Guadalupe Viveros Batalla
Expediente 103/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Guadalupe Viveros Batalla
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito informando que admitió el recurso de queja interpuesto por ***en contra de la determinación del trece de abril de dos mil veintitrés, mismo que registró con el número 118/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la boleta de turno recibida vía correo electrónico, relativa al recurso de queja hecho valer por la quejosa ***, en contra de la resolución del dieciséis de febrero del año en curso, de la que se advierte que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Sin que se realice mayor pronunciamiento, toda vez que este juicio de amparo se remitió en copia certificada al solicitar el turno respectivo para la substanciación de dicho medio de impugnación. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Laura Ariadna Flores Pacheco, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veinte de abril de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el escrito de la parte quejosa ***; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra del auto del trece de abril del año que transcurre. Ahora, toda vez que ya se encuentra integrado este juicio, remítase vía postal a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigesimoprimer Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente, este expediente, así como el original y copia del escrito de agravios, y el informe sobre la materia de la queja, en términos del numeral 101 de la legislación invocada. Sin perjuicio de la forma de remisión indicada en el párrafo precedente, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expedientes", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con éste para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación que se provee. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Laura Ariadna Flores Pacheco, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, trece de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, adscrita al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón; regístrese bajo el número 103/2023-III y realícense las anotaciones respectivas. En particular se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, se precisa que el parámetro actual de imposible reparación derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual solo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en éste las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se permite obtener una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia, por el derecho fundamental de justicia pronta, se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de la Décima Época, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, se hace notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación de la materia. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1° de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se precisa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque éstos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno cuenta con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva (por el nuevo parámetro de imposible reparación) está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las carpetas judiciales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que éste busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias (como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas) en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior queda explicado el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, el promovente reclama, a través de su demanda de juicio de amparo indirecto, el acuerdo dictado en la audiencia del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable no autorizó la reposición del plazo para contestar la acusación y ofrecer medios de prueba de la defensa dentro de la carpeta judicial ***, radicada en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón (tales actos en perjuicio del derecho de una adecuada defensa, según lo argumenta la directa quejosa). Ahora, dado que dicha negativa solo puede generar a la quejosa, violaciones procesales o adjetivas, porque la decisión por parte de la autoridad en mención, nunca resolvió los derechos sustantivos involucrados en el proceso, como sería la acreditación del delito o la responsabilidad penal de la quejosa ***. Más aún, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta a las pruebas existentes en el proceso, con la posibilidad de que éstas puedan valorarse de una forma benéfica a los intereses de ***. Luego, tal situación determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al reclamarse una negativa de la responsable a reponer el plazo aludido y estar pendiente de emisión de la sentencia definitiva que examine tanto el delito como la responsabilidad penal, se carece de elementos en este momento para visualizar un impacto contra la quejosa a sus derechos sustantivos. Bajo este contexto, se afirma que el acto reclamado, carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello, de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también se visualiza la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la carpeta judicial, y más porque ésta debe llegar a la sentencia definitiva, momento en el cual tendrá justificación una eventual impugnación en el terreno constitucional (en la vía directa y una vez agotada la segunda instancia). Por consiguiente, la quejosa debe esperar la sentencia definitiva de la carpeta de investigación y si fuera de manera contraria a sus intereses, podrá alegarlo en segunda instancia, para después acudir al juicio de amparo directo conforme a las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación. Es más, los actos reclamados los sitúa la promovente en una violación al derecho a una adecuada defensa; y dentro de las violaciones procesales contenidas en la Ley de Amparo, se encuentra como tal cuando no se respete a la imputada el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando la imputada sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso, ello conforme a la fracción XIII del apartado B, del artículo 173 de la Ley de Amparo, circunstancia que tampoco se materializa en este asunto, lo que valida la determinación de que los actos reclamados no son de imposible reparación porque lo relacionado a una adecuada defensa constituye una violación procesal. Solo resta decir que la improcedencia advertida en este sumario, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en la parte del acuerdo reclamado, pues de analizarse el contenido de este habrá de prolongarse la tramitación de la carpeta judicial, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la carpeta judicial, a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación, para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que, a las que faculta en términos amplios, deberán contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, de conformidad con loestablecido en la Circular 12/2009, emitida por el SecretarioEjecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asícomo en lo dispuesto en los numerales 278 y 279 del CódigoFederal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria ala normativa de la materia, se autoriza el uso de medioselectrónicos para la captura de fotografías, debiendo estarbajo la supervisión del personal de este juzgado, previa tomade razón respecto de las constancias obtenidas con suutilización, de las que se dé fe, en el entendido de que elaparato que se utilice para tal efecto, deberá ser ingresado aeste órgano de control bajo su responsabilidad, siempre quese cumplan las disposiciones de seguridad internas. De igual manera, se tiene por autorizado el usuario que proporciona para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones conducentes. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, con apoyo en el artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se ordena practicarle las notificaciones vía electrónica. De la misma forma, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona para el caso de que este órgano necesite establecer comunicación por tales medios. Asimismo, de conformidad con el numeral 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Laura Ariadna Flores Pacheco, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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