Guadalupe Yareny Hernández Flores
Expediente 151/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/02/2017
Partes del expediente
- Guadalupe Yareny Hernández Flores
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos, toda vez que en autos constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como anexos de su escrito inicial de demanda, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos, toda vez que en autos constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como anexos de su escrito inicial de demanda, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa"
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: Juez Primero del Ramo Familiar de este Distrito Judicial. Actuario adscrito al Juzgado Primero Familiar de este Distrito Judicial. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 151/2017-3-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: "IA NOTIFICACIÓN DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y EL AUTO QUE LA DEJA EN FIRME." Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la propia quejosa, en su demanda, asevera que tuvo conocimiento del acto reclamado el seis de enero de dos mil diecisiete. Así las cosas, considerando la data en que tuvo conocimiento de la notificación impugnada a la fecha en que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y juicios Federales en el estado de Chiapas, con sede en Tuxtla, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Citalapa de Fiueroa su demanda de amparo -dos de febrero de dos mil dieciséis-, ya había transcurrido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, dicho término transcurrió del diez al treinta de enero de la presente anualidad, sin contar los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve, por ser inhábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió los citados actos que ahora combate, actualizándose en el caso, la causal de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis visible en la página doscientos treinta y cinco, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." No obsta a lo anterior que la demanda de amparo de cuenta, inicialmente fue presentada ante la autoridad responsable, Juez Primero del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, según registro asentado por la Oficialía de Partes Común Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Tuxtla; sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la quejosa con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso, su escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, por lo que no hay razón para que lo haya presentado por conducto de la autoridad responsable, porque no hay disposición legal que lo permita; de modo que, al no haber equivocación en la vía de impugnación, no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI.2o.C. J/289, publicada en la página mil doscientos ochenta y dos, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, materia común; Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro: 171796, del tenor: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto.". Tampoco pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el artículo 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, actualmente abrogada, en lo que interesa refería que se exceptuaban del término de quince días que al efecto establece el numeral 21 de dicha ley reglamentaria, para la interposición de la demanda de amparo los actos que importen ataques a la libertad personal, entre otros, cuyo texto decía: "Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: (.) II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. (.)" En cambio, el numeral 17 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece en la parte conducente dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Es decir, el numeral 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada se refería simple y llanamente a ataques a la libertad personal, mientras que el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente y aplicable al caso concreto se refiere a ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; por tanto, tratándose de ataques a la libertad personal, dentro de un procedimiento judicial, el plazo para promover el juicio de amparo es el genérico de quince días computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Y, en el caso, se trata de actos emitidos dentro de un procedimiento judicial, a saber, expediente 103/2014 del índice del Juzgado Primeo de lo Familiar de este Distrito Judicial; en esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Guadalupe Yareny Hernández Flores, por propio derecho, contra actos de la del Juez Primero del Ramo Familiar de este Distrito Judicial. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, último párrafo y 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oir y recibir notificaciones a Javier Heray Lessieur Espinoza y Esmeralda Ruiz Jiménez, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran registradas dentro del Registro Único de Profesiones del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio de que lo acrediten con posterioridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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