Guadalupe Zarate Baez

Expediente 890/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
890/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
04/01/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe Zarate Baez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el dos de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del catorce de diciembre al tres de enero del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 02 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 67 a 84), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Guadalupe Zárate Báez, para los efectos siguientes: "DÉCIMO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: Deje insubsistente el auto de formal prisión de quince de mayo de dos mil dieciséis, dictado contra la quejosa, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundado y motivado, el cual podrá ser en el mismo sentido del aquí reclamado o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a. Deberá establecer con qué medios de prueba se acredita el elemento de apoderamiento del delito de robo calificado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, es decir, deberá de forma clara y pormenorizada aducir la parte o partes de las pruebas que le resultaron aptas para justificar el elemento de apoderamiento del cuerpo del delito, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. b. De igual forma, la responsable al haber omitido cuantificar el detrimento patrimonial ocasionado a la empresa agraviada, deberá precisar a cuanto ascendió el monto de lo robado, así como las razones o circunstancias que lo lleven a concluir de esa forma, una vez hecho, indique si la conducta imputada a la quejosa se ubica en la fracción IV del artículo 374 del Código Penal del Estado de Puebla. En el entendido de que al momento de cuantificar el detrimento patrimonial de la empresa agraviada, el a quo deberá acudir al salario que estaba vigente en el lugar y momento de los hechos denunciados, atento al artículo 44 del Código Penal del Estado de Puebla. c. Deberá señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito de robo calificado que se imputa a la sujeto activo -aquí quejosa-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, en la que se incluye el acto de ejecución, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." (fojas 82 y 83). Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia de mérito, y se le requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 170 a 174). Mediante oficio 8041 de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (foja 182), la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, dijo haber dado cumplimiento a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, pronunciada en el proceso 319/2006, en la que se advierte que dicha responsable: Dejó insubsistente la resolución reclamada de quince de mayo de dos mil dieciséis únicamente respecto de la aquí quejosa; y, Decretó nuevamente auto de formal prisión en contra de Guadalupe Zárate Báez como probable responsable en la comisión del delito de robo calificado previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, y 380, fracción XII en relación con los artículos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la persona moral denominada "Cristalerías del Centro", Sociedad Anónima de Capital Variable." representada por José Sabas Arturo Leyva Rendón (fojas 183 a 199), en la que se advierte que el mencionado juzgador llevó a cabo los efectos siguientes: Precisó los medios de prueba con los que, dijo, se acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del mencionado delito; expresó las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión; les otorgó valor probatorio a cada prueba y también las relacionó con cada elemento del delito, concatenándolas en forma individual y circunstancial; y, precisó las circunstancias de lugar, tiempo y modo de la comisión del delito que se le atribuye a la inculpada, aquí quejosa; Cuantificó el detrimento patrimonial ocasionado a la empresa agraviada, precisando el monto de lo robado en la cantidad de $25,226.02 (veinticinco mil doscientos veintiséis pesos con dos centavos); también estableció las razones o circunstancias que lo llevaron a concluir como lo hizo, e indicó que la conducta imputada a la quejosa efectivamente se ubica en la fracción IV del artículo 374 del Código Penal para el Estado de Puebla; Respecto de la cantidad señalada de $25, 226.02 (veinticinco mil doscientos veintiséis pesos con dos centavos), el juez responsable precisó las razones y circunstancias que lo llevaron a concluir de esa forma, a saber: ".la cantidad de $25,226.02 (veinticinco mil doscientos veintiséis pesos con dos centavos), que ampara la factura 10482, cantidad que fue recibido (sic) como pago de la mercancía que entregó el chofer Joaquín Cuautle Palacios, al cliente de nombre Emilio Muñoz, el día quince de febrero de dos mil seis, y que al regresar a la sucursal Bodega Mayoreo le hizo entrega al Gerente Felipe Vidal Aguas, quien de igual forma le hizo entrega a la indiciada para que lo ingresara a la caja de la sucursal, lo cual no realizó; transfiriéndolo a su esfera de dominio; actos que en esa medida dieron vida o determinaron la consumación de la conducta delictiva, al aprovecharse de su funciones (sic) que desempeñaba en la empresa agraviada." (foja 196). (.) Asimismo a través del contenido de las declaraciones en cita, aunado al cúmulo de probanzas existentes, y que han quedado detalladas y valoradas en párrafos que antecede, se demuestra la plena existencia y falta posterior del bien objeto del delito consistente en cierto numerario que en este asunto lo es únicamente la cantidad de ($25,226.02 veinticinco mil doscientos veintiséis pesos con dos centavos), que ampara la factura 10482, cantidad que fue recibido como pago de la mercancía que entregó el chofer Joaquín Cuautle Palacios, al cliente de nombre Emilio Muñoz, el día quince de febrero de dos mil seis, y que al regresar a la sucursal Bodega Mayoreo, le hizo entrega al Gerente Felipe Vidal Aguas, quien a su vez este le hizo entrega a la hoy indiciada en comento, quien no entregó a la caja dicho numerario, datos estos que generan una presunción en cuanto a la previa existencia y falta posterior del objeto del delito, datos que fueron aportados por el Querellante por el testigo de cargo JOAQUÍN CUAUTLE PALACIOS y por la misma encausada, sin que se haya demostrado el faltante de las demás cantidades que refiere el agraviado." (foja 195). Y, al momento de cuantificar el detrimento patrimonial de la empresa agraviada, el juez responsable estableció que deberá tomarse en cuenta el salario mínimo que se encontraba vigente en el lugar y momento de los hechos denunciados, como se advierte de lo siguiente: ".En ese tenor a través de las probanzas en cita y valoradas, se acredita (sic) los elementos para acreditar el cuerpo del delito de robo, amén del apoderamiento del bien mueble -dinero- que llevara a cabo, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él; en esas condiciones dichas probanzas constituyen el medio idóneo de prueba que ilustra a esta autoridad sobre un punto concreto, pero determinante para el encuadramiento del suceso de la fracción IV, del artículo 374 de nuestro Código Penal para el Estado, ya que permite definir que el equivalente al salario mínimo vigente en la región al momento de cometerse el ilícito es de $45.81 cuarenta y cinco pesos con ochenta y un centavos, moneda nacional, mismo que supera el equivalente a los doscientos cincuenta días, circunstancia que hace que este tribunal al encuadrar la conducta ilícita en estudio, de acuerdo a su punibilidad lo haga en la fracción IV del dispositivo legal señalado." (foja 195 vuelta). Las constancias a la que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio. Atento a lo anterior, es inconcuso que el juez responsable cumplió en sus términos el fallo amparador por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO

  3. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio de la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Téngasele informando que se da por enterado de la concesión del amparo emitido en la presente instancia constitucional, y que se encuentra en espera de que la autoridad responsable ordenadora emita la resolución correspondiente para dar cumplimiento a lo querido. Así mismo, téngasele informando que la aquí quejosa ingresó al referido centro de reclusión el doce de mayo del año en curso, continuando en la población interna. De lo anterior, queda enterada la suscrita Secretaria encargada del despacho, para los efectos legales a que haya lugar"

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio de la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Téngasele informando que se da por enterado de la concesión del amparo emitido en la presente instancia constitucional, y que se encuentra en espera de que la autoridad responsable ordenadora emita la resolución correspondiente para dar cumplimiento a lo querido. Así mismo, téngasele informando que la aquí quejosa ingresó al referido centro de reclusión el doce de mayo del año en curso, continuando en la población interna. De lo anterior, queda enterada la suscrita Secretaria encargada del despacho, para los efectos legales a que haya lugar.

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