de cabildo el diez de octubre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el diecisiete de octubre de ese mismo año, que concede pensión por jubilación en favor del quejoso en razón del 50% del último salario percibido, que se le imputó al Ayuntamiento y Secretario Municipal, ambos de Jiutepec, Morelos. Lo anterior, en razón de que así lo aceptaron las autoridades, al rendir su correspondiente informe justificado, a más de que adjuntaron copia certificada del documento, que remitieron las responsables como justificación a su informe (fojas 45 a 49 y 71 a 75), las cuales, por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de oficio, este juzgador observa que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, como en seguida se explica. Por principio de cuentas, conviene explicar las reglas para el estudio de normas generales en un juicio de amparo indirecto promovido con motivo de un acto de aplicación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, las reglas de estudio en el juicio de amparo cuando se promueve contra una norma general con motivo de un acto de aplicación. En este aspecto, esencialmente señaló que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues es precisamente el acto de aplicación el que causa perjuicio al quejoso y no la norma por sí sola, considerada en abstracto. Que lo anterior implica que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la norma general; que la negativa del amparo contra la norma, por no ser inconstitucional, debe hacerse extensiva al acto de aplicación, cuando éste no se reclama por vicios propios, y que la concesión del amparo contra la norma general, por ser inconstitucional, debe hacerse extensiva también al acto de aplicación. Al respecto, se apoyó en la jurisprudencia 346, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada en la Séptima Época, Apéndice 2000, Tomo I, Constitucional Jurisprudencia SCJN, página 400, del rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN". Con base en lo anterior, concluyó que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de un acto concreto de aplicación, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Asimismo, determinó que el juez de amparo, en primer lugar, debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente respecto del acto de aplicación, porque si el juicio es improcedente contra el acto de aplicación, se debe sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada. En cambio, si el juicio resulta procedente en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la norma general impugnada. Luego, si se concluye que la norma general es inconstitucional, la concesión del amparo contra ésta debe hacerse extensiva al acto de aplicación. Pero si se resuelve que la norma no es inconstitucional, la negativa del amparo debe hacerse extensiva al acto de aplicación, cuando éste no se reclama por vicios propios. Además, si se determina que la norma general no es inconstitucional y el acto de aplicación se reclama también por vicios propios, entonces será la ocasión para analizar éstos; siendo incorrecto, por ende, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Así las cosas, si cuando se reclama una norma general con motivo de un acto concreto de aplicación, en primer lugar, el juzgador debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente respecto del acto de aplicación, atendiendo a las reglas del amparo contra leyes. En conclusión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley; que la negativa del amparo contra esta última, por estimarse que no adolece de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley, por considerarla inconstitucional, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. El criterio anterior, también lo estableció en la jurisprudencia 90 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, que aparece en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, página 63, materia administrativa, del rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN." Precisado lo anterior, respecto del acto de aplicación consistente en el acuerdo de pensión SM/412/10-10-18, expedido en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, el diez de octubre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el diecisiete de octubre siguiente, que concede pensión por jubilación en favor del quejoso en razón del 50% del último salario percibido, conforme al artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, al tratarse de una prestación de seguridad social en términos de los artículos 43, fracción XIV, y 45, fracción XIV, inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por ende, todos los aspectos relativos con su otorgamiento o negativa, incluyendo el monto otorgado como pago, al por constituir una controversia que se suscita en el plano laboral, no puede considerarse tal como una actuación u omisión de las instancias señaladas como responsables como actos de autoridad para efectos del amparo. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Lo anterior, debe relacionarse con la jurisprudencia del Pleno en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, derivada de la Contradicción de tesis 2/2016, con registro 2014236, publicada el doce de mayo de dos mil diecisiete, que dispone: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS.". De los dispositivos legales previamente transcritos se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2a. XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. Así como la tesis 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la parte quejosa hace consistir en el acuerdo de pensión SM/412/10-10-18, expedido en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, el diez de octubre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el diecisiete siguiente, que concede pensión por jubilación en favor del quejoso en razón del 50% del último salario percibido, corresponde a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre tal autoridad y el quejoso. Ello es así, pues de lo expuesto por el quejoso en su escrito de demanda así como de las constancias existentes, se desprende que entre Gualberto Félix Guerrero Blancas y el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, (último lugar donde prestó sus servicios como Subsecretario de Área Adscrito a la Secretaría de Seguridad, Tránsito Municipal y Enlace FORTASEG) existió una relación laboral, en tanto es beneficiario de las prestaciones que surgieron con motivo de la relación de trabajo prestada en la administración pública estatal, en términos de los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Luego, es evidente que entre el trabajador y las autoridades señaladas responsables subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existía entre el citado trabajador y el Ayuntamiento, por ende, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conforme al artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Lo anterior, ya que la determinación que emitió el Cabildo del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para conceder la pensión por jubilación se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado. Al respecto, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 108 fracción I y 114, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el Ayuntamiento con sus trabajadores y que el plazo de la prescripción de tal acción se interrumpe con la presentación de la reclamación o solicitud ante dicho tribunal en los casos de pensiones. Por consiguiente, el acto combatido por el impetrante de amparo, es una actuación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de garantías; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dicha determinación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. Cabe señalar que la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones se ajustan o no a las normas legales aplicables. Por tanto, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, tiene competencia para dirimir los conflictos que surjan con motivo del pago de la pensión concedida. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, ya que el acto de aplicación señalado como reclamado consistente en el acuerdo de pensión SM/412/10-10-18, expedido en sesión de cabildo el diez de octubre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el diecisiete siguiente, que concede pensión por jubilación en favor del quejoso en razón del 50% del último salario percibido no reviste las características inherentes a un acto de autoridad reclamable en amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Luego, como consecuencia de lo anterior, también debe sobreseerse en el juicio respecto de la norma impugnada, que es el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, porque como ya se puntualizó, conforme a las reglas de análisis de la constitucionalidad de las normas generales en vía de amparo indirecto, si el juicio es improcedente contra el acto de aplicación, tendrá como resultado lógico, también la improcedencia de la norma impugnada. Orienta tal argumento, el criterio jurisprudencial 2a./J. 71/2000, de la Novena Época, Instancia Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, página 235, del rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, tanto por el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, como de su acto de aplicación que consiste en el acuerdo de pensión SM/412/10-10-18, expedido en sesión de cabildo el diez de octubre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el diecisiete de octubre de ese mismo año, que concede pensión por jubilación en favor del quejoso, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción V, por actualizarse en el caso concreto la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver la queja 220/2018 en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve. En tales condiciones, resulta innecesario ocuparse de las demás causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, pues no cambiaría el resultado al que se llegó en esta determinación, lo que se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por GUALBERTO FÉLIX GUERRERO BLANCA, respecto de la norma general consistente en el artículo 58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como su acto de aplicación que estriba en el acuerdo de pensión SM/412/10-10-18, expedido en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, el diez de octubre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el diecisiete siguiente, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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- Guadalupe Vizcarra Paredes1855/2014
- Guadalupe Xochitl Paramo Santana1142/2016
- Gualberto Camacho Ramos2810/2014
- Gualberto Magaña Silverio651/2015
- Gudalupe Salazar Bobadilla220/2017
- Gudelia Molina Gorostieta1288/2023
- Guilermo Navarro Santanero667/2022
- Guillan Corona Cruz1378/2017
- Guillermina Bravo Cruz1210/2017